Columna de reporteros

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición la 2507 de la revista ‘Caretas’.

La Palabra C

¿Cuál es el costo mundial de las coimas? Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, tiene la cifra. En un evento sobre “la palabra C” (así se refirió a la corrupción) en el Brookings Institution en Washington DC, el pasado 18 de septiembre, Lagarde estimó el monto global de las coimas entre 1.5 y 2 trillones de dólares al año. Es decir, alrededor del dos por ciento del Producto Bruto anual del mundo.

La corrupción sistémica, dijo Lagarde, socava “la capacidad de los Estados de proporcionar un crecimiento inclusivo y de sacar a la gente de la pobreza. Es una fuerza corrosiva que eviscera la vitalidad empresarial y atrofia el potencial económico de una nación”.

A la larga, sostuvo Lagarde, “la corrupción […] envenena la capacidad de una nación de atraer la inversión extranjera directa”.

La experiencia indica, enfatizó también Lagarde, que “en el frente legal, en las instituciones encargadas de aplicar la ley –la Policía, las fiscalías y el poder judicial– es donde la podredumbre de la corrupción se asienta”.

Palabras y conceptos claros en ecosistemas institucionales usualmente contaminados por el eufemismo y el circunloquio. La propia Lagarde indicó que ya no habrá miedo en mencionar la “C word”, la palabra C, en lugar de esconderla detrás de, digamos, gobernanza.

Aquí, en el Perú, la lucha contra la corrupción se ha presentado implícitamente como una necesidad más bien desagradable, que hace daño a la economía y que se debe resolver cuanto antes para poder, en las palabras que más le gustan a la premier Aráoz, “pasar la página”. Fuentes gubernamentales han hecho el estimado dolientes que el caso Lava Jato le “costó” este año al país un punto de PBI.

“La lucha contra la corrupción favorece el crecimiento económico, la inversión, el buen uso de los recursos públicos. A condición, por supuesto, que se haga bien”.

Pero es exactamente lo opuesto. La lucha contra la corrupción favorece el crecimiento económico, la inversión, el buen uso de los recursos públicos. A condición, por supuesto, que se haga bien.

Es cierto que en naciones medularmente corruptas, donde casi toda interacción público-privada (y, en consecuencia, la privada-privada también) incluye los trámites y el costo de corrupción, una acción enérgica contra los actores centrales de ese sistema corrupto, puede significar en el corto plazo una retracción. Ese parece haber sido el caso de Brasil, estremecido por el proceso Lava Jato y otros originados o provocados por él. Pero en el mediano y largo plazo el resultado no solo será liberador sino tremendamente positivo para el crecimiento económico y social de la nación.

Es por eso que el apoyo popular en Brasil a las acciones anti-corrupción de los jueces, procuradores y policías federales continúa siendo inmenso. Y aquellas no solo no paran sino se expanden.

Hace pocos días, por ejemplo, el exgobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, sentenciado el pasado mes de junio a 14 años de cárcel, recibió una segunda, aplastante condena.

El juez federal brasileño, Marcelo Bretas, condenó a Cabral a 45 años de cárcel y también a la esposa de este, Adriana Ancelmo, a 18 años de prisión.

Miembro del partido (PMDB) del presidente Michel Temer, también acusado por corrupción, Cabral fue definido en la muy severa sentencia como el “creador de una gigantesca trama corrupta institucionalizada […] Era el jefe de la organización” que solicitaba “sobornos a las empresas que deseaban contratar con el estado de Rio de Janeiro, en especial a Andrade Gutiérrez, y dirigir a los demás miembros de la organización en el sentido de promover el lavado de dinero ilícito”.

Andrade Gutierrez, de paso, ni ha confesado ni ha sido investigada por sus acciones en el Perú. Tampoco Camargo Correa ni los principales, e infaltables, socios peruanos de las compañías brasileñas: Graña & Montero y JJ Camet.

Cabral demostró que un gobierno muy corrupto puede llegar a ser popular, como lo fue el suyo gracias a la celebración de los Juegos Panamericanos, el Mundial de Fútbol y la adjudicación de la Olimpiada. Pero el precio empezó a pagarse poco antes de los Juegos Olímpicos cuando Rio entró en bancarrota financiera; y se sigue pagando ahora.

El exgobernador de Rio perteneció a la clase más peligrosa de los gobernantes corruptos: el demagogo cleptócrata, que motiva, divierte, enardece o esperanza a la gente para robarle con más facilidad. Piensen en ejemplos parecidos.

Brasil no es el único lugar donde corruptos capitanes de empresa (multimillonarios todos, billonario alguno) han sido enjuiciados, encarcelados y obligados a escoger entre la humillación temporal de la delación completa o la cárcel por años largos. La globalización ejecutiva de la lucha anti-corrupción (gracias, en gran medida, al Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) ha unido en una notoria lista de corruptos internacionales a una gama variada de empresas y ejecutivos.

Como ustedes deben saber, los países escandinavos figuran un año sí y el otro también en el tope de los ranking de integridad pública. En todos los índices anuales de Transparencia Internacional, los escandinavos aparecen como los países menos corruptos del planeta. Y es verdad, por más que Escandinavia produzca algunos de los mejores escritores de novela negra policial; y también algunos de los mejores periodistas de investigación, como Fredrik Laurin, que no dan para nada la impresión de andar aburridos.

Es que no tienen porqué estarlo. El jueves 21, la compañía sueca de telecomunicaciones Telia AB llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission [SEC] de Estados Unidos, para pagar 965 millones de dólares por crímenes de corrupción cometidos en Uzbekistán, en violación del Foreign Corrupt Practices Act.

Se trata de la suma más alta pagada hasta hoy en los acuerdos sancionadores del Foreign Corrupt Practices Act. Hasta ahora el mayor acuerdo había sido con la corporación Siemens en 2008, por $ 800 millones de dólares, según el reportaje del Blog especializado FCPA.

Telia fue hasta poco TeliaSonera. Sus principales accionistas son los gobiernos de Suecia y Finlandia.

La compañía fue acusada de coimear con $ 331 millones de dólares a una alta fuente oficial en Uzbekistán entre 2007 y 2010, para expandir y consolidar su presencia en las telecomunicaciones de ese país. Los pagos (junto con los que realizaron otras compañías, que sumaron en conjunto cerca de mil millones de dólares) fueron a Guinara Karimova, la hija del dictador uzbeko Islam Karimov, que murió en 2016. Karimova se encuentra ahora bajo arresto domiciliario y varias de sus cuentas, por centenares de millones de dólares, han sido intervenidas por autoridades suizas y estadounidenses.

Así que la compañía propiedad de dos de los gobiernos más íntegros del mundo terminó como protagonista de uno de los más obscenos casos de corrupción con una dictadura simultáneamente corrupta y sangrienta. ¿Cómo fue posible?

Eso tendrán que explicarlo tres de los más altos ex ejecutivos de Telia que fueron formalmente acusados por el fiscal sueco Gunnar Stetler de “serios delitos de sobornos”, según el FCPA Blog. Dos de los tres acusados, de acuerdo con la misma fuente, son el ex-gerente general de Telia Lars Nyberg y el gerente general adjunto y jefe de Eurasia, Tero Kivisaari.

El caso fue descubierto en gran medida gracias a la investigación de tres renombrados periodistas suecos: Sven Bergman, Joachim Dyfvermark y, sobre todo, Fredrik Laurin. La investigación, en la televisión pública sueca, empezó en 2013 y dio el golpe de gracia en 2016.

Televisión pública investigando a una corporación pública. Esa, al fin, es la medida de una democracia profunda y auténtica. ¿Se imaginan algo así aquí? Difícil, ¿verdad? Pero también es cierto que tenemos el número suficiente de periodistas de investigación para garantizar que los encubrimientos no prevalezcan y que los corruptos mayores sean descubiertos y revelados en alta y precisa resolución.

Publicado el jueves 28 de septiembre, 2017 a las 12:31 | RSS 2.0.

Un comentario

  1. Manuel Reynoso dice:

    Buena columna, para reflexionar y tomar conciencia. Pero acaso una de las soluciones es que volvamos a crear empresas públicas pero totalmente consistentes, verticalizadas (no necesariamente burocráticas), bien controladas y Que se cumpla con los objetivos establecidos. Supongo que las empresas privadas escudadas en el Neoliberalismo siempre se van a oponer eso, y por el destape de Odebrecht ya sabemos muy bien por qué se opondrian. Porque dejarían de tener poder, dejarian de tener influencia, y por todo encima de ello lograriamos construir algo mejor o en el peor de los casos lo mismo pero ahorrando cientos o miles de millones de soles.

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