Investigar a Fondo, Pero Bien

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Cobertura mediática del "Escuadrón de la muerte". A la izquierda, Vicente Álvarez. (Foto: La República)

Por Gustavo Gorriti.-(*)

El conflicto interno, la corrupción no son excepcionales en la Policía del Perú. Desde la etapa iniciada por el auge del narcotráfico los enfrentamientos entre códigos, grupos y entre policías corruptos y honestos, han marcado la historia y las leyendas de la institución.

Es una historia compleja y fascinante por sus profundas contradicciones, su frustrante realidad, la corrupción, las épicas envidias en coexistencia con esfuerzos extraordinarios, investigaciones notables y servicio a veces heroico a la nación. Todo eso es la Policía y a veces las mejores cualidades y los peores defectos se juntan trágicamente en una sola persona.

Dicho lo cual, el escándalo sobre el ‘Escuadrón de la muerte’ policial tiene aspectos inéditos dentro del guión de las patologías institucionales.

De un lado, se trata de la denuncia que surge a partir de un tiroteo en Puente de Piedra en el que unos policías mataron a otros. La interpretación del hecho es radicalmente opuesta entre uno y otro lado y enfrenta a dos comandantes con puntos en común en su conocimiento experto y su trayectoria, pero que se odian con apasionada intensidad porque en el tiroteo en el que uno participó, murió el hermano del otro. El comandante Franco Moreno Panta acusa al comandante Raúl Prado Ravines de armar operativos truchos en los que, usualmente, delincuentes de poca monta son atraídos a emboscadas en donde supuestamente se simulan enfrentamientos que serían, en realidad, ejecuciones. Prado Ravines niega vehementemente las acusaciones y junto con él lo hacen las decenas de policías que han participado en los operativos.

"Si uno escribe sobre asuntos tan serios y acusaciones tan graves, lo menos que se puede hacer es investigar apropiadamente. Una cosa es revelar y otra propiciar un linchamiento".

A estas alturas está claro que el primer blanco realmente importante en este fermento de imputaciones es el general PNP Vicente Álvarez, actual jefe policial del VRAE. Luego viene el ex viceministro Iván Vega, que coordinó la estrategia conjunta contra el Sendero del VRAE. No sería el último, pero por ahora es el objetivo principal.

La acusación es muy grave y debe, sin la menor duda, ser investigada con dedicación hasta el último detalle, sobre todo porque se contrapone versiones irreconciliables sobre una misma realidad. Pero si las investigaciones más exhaustivas y expertas son indispensables, deben ser hechas también con imparcialidad y sin dejarse guiar por otro criterio que no sea la evidencia.

Eso no ha sucedido para nada hasta ahora. Para empezar, el ministro Basombrío y un viceministro, Ricardo Valdés, han adelantado opinión antes de haber concluido la investigación; y antes de que se haya entrevistado e interrogado a un número importante de participantes y potenciales inculpados por esos hechos.

Según Peru21, Basombrío afirmó que “‘hay indicios abrumadores’ que van dando pistas de que existió el denominado ‘Escuadrón de la muerte’ en la Policía Nacional (PNP). Un grupo de casi 100 policías que habría realizado ejecuciones extrajudiciales para obtener ascensos”.

El viceministro Valdés dijo, según reportó RPP el 10 de agosto, en cuanto a la existencia de un presunto ‘Escuadrón de la muerte’: “Creo que cada día que pasa es imposible negarlo. Sí (existe)”.

De acuerdo con las “hipótesis” que Valdés dijo que “se están corroborando”, es que el presunto ‘Escuadrón de la muerte’ no solo actuó a fin de “hacerse de montos destinados a gastos de inteligencia, con el fin de buscar una felicitación” sino que “han actuado a su vez en colaboración con otros criminales para limpiarles la cancha y permitirles acceso a otras cosas”.

Digamos que si fueran, en efecto, culpables los investigados, estos adelantos de juicio pueden dañar la investigación.

Pero ¿y si no lo son? ¿Y si por lo menos una parte de la investigación fue manipulada?

La Inspectoría de la PNP llevó a cabo una investigación bajo la dirección del coronel PNP Edgardo Aybar, con el mayor PNP José Santillán como adjunto, firmada el 28 de marzo de 2015. La investigación es claramente desfavorable para Prado y los policías acusados.

 

Informe Aybar. (Foto: Caretas)

Informe Aybar. (Foto: Caretas)

 

Sin embargo, el empresario Manuel Coronel Cieza hizo una declaración jurada notarial afirmando que el 5 de marzo de 2015, tanto Aybar como Santillán lo buscaron para inducirlo a “dar una versión falsa, aduciendo que fue un exceso policial, que los delincuentes abatidos solo fugaban por mi propiedad, siendo lo más grave que el personal policial habría hecho ingresar a la fuerza a los delincuentes comunes a mi domicilio y luego los acribillaron y sembraron armas”. Coronel refiere que Aybar y Santillán intentaron hacerle firmar una declaración ya redactada. Coronel se negó a hacerlo y se ratificó en su declaración que describe un enfrentamiento con delincuentes armados en su propiedad.

Santillán, asimismo, es compañero de promoción del denunciante Moreno Panta. Debió inhibirse. No lo hizo.

De otro lado, buena parte de la cobertura periodística ha sido panfletaria antes que investigativa. Se ha dirigido contra un objetivo predeterminado sin hacer el intento por reportar la versión de los imputados.

Doris Aguirre, de La República, por ejemplo, que sacó varias notas acusatorias sobre el presunto ‘Escuadrón de la muerte’, y que enfocó pronto como objetivo al general Vicente Álvarez, tuvo un elocuente intercambio en el Twitter con quien supongo que sigue siendo su editor: Ángel Páez.

El 24 de julio, Aguirre tuiteó: “Escuadrón de la Muerte” eran promovidos para ascenso al grado superior por Álvarez y luego cobraban recompensas”. Páez le respondió con una seguidilla de “tuits”: 1) “Ascensos son aprobados por presidente y ministro del Interior. ¿Ellos también son asesinos? No digas tonterías”. 2) “No digas lo que no puedes probar. ¿Álvarez ordenó asesinar? Demuéstralo ante un tribunal. No lo podrás hacer.(…) ¿Qué dice? Pregúntale. Es tu chamba. Justifica”. El intercambio prosiguió en ese tono, pero no tuvo efecto en el diario.

Este 16 de agosto, bajo el título de “Noticia de un secuestro”, que me parece haber leído en otro lado, Ricardo Uceda publicó una nota en La República en la que contaba cómo, en diciembre de 2009, el entonces coronel Vicente Álvarez habría hecho una escenografía falsa de amenaza de secuestro al hijo del empresario Néstor Quispez-Assin. Álvarez trabajaba entonces en la Digimin (Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior). Según la nota de Uceda, los oficiales de la Dirección de Secuestros, que no fueron advertidos por Álvarez pero luego sí convocados por el entonces ministro Octavio Salazar, descubrieron que la amenaza no era real sino artificial. Lo acusaron también de comercializar un video de seguimiento. Es decir, buscaron dejar a Álvarez como palo de gallinero.

Los nombres de los oficiales de secuestros de ese año: coronel Jorge Mejía, comandante Ángel Toledo, me trajeron recuerdos. Ambos estuvieron dedicados entonces a una investigación que dio la vuelta al mundo: la caza de pishtacos.

Supongamos que uno pueda hacer el ridículo aquí y acertar allá. ¿Es cierto lo que afirma Uceda basado en el testimonio de aquellos? Según Álvarez, a quien entrevisté por teléfono, Uceda no lo contactó para contrastar versiones.

Álvarez sostiene que: “Es falso que no se hubiera avisado a secuestros… al hoy comandante Demetrio Padilla Espinoza se le comunica en esa fecha”. El actual jefe policial del VRAE dijo que, en cuanto a su versión del caso Quispez-Assin y, el caso más importante de la imputación sobre la presunta organización de ‘Escuadrones de la Muerte”, no solo niega las acusaciones sino ofrece someterse al polígrafo e invita a sus detractores a hacer lo mismo.

En medio de la “campaña de demolición y ensañamiento” dice, “nadie me tocó la puerta ni pidió entrevistarme”.

Si uno escribe sobre asuntos tan serios y acusaciones tan graves, lo menos que se puede hacer es investigar apropiadamente. Una cosa es revelar y otra propiciar un linchamiento.

Reitero: las acusaciones deben investigarse a fondo, pero bien. Sin prejuzgar, sin adelantar juicio, sin dejar de entrevistar a los imputados, sin abandonar la imparcialidad de juicio y el rigor en el examen de la evidencia que confirman o cancelan lo investigado.

 

(*) Reproducción de la columna “Las palabras”, publicada en la edición 2450 de la revista ‘Caretas’.

Publicado el jueves 18 de agosto, 2016 a las 18:54 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 06 de septiembre, 2016 a las 13:36

2 comentarios

  1. Juanjo dice:

    En verdad la Srta.Aguirre, amparándose en algunas notas e informes policiales y periodísticos, se dedicó a “profundizar” (ella refiere q a investigar) los casos y al igual que la periodista Milagritos Leiva, empezó a convertirse en JUEZ y a SENTENCIAR sin mas ni más… conclusión: Solo para lograr y dizque tener “REITING”, difaman mismos congresistas …

  2. joel tuanama dice:

    hay evidencia real que el operativo del 04 de setiembre del 2014 en el hostal de las palmeras fue un falso operativo, armado por elementos policiales y gente de mal vivir. con la venia del ministro del interior de ese periodo, los mismos peritos de parte y contradicciones y vídeos que demuestran toda la falsedad de este operativo pero el ministerio publico y el poder judicial en complicidad corrupta con estos malos elementos policiales quieren tapar toda esta mentira, revisen las necropsias de ley y veran la verdad y revisen el falso atestado policial 132-2014 dinincri-los olivos

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