El embate final

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En la noche del jueves 21 de junio, la Cámara de Diputados presentó el libelo acusatorio (vea una copia aquí). Lugo fue notificado a las 18:10, dejando a su equipo de defensa 17 horas para preparar su argumentación. Al mediodía del viernes, delante de los 45 senadores, tendría dos horas para refutar las cinco acusaciones listadas en el libelo.

Esa noche, con el reloj en cuenta regresiva, el diputado colorado Oscar Tuma, principal abogado de la acusación, protagonizó un histórico choque con el abogado de la defensa de Lugo, Antonio Ferreiro, en vivo por televisión. Fue el más extenso debate sobre el juicio político, acompañado con avidez por el público paraguayo. Fue allí que Ferreiro tuvo tiempo de exponer su principal argumento: “Cuando se tienen cinco acusaciones, dos horas para la defensa es un fusilamiento”, repetía, irritado.

En respuesta, calmadamente, el diputado Oscar Tuma explicaba que “un juicio político generalmente se hace cuando hay muertes”. “Podemos aguantarnos muchas cosas, estuvimos aguantando muchas cosas que están en las ‘causales’ de la acusación, que se dieron años atrás. Pero cuando hay muertes…” Para Tuma, no había otro responsable por los traumáticos eventos de Curuguaty: “Si usted me pregunta quién es el responsable de todas esas muertes, yo voy a responder: Fernando Lugo es responsable por todo lo que estamos viviendo”.

Ferreiro, renombrado jurista, llegó a decir que poco le preocupaba que se juzgase al presidente. Su irritación crecía a lo largo del debate, mientras gesticulaba ansiosamente. “Repito, porque esto es grave: estamos destrozando la vigencia de los principios jurídicos occidentales en Paraguay. Esto nos va a costar caro”, dijo. “El concepto de responsabilidad política en un juicio político está establecido en la doctrina. No es que pruebe que hubo 17, 1.700 o un muerto. Tiene que haber una relación causal en un comportamiento de violación específica, puntual, concreta, demostrable, probable. Solucionar esta crisis va a llevar veinte años”, concluyó, exasperado.

 

El impeachment debe “servir de lección a futuros gobernantes”

Con apenas nueve páginas, el documento que fundamentó el impeachment de Lugo es impresionante.

Según la Constitución Paraguaya, promulgada en 1992, el presidente, los ministros, el procurador general de la República, el controlador general, los integrantes del Tribunal Superior electoral, pueden ser destituídos por el Congreso por “mala gestión” –acusación usada contra Lugo. Los fundamentos presentados son cinco.

Primero, el Congreso acusa a Lugo de la realización, en mayo de 2009, del II Encuentro Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio, realizado en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. El hecho, considerado gravísimo y tachado de “acto político” en el seno de las Fuerzas Armadas, causó aún más consternación porque los jóvenes alzaron una bandera del Che Guevara durante el encuentro.

A continuación, el libelo menciona lo que llama el “caso Ñacunday”, refiriéndose a diversas ocupaciones de tierras realizadas en el distrito del mismo nombre, cercano a al frontera con Brasil y la Argentina.

El documento dice que el gobierno de Lugo es “el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierra en la zona”. La acusación remite a una candente cuestión fronteriza. Después de la promulgación de un decreto presidencial en octubre de 2011 que determinaba que las tierras a 50 kilómetros de las fronteras no podían, por ley, pertenecer a extranjeros, el Congreso acusa al gobierno de Lugo de haber “ingresado en inmuebles de colonos bajo el pretexto de realizar el trabajo de demarcación de la franja de exclusión fronteriza”, pero en realidad permitiendo que la Asociación Nacional de Carperos (sin tierra) comandase el ejército. La acusación, al final, es la de que Lugo “utiliza a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en la región”.

Peor: el Presidente “se mostraba siempre con las puertas abiertas para los líderes de esas invasiones”, como José Rodriguez y Eulálio Lopes, dirigentes de la Liga Nacional de Carperos, y Victoriano Lopez, líder campesino de la zona de Ñacunday. Al reunirse con ellos, en la visión de la Cámara de Diputados, Lugo estaba “dando un mensaje claro” de su “incondicional apoyo” a los “actos de violencia y comisión de delito”. O sea: la acusación contra Lugo es la de mantener diálogo con los líderes campesinos.

El tercer punto es descripto, genéricamente, como la “creciente inseguridad”. Según la Cámara de Diputados, “quedó más que demostrada la falta de voluntad del gobierno de combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo” –una pequeña guerrilla situada en el norte del país. “Todos los miembros de esta honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el presidente Lugo siempre mantuvo con grupos de secuestradores” del ala militar del EPP, prosigue el documento, sin mayores detalles.

Más allá de eso, argumenta la cámara, Lugo y sus ministros actuaron de forma “absolutamente equivocada” al tratar la matanza de Curuguaty. ¿El crimen? “Tratar de manera igual a los policías cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de estos crímenes” –los primeros serían los policías y los segundos, los campesinos.

La cláusula democrática de Ushuaia II es descripta, en letras mayúsculas, como “UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA” del país. “La principal característica del Protocolo de Ushuaia II y la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en nombre de la ‘defensa de la democracia’, defenderse unos a otros”.

A continuación viene el último y más extenso punto, la matanza de Curuguaty, cuya introducción establece que el Prsidente “representa hoy lo que hay de más nefasto para el pueblo paraguayo”.

“No cabe duda de que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados recaen sobre el presidente Lugo”. Los diputados reiteran su certeza de que el conflicto de Curuguaty fue premeditado y de que las fuerzas de seguridad fueron víctimas de una “emboscada” armada en el lugar.

Junto a esas gravísimas sospechas, que, de ser confirmadas, jamás justificarían el impeachment de un presidente en cualquier país democrático, la acusación no presenta ninguna –ninguna– evidencia. Explica el documento: “todas las causales mencionadas más arriba son de notoriedad pública, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico”.

Va más allá. “Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional. Por el contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas de orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la República”, dice la parte final de la acusación. Que concluye con un alerta: Lugo “no solamente debe ser removido por juicio político, sino que debe ser sometido a la justicia por los hechos ocurridos a fin de que ello sirva de lección a futuros gobernantes”.

 

(*) Traducido por El Puerco Espin – http://www.elpuercoespin.com.ar

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Publicado el viernes 07 de diciembre, 2012 a las 20:54 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 08 de septiembre, 2014 a las 19:07

3 comentarios

  1. Carlos Hurtado dice:

    No es un signo de religiosidad el andar regando hijos naturales por el mundo, sin reconocerles siquiera una pensión de alimentos. Lugo es un mal hombre a quien, de aplicársele la ley, los barrotes de una cárcel se convertirían en habituales vecinos.

  2. Jorge dice:

    Felicitaciones por el informe, esta clarito que fue un golpe de estado claro para sus intereses de esos politicos y empresarios corructos de ese pais ojo que que los eeuu estan tambien involucrados y que solo para sus afines de sus intereses propios a ellos no les interesa su pueblo.
    y esto puede pasar en nuestro pais o en algun pais de latino america lo cual debemos estar en alerta.
    y que el pueblo paraguayo eliga en estas elecciones un presidente y que lo defiendan por la democracia del pueblo.

  3. rosa dice:

    Es lamentable lo que pasó y sigue pasando y es eso lo que buscan los políticos corruptos y también algunos medios de comunicación.

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