Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Foto: IDL-Reporteros).

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

Por Romina Mella.-

Los funcionarios involucrados en la compra de portatropas para la Policía a la empresa israelí Hatehof, sobrevalorada en casi 2 millones de dólares, protagonizan un nuevo capítulo en esta historia.

Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Mininter) durante la gestión de Octavio Salazar, fue presidente del comité especial que tuvo a su cargo el proceso de compra de los 31 portatropas,  13 blindados multipropósito y 11 motobombas (pinochos) rompe-manifestaciones. Todos ellos para ser supuestamente enviados al VRAE.

El 14 de febrero de 2010, IDL-Reporteros publicó la primera entrega de una serie de reportajes donde reveló que los camiones portatropas que el Mininter le había comprado a la compañía israelí, a 171 mil dólares cada uno, eran los mismos portatropas Abir que el ex ministro Luis Alva Castro se negó a recibir, en julio de 2007, bajo el argumento de un sobreprecio. En ese momento los vehículos costaban 107 mil dólares.

Cuando se destapó el caso, Samuel Torres, entonces viceministro de Gestión Institucional, defendió la compra bajo distintos argumentos. Octavio Salazar (ahora congresista por el fujimorismo) trató de encubrir a los funcionarios involucrados e hizo todo lo posible por ocultar un informe elaborado por el entonces director de Logística de la Policía, general PNP Mario Obregón, luego de una inspección a la planta de Hatehof, en Nazaret, en el que afirmó que los portatropas no cumplían con las especificaciones técnicas.

Samuel Torres, ex viceministro de Gestión Institucional del Mininter (Foto: IDL-Reporteros).

En junio del año pasado, el ex presidente Alan García anuló la compra. Eso provocó la renuncia de Samuel Torres, quien acaba, sin embargo, de retornar al Estado con el nuevo gobierno. Esta vez como secretario general del ministerio de Justicia.

Pese a la anulación del contrato con la compañía israelí, Hans Heysen continuó como jefe de Abastecimiento, incluso en los primeros meses de la gestión del general PNP (r) Miguel Hidalgo como ministro.

El 21 de febrero pasado, mediante una resolución ministerial, Hidalgo dispuso que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios investigara a Heysen, por la adjudicación de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE.

Sucede que el 4 de diciembre de 2009, el mismo día que el Mininter le dio la buena pro a Hatehof por los portatropas y blindados multipropósito, también lo hizo con la empresa mexicana Quiroga Trucks para la adquisición de 11  motobombas rompe-manifestaciones.

Diez días después se anuló la buena pro concedida a la compañía mexicana debido a que no eran fabricantes de motobombas de tipo policial sino únicamente de uso civil.

El pedido de anulación vino de la División de Transportes de la Dirección de Logística de la PNP. En los requerimientos enviados al Mininter para la elaboración de las bases técnicas habían sido claros en pedir pinochos de uso policial y que la empresa seleccionada tenga experiencia en su fabricación.

Ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo (Foto: Andina).

Luego de un proceso de investigación que duró cerca de cinco meses, Hidalgo sacó una resolución ministerial el 27 de julio pasado en la que resolvió sancionar a Heysen con una destitución, lo que implica una inhabilitación de no menos de 3 años para ejercer cualquier función pública.

Heysen presentó un recurso de reconsideración y en menos de un mes el nuevo gobierno se pronunció sobre su caso.

Este martes el ministro Óscar Valdés firmó una resolución en la que determina sancionar a Heysen “con cese temporal sin goce de remuneración por doce meses”. Y como ya no se desempeña como jefe de abastecimiento desde febrero de este año ni ocupa cargo alguno en el ministerio, la sanción queda sin efecto.

Lo interesante es que la actual secretaria general del Mininter, Rosario Torres Benavides, que elevó el caso Heysen al ministro, es la hermana del ex viceministro del Interior Samuel Torres, quien tuvo como uno de sus principales colaboradores a Heysen.

IDL-R intentó comunicarse con Rosario Torres, pero no obtuvo respuesta.

¿Sabía el ministro del Interior de este conflicto de intereses? IDL-R le hizo llegar las preguntas sobre el caso pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

IDL-Reporteros recibió una carta notarial del ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior, Hans Heysen, en la que afirma, entre otras cosas, que la resolución emitida por el ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo, en la que resuelve sancionarlo con una destitución (es decir, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo como funcionario público en no menos de tres años) por la frustrada compra de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE , “es un hecho claro de abuso de autoridad, a todas luces mal intencionada contra mi persona, pretendiéndose afectar mi derecho constitucional a trabajar libremente”.

Asimismo, Heysen indica que ha interpuesto un recurso de reconsideración, a raíz de la resolución ministerial del actual ministro, Óscar Valdés, que resuelve que sea sancionado con un cese temporal del cargo sin goce de haber durante un año.  “No ha existido fundamentación que haya motivado una apertura de investigación disciplinaria”.

IDL-Reporteros, al publicar esta carta notarial se reafirma en todo lo publicado en este caso.

Carta Notarial de Hans Heysen

Notas relacionadas:

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• Columna de reporteros
• Fiscalía inicia investigación

El ministro del Interior necesitó diez días útiles para disponer la anulación del contrato. (Foto: Andina)

La dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional comunicó a la empresa israelí Hatehof, el miércoles pasado, la resolución del contrato de compra de 31 portatropas y 13 vehículos multipropósito blindados debido a incumplimientos que, en semanas anteriores, el Ministerio del Interior no los consideraba tales.

El 26 de mayo el primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció la decisión del Gobierno de anular la compra pero, en vista de que el ministerio no resolvía el contrato con la compañía, dirigió un primer oficio el viernes 4 de junio al ministro Octavio Salazar.

El presidente del Consejo de Ministros le solicitó que le informara las acciones tomadas por su sector para dejar sin efecto el contrato. Reiteró el pedido el 8 de junio.

Recién en ese momento, Octavio Salazar le encargó al director general de la PNP, Miguel Hidalgo, que “en el día” la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía resolviera el contrato.

Las razones que cita Salazar para sustentar la anulación del acuerdo son las conclusiones de un informe del estudio Sparrow, Hundskopf & Villanueva Abogados. Una de ellas indica que el hecho de que Hatehof haya enviado 32 vehículos, es decir, el 75% del total, con observaciones [incumplimiento de las especificaciones técnicas] “y sin autorización correspondiente para iniciar el embarque” alteró la secuencia prevista en las etapas del contrato.

Al día siguiente, 9 de junio, el director de Economía y Finanzas de la PNP, general Tomás Chumacero, utilizó los mismos argumentos del estudio de abogados para comunicarle al apoderado legal de Hatehof, Shimon Shacham, que daban “por resuelto en forma total el contrato de compra venta de bienes”.

En su carta, el general Chumacero sostiene que Hatehof no cumplió sus obligaciones, entre otros motivos, porque no exhibió en la planta de la empresa, en Israel, el total de vehículos durante la inspección que encabezó en febrero pasado el director de Logística de la PNP, general Mario Obregón. (Ver: ‘El informe Obregón’)

Además, indica que la empresa también incumplió al embarcar los vehículos al Perú “pese a la existencia de observaciones” y porque llegaron “sin contar con la conformidad de la institución”.

Acerca de lo primero, el general Obregón con pleno conocimiento del estado de los vehículos dio la orden de embarque el 6 de mayo pasado. Sobre lo segundo, hay también una contradicción puesto que el contrato –con cláusulas muy favorables a la empresa- establecía que la conformidad de los vehículos se daba en Lima, y no antes de embarcarlos.

El documento de embarque dice lo siguiente: “La autorización de embarque de los vehículos no significa ni implica la conformidad de los mismos, la que de acuerdo al contrato se dará en Lima, en los almacenes de la Policía Nacional del Perú, siempre que estas cumplan con las especificaciones técnicas conforme a lo previsto en el contrato, las bases, y la oferta de su representado”.

Es importante destacar que los motivos que dieron el premier y el actual viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, José Verona, para resolver el contrato distan de los expuestos formalmente a Hatehof. Ambos mencionaron que la empresa incumplió con una de las especificaciones técnicas de los portatropas.

Ver: reproducción de la autorización de embarque del 6 de mayo 2010.

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Notas relacionadas:

• Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra
• Reportaje sobre contrato de portatropas (II)
• Anunciaron que cancelaban el contrato… pero los portatropas ya están aquí

El ministro Octavio Salazar durante actividad en el colegio Juana Alarco en marzo último. (Foto: Andina)

El ministro del Interior, Octavio Salazar, ha seguido tratando de completar los trámites de recepción de los portatropas, incluso después de la enfática declaración de cancelación de compra  por parte del premier Velásquez Quesquén, el lunes 7.

IDL-Reporteros ha recibido información de fuentes confiables, según la cual, pocas horas después de la intervención del premier, el ministro Salazar presionó repetidamente al director de Logística de la PNP, general

Mario Obregón, para que éste firmara la conformidad de recepción de los portatropas que se encuentran en el Callao.

De acuerdo con la fuente, que tiene conocimiento directo de causa, Salazar presionó a Obregón durante la noche del lunes 7, en reuniones que se prolongaron hasta la una de la mañana del martes 8. Obregón se negó a firmar la aprobación de compra, utilizando todas las fórmulas verbales de subordinación y respeto, pero sin ceder en ese punto crucial.

La presión fue tan fuerte, sin embargo, que Obregón retornó al ministerio el martes 8 con una carta preparada solicitando su pase al retiro en caso que se le ordenara imperativamente firmar.

No está claro si Obregón presentará finalmente la carta, o no. El hecho es que la fecha límite para recibir los portatropas es el jueves 10.

¿Por qué Salazar insistió con tanta fuerza para que el general Obregón diera su conformidad a los portatropas, pese a las inequívocas declaraciones de Velásquez Quesquén? La única explicación es que la aprobación oficial de la PNP pondría a Hatehof en una situación contractualmente ventajosa en el previsible caso de una controversia judicial con el Estado.

Lo que sí es un hecho concreto es que Salazar ha continuado gestionando intensamente la compra de los portratopas después de la última, y que se supuso definitiva, aclaración de Velásquez Quesquén. No lo fue, por lo menos para el ministro del Interior.

Carta rectificatoria de Obregón y respuesta de IDL-Reporteros

El general PNP Mario Obregón, director de Logística de la Policía Nacional del Perú, ha enviado la siguiente carta que desmiente la nota titulada “Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra” publicado por IDL-Reporteros el miércoles 9 de junio.

En tanto  se obtuvo la información de fuentes con acceso a la verdad de los hechos, IDL-Reporteros se ratifica plenamente en lo publicado.

Carta enviada por el general PNP Mario Obregón. Dar clic para aumentar el tamaño.

Notas relacionadas:

• Anunciaron que cancelaban el contrato… pero los portatropas ya están aquí
• Lo que adujo el Mininter para anular el contrato
• Gobierno deja sin efecto compra de portatropas

(Nota del editor: En su más reciente columna, el destacado periodista de investigación israelí Yossi Melman informa sobre el caso de la compra de portatropas y sus consecuencias en Israel.

PorYossi Melman, publicado en el diario Haaretz de Israel, 3 de junio 2010.

El ingreso de Israel a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo requiere la adopción de nuevas normas, incluidas una mayor transparencia y abstenerse de sobornar a altos funcionarios en países a los cuales exporta equipamiento para la defensa. Lo que está ocurriendo en el Perú en estos días es un ejemplo de cómo no actuar.

A fines de 2006, la compañía israelì ISDS, de Leo Glesser, llegó a un acuerdo para la venta de 50 portatropas Abir entre la planta automotriz de Nazareth y el Ministerio del Interior peruano, con un precio de venta de $107,000 cada uno. La ministra peruana de Interior fue luego reemplazada por Luis Alva Castro, quien anunció que suspendía el trato. Un periodista peruano respetado, Gustavo Gorriti, denunció en reportajes de investigación que la suspensión reflejaba el deseo del ministro de que algunos socios, incluyendo israelís expatriados, fueran incluidos en el trato.

Glesser está demandando al gobierno peruano en una corte en el Perú. Las digilencias del proceso aún no han concluido. En diciembre 2009, el nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, y su viceministro, Samuel Torres, aprobaron seguir con el trato pero esta vez con Glesser reemplazado por la planta de metal de Hatehof en Nazareth. Gorriti reveló en su medio en Internet, IDL-Reporteros, que el costo de cada vehículo saltó de $107,000 a $170,000 dólares.

El ministro y su viceministro alegaron que este vehículo tenía otro tipo de chasís –mejorado y actualizado. El periodista Gorriti no se dio por vencido y presentó sospechas de incorrecciones. El presidente Alan García se aproximó a Israel para que le ayudara a silenciar el asunto. Gorriti no cedió. La policía peruana tuvo que enviar a un equipo, liderado por el general Mario Obregón, a Israel para inspeccionar los vehículos.

El equipo reportó al gobierno peruano que había inconsistencias en los números de registro de chasís de varios vehículos. También halló que estaban equipados con cajas automáticas en vez de manuales, como había sido acordado. Hace una semana, el presidente García anunció que cancelaba el contrato. El viceministro del Interior, Torres renunció y analistas políticos en el Perú creen que los días de Salazar en el cargo están contados. Aparentemente, la policía peruana ya ha pagado a Hatehof la mayor parte del dinero, casi $ 5 millones de dólares. Respuestas: el ministerio de Relaciones Exteriores (de Israel) declinó a comentar. El ministerio de Defensa afirmó que como el contrato incluye vehículos clasificados como civiles, no requería la aprobación del ministerio.

El presidente de Hatehof, Shimon Shaham, declaró: “Hatehof legítimamente y legalmente ganó un concurso para proveer dos tipos de vehículos blindados a la Policía Nacional del Perú, valorados en $ 11 millones de dólares. De esa cantidad, $5.3 millones eran para los vehículos a los cuales nos referimos en este texto. A raíz de un escándalo mediático, una delegación de funcionarios encabezados por el subcomisionado de la policía del Perú visitó la planta de Hatehof y revisó cuidadosamente los reclamos y las especificaciones –y se descubrió que no había mancha alguna ni se encontró base para los reclamos que se hicieron. En el vehículo que es material de esta columna, hay agregados y capacidades significativamente mejoradas, y ése es el origen del cambio de precio.

Hatehof no estaba ni está involucrado en el contrato anterior y su nombre fue injustamente mencionado en el asunto que implica a ISDS y la policía peruana”. Leo Glesser dijo que él no tiene interés en disputar con las compañías de Israel; él solo quiere que el gobierno del Perú honre su acuerdo con él o lo compense como exige la ley.

Notas relacionadas:

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• Cronología básica

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, en el local de la Biblioteca Nacional hoy. (Foto: Agencia Andina)

El primer ministro Javier Velásquez Quesquén se volvió a pronunciar hoy sobre la anulación de la compra de 44 vehículos israelíes. “Ratifico, la decisión del Gobierno es dejar sin efecto la compra de los portatropas. Hemos cubierto todas las contingencias para efectivizar la carta fianza que cubre el adelanto que se ha otorgado. El que hayan ingresado los vehículos al país no significa que hayamos dado marcha atrás en nuestra decisión de cancelar la compra “, señaló.

El premier declaró a los medios luego del acto por el 130º aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera, en la Plaza Bolognesi.

“Con la suspensión de esta adquisición, los portatropas que han ingresado al puerto de El Callao serán devueltos a sus fabricantes originales”, agregó Velásquez Quesquén, de acuerdo a la nota de prensa distribuida por la Presidencia del Consejo de Ministros a las 13:54 de hoy.

Según la nota oficial, el primer ministro ha “pedido un informe al Ministerio del Interior sobre la implementación del acuerdo vía el cual se dejaba sin efecto la compra de los vehículos policiales y garantizó, además, que se están realizando todas las acciones necesarias para evitar que el Estado peruano pague una indemnización por la operación suspendida”.

Minutos más tarde, el congresista José Maslucán comunicó que ha solicitado por escrito a la Comisión de Fiscalización del Legislativo que cite “con carácter de urgencia” al ministro del Interior, Octavio Salazar, para que informe sobre “la cuestionada compra de los vehículos portatropas”.

El parlamentario del Partido Nacionalista agregó que es “imprescindible la presencia de los responsables para el esclarecimiento de los indicios de corrupción que rodean esta irregular compra”.

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El ministro Salazar reapareció ayer en la presentación a la prensa del ciudadano holandés detenido por la policía chilena (Foto: cortesía La República).

En la comedia de contradicciones en que se ha convertido el asunto de los portatropas, todavía no hay un desenlace sino sorpresas. Como se sabe, el primer ministro Javier Velasquez Quesquén anunció el miércoles 26 de mayo -hace 10 días- que por decisión del presidente de la República el contrato de compra de 31 portatropas quedaba sin efecto.

Pero el único efecto visible que produjo esa decisión hasta ahora, fue la renuncia del hoy ex viceministro de Gestión Institucional, Samuel Torres. Todo indica, sin embargo, que hay una sorda pugna dentro del Ejecutivo, puesto que en el ínterin ha sucedido lo siguiente:

• 32 de los 44 vehículos contratados por el ministerio del Interior con Hatehof llegaron silenciosamente al Callao, y se encuentran en el Terminal de Almacenamiento Tramarsa. Hace pocos días, IDL-Reporteros recibió información anónima en la que se precisaba su ubicación y se indicaba que técnicos de una tercera empresa estaban trabajando en el acondicionamiento de las cajas de cambios. Los siguientes documentos, que IDL-Reporteros consiguió, confirman la llegada.
• El ministro del Interior, Octavio Salazar, ha tenido –en lo que respecta a este caso– una de las actuaciones más extrañas que se recuerde en los anales ministeriales de este Gobierno. La última vez que habló sobre el tema fue en febrero, en el Congreso. A partir de ese momento, se escondió, para todo propósito práctico, de cualquier debate sobre el asunto. García Pérez tuvo que tomar la decisión de anular el proceso; y Velásquez Quesquén, el premier, tuvo que comunicarlo. Corregido, virtualmente desautorizado por el primer ministro, con su viceministro renunciante, Salazar se calló, se ocultó, pero no renunció.
• Todo indica, sin embargo, que Salazar utiliza ahora una resistencia pasiva frente a la decisión de García, porque luego de la comunicación oficial hecha por Velásquez Quesquén el miércoles 26 de mayo, ha continuado la correspondencia entre el ministerio del Interior y Hatehof, sobre los términos de cumplimiento del contrato. (Ver el oficio 1158-2010-DIRLOG-PNP/DIVABA-DAP del 29 de mayo).
• Esto no ha pasado desapercibido para altos funcionarios de este Gobierno. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Luis Negreiros, declaró a IDL-Reporteros que Salazar “actúa en sentido inverso” a la decisión del Ejecutivo sobre el caso portatropas. “He tenido conocimiento en los últimos días que el Ministerio del Interior no ha dado ningún paso en dirección al anuncio del primer ministro sobre la anulación del contrato de portatropas, y actúa en sentido inverso de las directivas del Ejecutivo”, indicó Negreiros.
• El propio Negreiros recibió, el jueves 3 de junio, un oficio del viceministro de orden interno del Ministerio del Interior, general (r) Marco Miyashiro, por “especial encargo”, según escribe, del ministro del Interior. Adjuntó un ayuda memoria firmada por Hans Heysen, director de abastecimiento del Ministerio del Interior, y el general Mario Obregón, director de Logística de la Policía Nacional, con 21 anexos. En ningún lado figuraba la firma de Salazar.
• La información parece no haber satisfecho a Negreiros, quien dijo que “Hay bastante que responder de parte del ministro Salazar, hay responsabilidad política frente al país y frente a su primer ministro Velasquez Quesquén, quien es el que da la cara por sus colegas del gabinete”. El congresista del partido de gobierno indicó que le “sorprende que los portatropas se encuentren en el país a donde llegaron entre gallos y medianoche después de tantas controversias”.

De hecho, los vehículos llegaron al país por decisión unilateral de Hatehof, según se desprende de una carta del propio presidente de la compañía.

Un rápido examen de la correspondencia entre Simon Shacham, de Hatehof, y el general Mario Obregón, director de Logística, indica que hay un impasse sobre la fecha de entrega de los vehículos que faltan.

En su última carta, del 26 de mayo, Hatehof pide una prórroga de solo “diez días adicionales”, luego que le fuera denegada una de 36 días. Obregón rechazó también la última petición.

En este limbo político, ¿qué personaje del gabinete va a tener la última palabra?

Columna del destacado periodista de investigación israelí Yossi Melman en el diario Haaretz, califica de escándalo la compra de portatropas.

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• Gobierno deja sin efecto compra de portatropas
• Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra
• Reportaje sobre contrato de portatropas (II)

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Por decisión del presidente Alan García y anuncio del premier Javier Velásquez, el Gobierno determinó la anulación del proceso de compra de los sobrevalorados portatropas a la empresa Hatehof. Poco después de anunciada la decisión, dimitió el viceministro del Interior (de gestión institucional), Samuel Torres, quien fue la fuerza de choque ministerial en la defensa de esa contaminada transacción.

El premier Velásquez declaró que el caso quedaba cerrado para el Gobierno, lo cual fue prontamente refutado por los hechos. Hatehof se dio por no notificada, mientras que un reportaje de Carlos Hidalgo en Prensa Libre (que IDL-Reporteros reproduce aquí) descubre nuevas sombras contractuales en la transacción.

De manera que el caso no queda, en absoluto, cerrado. Ha habido un primer, e importante, desenlace, a partir del cual es necesario profundizar la investigación, identificar y adscribir responsabilidades administrativas y legales, para procesarlas donde corresponde hacerlo.

La fiscal Juana Meza tiene abierta una investigación desde hace varias semanas. La fiscal de la Nación observará, espero, si dicha investigación se realiza o no con la diligencia y la profundidad necesarias. Y también si es capaz o no de ir más allá de las formalidades documentales a los asuntos de fondo de este proceso abortado, pero cuyas consecuencias tóxicas están todavía por desatarse.

Las preguntas de fondo no son muchas, pero son importantes e inequívocas. Aquí van algunas de ellas:
• ¿Es cierto o no que Hatehof compró 31 portatropas a AIL (del lote de 50 que esta fábrica ensambló en 2007 para que ISDS los vendiera al Perú a 107 mil dólares cada uno) a fin de hacerles algunas modificaciones y venderlos al Perú a 171 mil dólares cada uno? Hay una afirmación inequívoca en ese sentido de uno de los más altos ejecutivos de AIL, Leonard Solomon. La transacción puede verificarse con exactitud, si llega a ser necesario, examinando los libros contables de Hatehof. Conviene recordar, además, que durante la visita del general Obregón a la planta de Hatehof, los ejecutivos de esta compañía le informaron que AIL había fabricado los chasís que el general inspeccionaba. Además cualquier persona que no tenga un doctorado en ingenuidad se percatará que todas las anomalías y “errores” respecto de las especificaciones acordadas que detectó Obregón, correspondían a la configuración del vehículo Abir.
• ¿Es verdad o no que Rony Lerner (miembro del grupo de comerciantes que, con Zvi Sudit a la cabeza, vendieron y coimearon a Montesinos y sus secuaces) ofreció desde 2008, tanto a AIL como a ISDS, arreglar la venta detenida de los Abir mediante el pago de una coima del 20% a las autoridades que podían destrabar el proceso en el Perú? Rony Lerner tuvo, si no me equivoco, un proceso de colaboración eficaz, junto con Sudit y otros, en el Perú. Con la debida exhortación legal, es posible que su memoria logre aclararse. Por lo demás, esa conversación (que no fue la única), tuvo testigos.
• ¿Cuál es el papel que tuvo el ministro del Interior, Octavio Salazar, en esta operación? Salazar se ha mantenido astutamente al margen de la controversia, y logró convertir a su viceministro Torres en el bonzo designado, pero él es el responsable de toda decisión central en su sector, y todas las informaciones coinciden en que tuvo un papel fundamental en la operación cancelada. Salazar se ha hecho invisible durante la crisis y todo indica que hace lo posible por sobrevivirla. Cualquier otro ministro ya hubiera salido a estas alturas; pero no Salazar. ¿Confía en que su bien conocida cercanía con Luis Nava lo ayude a sortear la crisis?
• ¿Se ha investigado y definido el papel que tuvo el funcionario Hans Heysen en esta transacción? Las informaciones que llegan a IDL-Reporteros coinciden en que Heysen fue un ejecutante de importancia en esta operación.

Toda buena metodología investigativa parte de un planteamiento correcto de los puntos por resolver. Si la fiscal Meza lo hace, su investigación descubrirá –porque tiene los elementos para hacerlo– lo fundamental: que el sobreprecio y los vicios en esta compra existen porque uno o algunos funcionarios poderosos y corruptos de este régimen, pidieron y cobraron una coima desproporcionada, para hacerla posible. El caso no puede quedar cerrado hasta que se los descubra.

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Segunda parte del reportaje del programa Prensa Libre sobre el contrato del caso portatropas: detalla las características del documento de compra de los 31 portatropas israelíes Abir para la Policía Nacional. El abogado Jorge Danos indica que el contrato se realizó ajeno a las leyes de contratación peruanas -alegando que se trataba de bienes extranjeros- y se hizo ‘más flexible’. De acuerdo al contrato, el gobierno puede ser denunciado en tribunales internacionales.

Reportaje Prensa Libre portatropas Parte 2 from IDL-reporteros on Vimeo.

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El programa de TV Prensa Libre que dirige Rosa María Palacios presentó anoche un reportaje que detalla las características del contrato de compra de los 31 portatropas israelíes Abir. El abogado Jorge Danos indicó que el contrato se realizó ajeno a las leyes de contratación peruanas -alegando que se trataba de bienes extranjeros- y se hizo ‘más flexible’. De acuerdo al contrato, el gobierno puede ser denunciado en tribunales internacionales.

Reportaje portatropas Prensa Libre from IDL-reporteros on Vimeo.

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Alva Castro declaró a IDL-Reporteros desde Trujillo. (Foto cortesía La República)

El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, calificó como una “buena decisión” que el presidente de la República, Alan García, haya anulado la compra que hizo el ministerio del Interior de 31 portatropas y 13 vehículos multipropósito blindados.

“Eso estaba sobrevalorado. Yo pensé que en algún momento (el ministro Octavio Salazar) iba a tomar esa decisión, no debió esperar a que el presidente lo haga. Debió anularlo (el contrato) él mismo”, indicó el líder aprista.

En 2007, como se recuerda, apenas Alva Castro asumió el ministerio del Interior canceló la compra de portatropas Abir M-462 fabricados por la empresa AIL (Automotive Industries Ltd.) y vendidos por la firma ISDS a 107 mil dólares cada uno. El argumento fue el sobreprecio. Sin embargo, en diciembre de 2009, el Mininter firmó un contrato para adquirir esos mismos vehículos, con modificaciones menores, a 171 mil dólares cada uno.

“Mi gestión anuló una compra de portatropas que estaban sobrevaluados. Procedimos a anularla luego de ver los informes que demostraban irregularidades”, aseguró.

El precio de 107 mil dólares por vehículo era el mínimo que podía ofrecerse, de acuerdo con las bases elaboradas para las compras en el llamado shock de inversiones en 2006, bajo la gestión de la entonces ministra del Interior Pilar Mazzetti.

Al ser consultado sobre si el ministro Salazar debería poner su cargo a disposición, Alva refirió que “esa decisión solo le corresponde a él tomarla. Mejor dicho, él evaluará si debe hacerlo o no, y si tiene o no la confianza del presidente”.

“Los ministros siempre tienen responsabilidad política. De eso no se escapa ninguno. El ministro señala las políticas, pero tiene responsabilidad, sin duda”, puntualizó.

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