El jueves 6 de julio, El Comercio informó que el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, “no declarará más ante la fiscalía peruana porque esta –según él– no ha cumplido con un acuerdo de colaboración suscrito con la empresa”.
La misma nota indica que “la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil, le dio la razón”. La PGR es el equivalente formal de la Fiscalía de la Nación peruana.
Adicionalmente, el diario añadió que “con la decisión de la PGR, Barata tampoco podrá colaborar con la investigación del Fiscal [Hamilton] Castro”.
En la noche del mismo día, la Fiscalía de la Nación emitió un supuestamente urgente micro comunicado en su cuenta de twitter.
“#Urgente: Fiscal superior Alonso Peña Cabrera aclara que no se ha cancelado la cooperación internacional con Brasil”.
“Decisión de Barata en no declarar está referida únicamente a la asistencia jurídica internacional requerida por fiscal Germán Juárez”.
Eso “no es verdad”, indicaron a IDL-Reporteros fuentes con conocimiento calificado de causa, “Barata no hablará con nadie más en el Ministerio Público Peruano”.
En los últimos dos o tres meses, casi todos los comunicados del Ministerio Público relacionados con la colaboración internacional, especialmente con Brasil, han sido inexactos o falsos.
En este caso, ¿qué pasó en realidad?
A continuación lo indicamos.
El 6 de junio pasado, hace un mes, la Procuradora de la República [fiscal federal] en Río de Janeiro, Marisa Varotto Ferrari, firmó el Oficio nº 1475/2017/ACRIM/SCI/PGR en el que dio la razón a la defensa de Jorge Barata, que pidió cancelar la audiencia en Río, que lo convocaba como testigo a solicitud del ministerio Público peruano.
Según Barata [ver documento], la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, de este país, “instauró procedimiento investigativo criminal con relación a posibles delitos practicados por Jorge Henrique Simöes Barata y familiares, con base en las informaciones prestadas por Marcelo Bahía Odebrecht el día 15 de mayo último”.
De acuerdo con el alegato de Barata, “el referido procedimiento ya acarreó inclusive constricciones patrimoniales contra el requirente y sus familiares, circunstancia que iría en contra de los términos del acuerdo de colaboración firmado en Brasil”.
Como se recuerda (y tal como informó en esa oportunidad IDL-Reporteros) el interrogatorio a Marcelo Odebrecht que tuvo lugar en Curitiba el 15 de mayo pasado, exigió a quienes tomaron parte en él firmar previamente un acta en la que se comprometían a acordar una amplia inmunidad no solo a Marcelo Odebrecht sino a todos los comprendidos en el acuerdo de lenidad celebrado entre la fiscalía brasileña y la corporación Odebrecht, como resultado de las declaraciones. En esa oportunidad, la procuradora Janet Briones que se encontraba en Curitiba no pudo asistir al interrogatorio porque se negó a firmar el Acta.
Todos los demás, fiscales y abogados, firmaron, entre ellos los peruanos Alonso Peña Cabrera; Germán Juárez Atoche; Rafael Vela; Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza.
Con esa información, la fiscal brasileña Varotto Ferrari habló por teléfono con el Procurador Regional también brasileño, Douglas Fischer, de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República [de Brasil]. Este le confirmó que el “acuerdo de colaboración firmado en Brasil asegura al colaborador que el compartir informaciones con las autoridades extranjeras está condicionado al compromiso de que sea asegurada la inmunidad penal del colaborador en el país solicitante”.
Ante ello, la fiscal Varotto Ferrari concluyó que “es forzoso reconocer que la petición [de Barata] merece ser acogida”. Añadió que las informaciones presentadas “indican que el compromiso de inmunidad puede estar siendo irrespetado por las autoridades peruanas”.
Por esas razones, Varotto Ferrari determinó “el cancelamiento de la audiencia de Jorge Henrique Simöes Barata designada para esta fecha”. Decidió además remitir, “con urgencia” el expediente a la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República a fin que comunique esta decisión a las autoridades rogatorias”. Es decir, las peruanas.
IDL-Reporteros preguntó hace pocos días a fiscales peruanos relacionados con el caso si habían recibido el documento. La respuesta fue que no.
Fuentes de la Procuraduría brasileña confirmaron que el documento era auténtico.
De manera que, entre torpezas y mentiras, el Ministerio Público ha puesto en serio peligro el avance de la investigación del caso Lava Jato, basado primariamente en la colaboración fiscal brasileña y la colaboración de Odebrecht en el Perú.
Hoy, además, la procuraduría ad-hoc logró asegurar varios embargos, entre ellos uno por más de tres millones de soles [en vehículos e inmuebles] a Barata.
Así que el dilema queda planteado de la siguiente manera: ¿Se quiere seguir investigando el caso Lava Jato en su integridad, lo que requiere toda la cooperación internacional posible, o se intenta encapsular el caso exclusivamente en la información que se ha conseguido hasta ahora sobre Odebrecht y nada más?
El mal manejo de los delatores actuará como un revulsivo (y de repente hasta como una advertencia) a los otros posibles colaboradores, de Odebrecht y de otras compañías que hayan contemplado delatar.
(*) Este reportaje forma parte de las publicaciones de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado compuesta por periodistas de La Prensa, de Panamá; Armando.Info, de Venezuela; La Nación, de Argentina; Sudestada, de Uruguay; e IDL-Reporteros.