La incursión

El contrasuelazo ocurrió en Bogotá y, como se verá, resonó sordamente en Lima.

El 18 de noviembre de 2013, 50 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Colombia (que sería el equivalente de Indecopi, si este tuviera potencia y decisión), incursionaron de sorpresa y simultáneamente en las instalaciones colombianas de las compañías de fabricación y venta de pañales Familia, Tecnoquímicas y Kimberly-Clark.

Fue, en lo sorpresivo, invasivo e imperativo, un raid indistinguible de los policiales, pero con un objetivo diferente: recabar pruebas de la existencia y operación de un Cartel de las empresas pañaleras, que en lugar de competir, concertaba precios en perjuicio de los compradores.

Ese día y el siguiente, los funcionarios de SIC, reforzados con expertos en recuperar información borrada, requisaron documentos e intervinieron las computadoras de las empresas. Correos electrónicos y comunicaciones internas fueron recogidos y guardados con los recaudos y protocolos del caso.

Los investigadores, bajo el mando general del superintendente de la SIC, Pablo Felipe Robledo, sabían qué buscar. Informantes anónimos habían proporcionado no solo pistas sino datos concretos sobre la existencia de un Cartel que había concertado precios a lo largo de varios años.

Las incursiones revelaron eso y más.

Pero lo mejor de la información estaba por llegar.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio de Colombia. (Foto: SIC)

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio de Colombia. (Foto: SIC)

Delaciones

Pocos días después de las incursiones y requisas, un grupo de ejecutivos de una de las compañías investigadas llegó a la sede de la SIC para pactar los términos de su confesión. Es decir, la delación premiada del Cartel pañalero. Poco después, lo hizo una segunda.

La legislación colombiana tiene normada, desde 2009, la “colaboración a cambio de beneficios”. Es lo que aquí se llama, con imprecisión, la “colaboración eficaz” y que, en Brasil por ejemplo, donde obtiene resultados espectaculares en la mega-investigación de Lava Jato, se conoce en términos más apropiados como “delación premiada”.

Había razones para delatar. Lo que estaba en juego para las empresas investigadas era, en primer lugar, multas considerables (hasta 37 millones de dólares por cada infracción en el caso de las compañías y 650 mil dólares en el de las personas, según informó la BBC). En segundo lugar, la reputación de integridad quedaba irremediablemente socavada en el caso de que hubiera una resolución condenatoria.

A la vez, el estímulo para delatar, y hacerlo rápido, era atractivo: la primera compañía en hacerlo lograría la exoneración completa de las sanciones; y la segunda una amnistía parcial, de hasta el 50% del monto sancionador.

Siendo cinco las compañías investigadas (Tecnosur y Tecnoquímicas [pañal Winny Ultratrim], Familia [Pequeñín], Kimberly [Huggies] y Drypers [Baby Sec]), la confesión recompensada de dos de ellas superaba con holgura la masa crítica para lograr una investigación exitosa.

Las confesiones proporcionaron información elocuente. Las dos compañías delatoras entregaron 700 correos electrónicos, más de 30 testimonios y evidencias de 20 reuniones en Colombia y en otros países, entre los cuales el Perú, sede principal de la operación de Kimberly-Clark en la región andina.

Los correos electrónicos documentaron explícitamente la forma –o quizá se debiera decir la Kultura– con la que funcionaba el Cartel.

Uno de ellos, enviado a los supuestos competidores, decía lo siguiente:

“De verdad necesitamos que TODOS nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos más manejar por el cliente”.

Aunque el Cartel se administraba con una aparente sensación de impunidad total, había alguno que guardaba cierto inquieto resabio por la seguridad.

“Por favor esto es urgente, ya que (…) tiene reunión el lunes con la competencia”, presiona uno de los mensajes electrónicos, a lo cual su interlocutor electrónico responde: “Pa la prox. no escribas que (….) tiene reunión con la competencia… nunca dejes nada escrito de ese tema!!!!”.

Pero quedó mucho escrito sobre, precisamente, el tema.

Uno de los gerentes delatores confesó así el funcionamiento del Cartel:

“En todas las reuniones a las que asistí, existió siempre una llamada previa entre los presidentes, de (….), que (….) me las hacia saber, pues me indicaba que ya había hablado del tema con ellos, y que el objetivo era subir precios y regular el canal. // El tema era muy claro, subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas al canal, y una vez comenzó a existir la presión del área financiera de (….), se dio la instrucción clara de que el incremento debía ser el 10%. // Por último, se acordaba que el anfitrión de ciudad, en este caso si era en (….) lo pagaba (….), si era (…) lo pagaba (….) y si era en (….) lo pagaba (…)”.

"En la acusación, la Superintendencia afirmó que el Cartel del Pañal llevaba 15 años de operación".

Las citas son de los documentos revelados por la SIC. No se menciona nombres, pues la SIC buscó proteger el anonimato de los delatores premiados.

Nueve meses después de las primeras incursiones, seguidas por investigaciones, confesiones y diligencias formales, la SIC formuló cargos por cartelización empresarial para aumentar los precios de los pañales desechables para bebé” en agosto de 2014.

En la acusación, la Superintendencia afirmó que el Cartel del Pañal llevaba 15 años de operación. Durante ese tiempo, se las había arreglado para cargar sobrecostos de entre el 10 y el 15 por ciento en los precios de los pañales. Teniendo en cuenta que en Colombia, se vendían cerca de mil millones de pañales desechables al año (casi la misma cantidad que en el Perú, donde, de acuerdo con las cifras publicadas por Semana Económica y basadas en información de Kantar WorldPanel, se venden mil 200 millones de pañales por año), el sobreprecio significó decenas de millones de dólares cargados al consumidor.

El pliego de cargos de la SIC acusó nominalmente a 44 ejecutivos de las compañías sindicadas de haber participado directamente en la organización y funcionamiento del Cartel.

La mayoría de los ejecutivos provenía, sorpresa, sorpresa, de Kimberly-Clark.

Entre ellos figuraba en forma destacada, el presidente para Latinoamérica, de Kimberly-Clark, Sergio Nacach.

¿Cuál de las compañías principales delató la operación apenas fue descubierta? Semana Económica lo averiguó sin problema en la nota que publicó en septiembre del año pasado.

Una de las reuniones del Cartel tuvo lugar en Lima, en febrero de 2003. Participaron en ella solamente dos compañías: Kimberly-Clark y Tecnosur-Tecnoquímicas. En esa reunión se tomó el acuerdo de “diseñar un archivo conjunto de precios de las dos compañías”.

Tecnosur-Tecnoquímicas no colaboró, con la SIC, de manera, concluyó SE, que era muy probable que K-C fuera una de las empresas delatoras. Ello le fue confirmado a esa publicación por una fuente con conocimiento de causa que pidió no ser identificada.

Al delatar, K-C no tendría ninguna pérdida económica como resultado de las sanciones contra el Cartel y hasta quedaría en una mejor posición competitiva una vez que las millonarias sanciones fueran asestadas a las antiguas compañeras del Cartel, que no colaboraron.

Pero el daño a la reputación de la empresa era, sin duda, grande, pese a que en el Perú, con la excepción de Semana Económica –que luego no continuó la cobertura– ningún medio mencionó el tema. Ello evitaba el escándalo, pero no el perjuicio a la reputación, pues en el medio todos los que tenían que saber conocían plenamente del caso.

Poco después, la SIC reventó otro caso complementario: el Cartel del Papel Higiénico (sobre el que IDL-R informará próximamente). Ahí hubo algunos nombres nuevos, pero Kimberly-Clark repitió el plato, al igual que otros socios del cartel pañalero.

(Foto: IDL-Reporteros)

Pañales, con su cartel. (Foto: IDL-Reporteros)

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Publicado el viernes 15 de mayo, 2015 a las 21:37 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 22 de junio, 2015 a las 14:56

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7 comentarios

  1. Margarita Campos dice:

    Me quedé atónita … Este caso no puede ser pasado ni por agua tibia ni por alto. Después del informe de la Contraloría, debe caerle(s) el peso de la ley a quién(es) hizo/hicieron la compra sin haber necesidad y crear luego “necesidades” para mejorar las ganancias del “Kartel”. Por el bien del país y del mejor control del dinero público y en afan de la lucha contra la corrupción este caso debe tomarse con seriedad por parte de la Procaduría Anticorrupción y demostrarle al país: “Yes, we can”!

  2. Luis Postigo dice:

    Llama la atención que un granl fabricante K-C se presente a una licitación formando un consorcio, con una empresa pequeña como es Cymed (de unos 20 trabajadores), )¿qué puede aportar esta última, sino sumar costos al proceso y por ende al cliente?

  3. Jorge Carranza dice:

    Excelente investigacion. Ahora que dira la Ministra Ana Jara? Que no sabia nada???

  4. Christina Galindo dice:

    Los contratos deben dar algo mas que un prompt delivery de panales !!!!
    no solo q se investigue a jara y los anteriores gobiernos?????

  5. Bernardo Reyes dice:

    Han pasado meses, muchos meses. ¿Quién está en la cárcel? ¿Cuáles son las medidas correctivas para asegurar que estas prácticas de corrupción y decepción de la fe pública no continúan? O quedará todo en escándalo público y otros amarres?

  6. Orlando dice:

    Indudablemente tiene que investigarse a fondo y estar atentos a los progresos que lleve a cabo la Fiscalia y luego el Poder Judicial, porque hay cierta duda en estos entes. Por otra parte estamos sin una verddera ley marco sobre la corrupción que se ha dado en nuestro país y que se viene dando. Se debe establecer verdaderas sanciones, desde la muerte civil, el pago real y efectivo de los famosos pagos de las reparaciones civiles, reparaciones que deben tomar como base los fondos indemnizatorios, para cubrir dichas reparaciones y si es preciso reformar la Constitución para tal efecto.Roban al Pueblo, luego salen libres, cumplida su condena y postulan a cargos públicos nuevamente.

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