Además de su deuda con Sunat, Telefónica también tiene obligaciones pendientes con Osiptel (Foto: Telefónica).

Para entender la deuda que Telefónica mantiene con el Estado hay que revisar la resolución del Tribunal Fiscal del 27 de diciembre de 2010 que rechaza los reparos puestos por la empresa contra la acotación que le hizo la Sunat para cobrarle tributos por el año fiscal 2000-2001. (Ver documento)

De acuerdo con la Sunat, la deuda está integrada por diferentes conceptos. Los dos principales son “provisión de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley”, es decir los impuestos aplicados a cuentas de clientes a los que la empresa no pudo cobrar y “cargas financieras”, los intereses sobre préstamos que recibió la empresa.

El primer concepto representa, según Sunat, el 25.4% del total de la deuda y el segundo el 41.6% de la misma.

Para defenderse de la acotación de Sunat, la empresa debía demostrar que hizo todas las gestiones necesarias para cobrarle a sus clientes morosos y acreditar que los préstamos que recibió, entre el 2000 y 2001, fueron destinados a sus operaciones. Esto debido a que existe la presunción de que el dinero fue destinado a las subsidiarias de la empresa (operadoras de telefonía móvil o cable), hecho que estaba gravado.

En las 59 páginas de la resolución, y luego de repasar las versiones de ambas partes, el Tribunal Fiscal concluye que “la Administración (la Sunat) dejó constancia que la recurrente (Telefónica) no había demostrado documentariamente las gestiones de cobro realizadas a sus clientes morosos luego del vencimiento de la deuda, y que los análisis periódicos de los créditos concedidos quedaron desvirtuados” (Ver detalle).

Luego, señala “que de la revisión de la documentación que obra en autos, se advierte que si bien la recurrente podía contar con información histórica de sus clientes almacenada en medios informáticos, no cumplió con proporcionar documentación fehaciente que acreditara que en los ejercicios acotados efectivamente hubiera hecho uso de tal información u otra existente para realizar análisis periódicos de los créditos otorgados”. En pocas palabras, el Tribunal sostuvo que si bien Telefónica tenía información de sus clientes no hizo uso de estos datos para prever el “riesgo de incobrabilidad” (Ver detalle).

Sobre los préstamos obtenidos por Telefónica, el Tribunal Fiscal sostiene que la empresa presentó información incompleta para demostrar el destino que dio a estos fondos. “Que tampoco presentó planes y/o proyectos de inversión, contratos que acreditaran la realización de tales inversiones, comprobantes de pagos que sustenten las adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, entre otros; pese a habérselos solicitado mediante los requerimientos antes citados, ya que teniendo en cuenta el volumen de éstas, que alegó haber realizado, debió presentar por lo menos análisis muestrales documentados; sin embargo, se limitó a señalar que sustentar el destino de dichos recursos a partir de la identificación del empleo de cada sol resultaba de imposible cumplimiento, exigencia que no había sido requerida”, dice la resolución.

Y a continuación sigue: “Que en tal sentido, los medios probatorios aportados por la recurrente (Sunat) sólo reflejaron los registros contables de los financiamientos o su origen, y no demostraron que los recursos provenientes de dichos financiamientos hubieran sido empleados en la generación de renta o el mantenimiento de su fuente, conforme alegó”. (Ver detalle)

Como siempre, IDL-Reporteros pidió a Telefónica una opinión sobre su deuda fiscal, pero respondieron que no dirían nada. Sin embargo, por la intervención de sus abogados en las audiencias en las que se ha visto la deuda tributaria, se sabe que Telefónica considera que, de acuerdo con estándares internacionales, sí hizo todas las gestiones necesarias para cobrar a sus clientes morosos y que bastaba con presentar un documento de ‘Estado de flujo de caja’, para acreditar el destino que dio a los préstamos que recibió.

Notas relacionadas:

• Del timbrazo al vibrador

Por Emilio Camacho.-

A fines de octubre, IDL-Reporteros informó sobre la demanda presentada por la empresa Telefónica contra la Sunat y el Tribunal Fiscal para obstaculizar el cobro de una deuda tributaria de 2,300 millones de soles que la empresa tiene con el Estado, una situación que debe definirse en el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, que preside el juez Carlos Cueva Andaviza.

Desde octubre hasta la fecha, mientras el tema se resuelve en la vía judicial y con las claras ventajas obtenidas por la empresa– como la medida cautelar que Cueva Andaviza le otorgó a Telefónica y con la cual congeló el cobro de la deuda–, el Estado ha expresado su posición sobre el tema de manera confusa. Primero fijó posición el presidente Ollanta Humala, cuando el 28 de octubre, luego de reunirse en Paraguay con el rey Juan Carlos de España y el entonces presidente de gobierno de ese país, José Luis Zapatero, sostuvo que para su administración era preocupante “que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, que estén en un proceso contencioso con el Perú por el pago de tributos”.

La pauta estaba marcada y parecía que el gobierno se mantendría firme a la hora de cobrar la deuda de la empresa y aprovecharía que estaba pendiente la renovación de las licencias de telefonía móvil para fortalecer su posición.

No fue así. El 16 de noviembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, sostuvo que la renovación de licencias se evaluaba al margen de la deuda con Sunat. Y el 23 de noviembre, el presidente Humala se reunió con César Alierta, presidente de la matriz española de Telefónica. En este encuentro, Humala solo estuvo acompañado por el ministro Carlos Paredes. Al final del mismo, un sobrio Alierta afirmó que Telefónica “respeta totalmente las decisiones del Estado Peruano”. A Humala ni se le vio, aunque fuentes dignas de confianza aseguran que el presidente expresó su preocupación por el tema tributario.

A partir de esa fecha, tanto el Estado como la empresa se sumieron en silencio sobre la deuda tributaria y la renovación de licencias.

Eso fue hasta el martes pasado, cuando el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, dio a entender que resolver el tema de las licencias tomará más de lo previsto. “El Gobierno anterior se demoró dos años en evaluar, y la actual administración tiene el derecho a pensar bien qué es lo que se va a hacer”, sostuvo (Gestión, miércoles 14 de diciembre).

Viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, (a la izquierda) en sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. (Foto: Congreso de la República)

Después de ello, volvió la secretividad al gobierno. Para esta nota, por ejemplo, IDL-Reporteros pidió una entrevista con el ministro Paredes, antes y después de su ratificación en el gabinete, y también con el viceministro Pérez, pero, a través de la oficina de prensa del MTC, ambos respondieron que no darían declaraciones.

Mientras tanto, en el juzgado de Cueva Andaviza, actualmente investigado por la OCMA debido a la cautelar que entregó a Telefónica, todavía no se resuelve la oposición presentada por la SUNAT contra esa medida. Las cosas van a un ritmo tan pausado que el 5 diciembre se emitió una resolución en la que se notifica a Telefónica de la oposición de Sunat a la cautelar, pero este documento, de acuerdo al portal del Poder Judicial, recién fue entregado ayer, 16 de noviembre, a los abogados de la empresa.

Otras deudas

¿Es la deuda con Sunat la única obligación pendiente de la empresa? Pues no. Telefónica también mantiene una deuda nada desdeñable con Osiptel. Y si bien es cierto que a inicios de noviembre, después que se supo de su deuda tributaria, pagó 11 millones 270 mil soles a este organismo, según Osiptel todavía mantiene una deuda de más de 17 millones de soles por multas recaídas sobre sus operaciones y las de sus subsidiarias Telefónica Móviles S.A.C y Telefónica Multimedia S.A.C (ver detalle). Estas obligaciones también han sido objetadas ante el Poder Judicial y algunas llevan años en juicio. Las más antiguas vienen de 1999 y corresponden a Telefónica Multimedia S.A.C, el administrador del servicio de cable que brinda la empresa y que en agosto de este año fue transferido a Telefónica Móviles.

Guillermo Thornberry, presidente de Osiptel. (Foto: Andina)

¿Allí se acaban las deudas? Al parecer no. Hasta ahora se ha dicho poco sobre las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico del servicio de telefonía móvil.  Y se ha dicho poco porque, al parecer, el mismo Estado no tiene claro cuánto le deben las empresas de telecomunicaciones por ese concepto. Por ello, en abril de este año se contrató una consultoría para “el sinceramiento de las cuentas por cobrar del concepto de canon” radioeléctrico. La responsabilidad ha recaído en el Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, al que se le pagará 605 mil soles para que defina cuál es la deuda que las empresa mantienen con el Estado hasta el año 2009. La consultora debía concluir su trabajo en seis meses. Es decir, en noviembre (ver contrato).

Las empresas a las que incluye esta auditoría son: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles S.A, Telefónica Empresas Perú  S.A.A, Nextel del Perú S.A, América Móvil Perú S.A.C, Telmex Perú S.A y Gilat to Home Perú S.A.

IDL-Reporteros llamó a Samuel Bendezú, representante del Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, para conocer si ya había entregado su evaluación al Ministerio de Transportes. Bendezú respondió que no podía dar detalles del tema por un “acuerdo de confidencialidad”. Hasta el cierre de esta nota, el MTC tampoco había respondido nuestras consultas sobre el tema.

¿Y hay alguna deuda más? Pues sí. La deuda tributaria de Telefónica que se discute en el PJ corresponde a los ejercicios fiscales 2000-2001, la Sunat la fijó en 2,300 millones de soles, de los cuales, según el Tribunal Fiscal, son“exigibles”1,600 millones. Lo que todavía no se conoce es cuánto debe la empresa por otros ejercicios fiscales. Se sabe que el Tribunal Fiscal debe fallar por acotaciones de los periodos fiscales 2002-2005 (que ascienden a 1,300 millones de soles). Además, la deuda del periodo 98-99 debe ser reevaluada por la Sunat a pedido del Tribunal Fiscal. Tal parece que estos casos, como si se hubieran contagiado de las lentas gestiones del tribunal del juez Cueva Andaviza, marchan al ritmo de los quelonios.

Como siempre, IDL-Reporteros consultó a Telefónica sobre sus deudas, y, como es usual, respondieron, a través de su gerente de comunicación, Guillermo Denegri, que “no harían comentarios”.

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• Juez de línea (telefónica)
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Ex ministro aprista, Rómulo León Alegría (Foto: Perú 21).

Por Romina Mella.-

Después de tres años de investigaciones fiscales y judiciales que han fluctuado entre la irregularidad y la catatonia, el caso ‘Petroaudios’ empieza recién a moverse en serio.

Una jueza ad hoc, Ingrid Rodríguez, se ha hecho cargo del caso que el ex juez anticorrupción Jorge Barreto mantuvo en coma durante la mayor parte de los tres años. Rodríguez intenta imprimir actividad en la parte energética del proceso que tiene como principales acusados al ex ministro aprista Rómulo León y al abogado Alberto Químper.

Este lunes, Rodríguez abrió el auto apertorio de instrucción en el que señala que serán investigadas todas las gestiones en el sector de Energía en las que intervinieron Fortunato Canaán y Mario Díaz Lugo.

Lo único que hasta el momento había sido investigado era la adjudicación de cinco lotes petroleros a Discover, compañía que está incluida en la investigación de la jueza Rodríguez en calidad de tercero civilmente responsable por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y encubrimiento real.

A partir del lunes 26 de septiembre, los implicados en el caso acudirán al despacho de Rodríguez para ser interrogados por los correos electrónicos extraídos del CPU de Rómulo León, recientemente incluidos en el proceso.

Como quizá se recuerde en este caso pleno de más que sospechosas negligencias judiciales, el año pasado se volvió a realizar una nueva visualización (lo que en castellano quiere decir lecturas) de los correos de la computadora de León, luego que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción presentaran una apelación a la Tercera Sala Anticorrupción y una queja a la OCMA contra el juez Barreto, a cargo del caso entonces, debido a que no los dejó participar en la selección de correos.

En la primera etapa de revisión en la que Barreto, Rómulo León y su abogado decidieron qué se veía y qué no, solo seleccionaron 400 correos electrónicos, pero cuando los representantes de la fiscalía y la procuraduría anticorrupción participaron, se incluyó alrededor de 2 mil correos.

El primero en rendir su declaración será Rómulo León, a quien se interrogará en el penal San Jorge este lunes a las 9 de la mañana. Alberto Químper, Daniel Saba y César Gutiérrez acudirán la próxima semana al despacho de Rodríguez.

Para los primeros días de octubre están citados Peggy Cabral, Fortunato Canaán, Mario Díaz Lugo, el ex secretario general de Palacio durante la presidencia de Alan García, Luis Nava, y el ex premier Jorge del Castillo.

De otro lado, un USB incautado a Rómulo León, cuyo contenido se desconoce hasta ahora, será revisado el 13 de octubre. Asimismo, Petroperú y Perupetro deberán entregar el backup de las computadoras de los funcionarios implicados en el caso.

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El ex juez Cohen en foto de archivo de 2009 luego de ser detenido en San Isidro.

Luego de ocho meses de escándalos y artimañas legales, el vocal dirimente designado para la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Ramiro Chunga Purizaca, votó el 23 de noviembre por la improcedencia del habeas corpus a favor del ex juez israelí Dan Cohen, cuya extradición solicita Israel debido a importantes casos de corrupción. Si su defensa no acude al Tribunal Constitucional, podría proceder la extradición.

Los votos por la improcedencia del hábeas corpus de los vocales Malzon Urbina, Josefa Izaga y Chunga deben ahora ser integrados en una resolución que tendrá que elaborar el presidente de la Tercera Sala Penal, Jorge Alberto Aguinaga. Luego de ello, la defensa de Cohen podría interponer un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Como el habeas corpus es un proceso que ve garantías constitucionales, no procede una apelación ante la Corte Suprema, sino directamente ante el TC.

Si la defensa de Cohen no acudiera al TC, el ministerio de Justicia tendría el camino libre para aprobar la extradición, trámite que detuvo cuando el 17º Juzgado de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus el 13 de noviembre del año pasado contra la Sala Penal de la Corte Suprema que aprobó la extradición de Cohen.

En reacción a dicha sentencia, los magistrados demandados de la sala penal de la Suprema, apelaron y el caso pasó a la Tercera Sala Penal de Reos Libres.

A continuación, la resolución del vocal dirimente Chunga:

Voto dirimente de Ramiro Chunga

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• Vocal provisional es nuevo dirimente en caso Cohen

Enrique Mendoza Ramírez, jefe de la OCMA y candidato a la presidencia del Poder Judicial. (Foto: La República).

Si alguien pregunta si existe o no corrupción en el Poder Judicial en el Perú, uno podrá estar seguro que esa persona acaba de bajarse de la aeronave espacial Enterprise. El Poder Judicial no solo aparece como uno de los más corruptos en la percepción ciudadana, sino que lo es en realidad.

Se ha dado infinidad de declaraciones y hecho algunos esfuerzos serios para enfrentar la corrupción judicial. Antes de cada elección de presidente del Poder Judicial y de cortes superiores, los candidatos prometen solemnemente llevar a cabo “una lucha frontal” contra la corrupción, si son elegidos. Extrañamente, todos hablan solo de lucha frontal. Ninguno menciona la posibilidad de atacar por los flancos o desde la retaguardia a esa degeneración funcional a la que todos los candidatos invariablemente llaman ‘flagelo’.

Pero en los hechos, la institución a cargo de la lucha cotidiana contra la corrupción y los corruptos en la judicatura, es la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura.

El problema sucede cuando la propia OCMA necesitaría que la investiguen.

No siempre fue así. Cuando estuvo a cargo de la magistrada Elcira Vásquez, de 2007 a 2009, se tomó la misión en serio y las acciones anticorrupción fueron severas.

Pero con la salida de Vásquez se fue también la mayoría de funcionarios especializados en control interno y lucha anticorrupción.

La gestión del nuevo jefe de la OCMA, el magistrado Enrique Mendoza, es considerada blanda en comparación con la de Elcira Vásquez, por fuentes con conocimiento de causa.

Mendoza es candidato a la presidencia del Poder Judicial en elecciones que tendrán lugar este jueves 2 de diciembre. Ha prometido también que luchará “frontalmente” contra la corrupción. Pero en este caso la seriedad de la promesa puede constatarse a partir de la gestión en la OCMA, cuya finalidad central, precisamente, es enfrentar la corrupción.

Hasta el momento, la acción de Mendoza al frente de la OCMA no se ha caracterizado por energía ni empeño en la lucha contra la corrupción. De hecho, varios de los magistrados que trabajan en las Odecma (Oficina de control desconcentrado de la Magistratura) no solo han sido sancionados sino que, en más de un caso, tienen inquietantes trayectorias.

Es cierto que Mendoza no es responsable directo de su nombramiento, pero una acción vigorosa hubiera podido limpiar las Odecma.

Hoy por hoy el escenario no parece precisamente limpio. Por ejemplo:

• La Odecma de la Corte Superior de Lima tiene uno de los números más elevados de magistrados sancionados, nueve en total. Son ellos los que deberían luchar contra la corrupción en Lima, cuya Corte Superior está hasta hoy bajo la presidencia de César Vega Vega. El candidato de fuerza para la jefatura de la Odecma en Lima es Luis Arce Córdova, el magistrado más sancionado dentro del notorio grupo de nueve. Arce tiene seis sanciones (dos multas y cuatro apercibimientos). En su notorio pasado, Arce fue presidente de la Corte Superior de Ucayali, desde meses antes del asesinato del periodista Alberto Rivera. Su manejo judicial de un caso tan importante fue, por lo menos, muy deficiente: permitió que un colaborador de Luis Valdez Villacorta, el principal acusado, actuara durante un tiempo como juez del caso.

• Otros magistrados que integran la oficina de control de Lima que tienen varias sanciones son: Carmen Rojjasi , José Quispe Morote, Rosa Rodríguez, Manuel Román, Aracelli Baca, Magali Valer y Jorge Plasencia. Todo un seleccionado.

• El jefe de la Odecma de Ica, Erazmo Coaguila tiene 68 sanciones; el de la de Tacna, Rodolfo de Amat, tiene 22 sanciones; la de Puno, Pastora Butrón, cuenta con 23 sanciones; el de la de Madre de Dios, Marino Cusimayta, tiene 16 sanciones.

• En junio de este año había 48 magistrados con sanciones trabajando para la OCMA. Ni con el mayor esfuerzo de imaginación se les podría llamar ‘Los Intocables’.

• En otros dos casos notorios, el jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, no ha tomado acción resolutiva, pese a que las investigaciones de su organización ya han concluido hace por lo menos un par de meses. Uno es el caso de Raúl Rosales, el juez que amenazó con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra, de Caretas. El otro es del juez anticorrupción Jorge Barreto, por no haber permitido que el ministerio Público participe en la selección de archivos para ser inspeccionados e investigados en la computadora de Rómulo León, en el caso Petroaudios.

Con esa gestión, no precisamente eficiente, al frente de la OCMA, no resulta claro qué cambio llevaría a Mendoza a la “lucha frontal” contra la corrupción. ¿Cómo luchó contra ella hasta ahora, cuando es su tarea principal? ¿De costado?

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De izquierda a derecha: la vocal dirimente Carbonell, la abogada Ramos, el ex juez supremo Zevallos y el procurador Vivas. (Foto: J. Fowks)

El caso del ex juez israelí Dan Cohen, cuya extradición pide su país para procesarlo por dos millonarios casos de corrupción, avanzó hoy en el decisivo proceso de dirimencia en el Poder Judicial.  La vocal dirimente Pilar Carbonell, escuchó esta mañana las argumentaciones contrapuestas de Iván Paredes Yataco –defensor de Cohen– y a Liza Ramos, una de las abogadas de la Embajada de Israel. A la vez, un procurador del ministerio de Justicia y un vocal que se desempeñó en el 2009 como juez supremo cuando la Corte Suprema falló por la extradición, declararon contra el ex juez israelí.

La magistrada Carbonell debe dirimir este caso luego de que los tres magistrados de la Tercera Sala Penal de Reos Libres discreparan en el fallo: los vocales Alberto Aguinaga y Orlando Carrera votaron por confirmar el hábeas corpus, en tanto que el magistrado Malzon Urbina firmó una resolución contra Cohen.

En la audiencia de hoy, el magistrado Sócrates Zevallos, ex juez supremo en una de las salas que emitió la sentencia de extradición, sostuvo que aquella sentencia no quebrantó ni amenazó la libertad de Cohen porque no ordenaron carcelería y, por ello, solicitó a la vocal que revocara el habeas corpus que favoreció a Cohen y que paralizó el proceso de extradición en el Ministerio de Justicia.

En su turno de cinco minutos, el procurador Jorge Omar Vivas afirmó que en este proceso “se han respetado todos los derechos y sólo se pretende dilatar el proceso de extradición”, ya que no ha habido ninguna vulneración constitucional contra el ciudadano israelí. Concluyó también, solicitando a la magistrada Carbonell que revocara el hábeas corpus y declarara infundada la demanda.

Tanto el juez Zevallos como el procurador Vivas fueron notificados para la vista del hábeas corpus de hoy. En la vista de la causa realizada en marzo, Zevallos no fue notificado por la Tercera Sala Penal, pese a que Cohen demanda a los jueces supremos de la Sala Permanente de la Corte Suprema por supuestamente haber vulnerado sus derechos cuando fallaron a favor de la extradición.

La magistrada Carbonell preguntó a la defensa de la Embajada de Israel acerca del estado del proceso de extradición, mientras que a la defensa de Cohen le consultó si el ciudadano israelí se encontraba bajo arresto domiciliario y quién lo había ordenado.

Cohen estuvo ausente en la diligencia, al igual que en la vista similar que se realizó en marzo.

El proceso de extradición en el Ministerio de Justicia quedó paralizado el año pasado luego del hábeas corpus que obtuvo Cohen y no permitió ejecutar la sentencia de la Corte Suprema. La abogada Liza Ramos, defensa de la Embajada de Israel, informó durante la vista de la causa que en el Perú ha habido otros casos de extradición en los cuales a pesar de la existencia de un hábeas corpus, Justicia permitió que el acusado fuera enviado al país que lo solicitó.

Luego de esta vista oral, la vocal Carbonell tomará algunos días para conocer el expediente y debe fallar sobre el hábeas corpus de Cohen.

Los casos por los que se le acusa a Cohen en Israel

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Por Jacqueline Fowks.- Giselle Giannotti fue detenida en la puerta de su casa a las 10:30 de la mañana del 8 de enero de 2009. A las 12:30 del día permitió que la fiscal y los policías que la intervinieron ingresaran a su casa y la registraran, en presencia suya y de dos abogados que llegaron para asistirla.

Esa diligencia, que terminó a las 11:40 de la noche, ha sido objeto de versiones y de cuestionamientos sobre la conducta de la fiscal, los policías y el manejo de las pruebas.

Pero, IDL-Reporteros tuvo acceso al video completo de la diligencia en la casa de Giannotti. Como se verá, es notoria su colaboración con la fiscal y los policías. Además, se aprecia que Giannotti estuvo siempre acompañada por sus abogados Sophia Icaza y Luis Ruiz Ramos.

En la diligencia participaron el comandante PNP Raúl del Castillo, la fiscal adjunta provincial Vanessa Araníbar Covarrubias, dos capitanas PNP, dos suboficiales PNP y por lo menos dos miembros del grupo de inteligencia Orión, de la PNP: uno de ellos registró parte de la jornada en video. Del Castillo servía en ese momento a la Dirandro y Orión forma parte de esa misma división policial.

Los efectivos de la PNP y del Ministerio Público empezaron el registro domiciliario e incautación a las 12:30 y concluyeron a las 23:40 del mismo día, según consta en el acta firmada por siete de las nueve personas participantes en la diligencia: Giannotti y sus abogados, el comandante Del Castillo, la fiscal Araníbar, y los suboficiales PNP Máximo Añanca y Nativo Peña. La grabación del video se inicia hacia las cuatro de la tarde y concluye poco después de las diez de la noche.

El video tiene algunas breves interrupciones; ello no obsta para comprobar que la fiscal Araníbar participa a lo largo de toda la diligencia y que Giannotti está en cada ambiente donde se encontró pruebas de interceptación de comunicaciones. Aunque la cámara no siempre le enfoca el rostro, es la única entre las cinco mujeres presentes en la diligencia que camina descalza por la casa, lleva las uñas de manos y pies pintadas de rojo y el cabello largo recogido en una cola. No hay momento de la diligencia en la que ella no esté presente.

Pese a que hacia las 5:40 pm. la representante de Business Track se recuesta en su habitación por un momento –debido a un malestar–, se recupera y continúa dando información sobre las pruebas que el equipo de Del Castillo y la fiscal encontraban en su domicilio. Así se aprecia en el siguiente video:

Luego, a partir de las 6:09 pm. se aprecia el hallazgo de tres USB, una memoria y un primer block con anotaciones de Gianotti sobre acciones de Petroperú en la bolsa, una carta de sentencia de Petrotech, Indecopi, una planta de etanol, etc.

A las 6:44 pm., el video muestra a Giannotti colaborando con los efectivos policiales y la fiscal. Abre una caja de seguridad en su closet y Araníbar saca un fajo de billetes que entrega a la abogada Icaza para que los cuente. Se escucha al oficial Del Castillo, quien pide a su equipo tomar nota y dejar constancia de que la representante de Business Track entrega voluntariamente los nueve mil dólares para que los custodie su abogada Icaza. Otra persona indica la forma en que anotarán en el acta cada ambiente registrado de la casa.

El registro a partir de las 7:37 pm. presenta uno de los momentos de lacrado de materiales recogidos como prueba e inmediatamente después, el registro en el ambiente de las computadoras y los CPU.

En el siguiente video, que inicia a las 8 pm., se aprecia a la fiscal Araníbar cuando encuentran un celular Sony Ericcson y notas de inteligencia sobre la fuga de un senderista –alias ‘Tallarín’– que pretendía colaborar con la PNP en el Huallaga. A las 8:04 pm. le informan a Giselle Giannotti que una médico acaba de llegar para atenderla.

El último segmento del video muestra documentos que acreditan servicios prestados por Business Track a JJCamet y al Estudio García Sayán. Vale la pena prestar atención al audio: minutos después, el comandante Del Castillo le pide a Giselle Giannotti una coordinación adicional con la fiscal para detallar documentos. Explica también que todo el material encontrado y lacrado se abrirá después con la presencia de fiscales y su defensa. El comandante de la PNP agrega que habían hallado tanta documentación importante que toda debía ser lacrada para su evaluación posterior.

IDL-Reporteros entrevistó al comandante Raúl del Castillo pues un diario sostuvo que, durante la diligencia, él borró archivos encontrados en el domicilio de Giannotti.

El oficial recordó que en algún momento sacó su laptop de su auto para verificar si unos DVDs  –que la analista decía que eran películas– eran realmente tales. Una vez que lo confirmó, no la utilizó más durante ese día. Y usó la computadora portátil delante de Giannotti y sus abogados.

“[Lo que] no puedo aceptar es algo que no hice: ese cambio o ese ‘manipuleo’ de USBs no ha pasado con mi equipo, eso no lo he hecho. …[Pretender] que dolosamente, delincuencialmente, se haya cambiado algo es un exceso y un abuso sobre personal policial que sólo ha hecho su trabajo”, afirmó ayer.

El comandante Raúl Del Castillo es además abogado. Actualmente trabaja en el área de delitos informáticos de la Dirincri. (Foto: IDL-Reporteros)

El oficial de la Policía Nacional mostró además el acta de incautación en el domicilio de la analista de BTR que registra dos USB marca Boston Technologies, de 1 GB y 2 GB respectivamente, y dos dispositivos marca Memorex de 4 GB cada uno.

IDL-Reporteros le preguntó cuál podría ser el motivo de las críticas que invaliden las pruebas que obtuvo. “La eliminación o pérdida de audios favorece a muchas personas, a los financistas, a las personas que han sido grabadas y a los procesados, porque si se vician los medios probatorios [se cae el] caso. Las personas que piensan que han sido escuchadas también pueden querer eso, y se deduce que son de mucho poder no sólo político sino económico. [Tener que] Luchar frente a eso, vapuleado por medios de prensa que no han buscado sustento probatorio para decir sus afirmaciones, es injusto y abusivo”, respondió.

El 23 de enero de 2009, el oficial entregó todas las pruebas, incautadas en esa diligencia al Ministerio Público. El 24 de febrero, éste las derivó al Poder Judicial.

Sobre el “cambiazo” de USBs, Del Castillo hace un símil: si entregó un auto Nissan al Ministerio Público, y el MP lo entrega al Poder Judicial y está en el acta; y luego encuentran una camioneta Toyota en el almacén del Poder Judicial, “¿dónde se dio el cambio?”, se pregunta, y concluye:  “Lo que está en el Poder Judicial no es lo que yo entregué”.

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Fuentes cercanas a César Vega Vega informaron a IDL-Reporteros, que el controvertido presidente de la Corte Superior de Lima “ha exhortado” a los jueces Aguinaga y Urbina a “deponer la discordia” para que despachen los casos que tienen pendientes en la Tercera Sala Penal de Reos Libres, donde reposa la decisión sobre el ex juez Dan Cohen. Curiosa manera, por decirlo con un eufemismo, de enfrentar un conflicto en el que uno de los vocales acusa al otro de quererlo asesinar.

Mientras los dos vocales, el acusador y el acusado, procesan la exhortación de Vega Vega, les alcanzamos una síntesis de la trayectoria judicial y las sanciones de cada uno.

MALZON URBINA LA TORRE

Posición actual: juez superior. Condición del magistrado: titular. Distrito judicial: Lima. Condición del cargo: provisional en la 3ra. Sala Penal para procesos con reos en cárcel.

Carrera judicial

- Juez de la 3ra. Sala penal para procesos con reos en cárcel. Lima. Resolución del 28 abril 2010.

- Juez de la 4ta. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 26 abril 2010.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 27 febrero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 6 enero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 5 enero 2009.

- Juez de la 2da. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del  3 enero 2008.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 10 agosto 2007.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 10 julio 2007.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 9 julio 2007.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución: 3 enero 2006.

- No reincorporado como juez especializado penal titular. Lima: 19 mayo 2003.

- Nombrado como juez especializado penal titular. Lima 9 mayo 1990.

- Juez de paz letrado, 3er. Juzgado de Breña, Pueblo Libre y Jesús María.

Sanciones:

Urbina ha sido sancionado ocho veces con llamadas de atención disciplinarias (apercibimiento), de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

JORGE ALBERTO AGUINAGA MORENO

Posición actual: juez superior. Condición del magistrado: titular. Distrito judicial: Lima. Condición del cargo: titular en la 3ra. Sala Penal para procesos con reos libres.

Carrera judicial

- Juez de la 3ra. Sala penal de reos libres. Resolución del 27 febrero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal de reos libres. Resolución del 6 enero 2009.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 5 enero 2009.

- Juez titular de la vocal superior-Lima. Resolución del 20 febrero 2008.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 19 febrero 2008.

- Trasladado como juez superior titular. Resolución del 3 enero 2007.

- Juez de la 2da. Sala penal del Cusco. Resolución del 3 enero 2005.

- Nombrado juez superior titular en Cusco. Resolución del 2 julio 2003.

Sanciones:

Aguinaga ha sido sancionado cuatro veces con llamadas de atención disciplinarias (apercibimiento), de acuerdo a la norma que rige al Poder Judicial.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Un juez corrupto es juzgado por otros jueces corruptos. ¿Se trata de una cortesía entre colegas? ¿O de otro de esos involuntarios epigramas que compone la realidad cuando, en áreas cruciales de nuestro Estado, las devaluadas encarnaciones de la meretriz de Babilonia logran disfrazarse de abadesas del convento?

Aquí, en nuestro país, donde la imagen de las instituciones suele ser tenida en mayor importancia que sus cualidades reales, el juego continuo de maquillajes, disfraces y travestismos tiene a veces  –porque se hace por mucha gente a la vez, que en ocasiones choca entre sí y se descoloca las pelucas– resultados inesperados.

La misma sala judicial que liberó a Luis Valdez Villacorta, el acaudalado comerciante y ex alcalde de Pucallpa, acusado de autoría intelectual en el asesinato del periodista Alberto Rivera, es la que debe decidir ahora en un caso de Habeas Corpus que será determinante para aprobar o negar la extradición del ex juez israelí Dan Cohen, prófugo de su país luego de perpetrar uno de los mayores casos de corrupción en la historia de esa nación.

La denuncia de uno de los tres vocales de esa Sala en contra de sus colegas, describe no solo escenarios de venalidad judicial en el juicio de Valdez Villacorta, sino de una cutrería reforzada por amenazas y una declarada disposición a la violencia criminal. Al Capone no lo hubiera hecho mejor.

Que una de las causas que han de tener mayor proyección y seguimiento internacional una vez sean sentenciadas, como es el caso del ex juez Cohen, sea vista por esta Sala, tendría todo de farsesco si no fuera tan revelador.

¿Qué gangrena profunda en nuestro sistema judicial ha hecho posible que después de diez años de caído el fujimorato y expuesta a la luz pública la dimensión de la corrupción judicial y fiscal que existió entonces, los casos más significativos sigan siendo derivados a salas que parecen más indicadas para protagonizar atestados antes que suscribir sentencias?

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Por Romina Mella (*)

I.- Crónica de desamores

El 1 de junio del año pasado, Javier Villa Stein viajó a El Salvador, como representante del Estado peruano, para la ceremonia de toma de mando del nuevo presidente salvadoreño, Mauricio Funes. En su pequeña delegación, integrada por su esposa y los edecanes, su principal asesor era Luis Gómez-Cornejo.

No era la primera vez en la que ambos viejos conocidos viajaban juntos a El Salvador. Unas pocas semanas antes, el 27 de abril, estuvieron en un evento sobre presupuestos judiciales. Ahí, acompañados por el entonces embajador del Perú, Luis Chuquihuara, visitaron al presidente saliente, Elías Antonio Saca, como lo muestra la foto de arriba.

Este pareció ser el momento de mayor influencia de Gómez-Cornejo en el Poder Judicial: el asesor y, a lo que se veía, hombre de confianza de Villa Stein, a quien éste escogía tener al lado en los momentos de mayor representación.

Pero algo sucedió el día del retorno al Perú.

La delegación presidida por Villa Stein regresó en un vuelo a mitad de semana que aterrizó al terminar el día.

“Algo pasó después del viaje a El Salvador”, dice una fuente familiarizada con la Corte Suprema, que pidió reserva de identidad. “Villa Stein llegó furioso [a la Corte] a las 8 de la mañana del día siguiente, y dio instrucciones que nadie entre a su oficina… ni Lucho Gómez”.

El hoy despedido Gómez-Cornejo sostiene que esa noche hubo “una intriga” y acusa de ella al actual jefe del gabinete de asesores de Villa Stein, Carlos Eslava.

– Hubo una intriga espantosa –dice Gómez-Cornejo – esa noche fue Eslava a la casa de Javier… y le dijo que … no debió viajar nunca… Javier me contó eso.

¿Por qué no debió haber viajado Villa Stein, según esa versión? Es que durante esos días se producía el desenlace en el caso de Panamericana Televisión, en el que el presidente del Poder Judicial había jugado un papel importante.

En efecto, Villa Stein había exhortado a los jueces encargados del caso a actuar. “No puedo ser pusilánime, tengo que actuar y ya” declaró. “Ese es mi estilo. […] así como defiendo a los jueces me pongo bravo cuando hay un comportamiento pusilánime”.

Pero luego tuvo que responder desde El Salvador, las críticas del hasta entonces administrador de Canal 5, Genaro Delgado Parker, quien  lo responsabilizó de contribuir con su llamado a los jueces para acelerar el caso sobre el control de la televisora a la declaratoria de insolvencia de la empresa.

Según la nota de El Comercio digital, del 1 de junio, “El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, evitó responder al administrador judicial de Panamericana Televisión”.

Ese fue el punto de quiebre en lo que hasta entonces había sido una relación muy cercana entre Villa Stein y Gómez-Cornejo, su principal asesor durante los primeros meses de gestión de aquél en la presidencia del PJ.

Horas después de la primera rabieta de Villa Stein, éste y Gómez-Cornejo volvieron a hablar. En un almuerzo ese mismo día, Villa Stein le habría contado a su asesor las razones de su furia ante las observaciones de Eslava. Tal es, por lo menos, la versión que Gómez-Cornejo dio a IDL-Reporteros en una larga entrevista, corroborada por fuentes que no sienten precisamente simpatía por aquél.

Ese fue el comienzo de una serie de enfrentamientos crecientemente intensos entre Gómez-Cornejo de un lado, Carlos Eslava y, sobre todo, el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero, del otro.

Suero, el veterano gerente, que administra ya por varios años los recursos del Poder Judicial, pasó de una posición muy deferente hacia Gómez-Cornejo en los primeros meses de gestión, a una actitud cada vez más abiertamente antagónica.

Según diversas fuentes, los primeros choques fueron indirectos, a través de Eslava.

Luego del incidente al regresar de El Salvador, cuenta una persona con conocimiento muy cercano de lo que sucedió, “Gómez cree que Eslava lo está serruchando… y ahí comienza una de esas broncas furibundas… hay una bronca a gritos en el despacho de Villa Stein. A Eslava se le baja la presión, a Villa se le sube…”.

En medio de ese escenario paramédico, Gómez-Cornejo perdió terreno. A fines de julio pasado, Suero le hizo sentir su poder donde cuenta: le redujo el sueldo. “Tengo el correo electrónico en el que Suero manda reducir mi sueldo”, dice Gómez-Cornejo. La razón declarada fue la de medidas de austeridad. Sin embargo, según dice el propio Gómez-Cornejo y confirman otros, en la misma fecha, Suero se subió el sueldo y se lo subió también a Eslava.

Poco antes, cuando se trató de adquirir el programa de base de datos relacional para la Unidad de Ética, hubo una estentórea discusión entre Gómez-Cornejo y Suero. Este dijo que el software estaba sobrevaluado y que él no lo iba a comprar.

Según testigos del enfrentamiento, Gómez-Cornejo gritó a Suero y lo mandó a zonas reservadas a la gasfitería. Además, buscó y obtuvo la aprobación de Villa Stein para adquirir el software. Después de obtenerla, reveló que se lo habían donado.

Pero la victoria duró poco. Según fuentes que no guardan simpatía ni por Gómez-Cornejo ni por Suero o Eslava, a aquél “le armaron un psico-social” diciendo que tanto El Comercio como Caretas investigaban las presuntas relaciones de Gómez–Cornejo con Schutz.

La supuesta información resultó falsa, pero –según las mismas fuentes– hizo que Villa Stein le sugiriera a Gómez-Cornejo que se aparte de su función de jefe de gabinete. Ahí fue cuando Suero le bajó el sueldo, con, por lo menos la aquiescencia de Villa Stein.

Gómez-Cornejo pasó a ser pagado por el PNUD, en el intento de eludir el control de Suero. Pasó a ser Secretario Técnico de la Comisión de Ética y mantuvo asesorías directas con Villa Stein.

Mientras Gómez-Cornejo fue relegado, Eslava y Suero ganaron la confianza del presidente de la Corte.

Sin embargo, el proceso de erosión de su antes considerable poder, fue continuo. El desenlace, según fuentes con conocimiento directo y hasta visual del tema, se dio en enero, cuando, según describen “Alberto Vega, administrador de la Corte Suprema, le pide la llave del baño del Consejo Ejecutivo, que había sido la de Dellepiane … una semana después le quitan la línea del Blackberry. Antes le quitaron el carro, que se lo pasaron luego a Eslava”.

Humillaciones de las que no pudo recuperarse Gómez-Cornejo, sobre todo en la cerrada cultura del Palacio de Justicia, donde, especialmente en el segundo y cuarto pisos, el significado de Corte Suprema alude en la práctica tanto a las dinámicas cortesanas cuanto a las de la judicatura.

En el segundo piso, la relación de los subordinados (que son todos los funcionarios) ante el Presidente del Poder Judicial es la de buscar el favor del poderoso. En los pasadizos, se espera de todos los funcionarios que se pongan de espaldas a la pared, al encontrarse con un vocal supremo, y lo saluden a su paso.

Gómez-Cornejo hubo de aprender (él, que sostiene haber sido quien llevó a Eslava al Poder Judicial) lo que siglos antes el poeta Andrés Fernández de Andrada escribió en su “Epístola moral a Fabio”:

Fabio, las esperanzas cortesanas

prisiones son do el ambicioso muere

y donde al más astuto nacen canas.

II. Cementerio de amistades

En la entrevista que tuvo con IDL-Reporteros, Javier Villa Stein insinuó una relación más bien de poco tiempo con Gómez-Cornejo:

“A Lucho Gómez lo conozco desde hace años en la víspera de mi elección y él me apoyó. Una vez que lo ayudan a uno y alcanzan la posición, juegan con el nombre de uno y eso es peligrosísimo”.

Pero según Gómez-Cornejo, la relación con Villa Stein es algo más larga: “Yo conozco a Javier hace 46 años… él vivía incluso encima de mi casa en una época cuando éramos muchachos”.

Luego, sigue Gómez-Cornejo, ambos estudiaron juntos en la universidad Ricardo Palma. Como saben algunos, Villa Stein estudió primero Psicología antes de empezar Derecho. Después de los años en la Ricardo Palma, coincidieron también en España. Se volvieron a encontrar en los años 80, cuando Villa Stein le contó que se había vuelto social cristiano y que pensaba iniciar algo así como un ala de izquierda en el PPC.

La relación siguió y cuando Villa Stein entró en campaña para lograr la presidencia del Poder Judicial, Gómez-Cornejo lo asesoró.

El hecho es que casi todas las personas del entorno de Villa Stein, con la excepción de Suero, son gente a la que conoció fuera del Poder Judicial. Gómez-Cornejo, como se ve, fue amigo de toda la vida… bueno, de casi toda la vida. Luis Suárez, ex jefe de la unidad de Ética fue su vecino de oficina en la cuadra 8 de Comandante Espinar. Carlos Eslava fue, según indican fuentes, su vecino en las casas de playa de Puerto Fiel. José Carlos Ballón, el actual secretario técnico de la Unidad de Ética, fue su colega en la universidad de San Marcos.

Luis Gómez-Cornejo y Luis Suárez en entrevista con IDL-Reporteros.

Sin embargo, en la entrevista con IDL-Reporteros, Villa Stein descalificó en términos muy duros a Gómez-Cornejo y a Suárez (ver carta notarial que éste envió), especialmente por su labor de investigación en la Unidad de Ética. Y respaldó al gerente Hugo Suero en forma que sonaba incondicional.

“¿Qué es lo que han pretendido?  Sacar al PNUD desprestigiándolo, sacar al gerente, aislarme y empezar a meter a su gente.[convertirme en] El típico presidente de pacotilla”.

En la entrevista, resulta claro que Villa Stein llegó a convencerse, o fue convencido, de que las investigaciones que llevaban a cabo sus ex asesores representaban una seria amenaza a su poder.

A la vez, descalificó la calidad de esas investigaciones en forma tan rotunda, que hay que preguntarse cuál podía haber sido el peligro de investigaciones aparentemente tan incompetentes.

Además, Villa Stein subrayó que las investigaciones sobre asuntos de administración, gerencia y especialmente, manejo de fondos del Poder Judicial, eran, en sus palabras, “un mamarracho”. Y dijo que continuarlas quedaba totalmente fuera de los alcances de la Unidad de Ética.

Villa Stein sostuvo que no se debían meter a investigar los temas administrativos porque “Es peligroso por falta de oficio y por falta de técnica”. Cuando se le repreguntó si bajo ninguna circunstancia iban a investigar licitaciones o transacciones de un presupuesto que suma mil 300 millones de soles, respondió: “No, por lo que estoy explicando”.

Y cuando IDL-Reporteros le preguntó sobre el caso de la empresa Pisersa, que prestó servicios de limpieza al Poder Judicial retrucó: “son mentiras”.

Pero lo extraño frente a estas declaraciones es que las personas que no fueron despedidas en el autoproclamado “golpe de estado” de Villa Stein, de la Unidad de Ética, son precisamente las que llevaban a cabo las investigaciones administrativas. Ninguno de los expulsados lo hacía. Es más, una de las pesquisas más atacadas, la de Pisersa estuvo a cargo de José Carlos Ballón, promovido ahora a Secretario Técnico de la Unidad, y la periodista Mónica Vecco. Ambos defienden la solidez de su investigación.

¿Nuevas líneas de batalla y posibles purgas en el horizonte? El difícilmente previsible estilo de Villa Stein deja abiertas varias posibilidades, excepto, según parece, la moratoria de purgas.

Pero lo realmente importante es establecer si hubo o no el nivel epidémico de cutras a las que alude el Power Point al examinar algunas de las licitaciones llevadas a cabo en el Poder Judicial.

IDL-Reporteros tiene copias de varias investigaciones e informes del PJ. Entre ellos:

–      El segundo informe de corrupción en el Poder Judicial al 30 de enero de 2010, escrito por Mónica Vecco y José Carlos Ballón. Contiene investigaciones sobre la licitación de minibuses adjudicada a la empresa Gildemeister; la de servicios de limpieza de la empresa Pisersa; la de fotocopiadoras a la empresa System Support.

–      El informe Nº 002-2009-PJ-PAFPJ-XLC, preparado por Ximena Lozano, asesora de la oficina de Inspectoría General y contratada por el PNUD.

–      El Informe Confidencial elaborado por la Asistencia Técnica en el diagnóstico del área administrativa del Poder Judicial, del PNUD.

–      El informe del gerente general del Poder Judicial, que refuta el Power Point presentado por la Secretaría Técnica de la Unidad de Ética.

Un examen somero de esos trabajos indica que hay contradicciones básicas en la documentación que sustenta los informes opuestos. En el caso Pisersa, por ejemplo, uno de dos: la Unidad de Ética o la gerencia general, ha utilizado documentos que no son verdaderos.

IDL-Reporteros buscará verificar los principales documentos en las siguientes semanas. Por lo pronto, si algo queda claro, es que –contra lo que sostiene Villa Stein– es vital mantener una robusta capacidad de auditoría e investigación en el manejo de licitaciones y procesos administrativos del atribulado Poder Judicial.

(*) Con la colaboración de Justicia Viva

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