Columna de reporteros

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)

Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2300 de la revista ‘Caretas’.

 

Armas legales, normas kafkianas

 

El otro día, al término de la reunión que tuvo con sus predecesores en el ministerio del Interior, el actual ministro Wilfredo Pedraza expuso algunas sagaces novedades a los periodistas, sus cámaras y sus grabadoras.

La reunión que con burocrática originalidad se denominó “Jornada de diálogo por la seguridad ciudadana” consistió, según Pedraza, en “una lluvia de ideas”. No explicó, empero, qué tipo de lluvia produjeron esas ideas porque lluvias, ya se sabe, hay para todos los gustos.

Pedraza declaró sobre algunos de sus temas favoritos, entre ellos el de la “política del gobierno” de reducir el número de armas en la población civil. Y ahí se pudo ver un efecto de la reciente pluvialidad intelectual. “Hay 170 mil ciudadanos y más de 30 mil empresas” dijo Pedraza, “que tienen licencias [de armas] vencidas hace mucho tiempo; y por tanto lo que estamos haciendo ahora es implementar un mecanismo [sic] que nos permita identificar quiénes son las personas naturales, qué empresas son, para, por supuesto, aplicarles la ley”.

El blog “No al desarme civil en el Perú” le precisó de inmediato que “si estos ciudadanos tienen licencias, vencidas o vigentes, ya están identificados por el Estado, no es necesario que los vuelva a identificar Señor Ministro [sic]”. Es que cuando se “implementa mecanismos” uno termina buscando su sombrero sin saber que lo lleva sobre la cabeza.

He escrito antes sobre la política de solapada hostilidad del gobierno (con el rostro de Pedraza en este caso) hacia los propietarios de las armas legales de uso civil. He hablado con el ministro sobre el caso sin tener otra respuesta que la obstinación en una política realmente kafkiana (castigarán a los que no renueven las licencias mientras convierten cada renovación en una pesadilla o en una imposibilidad) acompañada por una manifiesta ausencia de razones.

“En el Perú, la inmensa mayoría de crímenes se perpetra con armas ilegales, muchas de las cuales provienen del mercado negro militar o policial”.

Veamos los argumentos. Antes de hacerlo, expreso el caveat de que no escribo sobre este tema con imparcialidad. No soy un aficionado a las armas, ni las colecciono o las saco para enseñarlas y compararlas con las de los demás. La adolescencia pasó hace muchos años. Tengo un par de ellas con un fin exclusivo: la defensa personal, y me he preocupado siempre que tengan la licencia al día.

Pero esa es la menor de las preocupaciones. Portar un arma supone una inmensa responsabilidad, la primera de las cuales es estar bien entrenado en su manejo y seguridad. Un arma no es un instrumento hecho para proporcionar felicidad o conocimiento sino para defender la vida en circunstancias extremas, cuando la muerte o un daño terrible son inminentes si no se toma una acción pronta y decisiva.

Quien tiene un arma para defender a los suyos y a sí mismo desea no tener que utilizarla jamás, pero a la vez sabe que hay unas pocas circunstancias en las que tenerla a la mano sería la única forma de prevenir una realidad de pesadilla.

Toda persona de bien desearía que su seguridad, la de su familia y su comunidad fuera garantizada por una Policía competente. Eso ciertamente no ocurre en este país. Hay policías honestos, hay policías buenos y hasta los hay competentes, pero no son muchos.

Si hablamos de armas, por ejemplo, son muy pocos los policías que saben disparar. Porque muchos de ellos no han disparado nunca y la mayoría de quienes lo hicieron alguna vez no entrenan más. De hecho, un policía  con armas es, en muchos casos, un peligro para sus compañeros y para sí mismo. La cantidad de víctimas policiales por accidentes con arma de fuego es muy alta. Ni siquiera el SUAT practica lo suficiente, por la típica irresponsabilidad y mal manejo de quienes quieren impresionar con el gatazo de compras caras de material sofisticado sin fortalecer lo más básico del arte y la organización policial.

Sostener que la expropiación de las armas legales de uso civil va a disminuir el crimen significa una ignorancia inexcusable. En el Perú, la inmensa mayoría de crímenes se perpetra con armas ilegales, muchas de las cuales, sobre todo las armas largas que se usa en asaltos a instituciones, provienen del mercado negro militar o policial.

Afirmar, de otro lado, que leyes restrictivas, disposiciones draconianas contra la posesión de armas legales tendrá un efecto positivo en la disminución del crimen, choca contra contundentes evidencias en sentido contrario.

México y Venezuela, por ejemplo, son dos de las naciones con leyes más severamente restrictivas en cuanto a la posesión privada de armas. Sus niveles de homicidios por arma de fuego (en todo Venezuela y en varios puntos de México) están entre los más altos de América Latina y del mundo. Uruguay, de otro lado, que, según un informe reciente de Insight Crime, tiene el doble de armas per capita que Honduras (15 por cada 100 habitantes contra 7 en el caso de Honduras), tiene uno de los más bajos índices de homicidios en América Latina (5.9 por 100 mil habitantes) mientras que Honduras sufre el más alto nivel en el mundo (91.6 por 100 mil habitantes), salvo, por supuesto, zonas en guerra.

Un patrón parecido se da en el resto del mundo. Rusia, por ejemplo, con una legislación restrictiva, tiene un índice de homicidios de 20.5 por 100 mil, mientras el índice de Noruega y Finlandia es de 0.98 y 1.98 por 100 mil respectivamente. A la vez la relación de armas per capita es de 4 mil por cada 100 mil habitantes en Rusia y de 36 mil y 39 mil por cada cien mil habitantes en Noruega y Finlandia.

Los datos provienen del estudio de Don Kates y Gary Mauser, “¿Prohibir las armas de fuego reducirá homicidios y suicidios?” publicado recientemente en la revista Harvard Journal of Law & Public Policy.

Los datos empíricos contradicen una y otra vez prejuicios y lugares comunes en muy diversas realidades. Es cierto que queda mucho por analizar e interpretar debidamente, pero puede afirmarse sin el menor riesgo de error que la restricción en la posesión de armas de fuego no tiene un efecto positivo en la reducción del crimen. En algunos casos es, más bien lo contrario.

Lo que sí impacta al crimen es el nivel de eficiencia institucional del Estado y la sociedad. Cuando este es bajo la corrupción es alta y las leyes restrictivas hacen más interesante un mercado negro corrupto de armas, de gansters y sicarios. Como dice un experto en el tema, citado por Insight Crime, “No se necesita gran cantidad armas para perpetrar muchos homicidios si ellas están en manos criminales”.

Cuando Pedraza llegue a entender que desarmar y desarticular a las bandas criminales a través de una sustantiva mejora de la acción policial es la manera de reducir la violencia delictiva, antes que perseguir a civiles que poseen armas con licencia, entonces se podrá pensar que la lluvia de ideas del otro día logró germinar la buscada lucidez♦

Publicado el jueves 12 de septiembre, 2013 a las 14:59 | RSS 2.0.

2 comentarios

  1. Ronnie Fernández dice:

    La ineptitud del Sr Ministro esta más que comprobada, vale la pena recalcar que hasta la fecha NO HAY CENTROS QUE EXPIDA. CERTIFICADOS DE SALUD MENTAL , Sr ministro , como se puede entonces renovar una licencia????
    Al Sr presidente. RESPETE LA CONSTITUCIÓN
    No recorte los derechos de los ciudadanos que cumplimos con todo lo que se nos pide para portar un arma y al delincuente quien lo controla??

  2. Sergio Casanave dice:

    UNA TRISTE Y PATÉTICA REALIDAD, ESTE SEÑOR MINISTRO, PARECE QUE ESTA SIENDO ASESORADO POR EL ENEMIGO. EL ESTUDIO ESTRATÉGICO – TÁCTICO DE LA CAPACIDAD DELINCUENCIAL EN EL PERÚ, PARECE NO ESTAR A LA ALTURA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE LA POLICÍA NACIONAL, ENTONCES, ¿PARA QUE LAS TENEMOS?, ¿PARA QUE SE GASTAN MILLONES DE SOLES EN EQUIPAR A UNA POLICÍA QUE NO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS?, ¿QUE FUNCIONA MAL?. ESTAMOS EN UNA GUERRA CONTRA EL CRIMEN, EN TAL SENTIDO, LO MÁS FACIL PARA EL INDIVIDUO IGNORANTE EN UN TEMA, ES ATACAR A LO QUE TIENE DELANTE SUYO, SIN ANALIZAR LOS HECHOS, SIMPLEMENTE SE LE OCURRE TOMAR DECISIONES SIN TOMAR EN CUENTA LO QUE ACARREAN ESTAS, ESTO HA HECHO ESTE MINISTRO DEL INTERIOR, ¿PORQUÉ?, SIMPLEMENTE POR QUEDAR BIEN CON EL JEFE, PERO LO QUE NO HA TOMADO EN CUENTA, ES QUE ESTAS ACCIONES HAN CREADO MÁS QUE SOLUCIONES, SON PROBLEMAS SOCIALES, SIN CONTAR CON EL HECHO DE QUE LA DELINCUENCIA LO APROVECHA EN TODO SU SENTIDO. CUANDO UN “AUTODENOMINADO EXPERTO” EXPONE AL PÚBLICO QUE NO DEBE DE HACER NADA FRENTE A UN ATAQUE, LA DELINCUENCIA SALE A LAS CALLES Y ARREMETE CON TODO LO QUE TIENE. TAMPOCO ES EL HECHO DE QUE CADA UNO SE SIENTA UN MARSHAL, PERO NO PODEMOS ENTREGAR LA CIUDAD A LOS PSICOPATAS Y SOCIOPATAS. SI SUMAMOS AHORA, DE QUE EN LOS EXAMENES SOLICITADOS POR UNA ENTIDAD COMO LA SUCAMEC, QUE ES UNA “PAPA CALIENTE”, EN DONDE AHORA PIDEN UN EXAMEN PSIQUIATRICO, RADIOGRAFIAS, EXAMEN DE SANGRE, Y CUANTAS COSAS MÁS SE LE PUEDAN OCURRIR PARA ENCARECER LOS COSTOS DE RENOVAR LAS LICENCIAS DE PORTAR ARMAS, HACIENDO QUE TENER UNA, SEA UN LUJO, CUANDO EN LA REALIDAD EL HECHO DE PORTAR UN ARMA, ESTA CONTEMPLADO EN LA COSNTITUCION DEL ESTADO PERUANO, EN DONDE TAMBIÉN SE INDICA QUE TODOS LOS CIUDADANOS SON IGUALES, ENTONCES ¿PORQUÉ NO SE LES COBRA IGUAL A LOS POLICIAS Y MILITARES?. CREO QUE ES MOMENTO DE PRESENTAR MEDIANTE QUEJA A LA CORTE DE SAN JOSE, PONIENDO BIEN CLARO QUE ESTO YA ESTA PARECIENDO MÁS UNA DICTADURA ENMASCARADA EN UN REMEDO DE DEMOCRACIA.

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