El derrocamiento de Lugo en Paraguay

La masacre que derrumbó a Lugo

Tercera entrega

Foto
Grafiti en las calles de Asunción (Foto: Agência Pública).

Natalia Viana
Por Natalia Viana (Agência Pública) (*).-

Detrás de las gruesas y oxidadas rejas de la penitenciaría nacional de Tacumbú, en la capital paraguaya de Asunción, en medio de más de tres mil detenidos –la capacidad es de 1.500–, el campesino Rubén Villalba carga un peso infinito. Bajito, barrigón, de ojos pequeños y piel morena típica del interior paraguayo por los lados de Mato Grosso do Sul, está acusado de ser el principal causante de la matanza de Curuguaty, motivo utilizado para destituir al presidente electo Fernando Lugo en junio de 2012 por el Congreso.

Contra Villalba pesa no sólo el papel que se le atribuye en la Historia, del cual intenta huir desesperadamente, sino la realidad de que está solo. Nunca hubo en la prensa paraguaya una sola voz que lo defendiese: los demás dirigentes de la ocupación de los sin tierra que, como él, decidieron resistir la reintegración de la posesión el 15 de junio están muertos; su esposa está en prisión domiciliaria a 400 kilómetros con su hijo de siete meses. Todas las evidencias consideradas por la investigación de la Fiscalía, especie de ministerio público de Paraguay, sobre la masacre apuntan a él. El presidente de su país, Federico Franco, lo llamó asesino y afirmó que protagonizó una emboscada a policías que resultó en la muerte de seis de ellos. Ese día murieron también 11 campesinos.

Rubén Villalba declara en el Poder Judicial como principal responsable de la matanza .

Su captura, en octubre (de 2012), fue celebrada no sólo por el presidente. “Claro que me golpearon cuando fui preso”, cuenta a Pública en su español mezclado con guaraní, mientras esquiva la mirada de los guardias en un rincón del presidio –le está terminantemente prohibido hablar con la prensa.

Pública visitó a campesinos acusados de emboscar a la policía en el conflicto que justificó el impeachment del presidente de Paraguay. Se revisó las fallas de la investigación, como prisiones arbitrarias, alteraciones en la escena del crimen y cartuchos que desaparecieron. La negligencia es horripilante.

“Había mucha tortura psicológica, ‘vos sos el que mató al fulano, vos sos del (grupo guerrillero) EPP, decían. Se me sumió encima del lomo, en la espalda, y dijo ‘Hurra’. Me parece que era un trofeo, me parece…”

Y en ese momento Rubén comienza a llorar, a relatar lo poco que recuerda de la desocupación del terreno de 2.000 hectáreas. No eran poco comunes las desocupaciones de ese tipo ni que los sin tierras decidieran resistir el intento de reintegrar la posición, como hicieron Rubén y los demás dirigentes. El hecho de que el grupo poseyera escopetas de caza (entre 17 y 20) también era algo común en las desocupaciones, según muchos testimonios oídos por Pública de policías, campesinos, periodistas, militares. Pero todo lo que siguió fue absolutamente atípico.

“Yo esperaba que habría una conversación, o para presentar un título de propiedad o para hablar con la Fiscalía y otros autoridades”, recuerda Rubén. “El compañero Pindu, ese compañero Avelino Espínola, que conversaba, pedía los documentos de propiedad. Cuando comenzaron los disparos, yo recibí el primero. Me fui al piso y no entendí más nada, estaba inconciente”. En medio del tiroteo, Rubén fue asistido por otro integrante de la ocupación –“Los compañeros ya se murieron todos”, recuerda haber oído– y permaneció escondido en una región montañosa hasta ser capturado, tres meses después.

Detención de Rubén Villalba.

Cerca, en el ala del hospital del centro de detención, de nombre “Esperanza”, está Néstor Castor, otro de los aproximadamente 70 que ocupaban las tierras conocidas como Marina Cué. Aunque contra él no pesa la acusación de haber provocado la masacre, Castor tenía una horrible herida: su maxilar izquierdo fue destruido por una bala y desde aquella mañana su rostro está parcialmente desfigurado. En la época de la entrevista, la parte inferior estaba atada por una suerte de aparato dentario con elásticos. Néstor tenía dificultad para hablar y comer –aún se alimenta a base de líquidos. La operación sólo fue realizada el 23 de noviembre, cinco meses después de ser herido. Ahora está en recuperación.

Castor fue detenido al día siguiente del enfrentamiento, cuando entró en un hospital de otro municipio, después de huir del fuego cruzado. En pocos minutos llegaron los policías. “Me sentía mal y, una vez que los policías me ataron a la cama, no podía salir, no podía ni ir al baño”. La enorme dificultad para hablar lo vence y en ese momento de la entrevista también Castor llora.

Pero su dolor no es sólo físico. Castor carga la culpa de haber inadvertidamente delatado a todos sus compañeros. Es que días antes del conflicto escribió de su propio puño una lista de nombres de los que ocupaban el terreno “para pedir víveres a la Secretaría de Emergencia Social” del gobierno federal. La lista, encontrada por la Policía, es una de las principales piezas de la investigación conducida por la Fiscalía. A todos los que constan en ella –estuviese o no en el momento del conflicto—se les dictó prisión preventiva y fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble ajeno.

Procesar indiscriminadamente a todos los nombres registrados en una lista garabateada con lapicera no es la única fragilidad de la investigación sobre el evento más importante de la historia reciente de Paraguay. En verdad, la investigación esta bajo creciente crítica de la opinión pública.

Exhibición de armas incautadas por la policía.

Incluso después de que se dio por concluido el informe de la investigación, en octubre de 2012, no se sabía aún el resultado de los exámenes de las autopsias ni de los de balística. De las cinco escopetas capturadas, las supuestas armas del crimen, apenas una se demostró capaz de disparar; decenas de casquillos de armas automáticas simplemente desaparecieron. Hay indicios de adulteración de la escena del crimen y de los cadáveres; un arma apareció de la nada; testimonios anónimos; y policías que cambiaron sus versiones de los hechos.

La investigación en sí, conducida por un joven integrante de la Fiscalía, de nombre Jalil Rachid, 33 años, hijo de Bader Rachid, ex-presidente del Partido Colorado, así como por el empresario Blas N. Riquelme, que usaba el terreno desde 2004 reivindicaba ante la justicia la posesión, pidiendo la retirada de los sin tierra.

Blas N. Riquelme (Foto: ea.com.py).

Riquelme, empresario para unos, falsificador de títulos de tierras, para otros –la Comisión de la Verdad sobre la dictadura de Stroessner señaló irregularidades en los terrenos que adquirió en ese período– falleció dos meses después de la masacre por una complicación cerebrovascular. Fue enterrado con gloria y honores a “Don Blas”, homenajeado en el mismo Congreso que destituyó a Fernando Lugo y en la sede del Partido Colorado –el mismo que votó en pleno por el impeachment.

 

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Publicado el miércoles 12 de diciembre, 2012 a las 16:25 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 08 de septiembre, 2014 a las 19:02

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