En la comedia de contradicciones en que se ha convertido el asunto de los portatropas, todavía no hay un desenlace sino sorpresas. Como se sabe, el primer ministro Javier Velasquez Quesquén anunció el miércoles 26 de mayo -hace 10 días- que por decisión del presidente de la República el contrato de compra de 31 portatropas quedaba sin efecto.
Pero el único efecto visible que produjo esa decisión hasta ahora, fue la renuncia del hoy ex viceministro de Gestión Institucional, Samuel Torres. Todo indica, sin embargo, que hay una sorda pugna dentro del Ejecutivo, puesto que en el ínterin ha sucedido lo siguiente:
- 32 de los 44 vehículos contratados por el ministerio del Interior con Hatehof llegaron silenciosamente al Callao, y se encuentran en el Terminal de Almacenamiento Tramarsa. Hace pocos días, IDL-Reporteros recibió información anónima en la que se precisaba su ubicación y se indicaba que técnicos de una tercera empresa estaban trabajando en el acondicionamiento de las cajas de cambios. Los siguientes documentos, que IDL-Reporteros consiguió, confirman la llegada.
- El ministro del Interior, Octavio Salazar, ha tenido –en lo que respecta a este caso– una de las actuaciones más extrañas que se recuerde en los anales ministeriales de este Gobierno. La última vez que habló sobre el tema fue en febrero, en el Congreso. A partir de ese momento, se escondió, para todo propósito práctico, de cualquier debate sobre el asunto. García Pérez tuvo que tomar la decisión de anular el proceso; y Velásquez Quesquén, el premier, tuvo que comunicarlo. Corregido, virtualmente desautorizado por el primer ministro, con su viceministro renunciante, Salazar se calló, se ocultó, pero no renunció.
- Todo indica, sin embargo, que Salazar utiliza ahora una resistencia pasiva frente a la decisión de García, porque luego de la comunicación oficial hecha por Velásquez Quesquén el miércoles 26 de mayo, ha continuado la correspondencia entre el ministerio del Interior y Hatehof, sobre los términos de cumplimiento del contrato. (Ver el oficio 1158-2010-DIRLOG-PNP/DIVABA-DAP del 29 de mayo).
- Esto no ha pasado desapercibido para altos funcionarios de este Gobierno. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Luis Negreiros, declaró a IDL-Reporteros que Salazar “actúa en sentido inverso” a la decisión del Ejecutivo sobre el caso portatropas. “He tenido conocimiento en los últimos días que el Ministerio del Interior no ha dado ningún paso en dirección al anuncio del primer ministro sobre la anulación del contrato de portatropas, y actúa en sentido inverso de las directivas del Ejecutivo”, indicó Negreiros.
- El propio Negreiros recibió, el jueves 3 de junio, un oficio del viceministro de orden interno del Ministerio del Interior, general (r) Marco Miyashiro, por «especial encargo», según escribe, del ministro del Interior. Adjuntó un ayuda memoria firmada por Hans Heysen, director de abastecimiento del Ministerio del Interior, y el general Mario Obregón, director de Logística de la Policía Nacional, con 21 anexos. En ningún lado figuraba la firma de Salazar.
- La información parece no haber satisfecho a Negreiros, quien dijo que “Hay bastante que responder de parte del ministro Salazar, hay responsabilidad política frente al país y frente a su primer ministro Velasquez Quesquén, quien es el que da la cara por sus colegas del gabinete”. El congresista del partido de gobierno indicó que le “sorprende que los portatropas se encuentren en el país a donde llegaron entre gallos y medianoche después de tantas controversias”.
De hecho, los vehículos llegaron al país por decisión unilateral de Hatehof, según se desprende de una carta del propio presidente de la compañía.
Un rápido examen de la correspondencia entre Simon Shacham, de Hatehof, y el general Mario Obregón, director de Logística, indica que hay un impasse sobre la fecha de entrega de los vehículos que faltan.
En su última carta, del 26 de mayo, Hatehof pide una prórroga de solo “diez días adicionales”, luego que le fuera denegada una de 36 días. Obregón rechazó también la última petición.
En este limbo político, ¿qué personaje del gabinete va a tener la última palabra?