ESPECIAL

América Latina, una región de carteles

Los acuerdos colusorios entre empresas tienen como objetivo común engordar sus carteras a costa del bolsillo del ciudadano de a pie. En América Latina, solo algunos países cuentan con políticas estrictas para defender la libre competencia. ¿Qué hacen las entidades regionales y las víctimas para frenar los casos con las limitadas herramientas a su alcance?

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La siguiente investigación periodística une los esfuerzos de IDL-Reporteros y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, para presentar una radiografía de los carteles empresariales en América Latina. Al menos 600 compañías fueron sancionadas en los últimos seis años en el continente, entre 2012 y el primer semestre de 2017, por acordar con sus competidoras prácticas como las de aumentar artificialmente el precio de productos y servicios en perjuicio de los consumidores, repartir mercados, e impedir la entrada de nuevos actores que pudieran afectar sus ganancias.

Los datos fueron obtenidos de 14 instituciones estatales de competencia de la región, que afirman que las multas aplicadas en este periodo suman más de 2.600 millones de dólares; y abarcan los rubros como el papel, azúcar, la harina, medicamentos, el cemento, gasolina, y servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo, de salud. En la mayoría de los casos, los consumidores no obtuvieron indemnización alguna luego de la detección de las malas prácticas empresariales.

Los cambios en las políticas y legislaciones para la persecución de los carteles empresariales se han intensificado de manera desigual en la región. En algunos países se están desarrollando reformas estructurales para lograr un mayor control de la oferta y demanda. Las organizaciones civiles también tienen un trabajo determinante en el reclamo de indemnizaciones y reparación de daños.

En Perú, la multa más alta impuesta hasta hoy por concertar precios fue dada el mes pasado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección (Indecopi) a tres conocidas empresas en el rubro de gas: Solgas, Lima Gas y Zeta Gas. Estas fueron sancionadas con más de 22 millones de dólares por haber aumentado artificialmente los precios de los balones de gas, entre 2008 y 2011, en perjuicio de los consumidores.

Este especial, que a continuación presentamos, busca aportar con la exposición de los principales casos y revelar la forma en cómo operan los carteles empresariales en Perú y en el resto de la región.

 

[Ver el especial]

 

 

Publicado el miércoles 10 de enero, 2018 a las 14:00 | RSS 2.0.
Última actualización el jueves 18 de enero, 2018 a las 16:07

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Web por: Frederick Corazao

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