Curuguaty: matanza en un estado de frontera

Fernando-Lugo, depuesto presidente de Paraguay (Foto: Milciades Rodriguez).

15 de junio de 2012, mediodía. Fernando Lugo está en una feria de exposiciones del Ministerio de Educación, en el centro de Asunción. Sabe que aquella mañana habrá un desalojo en el distrito fronterizo de Canindeyu, cercano al municipio de Curuguaty. Se trataba de un terreno de 2.000 hectáreas reivindicado por la empresa Campos Morumbi S.A., de propiedad de Blas N Riquelme, ex-presidente del Partido Colorado. Pero nada de eso lo preocupa: se trataba de un desalojo común, uno más entre las decenas que ocurrieron durante su gobierno. “Cuando subimos al helicóptero, Alcides Lovera a mi lado, él escucha en la radio que el hermano fue herido. Cuando llegamos a la residencia presidencial, ya había fallecido”.

Erven Lovera, hermano del jefe de seguridad presidencial que estaba siempre al lado de Lugo, fue el primer policía en caer en el episodio que se volvió conocido a nivel nacional como “la matanza de Curuguaty”, un trágico conflicto entre policías y los sin tierra durante un desalojo. Otros cinco policías murieron y, tras un breve y confuso enfrentamiento, se confirmó la muerte de once campesinos. Considerado el gran responsable de la tragedia, Lugo fue destituido de la Presidencia una semana después por el Congreso Nacional.

“Le dije a Lovera que se quedara con su familia y comencé a comunicarme con todo el mundo. Quedé en comunicación continua con el ministro del Interior y la Policía. En ese momento nos dedicamos a socorrer a heridos y muertos. Fue la prioridad”, recuerda Lugo. Había dudas sobre si el Presidente debía ir al lugar inmediatamente. Después de algunas horas de incertidumbre, la ministra de Salud Esperanza Martinez tomó un avión hacia allí. Lugo no fue.

En Asunción, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel Lopez Perito, también supo de la matanza a través de miembros de su escolta. “Fue una casualidad, un militar me dijo que hubo un enfrentamiento en Curuguaty y mataron al hermano del jefe de seguridad de Lugo. Y me dijo: parece que hay más muertos”. Señalado por la prensa como un ‘monje negro’ del gobierno, López Perito fue a la residencia del presidente. “Ahí tuvimos una reunión con los comandantes del Ejército, de la Armada y de la Aeronáutica, y también con el jefe del gabinete militar, el comandante de Policía, el ministro del Interior y algunos otros ministros”, recuerda. “Yo dije: ‘Presidente, este es el inicio del juicio político”.

Perito no consiguió convencer a sus pares, ni al Presidente, de que se trataba de un complot para destituirlo. El clima en el palacio todavía era de estupor cuando, ese viernes, los primeros congresistas comenzaron a invocar las palabras “juicio político”.

“Creo que las 17 muertes dolieron mucho al presidente Lugo”, dice el ex ministro de Planeamiento, Hugo Royg. “Lugo, por esencia, no es un actor político, es un actor eclesial, formado en esa lógica. Un actor que esencialmente escucha”.

Fue así que, en el ajedrez luguista, al amanecer del sábado, mientras el periódico ABC Color traía el titular “La República atraviesa una de sus horas más oscuras” con un editorial de tapa que comenzaban con “El presidente Luego es el responsable de esta lamentable tragedia”, el Presidente trabajaba para resolver la situación nombrando como nuevo ministro del Interior a un notorio colorado: el ex procurador general de la República, Rubén Candia Amarilla. La elección de Amarilla, desafecto a los movimientos sociales del campo, agitó aún más los ánimos liberales, creó desconfianzas dentro del gobierno y acabó por disgustar a todos.

En los bastidores, algunos ministros trabajaban para mostrar que habría una reacción enérgica y que el crimen no quedaría impune. El plan era formar una comisión de “notables” que haría una investigación paralela sobre la masacre, “dando más transparencia al proceso”, según Hugo Royg. Consiguieron la adhesión de una hacendada de la región de Canindeyu y de un renombrado periodista del ABC Color. Fue como echar nafta al fuego.

La iniciativa fue vista como una afrenta para las fuerzas policiales –o fue así que diversos opositores se refirieron a ella a través de la prensa. Según López Perito, lo que estaba en juego era otra cosa: “El lunes 18 de junio tuvimos una reunión al mediodía donde estaba el presidente del Partido Liberal, tres senadores liberales, varios militares, la ministra de Salud, el Procurador general de la República… Y estaban Emílio Camacho, asesor jurídico de Lugo, y yo. Fue en la casa del senador (Alberto) Grillon. Y ahí Blas Lano [presidente del Partido Liberal] dijo que ellos no podían seguir sosteniendo a este gobierno, porque no sabían qué quería este gobierno”, recuerda Perito. “Dijo que si no les dábamos la fórmula presidencial para 2013, si Lugo no les garantizaba que ellos pondrían el candidato a presidente, no frenarían el juicio político en la Cámara”.

“Bien, lo que vino después fue muy rápido”, cuenta. “Llamamos a los colorados, y algunos me decían ‘Esto es una locura, no se puede entregar el gobierno al Partido Liberal”, recuerda el ex jefe de Gabinete. En el ala colorada, dice, quien más trabajó por el juicio político fue Horacio Cartes, empresario con tierras en la frontera, candidato a la Presidencia en 2013 –y probable vencedor de las elecciones, según la revista The Economist.

Lugo seguía incrédulo y vacilante. Como siempre. “Pero también, como ya habían hablado 23 veces del impeachment en tres años y medio en el parlamento, yo creía que sería como las otras veces”, se justificó. “Esta vez fue diferente porque hubo una reunión de líderes de los partidos políticos el miércoles, día 29. Yo sabía. Y ahí cerraron…”. Esa misma noche, con buena parte de su gabinete todavía en la residencia oficial, Lugo se fue a dormir a las 22.00, como de costumbre.

La calma del ex obispo, motivo de críticas constante durante su gobierno, sorprendió a sus colaboradores cercanos. “Él ya estaba cansado, decía: ‘Si quieren hacer el juicio, que lo hagan’”, contó uno de ellos. “Pero eso, está claro, es una observación personal. No se entrega así un gobierno”. Cuando se fue a dormir, Lugo contaba, según las últimas encuestas, con una aprobación creciente: cerca del 40% de los paraguayos consideraba a su gobierno bueno o muy bueno.

Se despertó con el impeachment inminente.

“Fue en ese momento que supe que se acabaría”, dice.

Ese miércoles, cuenta Esperanza Martinez, “percibíamos que la temperatura estaba subiendo adentro del Partido Liberal. Ya estaban muy distantes, muchos decían que harían el juicio político. Entonces muchos de los colaboradores nos aproximamos al presidente, pedimos por favor que negociase con ellos. Él intentó hablar por teléfono. No atendían”.

 

Cae el obispo

Fernando Lugo se reúne con representantes de la Unasur en el palacio presidencial en la noche del 21 de junio.

El jueves 21 de junio fue, efectivamente, el último día de gobierno del primer presidente de centroizquierda en llegar al poder en la historia de Paraguay. La Cámara de Diputados ya discutía el juicio político a todo vapor; esa misma noche elaboraría y presentaría el libelo acusatorio, documento que fundamentaría la destitución. Con base en él, el Senado votaría como juez.

Esa mañana, José Tomás Sánchez, ministro de la Función Pública, participaba de un seminario con otros miembros del gobierno. Sánchez, que era el ministro más nuevo, no recuerda bien sobre qué habló. Apenas recuerda que el teléfono no paraba de sonar. “Un montón de llamados de la secretaria. Y el teléfono de todo el mundo sonaba. Renunció el ministro liberal. ‘Nuestra señora’, pensaba yo. Cuando la palabra era mía, el otro ministro miraba sus mensajes. Los liberales estaban renunciando, uno por uno, y, viendo aquello, en la mesa, cundió la desesperación”.

Los principales ministros liberales, como Enzo Cardoso, de Agricultura, y Humberto Blasco, de Justicia y Trabajo, renunciaron por turno a las 11 horas.

En la embajada brasileña, la ficha caía a esa misma hora. Hasta entonces, el cuerpo diplomático tuvo cautela de no poner en acción a la cúpula de Itamaraty, entretenida en las negociaciones de Rio + 20, evento de la ONU sobre medio ambiente que tuvo lugar en Rio de Janeiro. “Considerábamos que era una crisis más”, dice una fuente de Itamaraty. “Lo que veíamos era que no había ninguna relación directa de hecho entre la masacre de Curuguaty y el Presidente”. El jueves por la mañana, se accionó la alarma. “A mediodía llamé a (la presidente de Brasil) Dilma (Rousseff) y a(l presidente de Uruguay, José) Mujica”, dice Lugo.

En el encuentro Rio+20, el canciller paraguayo Lara Castro pidió allí mismo una reunión extraordinaria de Unasur. “La verdad es que cuando recibí la noticia por teléfono no fue una sorpresa”, dice. Las informaciones hablaban con el tono de urgencia pasado por la embajada brasileña en Paraguay. La reunión fue presidida por Dilma Rousseff y contó con los presidentes José Mujica de Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Sebastian Piñera de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Esa misma noche, una delegación de cancilleres de los países que componían Unasur –Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guyana, Surinam y Venezuela– aterrizaría en Asunción.

“Les expliqué que había los elementos de un golpe de Estado”, recuerda Lara Castro. “Había un proceso tan acelerado que sería condenable por la cláusula Ushuaia II”. La llamada “cláusula democrática”, firmada por los presidentes del Mercosur en la reunión de Montevideo en diciembre de 2011, establece sanciones a los países miembros en caso de ruptura democrática –desde la suspensión de la organización hasta la suspensión del tráfico áereo y terrestre y de la provisión de energía.

Lugo, como los demás presidentes, firmó la cláusula, pero ante la reacción del Congreso, jamás la envió para su sanción. “Después de que firmamos la cláusula, la campaña por el impeachment fue permanente en la prensa. Fue un bombardeo en enero y febrero, hubo una amenaza constante”, dice Lara Castro. “Los periódicos nos llamaban traidores a la patria, pedían juicio político a Lugo e interpelación a mí”.

La clásula de Ushuaia 2, aún sin haber sido oficialmente sancionada, sería uno de los cinco motivos, junto con la matanza de Curuguaty, apuntados por la Cámara de Diputados como causas de la destitución. Cuatro meses después, los diputados la rechazaron por amplia mayoría.

 

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Publicado el viernes 07 de diciembre, 2012 a las 20:54 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 08 de septiembre, 2014 a las 19:07

3 comentarios

  1. Carlos Hurtado dice:

    No es un signo de religiosidad el andar regando hijos naturales por el mundo, sin reconocerles siquiera una pensión de alimentos. Lugo es un mal hombre a quien, de aplicársele la ley, los barrotes de una cárcel se convertirían en habituales vecinos.

  2. Jorge dice:

    Felicitaciones por el informe, esta clarito que fue un golpe de estado claro para sus intereses de esos politicos y empresarios corructos de ese pais ojo que que los eeuu estan tambien involucrados y que solo para sus afines de sus intereses propios a ellos no les interesa su pueblo.
    y esto puede pasar en nuestro pais o en algun pais de latino america lo cual debemos estar en alerta.
    y que el pueblo paraguayo eliga en estas elecciones un presidente y que lo defiendan por la democracia del pueblo.

  3. rosa dice:

    Es lamentable lo que pasó y sigue pasando y es eso lo que buscan los políticos corruptos y también algunos medios de comunicación.

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