Corte y corrupción

Vigesimoquinta entrega

El doctorazo y el hermanito

Cómo opera la independencia judicial. Nuevos audios revelan que César Hinostroza coordinó con Hugo Velásquez, el juez constitucional que ordenó abonar millonarias remuneraciones a jueces supremos, el pago de su propia liquidación.

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Por IDL-Reporteros.-

El hoy suspendido juez supremo César Hinostroza gestionó el pago de una millonaria liquidación con el juez titular del 5to Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta. Velásquez tuvo a su cargo la ejecución de la sentencia que ordenó el pago de las llamadas ‘remuneraciones homologadas’ a más de 3 mil jueces a nivel nacional; dentro de las cuales destaca el monto de 18 millones de soles para 13 jueces supremos, uno de los cuales es Hinostroza.

No se trató del pago de sueldos sino de remuneraciones descomunales en un caso en el que los jueces fueron tanto juez como parte.

El proceso empezó el año 2009, cuando la Asociación Nacional de Magistrados demandó al Poder Judicial para que este ordene homologar las remuneraciones a más de 3 mil jueces, para equipararlas -según el nivel de los jueces- con las de los parlamentarios. Eso fue establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 1993.

La demanda, que afectaba directamente a los juzgadores, se declaró fundada en noviembre de 2010, pero no se cumplió.

En 2013, la ley 30125 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la homologación de sueldos de los jueces teniendo como base el de los jueces supremos. Ahora a los jueces superiores les correspondía el 80% del de aquellos; a los especializados o mixtos, el 62%; y a los de paz letrados, el 40%. Los salarios comenzaron a nivelarse poco a poco.

¿Fin de la controversia? No.

En junio de 2017, el juez Hugo Velásquez, del 5to Juzgado Constitucional de Lima, decidió que también se pagara la enorme suma que los magistrados habían dejado de ganar desde 1993 hasta el 2013, es decir, los devengados.

El 15 de noviembre de ese año, Velásquez emitió una resolución más específica donde aprobaba un informe pericial con los montos a pagar a cada uno de los magistrados supremos y ordenaba su cumplimiento. La Procuraduría del Poder Judicial apeló a esta resolución -proceso que está actualmente en la Primera Sala Constitucional de Lima- alegando que el pago de devengados no fue pedido en la demanda de 2009 ni reconocido en la sentencia. 

El pago ordenado sumaba 18 millones 119 mil 842 soles. En la lista de beneficiarios estaban el hoy presidente del Poder Judicial, Víctor Prado; su predecesor, Duberlí Rodríguez; los jueces supremos Ana María Aranda, Javier Arévalo, Vicente Walde, Ángel Romero; y, entre otros, el suspendido juez supremo César Hinostroza.

 

 

Un antecedente

 

El juez Velásquez ya había alcanzado notoriedad (e impacto) cuando, en septiembre de 2013, aprobó la acción de amparo que presentó el expresidente Alan García contra el Congreso de la República alegando que la Megacomisión que lo investigaba había vulnerado el derecho al debido proceso en su citación. Velásquez ordenó anular las declaraciones de García y todo lo trabajado posteriormente a esa citación.

En marzo de 2014, Velásquez falló otra vez a favor de García, indicando que no se había cumplido la primera resolución y que, por ello, la nueva citación también era nula. La medida dejó sin efecto las declaraciones de García -y sus responsabilidades derivadas de ellas- en cuatro informes de la Megacomisión. Sergio Tejada, quien fue presidente de dicha comisión parlamentaria, declaró a IDL-Reporteros que no se pudo explicar el fallo del juez.

“Nos pareció rarísimo que nos diga que no habíamos cumplido [en la segunda citación], cuando nosotros habíamos tomado una serie de medidas sin precedentes en las comisiones investigadoras (se especificó a García cuáles eran los asuntos materia de investigación, se le permitió acudir con un abogado y acceder a documentos de la Megacomisión, se le citó con un mes de anticipación). A mí me dió la impresión de que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, la decisión ya estaba tomada para anular nuestros informes”, dijo Tejada.

Al final, después de otras peripecias procesales, casi todos los informes de la Megacomisión contra García quedaron anulados.

 

La liquidación de Hinostroza

 

Volvemos al caso del pago millonario a los jueces supremos que ordenó el juez Velásquez.

La relación entre este y el hoy suspendido pero entonces muy influyente juez supremo Hinostroza Pariachi, uno de los beneficiados por el fallo, no fue neutral como la independencia judicial lo exige. De acuerdo con la información que IDL-R presenta aquí, Hugo Velásquez envió oficios a pedido de Hinostroza para apresurar el trámite de su liquidación, y lo asesoró sobre qué documentos debía presentar.

En una llamada del 27 de diciembre del año pasado, un mes después de que se emitiera la resolución que ordenaba el pago de las remuneraciones homologadas, Velásquez le informó al “doctor Cesitar” que ya habían aprobado su liquidación. “Ya está para que presenten un escrito de requerimiento porque yo no lo puedo hacer de oficio, para avanzar lo más rápido”, le dijo. Hinostroza señaló que iba a enviar el oficio ese mismo día. Se despidieron afectuosamente y quedaron en encontrarse el sábado.

 

 

El 25 de enero de este año, Hinostroza llamó a Hugo Velásquez a las 8 de la mañana. “Hermano, te llamaba por el asunto de mi tema pues (…) Por favor pues hermano, ya hace una semana está ahí”, le dijo el juez supremo. Velásquez le respondió que iba a ver el tema.

 

 

Preguntado al respecto, Hugo Velásquez declaró a IDL-Reporteros que Hinostroza “es un magistrado de la Corte Suprema, por eso él está preguntando ese caso, porque él es uno de los interesados. Él estaba llamando a preguntarme cuál era el trámite, nada más”. Sin embargo, en los audios se escucha que Hinostroza lo presionó para acelerar “el tema” y él le respondió que ese mismo día lo vería.

Dicho y hecho. Velásquez remitió ese día un oficio a Duberlí Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial, y a Jaime Gómez, gerente general del Poder Judicial, “para poner a conocimiento del Consejo Ejecutivo, el requerimiento del pago del monto aprobado en la Resolución N° 25, de fecha 15 de noviembre de 2017” de más de 18 millones de soles a 13 jueces supremos. Velásquez también ingresó la resolución N° 30 y dos escritos a la casilla electrónica de varios jueces, entre ellos, César Hinostroza. Al hoy suspendido juez supremo le correspondía el monto de S/. 1’961,004.06.

Al día siguiente, 26 de enero, Velásquez llamó a Hinostroza para avisarle que ya había enviado la resolución a su casilla electrónica. Velásquez le dijo, entre risas, que ahora solo quedaba esperar.

 

 

En su respuesta a IDL-R, Velásquez dijo que no veía nada irregular en que haya mandado los oficios a pedido de Hinostroza. “Como esa resolución se dictó en noviembre y se estaba demorando el trámite, él quería que se remita el oficio, porque es el trámite regular. Entonces, aparentemente, el procedimiento se estaba demorando y por eso me estaba llamando porque a él lo debían notificar a su casilla”, declaró. También indicó que Hinostroza no fue el único juez que lo llamaba por el pago de remuneraciones. “En realidad, no solo supremos sino también jueces de todo el país porque es un expediente donde hay 3 mil magistrados [involucrados] y es una ejecución del 2009. Ellos querían que se acelere el proceso. Pero como son mil magistrados es difícil”, contó.

El 17 de abril, Hugo Velásquez llamó a Hinostroza y le mencionó que el procurador del Poder Judicial había interpuesto una acción de amparo contra su resolución que ordenaba el pago. “Pero está jodiendo, está obstaculizando, está haciendo problemas ¿no?”, exclamó Hinostroza. Velásquez le explicó que debía hacerlo porque era parte de sus funciones, de lo contrario, la Contraloría lo podía sancionar. Hinostroza le contó a Velásquez que era posible que el día siguiente se reúna con el Procurador para hablar de ese tema.

 

 

Hinostroza se refería al pedido de impugnación que había presentado el procurador del Poder Judicial José Manuel Espinoza a la pericia que fijó el monto de las remuneraciones a pagar, por considerarlo excesivo, en noviembre de 2017. Hinostroza mencionó en su llamada con Velásquez que posiblemente se reuniría con Espinoza el día siguiente. Espinoza indicó a IDL-Reporteros que en ninguna ocasión ha conversado con Hinostroza.

 

El hermano favorecido

 

El juez Velásquez tampoco era ajeno al círculo de confianza del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. En palabras de Ríos, Velásquez era “un amigo que puta, te sirve como la puta mare”. Incluso Ríos gestionó la contratación de su hermano Percy en la Corte del Callao.

El 21 de febrero, a la 1:08 p.m., Walter Ríos recibió la llamada de una persona identificada como Jorge Jáuregui, quien pidió trabajo para el hermano de Hugo Velásquez. Le explicó también que “Huguito se siente un poco corto de llamarte, entonces me pidió por favor que te llame”. Ríos le indicó a Jáuregui que él mismo se iba a encargar de ese tema.

 

 

Minutos más tarde, Walter Ríos llamó a Gianfranco Paredes, su entonces asesor, para preguntarle por la jefa de Personal. Paredes le informó que estaba de vacaciones. Ríos le ordenó que la llame y que le diga que lea su Whatsapp. Poco tiempo después, Gianfranco le devolvió la llamada a Ríos, quien le indicó que coordine todo con Aldo Mayorga, jefe del área de Planes y Presupuesto de la Corte de Justicia del Callao. Finalmente, Ríos dió la orden de que la jefa de Personal resuelva el tema apenas regrese de vacaciones.

 

[21 de febrero, 1:29 p.m.]

 

[21 de febrero, 1:39 p.m.]

 

[21 de febrero, 2:04 p.m.]

 

El área de Personal de la Corte de Justicia del Callao informó a IDL-Reporteros que Percy Velásquez Zavaleta empezó a trabajar el 1 de marzo, apenas se reanudaron labores luego del periodo vacacional, en el área de Logística, bajo un contrato de trabajo a plazo fijo.  

El 19 de abril, el mismo Walter Ríos llamó directamente a Hugo Velásquez, preocupado por su hermano Percy Velásquez. Él era bachiller y ellos necesitaban a alguien que tenga certificado de OSCE para realizar ciertas funciones. Carlos Parra, administrador de la Corte, le explicó a Hugo que Percy debía sacar el certificado. Percy ya había desaprobado dos veces el examen y lo iba a dar por tercera vez. Hugo Velásquez aseguró que le hablaría del tema.

 

 

Percy Velásquez es bachiller en Ingeniería Industrial y obtuvo la certificación del OSCE nivel Básico recién en julio de este año.

Entrevistado sobre el tema, Percy Velásquez negó haber conseguido el puesto de trabajo a través de su hermano. “Yo dejé mi currículum en setiembre, octubre del año pasado y así me han llamado. Yo soy una persona capacitada, por si acaso. He estudiado en la universidad, tengo diplomados, he estudiado inglés, me siento capaz para estar acá y en cualquier lado. Yo no soy ninguna persona empírica”, declaró. Sin embargo, defendió las recomendaciones laborales. “Soy una persona capaz. Las recomendaciones se dan en el sector público y en el privado. En todos lados. Que tú demuestres donde estés, adentro, es tu capacidad, capacidad que tú tengas para desenvolverte. Porque probablemente incluso hasta tú has necesitado una recomendación para estar donde estás. Eso no quiere decir que te hayan hecho un favor, ¿o me equivoco?”, dijo.

Por su parte, el juez Hugo Velásquez, reconoció haber hablado con Aldo Mayorga sobre su hermano, luego que este dejara sus documentos buscando un puesto de trabajo, pero negó haber pedido que lo contraten.

-No le dije que lo contraten pero sí me preguntó [Aldo Mayorga] porque había visto… porque parece que ya lo habían llamado para contratarlo, vio su apellido y por eso me preguntó. Y yo le dije que claro, que era mi hermano.

-¿Y usted le recomendó que lo contraten?

-No, le dije que bueno, si había posibilidades, claro, ¿no?

Hugo Velásquez también admitió conocer a Walter Ríos pero que no eran amigos, y que no sabe porqué Ríos le dijo a Gianfranco que él les servía “como la puta mare”. El expresidente de la Corte del Callao, sin embargo, realizó, según se escucha en el audio, las gestiones para que su hermano Percy pueda ser contratado.

Velásquez dijo que cuando su hermano consiguió el trabajo, Ríos lo llamó para avisarle. “Él me llamó a mí para decirme que mi hermano estaba trabajando ahí. (…) Que había presentado su currículum, había visto que tenía buen currículum y que por eso lo habían contratado, porque necesitaban a una persona en esa área”, declaró. Lo cierto es que luego de la llamada de Jáuregui a Ríos pidiéndole el favor, solo transcurrieron 20 minutos antes de que Ríos le escriba a la jefa de Personal con la orden de contratación.

Publicado el jueves 20 de septiembre, 2018 a las 19:36 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 01 de octubre, 2018 a las 23:10

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4 comentarios

  1. Jhonny Aguirre arroyo dice:

    Estos jueses deberían de ir preso, y gracias a idl reporteros por tenernos informados

  2. Roberto Reyes dice:

    Realmente es injusticia que toda esa maraña de corruptos no se den pena efectiva para que sufran como sufrieron quienes se perjuricaron muerte politica para el y toda su familia

  3. Luis Alberto dice:

    Carajo, y yo por conducto regular presentando mi curriculum

  4. carlos dice:

    Este proceso fue iniciado el año 2009 por la Asociación Nacional de Magistrados, para que el Poder Judicial ordene homologar las remuneraciones de los jueces, y equipararlas con las de los parlamentarios, conforme lo estableció la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS del 28 mayo 1993.
    Esta demanda, según las informaciones existentes, se declaró fundada en noviembre de 2010, pero no se cumplió, habiendo justificado su no cumplimiento por la falta de disponibilidad presupuestal y no asignación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
    Mediante la Ley N° 30125 del año 2013 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una nueva homologación de sueldos de los jueces teniendo como base el de los jueces supremos, lo cual se ha venido cumpliendo posteriormente, poco a poco, y en base a las asignaciones aprobadas por el MEF.
    Sin embargo, lo decidido por el juez Hugo Velásquez, del 5° Juzgado Constitucional de Lima, en junio del 2017, que se pagara devengados por lo que los magistrados dejaron de ganar desde 1993 hasta el 2013, es una acción ILEGAL, pues vulnera las leyes anuales de presupuesto que establecen lo siguiente:

    a) Las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, entre otras, se aprueban por Decreto Supremo.

    b) La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 1994, Ley N° 26268, mediante párrafo tercero del artículo 23° señala: “Las remuneraciones, bonificaciones y pensiones percibidas por los servidores del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no podrán en ningún caso ser determinadas tomando como referencia lo percibido por el Presidente de la República, representantes al Congreso, Ministros de Estado, Magistrados Supremos, Directivos de Organismos Descentralizados y Alcaldes. Toda disposición contraria es nula, bajo responsabilidad.” Por tanto, no procede homologación alguna.

    c) Los siguientes años se mantuvo esta prohibición hasta que con el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, del 24 setiembre de 1996, se estableció: “Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente.” Es decir, sin aumentos ni homologación de ningún tipo. Este Decreto Legislativo N° 847 se mantiene aún en vigencia.

    Por tanto, las discusiones en cuanto a los montos establecidos por los peritos no tienen validez alguna por cuanto no corresponde legalmente pago de devengados de ningún tipo a los jueces, caso contrario es ILEGAL, y no favorece en nada en la lucha contra la corrupción.

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