Publicado con 'Caretas'

Lava Jato Perú

Confesión y Sabotaje

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Por Gustavo Gorriti.-(*)

El lunes 17 de julio, en una conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, intentó responder por qué la Fiscalía había actuado solo sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht con relación a Ollanta Humala y Nadine Heredia y no sobre aquellas en las que se refirió con inequívoca claridad a Keiko Fujimori y el Apra.

Sánchez dijo que: “La diligencia [en Curitiba] fue expresamente para un tema determinado […] Solo se podía preguntar por ese tema, porque no había otro tema en la petición […] No hay interés en proteger a alguien, ni a ninguna persona”.

Eso es falso. En el inicio de la declaración de Marcelo Odebrecht, el 15 de mayo, el procurador [fiscal] federal brasileño, Orlando Martello, que dirigió la diligencia, informó que las preguntas de la fiscalía peruana habían llegado por escrito “por lo que voy a proceder a formularlas, siguiendo ese orden y luego, al final, voy a permitir que se realicen, si hubiera alguna intervención en el momento que sea razonable, pueden preguntar […] sin embargo, si hubiera una pregunta que sea relevante en ese momento, pueden pedir que se complemente. ¿Está bien?”.

"¿Revelar que, aparte del monto destinado a la campaña de Humala en 2011, Odebrecht aconsejó a su subordinado Barata que apoyara “más” a Keiko, significa decir 'prácticamente nada?' ".

Luego, cuando el interrogatorio estuvo avanzado, después de que Marcelo Odebrecht revelara en forma explícita su certeza de que su compañía había apoyado la candidatura de Keiko Fujimori y “probablemente” la del Apra, uno de los participantes, descrito como “interlocutor peruano” en la traducción oficial del ministerio público brasileño (probablemente uno de los dos abogados de la familia Humala Heredia), preguntó “Con respecto a la colaboración para la campaña política a otros partidos?”, el procurador Martello instó a Odebrecht a responder: “Marcelo, usted puede responder de nuevo, es solo que él no entendió, usted contestó ¿si?”.

Odebrecht, claro, contestó (la declaración íntegra está publicada tanto en Caretas como en IDL-Reporteros). Y los fiscales peruanos ocultaron esas respuestas bajo el trajinado tótem de la “reserva y confidencialidad” de las diligencias, que solo sirvió para lo que ahora resulta un patente encubrimiento.

Otro que utilizó el mismo argumento para justificar haber ignorado por completo la información de Odebrecht sobre el apoyo a las candidaturas de Fujimori y el Apra en 2011, fue el fiscal del caso Humala-Heredia, Germán Juárez Atoche. El 4 de julio, en una conferencia de prensa, Juárez Atoche dijo que “no podía salirme de ese marco porque las preguntas estaban preestablecidas en un pliego interrogatorio”. Es verdad, ¡pero Marcelo Odebrecht respondió mucho más de lo que pedía ese pliego y nombró a Ollanta, a Keiko y al Apra! ¿Juárez Atoche se tapó los oídos? Peor que eso. Él y sus acompañantes hicieron lo posible por tapar la vista de los peruanos.

En la misma conferencia de prensa, revelados ya los hechos, Juárez Atoche buscó desmerecer la declaración de Marcelo Odebrecht sosteniendo que este “no dice prácticamente nada, porque al final remite a Jorge Barata […] montos no lo da, habla en condicional: ‘se habría’. En todo caso quien debe explicar es Jorge Simoes Barata, hay que tomar con las reservas del caso esas declaraciones”.

Esas son las declaraciones de un fiscal presuntamente capacitado para investigar. Veamos: si uno llega a tomar declaraciones al exjefe de una corporación gigante, con operaciones en por lo menos tres continentes, ¿anula el valor de sus revelaciones cuando este recuerda la situación global y remite a quien fue su ejecutivo principal en el Perú para los detalles? ¿Revelar que, aparte del monto destinado a la campaña de Humala en 2011, Odebrecht aconsejó a su subordinado Barata que apoyara “más” a Keiko, cuya candidatura estaba seguro que se apoyó así como “probablemente” la del Apra, significa decir “prácticamente nada”? ¿Son más interesantes las evidencias que se pueden recoger en el colegio de los hijos de Humala que las inequívocas declaraciones de Marcelo Odebrecht?

Está claro que había que profundizar el asunto interrogando cuanto antes, y en Brasil, a Jorge Barata, donde los términos de su delación le obligan a responder con verdad. De eso, hasta Juárez Atoche pareció haberse dado cuenta cuando dijo que quien debía explicar eso era, precisamente, Barata.

Pero cuando Juárez Atoche dio esas declaraciones ya sabía que la procuraduría brasileña había respaldado el pedido de Barata de no declarar más ante las autoridades peruanas debido a su denuncia que estas habían violado el acuerdo de inmunidad suscrito en Brasil y Perú. ¿El autor de las acciones que cerraron la colaboración de Barata? Juárez Atoche.

No solo eso. El 7 de julio, tres días después de indicar que Barata debería explicar lo que declaró Marcelo Odebrecht, el fiscal Juárez Atoche firmó una resolución para “desistir de la solicitud de cooperación internacional judicial para recabar la declaración [de][…] Jorge Barata”. ¿El pretexto? Que ya Barata había declarado ante Hamilton Castro sobre “el aporte de 3 millones de soles [sic]”. Sobre lo de Keiko y el Apra, ni una palabra.

 

Oficio de la Procuraduría General de la República de Brasil sobre Jorge Barata


Sin necesidad de mencionar otra vez los comunicados mentirosos de la fiscalía de la Nación luego de la declaración de Odebrecht en Curitiba, creo que la situación, en cuanto se refiere a la investigación del caso Lava Jato, está bastante clara a estas alturas.

– Desde la Fiscalía de la Nación, se ha llevado a cabo el mayor esfuerzo por incriminar a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, aunque ello implique gruesos abusos, especialmente contra la lógica y el sentido común. Eso, en el mediano y largo plazo afectará la legítima investigación que debe realizarse por los muy probables actos de corrupción en el caso Lava Jato, de los que ambos pueden ser responsables.

– Se ha hecho a la vez un esfuerzo por lo menos igual para silenciar y ocultar las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre el apoyo de su organización a la candidatura de Keiko Fujimori el 2011 y el probable que se dio a la del Apra. Primero se violó el acuerdo de inmunidad pactado con Brasil y luego, en lugar de tratar de reparar el problema, se desistió, a través de Juárez Atoche, de la petición de interrogar a Barata.

Este último, Barata, debe estar probablemente contento –en medio de sus otras tribulaciones– de no tener que hablar en Brasil sobre las declaraciones de su exjefe. Si es llamado a testificar allá, Barata estará obligado –como todos los que se han acogido a la delación premiada– a responder con verdad lo que se le pregunte. Mentir ahí puede poner en grave riesgo su acuerdo de colaboración, con las duras consecuencias penales que eso significa.

Y es evidente que a Barata le ha resultado más cómodo delatar a Toledo y a Humala, a quienes es claro que detesta (Marcelo Odebrecht lo describe bien en el caso de Humala) antes que a García y a Fujimori. Con García, Barata tuvo una cercana amistad; y Keiko fue (Marcelo dixit) su candidata preferida para las elecciones de 2011.

Aún así, unos nuevos interrogatorios a Barata, preferiblemente en Brasil, pueden aportar información muy importante si se llevan a cabo con inteligencia, conocimiento del tema y una disposición a la vez imparcial y decidida de investigar el caso entero.

Pero creo que sabemos que ese tipo de acción, simple, clara y coherente, no provendrá del Ministerio Público, a menos que se realice una reforma veloz pero profunda de la investigación y de los investigadores; y se reemplace la incompetencia encubridora con una investigación valiente, profunda y eficaz.

(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2497 de la revista ‘Caretas’.

Publicado el jueves 20 de julio, 2017 a las 12:58 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 01 de agosto, 2017 a las 3:48

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13 comentarios

  1. Héctor Manuel dice:

    Alan García criticó al Gobierno tras la destitución de Julia Príncipe del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), y a Katherine Ampuero de la procuraduría. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió: “Pésimo destituir procuradoras que denuncian vínculos de PPK con Odebrecht por Interoceánica y depósitos en cuentas. ¿Es que el gobierno ha pulsado el botón de autodestrucción? Premier y ministra son responsables de dinamitar así al presidente. La paciencia y el tiempo son lo mejor. Si algo no es cierto, se cae, y los que denunciaban son los que terminan en la cárcel”.

    Viene al caso acotar de que Julia Príncipe resultó ser ínitma y vieja amiga de la pareja del abogado aprista y masón Moisés Tambini del Valle y la vocal superior aprista y masona Nancy Ávila León de Tambini. Moisés fue el abogado de Alan Garcia durante el juicio del afamado caso El Frontón y Ávila fue precisamente la vocal que presidía la terna que prescribió ilegalmente ese expediente, en el cual también estaban incluidos Agustín Mantilla y el vicealmirante Luis Giampietri Rojas. O sea, Príncipe era una infltrada del alanismo aprista en la Procuraduría provista de un padrino-asesor de la peor calaña partidaria y estirpe jurídica, quien además ya se había pronunciado en favor de los intereses personales de Alan Garcia y de la falta de necesidad de investigarlo en relación a Lava Jato.

    ¡Bien ida, Julia Príncipe! Desmostraste probidad mas solo contra los enemigos y bajo la dirección teledirigida de tu patrón, dueño, amo y señor, Alan García. Eso te hace una vendida y corrupta.

    • El César dice:

      Julia Principe, en una entrevista radial con RPP, dijo sobre Alan García que “siendo objetivos, hasta el momento no hay indicios [contra él], no hay una delación”.

      Sopesemos esa respuesta desde otro ángulo. Emma Tambini Monge, la nieta del abogado aprista y amigo íntimo de Alan García, Moisés Tambini del Valle, fue contratada por la presidenta del Consejo de Defensa Legal del Estado, Julia Príncipe, cuando estuvo a cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos. Príncipe contrató a Tambini como parte de su equipo de abogados penalistas de la Procuraduría de diciembre de 2011 hasta febrero de 2013. Tambini Monge es hija de Moisés Tambini Ávila (hijo de Moisés Tambini del Valle) y Ruth Monge, quien fue abogada de la empresa Aerocontinente, de propiedad del narcotraficante Fernando Zevallos [http://rpp.pe/politica/actualidad/video-moises-tambini-hay-que-proteger-a-julia-principe-noticia-1032724].

      Como se sabe, Julia Príncipe fue nombrada procuradora de lavado de activos en abril del 2009 por el entonces presidente García a sugerencia del abuelo de Emma Tambini. Ante los primeros indicios de cercanía de Julia Príncipe con el amigo de Alan García, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado optó por negar la relación con la familia Tambini Ávila. Fue luego de más publicaciones cuando se evidenció de manera irrefutable su grado de amistad, la cual Príncipe se vio obligada a aceptar: “No voy a renunciar porque a mí no se me ha involucrado en un solo acto de corrupción (…) Estoy asumiendo que cometí un error, por el cual pido las disculpas respectivas, no voy a negar que soy amiga desde muchos años atrás de la familia Tambini Ávila” [http://larepublica.pe/politica/850003-julia-principe-reconocio-que-si-es-ella-la-que-aparece-en-fotos-junto-abogado-de-alan-garcia].

  2. JUS dice:

    Otros “gorriocintos” de AGP no cabe duda, por esto y mucho mas………. sigue siendo el Rey….!!!! de la Impunidad

  3. Chicho dice:

    Uy, entonces ahora no solo dependemos de la tardanza del MP, sino de la lentitud historica y tradicional del PJ, que en manos del juez peruano cuyo apellido -para concha- es Concha, la solicitud de arresto contra Alejandro Toledo inexplicablemente no se ha dado. Minetras tanto el relojs sigue avanzando, TIC TOC, TIC TOC, TIC TOC y ese caso va como misil atomico teledirigido con una precision espectacular hacia la prescripcion y, en el mejor de los casos, si se le extradita, juzga y condena severamente al ex presidente, se va a tener que tomar en cuenta el tiempo procesal transcurrido en descuento a una presunta condena efectiva con derechos carcelarios incluidos y sin meta fija y concreta acerca de la recuperacion total y completa del botin robado.

    No se ha dicho nada sobre esa cruda, triste, dura y reiterada realidad. De igual amnera, no se preciso nada acerca de por que Alan Garcia y Keiko Fujimori no han sido arrestados preventivamente tampoco.

  4. Cata dice:

    Moises Tambini del Valle es ademas suegro de Beto Kouri, lo que no es poca cosa en los anales escabrosos del crimen organizado. Aparte, dirigio la defensa del narco Fernando Zevallos por medio de su nuera, Ruth Monge, quien, a su vez, se infiltro en el Estado con el padrinazgo del napoleoncito Javier Villa Stein, un simbolo de la penetracion fujimontesinista en la Corte Superior (MIRA: https://redaccion.lamula.pe/2015/04/12/los-lazos-de-ruth-monge-elegida-para-el-cnm/ecabral/ y http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/ex-abogada-narco-filtrador-secretos-estado-rodean-villa-stein_1-noticia-232002). Es decir, Tambini no solo es un aprista y mason de alto grado, tambien tiene un lazo de la mas directa y suprema calidad con el fujimontesinismo.

    Tambini del Valle es el cabecilla de una mafia que sirve a Alan Garcia, Alberto Fujimori y a otros criminales y corruptos del mas alto nivel politico. Julia Principe pertenece a esa organizacion. Enhorabunea la largaron. Lo mismo que a Ampuero. Pero quedan muchos personajes mas por purgar. Primera vez que PPK mete un manazo como este. Fue quirurgicamente acertado; este golpe representa un gol con parada de pechito y todo los lujos contra el poder extraoficial del aprofujimontesinismo en el sistema judicial del Peru.

  5. Jorge Enrique Lostaunau Anderson. dice:

    No cabe duda que la fiscalía defienda y encubre tanto a Alan García, como a la Fujimori. Otra seria la situación ante el poder judicial si desde un principio el Ministerio Publico hubiese intervenido las cuentas bancarias; activos; documentación y locales de Odebrecht en el Perú y se hubiese impedido la salida de Barata del país. Ahora hay que ir a Brasil a mendigar información de ese personaje. Indudablemente que con el beneplácito de la fiscalía.

  6. Héctor Manuel dice:

    Con esto se desechan las mentiras y los mitos sobre el caso Principe y Ampuero y se confirma que las dos eran agentes infiltradas del aprofujimontesinismo, tratando de encubrir a Alan Garcia, asi como a Alberto y Keiko Fujimori. Faltan muchos agentes del fujimontesinismo por purgar todavia, sobre todo en el PJ y la Fisclia. Ojala que estos dos despidos propicien que se proceda a investigar a fondo y se arreste preventivamente a Alan Garcia, Pilar Nores, Cuqui Cheesman, Keiko Fujimori y Mark Villanella:

    1. “La medida impedía que Odebrecht se haga del dinero”
    Antes de la confirmación oficial de ayer –vía una resolución ministerial que dispuso su salida–, Ampuero y Príncipe defendieron con ese argumento la medida sobre Olmos impulsada por la entonces procuradora ad hoc.

    No obstante, el Decreto de Urgencia 003 ya cumplía con ese objetivo. Obligaba a las empresas compradoras de proyectos a solicitar la autorización expresa del Minjus para concretar la venta y destinaba el dinero de esta al llamado Fideicomiso de Retención y Reparación. Una vez concluidos los procesos judiciales contra Odebrecht, ese fideicomiso servirá para pagar el monto final de la reparación civil correspondiente.

    “El decreto salvaguarda los intereses del Estado e incluso ha pasado el filtro congresal. La medida cautelar de Ampuero colisionaba con la norma vigente y le dificultaba el camino al Estado para garantizar el pago de la reparación civil”, afirma el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

    Ello a pesar de que el fin principal de un procurador ad hoc es, precisamente, velar por el pago de la respectiva reparación civil.

    2. “La duración del decreto desprotegía al Estado”
    Este fue uno de los argumentos esgrimidos por Ampuero en la conferencia de prensa que dio hace unos días junto a Príncipe. La ahora ex procuradora señala la duración de un año del decreto como un peligro para garantizar el pago de las reparaciones civiles.

    “Pero precisamente en eso consiste un decreto de urgencia. Tiene vigencia determinada y, si en ese año el Estado no hubiese cumplido su objetivo, el Gobierno perfectamente podría prorrogarlo o el Congreso podría haberlo hecho suyo a través de una ley. No es un argumento válido”, sostuvo Vargas Vadivia.

    Así, al término del año de vigencia de la norma el fideicomiso pudo mantenerse y el dinero ingresado por la venta de proyectos de Odebrecht hubiese podido seguir acumulándose en este.

    3. “El pedido de Pérez Tello constituye una injerencia”
    Diversos sectores repitieron esa afirmación durante los últimos días para cuestionar la salida de Ampuero y Príncipe. En su argumentación remarcaban que los procuradores son defensores del Estado y no del Gobierno.

    Si bien lo primero es cierto, lo segundo, en la práctica, no lo es. El CDJE está adscrito al Ministerio de Justicia y las designaciones de sus miembros responden a decisiones que el gobierno de turno estime necesarias para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la defensa del Estado.

    “El Estado, encarnado en el Poder Ejecutivo, es el cliente del procurador. Si cualquier defendido observa que su abogado se está manejando mal o en contra de la ley, le va a pedir su salida. Eso no representa ninguna injerencia”, señaló el ex procurador Antonio Maldonado.

    4. “Las procuradurías deberían ser autónomas”
    Tras la controversia generada por las salidas de Ampuero y Príncipe, también han surgido cuestionamientos sobre el nivel de autonomía que pueden tener los procuradores, críticas que, para las fuentes consultadas, son en cierta medida excesivas y alejadas de la realidad de las procuradurías públicas.

    “Se está confundiendo la autonomía funcional con el hecho de no estar sujeto a control. Ningún órgano del Estado Peruano puede estar desvinculado de controles constitucionales y mucho menos la procuraduría”, afirmó Maldonado.
    Para los ex funcionarios, además, ese tipo de preocupaciones tiene un origen institucionalizado desde hace algunos años en la defensa jurídica del Estado.

    “Hay un grave problema de roles. Hoy los procuradores creen que deben hacer el trabajo de los fiscales, cuando su fin único es preservar y recuperar el patrimonio del Estado a través de, por ejemplo, las reparaciones civiles”, afirma el abogado penalista y ex procurador anticorrupción José Ugaz.

  7. Mónica dice:

    ¿Que paso con los dueños, funcionarios, empresarios y compañias Graña y Montero, JJ Camet, Ungaro & Ungaro, JJC Contratistas Generales, ICCGSA y Compañia San Martin involucrados en el caso Lava Jato? ¿Son intocables? Todas estas personas y empresas pagaron coimas, recibieron obras, sobrepreciaron costos, excedieron plazos, pagaron inspecciones truchas, lavaron fondos, tercerizaron ingresos, influyeron criterios de bases de licitaciones, compraron evaluadores, infiltraron postores que al final del proceso se echaban para amañar victorias en favor de padrinos, crearon repartijas, compraron politicos y funcionarios publicos, constuyeron obras substandards y/u obsoletas y demas gravisimos actos de corrupcion. Mas, pese a todo esto, ¿son inocentes? Para comenzar una forma de cruzar la informacion de las delaciones, sobre todo las de Jorge Barata es a traves de estas fuentes locales. Digo existen innumerables de buenas razones para empezar a investigarlos pero desde YA.

  8. Enrike saito dice:

    Lee muchas informaciónes suyas valoradas en el extranjero a donde llega la tecnología… aquí dan en el clavo pero no investigan nada sobre el despido de las procuradoras!! Estaremos agradecidos

  9. Cesar A. Bravo dice:

    muy evidente la corrupcion dentro de las autoridades encargadas de sancionar a los culpables inmediatos y mediatos de las estafas, colusion, peculado, robos, y omisionesdentro y fuera del Estado. la reingenieria vendra solo, cuando el pueblo y sus instituciones rectas y leales al Peru, se levantemn y protesten todos los dias. cuando la leyes son injustas, solo la desobediencia es el camino para los cambios.

  10. Óscar Castilla y Jorge Weston dice:

    Ahí está cómo los Fujimori Jr. han vivido de la riqueza ilegal de su padre y le han estado sacándole rédito invirtiéndola en varios negocios distintos en diferentes países. Esto comprueba que en el fondo todos los Fujimori son la misma basura y que si Lava Jato no toca a la mayoría de ellos -con la clara excepción de Keiko y Alberto, otros crímenes aleatorios sí lo hacen. Peleas de partido serán una cosa, pero al final de cuentas, en casa y bajo puerta cerrada, todos están comiendo del mismísimo plato de actos de corrupción. Por tal razón, la hipótesis fiscal plantea en base a la investigación del fiscal Eduardo Cueva Poma que al dinero ilícito de la corrupción de los años noventa, como “delito fuente” del sospechoso emprendimiento empresarial montado por los hermanos Fujimori Higuchi, que había pasado inadvertido entre los años 2009 y 2014. Hiro y Kenji son los principales actores en las operaciones societales.

    Ocurrió entre julio del 2009 y fines del 2014: en solo cinco años, los hijos del ex presidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi constituyeron 21 empresas, en tanto que en los veinte años anteriores, la familia apenas había registrado cinco negocios. El salto suena a emprendimiento. Lo curioso es que la vocación societal de los Fujimori Higuchi despertó en forma repentina, después de que el padre fuera condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y corrupción. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se dictó el 7 de abril del 2009 y la constitución de la primera empresa del grupo, de las 21, o sea, Logística Integral Marítima Andina S.A., más conocida como Limasa, se produjo el 23 de julio del mismo año, tres meses y medio después.

    ¿Coincidencia?

    El 10 de febrero pasado, el Ministerio Público abrió investigación fiscal preliminar a dos de las empresas de los Fujimori Higuchi: a Limasa, el almacén mayor, y a Alinsa (Almacenes Internacionales S.A.), un almacén menor. Se presume lavado de activos en agravio del Estado. La hipótesis del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo del caso, apunta directo a dinero ilícito proveniente de la corrupción de los años 90. Es lo que se deduce de su pedido de información a la Corte Suprema de Justicia sobre las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori Fujimori por peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito. El fin es “auscultar el delito-fuente”, precisa en la Diligencia 11 de la resolución fiscal.

    Hiro, la novedad

    Los investigados son Kenji Gerardo, Hiro Alberto y Sachie Marcela Fujimori Higuchi. Los dos primeros accionistas mayoritarios de Limasa y Alinsa y de la mayoría de empresas del grupo de las 21. Kenji es el que da la cara, figura como accionista de Limasa desde su fundación. En cambio, Hiro Alberto, el hermano mayor, apareció recién a fines del 2012 como director de Limasatrans, una empresa dependiente de la almacenera mayor. Se veía un Hiro poco interesado en Limasa, pero no es así. Entre mediados del 2012 y comienzos del 2015 interrumpió sus estudios de analista financiero en Japón, donde reside, para venir a Perú a participar directamente en los aumentos de capital social por capitalización de deudas efectuados en Limasa, operaciones societales que son claves en la investigación fiscal. La participación de Sachie Marcela y su esposo Mark Koenning es discreta y minoritaria. Keiko Sofía no figura en los directorios de Limasa ni Alinsa. Su esposo Mark Vito Villanella es promotor de dos empresas de alto capital, independientes de Hiro y Kenji.

    Los almacenes mandan

    La mitad de las 21 empresas del “boom” empresarial del quinquenio 2009-2014 –unas diez para ser precisos– están relacionadas con los hechos investigados por la fiscalía. Las relacionan los dos almacenes del grupo: Limasa y Alinsa, que juegan un rol dominante. Unas se han formado para cumplir un papel determinado en el supuesto lavado. Otras, sencillamente son empresas de servicios complementarios. Los que mandan son los almacenes.

    Limasa (hoy IGL)

    Es el almacén mayor, con un capital social superior a los dos millones de soles y una facturación anual promedio de alrededor de 8 y 9 millones de dólares en los años 2014 y 2015. Controla Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL Services e IGL Transports. Los Fujimori Higuchi crearon ex profeso otras dos firmas: FM Capital Partners e Inversiones Perú Japón, para que oficiaran de acreedoras de Limasa en los cuestionados aumentos de capital por capitalización de deudas. Lo increíble es que tanto la deudora como las acreedoras son propiedad de Kenji e Hiro Fujimori. O sea, se habrían endeudado y pagado entre ellos mismos. Las dos firmas jugaron su partido y se fueron de baja.

    Alinsa, intento fallido

    Es un intento de almacén menor, de funcionamiento efímero. Nació de la reunión de tres razones sociales: Ogura Capital Partners, Vantage Merchant Capital SAC y MSK Servicios SAC., todas ellas constituidas al comienzo por un estudio de abogados. Los reales dueños –los Fujimori Higuchi– aparecieron después. A través de una intermediaria, construyeron local para el depósito en una zona insalubre de Villa El Salvador. Ahí se guardó mercadería durante once meses –y no se sabe qué guardaron–. El local fue abandonado, entonces, ¿dónde funciona hoy? Los registros públicos no han sido informados. Hiro es hoy el principal accionista de Integrated Global Logistics o, sencillamente, IGL (ex Limasa), la nueva razón social del almacén. Participa a través de la firma FM Capital Partners, poseedora del 41,38% del capital social, porcentaje que comparte por mitades con el norteamericano Daniel Scott Matson). Kenji es titular del 28,96% de IGL (ex Limasa).

    Por qué almacenes

    Una pregunta obligada: ¿por qué los Fujimori optaron por la rama almacenera para hacer empresa? O para ser más directos: ¿qué ventajas ofrece esa especialidad para el supuesto delito por el que son investigadas Limasa y Alinsa?

    Martín Mayandía Burns, abogado en Derecho Corporativo, Banca y Finanzas, responde así: “Los almacenes aduaneros manejan mucho dinero y mucha carga. Tienen un gran volumen de caja. Esa caja proviene de dos fuentes: una, los clientes que tienen que pagar aduanaje, desaduanaje y manipuleo de carga, lo que genera mucho volumen de dinero; y dos, manejan los dineros propios de la operación y del almacén”.❧

    Con el apoyo de Proética.

    “Los almacenes aduaneros manejan mucho dinero: uno, de los clientes y dos, del almacén y la operación”, según Mayandía. La “capitalización de deuda”, probable modalidad del blanqueo de dinero. Entre los años 2011 y 2014 hubo aumentos de capital social por más de un millón de soles en la empresa Limasa (hoy IGL).Se trata específicamente de dos aumentos de capital social producidos en los años 2012 y 2014. Estos se efectuaron en aplicación de la modalidad de “capitalización de deuda”. La hipótesis es que bajo esta metodología se habría producido un aumento mayor de capital, y también habría permitido la introducción de dinero ilícito a la economía nacional, por montos aún mayores. Todo esto será materia de investigación en el Ministerio Público. El experto Martín Mayandía Burns subraya que el negocio de los almacenes es una rama de actividad económica que se caracteriza porque permite el manejo de muchísimo dinero.

    En esa línea, Limasa (hoy IGL) registró en los años 2014 y 2015 cifras de facturación que oscilan entre los 8 y 9 millones de dólares. Esto se constata en el anuario TOP 10000, donde la almacenera aparece en los puestos N° 4402 y 3859, dentro de las 10 mil empresas de mayor facturación en el país. En soles, la facturación fluctúa entre 22 y 27 millones de soles anuales. Considerando únicamente las sentencias confirmadas sobre peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito, Alberto Fujimori adeuda al Estado una reparación civil de 27 millones 460 mil 216 soles; sin contar las otras causas judiciales.

    Es difícil no creer que los hermanos Fujimori Higuchi hayan promovido estos negocios sin contar con el conocimiento o asesoría del jefe de familia.

  11. garlica dice:

    Ese juarez Atoche, es un maldito, distrae a la población ocn el encarcelamiento injusto de Los Humala, para que la gente piense que al menos se ha hecho justicia, cuando los ladrones tremendos están sueltos especialmente Alan Garcia , no diré mucho de keiko que también ha recibido mucho más que humala de odebrecht, porqe más ratero es su
    padre

  12. Pedro dice:

    Todo el mundo ve que los fiscales estan encubriendo a la mafia aprofujimontesinista. Desde Pablo Sanchez hasta el conchudo de Juarez Atoche, pasando por los fiscales superiores. Son parte de la mafia corrupta.Con indicios claros, testimonios claros implicando a Keiko y Alan, NO DICEN,NO HACEN NADA!!!!Y todo el mundo lo esta viendo. Pero que hacen las fuerzas políticas? los perioristas de investigación? Invocar que haya cambios urgentes? y quien lo va a realizar? los mismo implicados? Lo cual es un absurdo.Aqui se requiere ejercer acciones legales contra la omisión descarada en sus funciones del Fiscal de la Nación y sus secuaces que actuan de fujifiscales. Donde estan los congresistas, para soplarse una demanda judicial contra estos magistrados, denuncias a la OCMA, Y a las oficinas de control interno? NADIE HACE NADA, solo se quejan, se escandalizan, pero no mueven un dedo para atacar esta porquería de justicia que tenemos. Es hora de que las fuerzas políticas hagan algo en la via judicial, sino la carrupción se los termina de almorzar, hoy.

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