“La formalización es un mal chiste”

Ráez-Luna, biólogo, ex coordinador del grupo de trabajo de la sociedad civil para la Transoceánica Sur. (Foto: archivo personal)

Entrevista a Ernesto Ráez-Luna, director de ciencia y desarrollo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA-Universidad Peruana Cayetano Heredia)

-IDL-R: ¿Qué opina sobre las dos comisiones formadas el año pasado luego del conflicto causado por el decreto de urgencia 012-2010?

ER: Todo indica que la ‘Comisión de Alto Nivel’ y la ‘Comisión Técnica’ fueron claudicantes banderas blancas ante la protesta minera a raíz del DU 012, y que su único efecto fue debilitar, postergar y eventualmente descarrilar la aplicación efectiva de dicho decreto. Según las versiones mineras y para todo efecto práctico, con la instalación de las comisiones el DU «quedó suspendido». Así me dijeron, muy convencidos, en Guacamayo, cuando estuve en julio pasado. Cuando, pocas semanas después de la asonada minera, se instaló la oficina del OEFA (Minam) en Puerto Maldonado, el año pasado, el flamante encargado se encontró con esta versión espúrea en propia boca del Director Regional de Energía y Minas de turno.

IDL-R: ¿Hay una autoridad clara en Madre de Dios en los aspectos ambientales de la explotación minera: es la Dirección Regional de Minería (DREM) o el equivalente regional de OEFA?

La DREM y el OEFA tienen autoridad clara al respecto. La primera, porque el proceso de concesión minera obliga a evaluaciones de impacto ambiental,  planes de manejo ambiental y planes de cierre que deben ser supervisados y vigilados en su calidad y cumplimiento. La segunda, porque tiene potestad para verificar que se cumpla la legislación ambiental y que los distintos sectores de gobierno (como la DREM) cumplan con sus deberes en materia ambiental. Existe una oficina del OEFA en Pto. Maldonado, que hace lo mejor que puede con lo poco que tiene. Las Fiscalías Ambientales del Ministerio Público también tienen potestad clara para actuar ante delitos ambientales, y de hecho eso ha ocurrido un par de veces en Madre de Dios. El problema ha sido falta de ganas en la DREM y falta de recursos e información adecuada en todas partes.


IDL-R: El Gobierno fijó una moratoria para recibir petitorios mineros que ya terminó luego de dos años. El Ejecutivo asegura que quiere contener la minería informal, pero nuevamente tramita petitorios, en grandes cantidades. ¿Es posible contener la minería informal si sigue dando permisos?

Como lo ha dicho hasta el cansancio cualquiera que sepa alguito de minería, la madre del cordero está en la recepción de petitorios y el otorgamiento de concesiones prácticamente eternas, sin evaluación ni monitoreo ni sanción. Los petitorios y concesiones mineras se aceptan donde sea, en medio de un río como el Madre de Dios, en una laguna, en un nevado, a sabiendas de que destruirán o envenenarán aguas, ecosistemas y personas irremediablemente. Esto vale para TODA la minería en el Perú, no sólo en la pequeña minería. Los informales pululan, aconchabados con titulares formales, sobre la base del irresponsable manejo de petitorios y concesiones, gobierno tras gobierno. Las moratorias no son nada nuevo, hemos tenido varias. Forman parte del ciclo: promover a ciegas –> comprobar el desorden creado –> establecer moratoria —> recibir presiones —> claudicar —> promover a ciegas, etc. Por eso la «formalización» es un mal chiste y por eso exigimos respuestas no del MINAM, sino del MINEM.


IDL-R: El ministro Brack anunció esta semana que ya no destruirán más dragas (en el momento de la entrevista aún no se hablaba del proyecto de ley para la prohibición de dragas en la selva). ¿Es una medida para poder negociar con la Fedemin? Los gremios dicen que si el Gobierno proscribe la actividad minera tienen que darles otras opciones productivas.

No he visto el anuncio del ministro del Ambiente. Si el gobierno actuó con la ley y la razón de su lado, no veo qué habría que negociar: ¿la impunidad de los transgresores? Tanto el gobierno como la sociedad civil no minera hemos dicho muchas veces que no planteamos proscribir la actividad minera. Pero deseo ser extremadamente claro: Yo sí planteo sin tapujos, contemplaciones ni medias tintas que la actividad minera caracterizada por la trata de menores para su explotación sexual, el embrutecimiento alcohólico, la violencia delictiva, la ausencia del Estado, el trabajo forzado o semi-esclavo o sin derechos laborales, la evasión tributaria, la invasión de tierras, la corrupción y amedrentamiento de funcionarios, y –en general– la inmundicia física y moral en que la minería ilegal sumerge a Madre de Dios, debe ser proscrita con la mayor energía e intransigencia. Y los peces gordos partícipes en crímenes contra otros seres humanos deben podrirse en la cárcel. Y las empresas legales que medran con la ilegalidad deben ser denunciadas y expulsadas por sus gremios, por asquerosas. No confundamos el derecho al trabajo con el derecho a la abyección, que no existe.

Publicado el viernes 04 de marzo, 2011 a las 21:03 | RSS 2.0.
Última actualización el miércoles 23 de marzo, 2011 a las 11:42

2 comentarios

  1. Carlos dice:

    Buena entrevista y mejor respuesta del entrevistado, muy clara y contundente afirmación.

  2. Alvaro Córdova G. dice:

    Realmente la formalización en el Perú de toda actividad productiva es un mal chiste. Con mayor razón, la minería que es la preocupación de todo gobierno respecto a inversiones. No importa que dañen el medio ambiente, que contaminen el agua y que contaminen a las personas. Acá lo que importa en este «capitalismo salvaje» es que las mineras dejen regalías, impuestos, etc. O mejor dicho, que le dejen a las arcas fiscales dinero. Y nos alegramos cuando se habla por los medios de prensa que como vienen los inversionistas; que somos un país que da confianza a la inversión; que el mundo tiene puesto sus ojos en el crecimiento del país, etc. Pero nadie, habla o dice cuasn generosos son los inversionistas con nuestros compatriotas, con nuestros, ríos, lagunas y medio ambiente. Todas las empresas mineras sin excepción, causan daños personales y al medio ambiente. Al botar los deshechos al río se acaba con los peces y es más esa agua ya no se puede consumir. Lo que pasa en nuestro país con los inversionistas es que acá los dejamos que hagan lo que se les de su regalada gana. Sin embargo, en su país de origen sí cumplen y respetan sus leyes y la justicia es inmediata cuando de estos casos se trata. Se moviliza el gobierno, los medios de prensa y la población. En cambio, si acá se levanta la población ya los están tildando que son pro-sendero u otros adjetivos paar justificar su incompetencia en el manejo de la cosa pública. El gobierno se lava las manos de esa manera, así demuestra que no es cómplice de lo que hace la gran minería y los informales.

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