El caso Lava Juez

(Los CNMAudios)

Esta investigación reveló en detalle la profunda corrupción en los niveles más altos del sistema de justicia en el Perú, remeció a la nación y forzó un proceso de sustantivas reformas que prosigue hasta hoy.

Día tras día esta serie investigativa ha expuesto con evidencia directa la corrupción sistémica en el aparato de justicia peruano a través de una reconstrucción precisa de las redes de corrupción, sus métodos de operación y sus estrategias para mantener un control transversal sobre los órganos de justicia del Estado.

Los reportajes ilustraron cómo algunos de los funcionarios más altos del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) utilizaron sistemáticamente el tráfico de influencias y favores en relaciones corruptas entre sí y con criminales, empresarios, abogados, y ​congresistas. El tráfico de poder e influencia incluyó la manipulación de sentencias judiciales en casos de crimen organizado, lavado de dinero y delitos comunes.

El impacto de las revelaciones llevó a la reforma estructural más importante del sistema de justicia en este siglo. Los primeros pasos fueron una purga masiva de magistrados y altos funcionarios públicos envueltos en casos de corrupción, la declaratoria de emergencia de Cortes Judiciales y la desaparición de la que fue la institución rectora del sistema de justicia: el CNM.

Esta investigación fue a la vez paralela y confluyente con otra más antigua sobre uno de los mayores casos de corrupción en la historia del Perú: Lava Jato. El destape del caso Lava Juez (o CNMAudios), realizado por IDL-Reporteros, facilitó el avance del Lava Jato peruano al debilitar sustantivamente el mecanismo corrupto de encubrimiento judicial destinado a librar de culpa a los involucrados en este caso.

La investigación empezó en abril pasado. Fuentes confidenciales nos hicieron llegar miles de audios sin organización, clasificación ni etiquetado, con la hipótesis de que contenían información potencialmente comprometedora contra personajes influyentes del sistema de justicia.

Esa circunstancia definió nuestro método de trabajo: para garantizar el éxito de la investigación periodística era vital mantener la mayor discreción posible, así que decidimos trabajar con un equipo pequeño de reporteros, encargados de escuchar, analizar, clasificar y sistematizar los audios. El equipo tuvo que establecer identidades, mapear relaciones, reconstruir escenas y contextos que permitieran entender las conversaciones y establecer los indicios de posibles actos ilícitos. Poco a poco fue revelándose el gran valor investigativo del material.

Muchos de los personajes que aparecían como interlocutores de las conversaciones telefónicas o eran mencionados en ellas eran jueces, fiscales, funcionarios públicos, ministros de Estado o congresistas. Varios ya habían sido investigados por IDL-R en el pasado, por lo que figuraban en nuestros registros de manera detallada. El nuevo material permitió completar, confirmar y en algunos casos concluir historias investigadas a lo largo de varios años. Se cerraban círculos con evidencias que poco antes habían resultado inalcanzables.

También había personajes hasta ese momento desconocidos, y otros que por años se las habían ingeniado para permanecer fuera del radar, y que ahora quedaban expuestos como parte de una enorme red de corrupción.

Los días de escuchas se transformaron en semanas. Fue un trabajo abrumador por las largas jornadas de trabajo, pero los resultados fueron fascinantes. Pocas semanas después fue posible adentrarse en el mundo de la mayoría de los personajes involucrados, que describían con sus propias voces el nivel de corrupción del sistema judicial peruano.

Parte importante del proceso fue el aporte de dos abogados del área de Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal, cuyo conocimiento del sistema judicial – en especial del Consejo Nacional de la Magistratura, la institución que ratifica, elige o destituye jueces y fiscales – acortó muchísimo el proceso de identificar a las personas que aparecían como interlocutores en los audios y su entorno. A partir de eso, pudimos determinar quiénes eran los personajes centrales en el caso, cómo se relacionaban entre sí, la forma en cómo operaban, el carácter de su organización y sus vínculos con partidos políticos.

El trabajo coordinado y combinado entre periodistas de investigación y abogados con el conocimiento experto de la magistratura hizo posible que, siendo un equipo pequeño – cuatro personas al inicio de la investigación –, se avanzara con rapidez en el análisis de escuchas telefónicas para su posterior organización por casos, temas, personajes; sobre esa base se hizo luego el trabajo de reportería y publicación de las investigaciones.

Además del análisis de las escuchas, también hicimos extensas solicitudes de acceso a la información pública, a distintas instituciones estatales, para poder corroborar aquello que se revelaba en los audios. Para no despertar alertas sobre qué estábamos buscando, tuvimos que hacer solicitudes incluyendo información que no era relevante para el caso a fin de despistar cualquier intento de detectar la investigación.

Sin embargo, a inicios de julio pasado vimos que era necesario adelantar la publicación, pese a que nos faltaba mucho por escuchar y sistematizar. Nos enteramos que algunos de los principales magistrados investigados se habían percatado de la vigilancia sobre ellos. Se había filtrado información a la red criminal y ahora los involucrados se movilizaban para desactivar la investigación. Según supimos después, uno de los primeros en dar la voz de alarma a la mafia judicial fue el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien poco después intentaría amedrentar al equipo de IDL-Reporteros para que revelara sus fuentes.

Primeros bosquejos de la redacción de IDL-Reporteros sobre la red de corrupción judicial que se iba descubriendo.

Con la investigación en peligro, decidimos publicar lo que teníamos avanzado. En los días finales, el esfuerzo por incluir material que fuera lo más significativo posible, estiró las jornadas de trabajo hasta rozar el límite de resistencia del equipo periodístico. En esta fase investigativa se sumaron más periodistas del equipo a la investigación. Solo a partir del momento en que se tomó la decisión editorial de publicar, empezamos a entrevistar a fuentes directas y buscamos a los protagonistas de los audios para tener sus descargos.

Publicamos la primera entrega de la serie investigativa ‘Corte y Corrupción’ el 7 de julio pasado. Este primer informe reveló cómo el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y un magistrado de la Corte Suprema, convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico de influencias y corrupción. Publicamos una serie de conversaciones telefónicas entre algunos de estos personajes que demostraron cómo el CNM había designado magistrados a cambio de beneficios personales o para que estos influyeran favorablemente en causas en las que tenían un interés particular.

La segunda entrega de la investigación puso al descubierto cómo el juez supremo César Hinostroza discutía con un interlocutor sobre si reducir la pena o absolver al presunto violador de una menor de edad. Este nuevo informe causó conmoción general, debido al contexto de abusos sexuales, violencia contra la mujer e impunidad en que se produjo.

Apenas dos días después, surgió la necesidad de defender la investigación de quienes, desde la propia Fiscalía y el Congreso, intentaban sofocarla: En la mañana del martes 10 de julio pasado, se intentó allanar el local de IDL-Reporteros con el fin de lograr la incautación de los audios. El fiscal Rodrigo Rurush llegó al local de IDL acompañado por 4 policías, para exigir que se le entreguen los audios y todo el material periodístico relacionado con la investigación. Ante la firme negativa de los periodistas, el fiscal Rurush ocultó por el tiempo que pudo el hecho que la diligencia era ilegal en sí misma, pues no contaba con ninguna orden fiscal o judicial. Rurush adujo que cumplía órdenes de su jefa, la fiscal Norah Córdova, cuyo esposo resultó estar vinculado con la red de corrupción que IDL-Reporteros puso al descubierto. Luego que revelamos este caso de básico conflicto de interés y abuso de autoridad, la fiscal fue apartada del caso.

Una segunda arremetida se produjo el jueves 12 de julio, cuando el entonces fiscal supremo, ​Víctor Raúl Rodríguez Monteza, envió a IDL-Reporteros un amenazante oficio que conminaba al medio a entregar el material de la investigación y a delatar las fuentes bajo riesgo de, en caso de negarnos, incurrir en el presunto delito de “desobediencia a la autoridad”.

El mismo día, a través de una carta abierta, publicada en IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti respondió a Rodríguez Monteza que “rechazamos sus amenazas y le hacemos saber que bajo ninguna circunstancia quebraremos la reserva de fuente. Defenderemos la libertad de prensa y el periodismo de investigación en todos los fueros nacionales e internacionales que sea menester”.

La medida fiscal era torpe, pero además tenía un trasfondo: poco días después IDL-R reveló un audio en el que el fiscal Rodríguez Monteza aparecía conversando con uno de los principales involucrados en el escándalo, un empresario textil que ahora está en prisión preventiva por este caso. Como consecuencia, Rodríguez Monteza también fue retirado del cargo, pero aún no ha podido ser investigado por su vinculación con la red de corrupción debido a las protecciones legales inherentes a su función.

Todos estos evidentes ataques a la libertad de prensa y al periodismo investigativo, provocaron una inmensa oleada de solidaridad de periodistas nacionales y extranjeros y un pronunciamiento de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA. También despertaron la indignación ciudadana. El 18 de julio hubo una vigilia en el frontis de nuestra redacción como muestra de solidaridad. Al día siguiente se realizó una gran marcha nacional contra la corrupción y en defensa del periodismo independiente.

Conexiones de la organización criminal entre las instituciones del Estado reveladas luego de las primeras publicaciones.

Frente a estos intentos de amedrentamiento adoptamos una serie de medidas, que incluyeron redoblar la seguridad de nuestras comunicaciones y la seguridad física de nuestra redacción con el fin de garantizar que nuestra información estuviera a buen recaudo.

Luego continuamos publicando y escuchando los audios, avanzando con mayor rapidez, gracias a la información ya acumulada, que señalaba nuevas líneas de investigación. Eso sin contar la cantidad de información que llegó a nuestra redacción de diversas fuentes, algunas anónimas, sobre corrupción en las distintas cortes judiciales y oficinas fiscales a nivel nacional. Tuvimos que organizarnos para que una parte del equipo continuara con el trabajo de escucha y análisis del material, mientras otro grupo de periodistas reporteaba sobre los casos ya detectados. Siendo un equipo con recursos limitados, y por la seguridad del material, nosotros mismos nos encargamos de la transcripción, subtitulación y edición de los audios.

Además de las publicaciones de IDL-Reporteros, tuvimos una alianza colaborativa con el programa periodístico de la televisión dominical Cuarto Poder, para la publicación conjunta de nuevas investigaciones. También hicimos publicaciones colaborativas con el diario El Comercio y con otras publicaciones.

El impacto de las revelaciones periodísticas y las olas de indignación popular que desataron, forzó reacciones desde el Estado. Se decretó el cierre temporal del CNM para su reestructuración; la declaratoria de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao y la Corte de Lima Sur; la prisión preventiva de por lo menos once jueces, empresarios y exfuncionarios públicos; así como la renuncia, suspensión o despido de más de una decena de altos magistrados, entre los cuales el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el hoy expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos (luego arrestado y actualmente en prisión preventiva), y el expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza (quien después de ser desaforado escapó del Perú y fue arrestado en España, donde sigue en prisión mientras se decide si es extraditado o no).

Veintiún días después de la primera publicación de IDL-Reporteros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en su tradicional Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias (el 28 de julio pasado) una reforma del sistema de justicia y una reforma política institucional (que busca la no reelección parlamentaria, la bicameralidad y cambiar las reglas del juego para el financiamiento de partidos políticos).

Expedientes de los procesos de ratificación del CNM entregados gracias a solicitudes de acceso a la información.

Vizcarra reconoció el papel del periodismo de investigación para sacar a luz la corrupción del sistema de justicia: “Esta situación se ha hecho pública por la divulgación de diversos audios por parte de periodistas de investigación y medios de comunicación, cuya labor se encuentra amparada por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que reconocen las libertades de expresión, la reserva y protección de las fuentes de información. El rol cumplido por el periodismo de investigación, así como el de los policías, fiscales y jueces que autorizaron judicialmente la interceptación de comunicaciones y vienen realizando una investigación, ha resultado fundamental para evidenciar lo sucedido. Las instituciones de control a cargo del Ministerio Público, del Poder Judicial y, ciertamente, del Consejo de la Magistratura demostraron su incapacidad para detectar lo sucedido. Si no se hubieran revelado los audios todo continuaría igual”.

Esto ha energizado a su vez investigaciones fiscales que profundizan los cambios y abren la posibilidad de un desenlace de revelaciones, pruebas, procesos y sanciones sin precedentes en la historia del país. Aunque no hay certeza sobre el resultado de estos procesos y pese a que los círculos corruptos mantienen fuerza y poder, la posibilidad de que la secular tradición de impunidad sea quebrada, es finalmente real.