Por IDL-Reporteros.-
El Acuerdo tomó más de 13 horas de discusión final. Empezó en la mañana del viernes y terminó poco después de la medianoche, en los primeros minutos del sábado 8 de diciembre. Solo entonces se firmó el acuerdo pionero para la investigación de la corrupción corporativa en el Perú.
Fue en las oficinas del Equipo Especial para el caso Lava Jato en el jirón Santa Rosa, en el centro de Lima. Ahí, los representantes de ese Equipo, de la Procuraduría Ad-hoc para el mismo caso y los de la empresa Odebrecht firmaron el “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios” que hará posible la entrega de toda la información, conocida o por conocer, sobre el caso Lava Jato en el Perú por parte de Odebrecht; sin fecha, límite o reservas.
El acta fue firmada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, el procurador ad-hoc Jorge Miguel Ramírez y los abogados representantes de Odebrecht: Ricardo Weyl y Lourdes Carreño.
Estuvieron también presentes y participaron en las discusiones, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las investigaciones en el caso Lava Jato y el director superintendente de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz.
Como sucede a veces con los documentos legales, la aridez del encabezado (“carpeta de colaboración eficaz 01-20, expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE”) ocultó la trascendencia del contenido.
Por primera vez desde el inicio del caso, las autoridades del Estado –fiscales y procuradores– llegaron a un acuerdo comprehensivo de colaboración eficaz que, si no es saboteado por los encubridores enquistados en el aparato fiscal y judicial, permitirá resolver el caso Lava Jato en el Perú.
El acuerdo tiene 17 páginas en las que, en resumen, se determina lo siguiente:
• Odebrecht (descrita en el acuerdo como “la Persona Jurídica Colaboradora”) se obliga a entregar al Ministerio Público “todas las pruebas de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos (de ser el caso otros delitos conexos al objeto de su colaboración) que comprometan a los funcionarios y servidores públicos (de todos los niveles jerárquicos) peruanos, así como de las personas nacionales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció en el país para ejecutar los actos de corrupción”.
En términos personales:
• Odebrecht se compromete a que “Jorge Henrique Simoes Barata y los funcionarios y ex funcionarios acogidos a los procesos de delación de la justicia brasileña se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos de acuerdo a la normatividad correspondiente”.
• También se obliga a que “cualquiera de sus funcionarios y/o empleados solicitados por el Ministerio Público se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos”. Asimismo, en el caso que fuera necesario, presentar como “testigos reservados, siempre y cuando las circunstancias ameriten la reserva de su identidad” a sus funcionarios o empleados para confesar ante los fiscales investigadores.
• A hacer, asimismo que “cualquiera de sus funcionarios […] se presenten ante autoridad pública peruana para los actos de indagación, corroboración, investigación y prueba en que sean requeridos”.
• Que cualquiera de sus funcionarios (se entiende que los no comprendidos en investigaciones hasta ahora) se presenten como aspirantes a colaboradores eficaces, dentro de las garantías del Acuerdo.
• Coordinar y facilitar la concurrencia de cualquiera de sus funcionarios o empleados “solicitados por el Ministerio Público”. Ello tanto en el Perú como en Brasil.
• En el vital aspecto de la entrega de documentos, Odebrecht se obliga a entregar todo “tipo de información [y documentación] que se encuentre bajo [su] dominio […] que sea requerido por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero”.
• En uno de los puntos más importantes del Acuerdo, Odebrecht se compromete a que “una vez homologado judicialmente el presente Acuerdo, la Persona Jurídica Colaboradora [Odebrecht] se obliga a entregar los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos del Sistema Drousys y MyWebDay del extinto sector de operaciones estructuradas (y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil) relacionados a actos en agravio del Estado peruano”.
• Odebrecht se obliga, asimismo, a custodiar por veinte años toda su documentación en el Perú y a entregar el inventario de los documentos al Ministerio Público en cuanto se homologue judicialmente el Acuerdo.
• Además, en el muy probable caso de que “como consecuencia de las investigaciones internas que se están llevando [a cabo en Odebrecht] […] se identifiquen ‘nuevos hechos con contenido penal’ […] [que] pudieran devenir en consecuencias jurídicas para Odebrecht o cualquier sociedad de su Grupo Económico […] [esta] se obliga a presentarlos al Ministerio Público con los respectivos datos de corroboración en el plazo de quince días de advertidos internamente”.
Esos nuevos hechos serían procesados en el marco del acuerdo firmado este 8 de diciembre, excepto en el caso de que la nueva información no provenga de Odebrecht. En ese caso, sin embargo, el Ministerio Público notificará a Odebrecht para que “manifieste su voluntad de colaborar en los términos señalados” en el Acuerdo.
En contrapartida a lo que, si llega a ejecutarse, será un torrente informativo que, en un número vital de casos, romperá los diques del encubrimiento, el Ministerio Público se comprometió, entre otras cosas, a lo siguiente:
• No utilizar las informaciones confesadas para iniciar acciones contra Odebrecht o sus funcionarios. Ello solo aplica, por cierto, cuando esas informaciones provengan de la colaboración de Odebrecht y/o sus empleados.
• La inmunidad resultante de la confesión sin reservas supondrá el archivamiento de investigaciones o sobreseimiento de los casos “que son objeto de beneficio premial”. Como en Brasil.
Una de las partes más difíciles del Acuerdo fue el monto y plazos de la reparación civil.
Según el Acuerdo, las negociaciones para acordar los monto de la reparación entre Odebrecht y la Procuraduría Ad-hoc fueron retomadas “a partir de agosto de este año”. No fue una discusión global sino sobre cuatro casos específicos: “Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco, por los cuales se habrían firmado seis contratos con el Estado”.
La propuesta inicial de Odebrecht fue pagar 297 millones de soles. La de la Procuraduría Ad-Hoc fue de 610 millones de soles. Ese monto, el de 610 millones de soles fue el finalmente acordado como pago de Reparación Civil.
El pago, igual que lo negociado en Estados Unidos y Brasil, se hará en 15 cuotas anuales, a partir de una primera de 80 millones de soles en 2019.
El Estado, a través de la Procuraduría Ad-Hoc podrá, por cierto, iniciar acciones de cobro de reparación civil a las empresas consorciadas con Odebrecht en esos proyectos.
Dada su situación actual deficitaria y, sobre todo, el cambio profundo de prácticas hecho evidente en el Acuerdo de Colaboración, Odebrecht quedará habilitada para trabajar en el país bajo la obligación de pagar prioritariamente a sus acreedores.
Asimismo, como en otras naciones, Odebrecht se compromete a continuar, monitorear y profundizar el conjunto de reformas internas que destierren toda práctica corrupta y garanticen su honestidad corporativa en el presente y el futuro.
El Acta firmada hoy constituye la primera parte de un acuerdo mucho más detallado y comprehensivo. El “Acuerdo de Colaboración y Beneficios”, el documento final que será presentado al juez para su homologación, deberá ser firmado también por los colaboradores eficaces de Odebrecht (entre los cuales Barata), el 11 de enero próximo.
¿Tiene cláusulas de revocación? Sí. En caso que Odebrecht incumpla con la obligación de contar todo lo que sabe y lo que pueda averiguar; o si incumple con el pago de la Reparación Civil.
Es poco probable que ello suceda. Si los fiscales y procuradores que han logrado este avance inédito en el complejísimo proceso de investigación que llevan, no son saboteados por los círculos de corrupción en la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, la homologación y puesta en práctica del Acuerdo hará posible que los principales corruptos enfrenten las consecuencias de la revelación de sus actos. El resultado final, si ello se lleva a cabo, será un país mejor, donde pese al gran esfuerzo que costó llegar a la verdad, cada minuto de ese esfuerzo habrá valido la pena.