Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en edición 2491 de la revista ‘Caretas’.
Se suponía que para Latinoamérica, el mes de junio iniciaba una etapa nueva y decisiva en el caso Lava Jato: un torrente de secretos revelados que hasta ahora no son torrenciales ni reveladores.
Un primer encuentro entre los fiscales argentinos y brasileños terminó en desacuerdo sobre cómo manejar los términos de inmunidad que acompañan las delaciones premiadas. El problema central –que probablemente ocurra con otras fiscalías cuando se trate de acoplar procedimientos legales diferentes– es el siguiente: una confesión que se produjo a cambio de una cierta inmunidad en Brasil, ¿viaja a otro país emparejada con esa inmunidad, o no?
Si una persona confesó en Brasil, con todos los recaudos legales, delitos cometidos en Brasil y también otros perpetrados, digamos, en Perú, en Argentina y en Panamá; y si esa persona (piensen en individuos tan diferentes como Jorge Barata o João Santana) obtiene un conjunto de beneficios importantes, por la calidad de la información proporcionada (según la evaluación de los fiscales brasileños, posteriormente aprobada por los jueces), ¿qué sucede cuando esa información sea transmitida a los países donde se cometieron los delitos?
Para las autoridades fiscales brasileñas, la respuesta es clara: si la confesión se entrega a otra nación, para que sea usada en ella, debe haber una aceptación previa del acuerdo de inmunidad hecho en Brasil. Y si no se acepta eso, no se entrega la confesión.
«Exportar la confesión sin la inmunidad representa, para los brasileños, faltar al acuerdo que produjo la delación y socavar así todo el sistema».
Desde su perspectiva, tienen razón. En primer lugar, la confesión les llega a las otras naciones casi como un regalo. Fue producto de investigaciones arduas, capturas, registros, interrogatorios, prisiones preventivas que llevaron a las capitulaciones de los delincuentes y sus delaciones (que ya se han vuelto epidémicas en Brasil). Los premios, las escalas de inmunidad, fueron la transacción que permitió revelaciones sin precedentes que, casi con seguridad, no se hubieran logrado en las otras naciones ni tampoco en el propio Brasil sin esos métodos.
Exportar la confesión sin la inmunidad representa, para los brasileños, faltar al acuerdo que produjo la delación y socavar así todo el sistema. No pueden hacerlo y todo indica que no lo harán.
Hasta ahí hay una lógica articulada más o menos así: ¿Quieres el regalo de la verdad de lo que sucedió en tu país, quién coimeó, por cuánto y para qué? En realidad no es tan regalo, porque pagué un precio para obtenerlo: la inmunidad, menos unos pequeños castigos, que administro yo; y tú tienes que respetar ese precio entero si quieres esas vitales informaciones.
Para el país que recibe la información, la decisión debería ser fácil, pero no lo es. De un lado está el problema de acoplar legalidades, que en ocasiones hace que el acoplamiento de puercoespines parezca un problema comparativamente menor.
Eso, como todas las cosas en las que intervienen abogados, tiene soluciones. Menos mal, en este caso.
Pero hay problemas que no son formales. ¿Cuán capacitado estaba el interrogador brasileño para preguntar sobre crímenes cometidos fuera de su país? ¿Cuán interesado también? ¿Cuál fue el nivel de detalle o de profundidad al que llegó? ¿Cómo pudo verificar la información que se le dio? ¿Cómo pudo percatarse si en esos casos el delator fue sincero o, aprovechando el desconocimiento del interrogador, dirigió él la delación hacia donde quiso, protegiendo a unos y denunciando a otros; ocultando de repente muchos delitos y también muchos sobornos?
En esas condiciones, ¿cómo se podrá interrogar en el país víctima (digamos, el nuestro) a un delincuente que llega blindado por inmunidades inapelables? Y si en el proceso se descubren nuevos casos, nuevos hechos que requieran profundizar radicalmente lo que se investigó con superficialidad en Brasil, ¿cómo hacerlo sin tener ninguna de las herramientas de presión que con tanto éxito se usaron en ese país? ¿Permitir así que el delator, con omisiones estudiadas y denuncias selectivas sea quien termine dirigiendo la investigación?
Es un dilema que, hasta donde sé, tiene una solución posible aunque complicada en la práctica y, seguramente, en los procedimientos legales: Firmar los acuerdos de inmunidad a condición de que los fiscales brasileños asuman el compromiso de llevar a cabo en Brasil investigaciones complementarias de los casos que se desarrollen en otros países. Si resulta, por ejemplo, que una delación abre nuevas investigaciones, que requieren otras confesiones, con un grado mucho mayor de detalle, Brasil debe comprometerse a que los nuevos interrogatorios se hagan bajo su sistema de delación premiada que obliga por varios años al delator, a contestar con verdad lo que le pregunte una autoridad legítimamente encargada de la investigación. No responder, o responder falsamente, puede significar la pérdida de beneficios para el delator. Y a eso, no creo que ninguno de ellos se arriesgue.
¿Cómo poner eso en marcha de una forma rápida y eficaz? Conociendo a nuestros fiscales, especialmente a quien tiene a cargo las relaciones internacionales, veo difícil ningún resultado que no sea formalista y farolero.
Sin embargo, asumo que de una u otra manera llegará información importante en las próximas semanas. Si llega en secreto y se mantiene en secreto dentro de la Fiscalía de la Nación, su eficacia será limitada y el peligro de distorsión o manipulación, muy grande.
Si tenemos éxito en el periodismo investigativo de hacerla pública, habrá una presión social mucho mayor para actuar con eficacia. Está claro, por cierto, que la responsabilidad periodística se medirá en la consistencia, la corroboración y la coherencia interna de las informaciones investigadas.
Y una de las primeras cosas que debemos tener claras ahora es el cambiante escenario de la investigación Lava Jato.
No investigamos solo a Odebrecht sino a un conjunto de compañías, brasileñas y peruanas, que han logrado mantenerse relativamente sombreadas en este caso. Odebrecht es hasta ahora la única compañía que ha confesado internacionalmente y ha entrado en un proceso de reforma corporativa.
Las confesiones hechas hasta ahora son, estoy seguro, parciales, limitadas a solo una parte de lo que hay que revelar. Pero hasta el momento son las únicas que hay y merecen ser alentadas y, sí, premiadas en proporción a su valor. El hecho, no solo contradictorio sino sospechoso, es que Odebrecht es la compañía más castigada hasta ahora, mientras que otras, igualmente culpables, guardan silencio y no les pasa nada.
Desde OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez hasta Graña y Montero, no debemos perder por un momento de vista que la investigación Lava Jato las involucra a todas y no solamente a Odebrecht. Y que en ese proceso, hay que premiar a quien confiesa y presionar a quien no lo hace.