Federico Franco en ceremonia de poseción do su gabinete (Foto: Agência Brasil).

Federico Franco ha gobernado bajo grandes dificultades, entre una economía estancada, el continuo aislamiento internacional sufrido por Paraguay –el país fue suspendido de Unasur y del Mercosur semanas después del impeachment– y los escándalos de corrupción –hay denuncias de que su renta personal aumentó 7 veces desde que era vice. En los sondeos de opinión, el gobierno de Franco pierde mal en popularidad con el de Lugo y la desconfianza hacia el liberal llega al 55%. Aun así, su gobierno está lejos de la letargia. En pocos meses, dio un giro radical en las políticas de gobierno, barriendo del mapa los principales puntos incómodos de la administración Lugo.

Un ejemplo es la luz verde a las negociaciones con el gigante canadiense de aluminio Rio Tinto Alcán para la exploración, mediante un decreto promulgado a comienzos de julio (de 2012) y elaborado por los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio. Según Esperanza Martínez, ex-ministra de Salúd, el fuerte lobby de Rio Tinto dividía al gobierno de Lugo, por la fuerte resistencia de los sectores progresistas: para ellos, significaba ceder el uso de “casi una turbina y media de Itaipú” a la empresa privada.

A comienzos de agosto, el nuevo Ministerio de Salud aceleró el proceso de aprobación de maíz transgénico VT3PRO de la empresa Monsanto, que esperaba en la fila del Senave, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas comandada en el gobierno de Lugo por el ingeniero agrónomo Miguel Lovera, ligado a los movimientos campesinos –hoy dirigida por un empresario del ramo de los agroquímicos, Jaime Ayala, presidente de la compañía Pacific Agrosciences.

Durante la gestión de Lovera, se impidió cualquier nueva liberación de especies transgénicas –la soja ya estaba liberada. El ex ministro se justifica: “La única cosa que presentaban eran las pruebas de campo de la eficacia agronómica. No se habían realizado pruebas locales sobre el potencial alergénico, tóxico y de contaminación. Eran apenas estudios realizados por las empresas”. En agosto, Federico Franco firmó un decreto que disminuyó las exigencias de los estudios ambientales previos para liberar los transgénicos y otro permitiendo la importación de semillas transgénicas de Brasil y de la Argentina.

Más allá de eso, el 30 de agosto (de 2012), la nueva dirección del SENAVE revocó la resolución 1160, que establecía las normas para la aplicación de agrotóxicos, estableciendo la necesidad de una autorización para la realización de fumigaciones aéreas y terrestres, y de avisar a los vecinos con 24 horas de antelación, indicando los productos a ser utilizados y el grado de toxicidad. La nueva dirección también acabó con la secretaría de participación ciudadana, que tenía equipos de campo para dar asistencia a los pequeños productores, intermediar en los conflictos de tierras y servir como un canal directo con el gobierno.

En total, 120 funcionarios del SENAVE fueron removidos, según la denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre (lea aquí). Más allá del Senave, una coalición de organizaciones de derechos humanos denunciaron los despidos masivos en diversos organismos de gobierno, como en la parte paraguaya del emprendimiento hidroeléctrico de Itaipú, centrados en funcionarios afines a las políticas del gobierno de Lugo. Otros órganos, como el Indert y la Secretaría de Acción Social, también sufrieron muchos despidos, según un relevamiento realizado por los propios trabajadores.