Detalle del seguimiento satelital que hace el GIS SAT a los camiones que entran con combustible al VRAE.

Por Emilio Camacho.-

El Estado gastará 61 millones de soles en comprar un software con el que se fiscalizará la venta de insumos químicos que pueden utilizarse en la elaboración de drogas. Sin embargo, el propio Estado ya posee un sistema que con una mínima adaptación puede emplearse para ese fin.

Recién dentro de cuatro meses, de acuerdo con el primer ministro Salomón Lerner, el Perú tendrá un software con el que se podrá controlar la compra y venta de insumos químicos destinados a la elaboración de drogas en el país. Para contar con este sistema, el Estado gastará alrededor de 61 millones de soles que serán cofinanciados por el ministerio de la Producción y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Pero sucede que otro organismo del Estado ya tiene, y utiliza, el software que puede ser fácilmente adaptado para el control de la venta de insumos químicos. Se trata de los sistemas Scop y GIS SAT, diseñados por los ingenieros del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para supervisar la compra y venta de combustibles líquidos y otros derivados del petróleo.

El GIS SAT, que empezó a emplearse este año, se usa para vigilar el desplazamiento de los camiones cisterna que entran a la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), gracias a herramientas como Google Map y mapas satelitales comprados hace tres años por el Estado.

De izquierda a derecha: Jorge Caballero, Juan Ortiz y José Díaz del área de fiscalización de hidrocarburos de Osinergmin (Foto: IDL-Reporteros).

Jorge Caballero, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos de Osinergmin, explica cómo funciona este sistema. “Cada camión tiene un GPS incorporado, las empresas pagan por el servicio de rastreo y nosotros hacemos el monitoreo. Hemos establecido una geocerca en los 23 distritos del VRAE. Cada 3 minutos debemos recibir la señal de los camiones, si en este tiempo no hay reporte, las empresas deben aclarar esa situación”, dice.

En octubre, el GIS SAT también podrá emplearse para hacer control satelital en Madre de Dios. Además, se planea hacer una implementación en este sistema con el uso de precintos en los camiones y bocatomas de grifos. “La idea es que estos precintos impidan que se descargue combustible en puntos no declarados previamente. Si se rompen los precintos quedará claro dónde lo hicieron. Así se puede detectar la existencia de puntos de descarga ilegales”, sostiene el ingeniero Caballero.

El banco de datos del SCOP sirve para supervisar todas las compras de hidrocarburos que se hacen en el país.

El otro sistema que funciona paralelamente al GIS SAT es el SCOP (Sistema de Control de Órdenes de Pedido). Y si el primero usa imágenes satelitales, el segundo es un enorme banco de datos. El SCOP registra quién compra, quién vende, cuánto y qué producto puede comprar el cliente, con qué camión recoge el combustible, el punto en el que se recoge la mercancía, el lugar de destino, cuándo se hizo el pedido y cuándo la entrega.

“Lo que hacemos es fiscalizar la comercialización y el transporte de combustible. Antes, cualquiera compraba en la cantidad que quisiera. Ahora se debe declarar cada vez que se requiere comprar combustible. Para registrarse se requiere de un login y un password, se llena un formulario online y luego se hace la validación electrónica. Allí queda claro si estás autorizado a comprar. Si lo estás, obtienes un código de autorización electrónica de 11 dígitos”, explica José Díaz León, Coordinador de Sistemas de la Gerencia de Fiscalización de Osinergmin.

Actualmente hay 23 camiones empadronados para llevar combustible desde diferentes puntos del país hasta el VRAE, las sanciones por no empadronarse en Osinergmin o brindar información falsa alcanzan las 65 UIT (234 mil soles), y en lo que va del año se han abierto 22 procedimientos sancionadores gracias a esta tecnología.

“Este software puede adaptarse al flujo de compra y venta de cualquier producto como los insumos químicos, no hace falta mayor cambio. Lo que debe hacerse es ingresar la información de los 27 productos químicos fiscalizados y adaptar la normatividad para que sean controlados desde que se inicia una compra. Eso es algo muy sencillo”, sostiene Díaz León.

IDL-Reporteros preguntó, a través de la oficina de prensa, a Rosa María del Castillo, directora de insumos químicos y productos fiscalizados del ministerio de la Producción, si conocía de la existencia del software de Osinergmin y si sabía que es posible adaptarlo a sus requerimientos. Nunca hubo respuesta. Voceros de este sector se limitaron a respondernos que continuarán con el proceso de compra iniciado durante la gestión aprista, que incluye el diseño del software, la instalación del mismo, la compra de equipos y capacitación. Todo esto costará alrededor de 61 millones de soles.

El expediente técnico de este concurso fue entregado en julio por técnicos de la UNI y todo ha quedado listo para que se haga la licitación anunciada por el premier Lerner. Pero, ¿no debería el Estado conocer lo que ya posee en lugar de embarcarse en nuevas licitaciones?

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Ráez-Luna, biólogo, ex coordinador del grupo de trabajo de la sociedad civil para la Transoceánica Sur. (Foto: archivo personal)

Entrevista a Ernesto Ráez-Luna, director de ciencia y desarrollo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA-Universidad Peruana Cayetano Heredia)

-IDL-R: ¿Qué opina sobre las dos comisiones formadas el año pasado luego del conflicto causado por el decreto de urgencia 012-2010?

ER: Todo indica que la ‘Comisión de Alto Nivel’ y la ‘Comisión Técnica’ fueron claudicantes banderas blancas ante la protesta minera a raíz del DU 012, y que su único efecto fue debilitar, postergar y eventualmente descarrilar la aplicación efectiva de dicho decreto. Según las versiones mineras y para todo efecto práctico, con la instalación de las comisiones el DU “quedó suspendido”. Así me dijeron, muy convencidos, en Guacamayo, cuando estuve en julio pasado. Cuando, pocas semanas después de la asonada minera, se instaló la oficina del OEFA (Minam) en Puerto Maldonado, el año pasado, el flamante encargado se encontró con esta versión espúrea en propia boca del Director Regional de Energía y Minas de turno.

IDL-R: ¿Hay una autoridad clara en Madre de Dios en los aspectos ambientales de la explotación minera: es la Dirección Regional de Minería (DREM) o el equivalente regional de OEFA?

La DREM y el OEFA tienen autoridad clara al respecto. La primera, porque el proceso de concesión minera obliga a evaluaciones de impacto ambiental,  planes de manejo ambiental y planes de cierre que deben ser supervisados y vigilados en su calidad y cumplimiento. La segunda, porque tiene potestad para verificar que se cumpla la legislación ambiental y que los distintos sectores de gobierno (como la DREM) cumplan con sus deberes en materia ambiental. Existe una oficina del OEFA en Pto. Maldonado, que hace lo mejor que puede con lo poco que tiene. Las Fiscalías Ambientales del Ministerio Público también tienen potestad clara para actuar ante delitos ambientales, y de hecho eso ha ocurrido un par de veces en Madre de Dios. El problema ha sido falta de ganas en la DREM y falta de recursos e información adecuada en todas partes.

IDL-R: El Gobierno fijó una moratoria para recibir petitorios mineros que ya terminó luego de dos años. El Ejecutivo asegura que quiere contener la minería informal, pero nuevamente tramita petitorios, en grandes cantidades. ¿Es posible contener la minería informal si sigue dando permisos?

Como lo ha dicho hasta el cansancio cualquiera que sepa alguito de minería, la madre del cordero está en la recepción de petitorios y el otorgamiento de concesiones prácticamente eternas, sin evaluación ni monitoreo ni sanción. Los petitorios y concesiones mineras se aceptan donde sea, en medio de un río como el Madre de Dios, en una laguna, en un nevado, a sabiendas de que destruirán o envenenarán aguas, ecosistemas y personas irremediablemente. Esto vale para TODA la minería en el Perú, no sólo en la pequeña minería. Los informales pululan, aconchabados con titulares formales, sobre la base del irresponsable manejo de petitorios y concesiones, gobierno tras gobierno. Las moratorias no son nada nuevo, hemos tenido varias. Forman parte del ciclo: promover a ciegas –> comprobar el desorden creado –> establecer moratoria —> recibir presiones —> claudicar —> promover a ciegas, etc. Por eso la “formalización” es un mal chiste y por eso exigimos respuestas no del MINAM, sino del MINEM.

IDL-R: El ministro Brack anunció esta semana que ya no destruirán más dragas (en el momento de la entrevista aún no se hablaba del proyecto de ley para la prohibición de dragas en la selva). ¿Es una medida para poder negociar con la Fedemin? Los gremios dicen que si el Gobierno proscribe la actividad minera tienen que darles otras opciones productivas.

No he visto el anuncio del ministro del Ambiente. Si el gobierno actuó con la ley y la razón de su lado, no veo qué habría que negociar: ¿la impunidad de los transgresores? Tanto el gobierno como la sociedad civil no minera hemos dicho muchas veces que no planteamos proscribir la actividad minera. Pero deseo ser extremadamente claro: Yo sí planteo sin tapujos, contemplaciones ni medias tintas que la actividad minera caracterizada por la trata de menores para su explotación sexual, el embrutecimiento alcohólico, la violencia delictiva, la ausencia del Estado, el trabajo forzado o semi-esclavo o sin derechos laborales, la evasión tributaria, la invasión de tierras, la corrupción y amedrentamiento de funcionarios, y –en general– la inmundicia física y moral en que la minería ilegal sumerge a Madre de Dios, debe ser proscrita con la mayor energía e intransigencia. Y los peces gordos partícipes en crímenes contra otros seres humanos deben podrirse en la cárcel. Y las empresas legales que medran con la ilegalidad deben ser denunciadas y expulsadas por sus gremios, por asquerosas. No confundamos el derecho al trabajo con el derecho a la abyección, que no existe.

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La empresa minera Caudalosa no sólo será sancionada por daño al medio ambiente sino también por infringir normas de seguridad. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició un proceso sancionador contra la empresa por las irregularidades detectadas en la construcción y operación de la relavera colapsada el 25 de junio y por las que Caudalosa podría ser multada hasta por 36 millones de soles o 10,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Osinergmin señaló que se notificó a la empresa de esta decisión luego de concluir con la investigación sobre los motivos del accidente y comprobar los parámetros técnicos con los que venía operando la relavera ‘A’ que se vino abajo ocasionando el derrame de 25 mil metros cúbicos de desechos mineros en diversos ríos de Huancavelica.

El gerente de fiscalización minera de Osinergmin, Guillermo Shinno, informó a IDL-Reporteros, días atrás, que una de las razones por la que colapsó el depósito de relaves fue porque la empresa realizó trabajos de ampliación por encima de lo indicado en su estudio técnico y debido a la sobrecarga de relaves que hacía insegura las operaciones.

Los técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también detectaron que una de las causas de las fisuras del dique (paredes) de la relavera fue la incapacidad de evacuación de las aguas residuales que terminaron por debilitar las bases de la construcción. Además, comprobaron que la zona del dique colapsado tampoco estaba reforzada a diferencia de otras áreas y que no se contaba con piezómetros para medir la humedad y las filtraciones que podría hacer desmoronar la construcción.

Pero sobre todo, como reveló IDL Reporteros en un informe del 9 de julio, la relavera crecía “sin contar con la autorización de construcción” y contenía relaves sin el permiso de funcionamiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que debe evaluar técnicamente la viabilidad de cambios en la estructura del depósito.

Para la ampliación de una relavera de manera segura, según los expertos, debe haber un informe de ingeniería detallada, que incluya investigaciones geotécnicas, balances hídricos, análisis de riesgo sísmico, planos de construcción, manual de aseguramiento de calidad, operaciones y contingencias. Sin embargo, la norma sólo establece que el Minem exija una memoria descriptiva y no detallada que garantizaría una operación más segura.

Las operaciones ilegales de la relavera ‘A’ fueron detectadas por Osinergmin en una supervisión realizada en julio de 2009, que propició el inicio de un proceso sancionador a la empresa pero nunca concluyó en una paralización de este depósito ni en una sanción sino en recomendaciones. Entre ellas, figuraba el retiro de los desechos en la zona ampliada y que la operación se adecue a los parámetros del estudio técnico.

Sin embargo, Caudalosa ignoró las recomendaciones.

Multa ambiental pendiente

De acuerdo con la resolución del consejo directivo de Osinergmin 211-2009, publicada el 30 de noviembre en El Peruano, cuando las empresas no cuentan con autorizaciones de construcción pueden ser sancionadas con una multa de hasta de 10, 000 UIT como es el caso de Caudalosa por la ampliación ilegal de la relavera.

La investigación por las infracciones a las normas ambientales continúa por lo que aún no se notifica a la empresa sobre el inicio de un proceso sancionador en este aspecto. La OEFA continuará con la evaluación debido a que el 23 de julio deberá asumir formalmente la fiscalización ambiental del sector minero.

Como ya informó Osinergmin, la multa más alta por infringir las leyes ambientales en el sector minero es de 600 UIT, una cifra muy por debajo a las 10,000 UIT que acaba de imponer la Autoridad Nacional del Agua a la empresa por contaminación de los ríos.

Respecto a la notificación por infracciones en el tema de seguridad, Caudalosa tiene la oportunidad de presentar sus descargos y recién entonces Osinergmin podrá fijar la sanción. Este proceso pueda tomar 25 días, según el organismo supervisor, una celeridad que sorprende si se considera que hay otras 14 notificaciones realizadas por Osinergmin entre 2007 y 2010, por otras infracciones de la empresa, que aún no han concluido en sanción, tal como reveló IDL-Reporteros.

En forma paralela, el organismo fiscalizador ordenó a la empresa remediar las áreas afectadas realizando diversas actividades como el recojo de los relaves mineros derramados, la rehabilitación de suelos y pastizales, la instalación de abrevaderos para el ganado, la ejecución de un plan de rehabilitación de la zona afectada, entre otras. Estas acciones deberán ejecutarse en un plazo que oscila entre 15 y 90 días.

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La empresa minera Caudalosa, causante del daño ambiental provocado por el derrame de relaves en Huancavelica, trató de evitar la fuerte multa de 36 millones de soles impuesta por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por contaminación fluvial, impugnando la competencia fiscalizadora de la ANA para la actividad minera.

El miércoles 14 de julio, la Autoridad Local de Agua de Huancavelica, que depende de la ANA, envió la notificación N°375-2010 a la compañía informándole que la sancionaba con una multa de 10 mil unidades impositivas tributarias (UIT) que equivale a los 36 millones de soles, la sanción más alta en la escala de multas de la ANA y que supera en 17 veces la multa de 600 UIT o 2 millones de soles que podría imponerle el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Osinergmin aún no emite una sanción.  Lo único que ha podido concretar es la suspensión temporal de las operaciones de la empresa desde el 30 de junio por medidas de seguridad.

Luego de que la Autoridad Local del Agua de Huancavelica le informara el 1 de julio del inicio de un proceso sancionador por el derrame de relaves mineros, la compañía presentó descargos en el límite del plazo: el jueves 8 de julio a las 5 de la tarde.  En el documento, Caudalosa alegó que la ANA “no cuenta con la competencia suficiente para sancionar”.

Caudalosa sostuvo que la supervisión en temas ambientales y de recursos hídricos está a cargo de los “ministerios o los organismos fiscalizadores, de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas”. Así, la empresa concluyó que la “única autoridad competente para imputar la infracción será el organismo fiscalizador del sector Energía y Minas”, es decir, Osinergmin.

Pero, el artículo 15 de la ley de Recursos Hídricos y su reglamento, promulgado en 2010, establece que la ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura, tiene facultad sancionadora  y coactiva para vigilar y fiscalizar la contaminación del mar, ríos y lagos como sucedió en el caso de Huancavelica.

En este caso, mientras Osinergmin evaluó las infracciones en seguridad e incumplimiento de normas ambientales que cometió la empresa por la ampliación ilegal del depósito de relave ‘A’ que colapsó el 25 de junio, la ANA impuso la multa por la contaminación de los ríos que provocó el derrame de relaves.

IDL-Reporteros intentó comunicarse repetidamente con un vocero de la empresa a través de su asesor en comunicaciones, Pablo Cateriano, ex socio de Chisac y ahora ejecutivo de Métrica, encargada de relaciones públicas e imagen de Caudalosa desde que ocurrió el derrame de relaves. Cateriano informó que Juan Carlos Ramírez, asesor de la gerencia general, es el encargado de dar una respuesta en nombre de la compañía. Reiterados intentos de comunicarse con Ramírez resultaron infructuosos hasta el cierre de esta nota.

Medida de la contaminación

En el documento presentado al organismo fiscalizador de los recursos hídricos, Causalosa también argumentó que el “tiempo de exposición del relave en los ríos fue mínimo” porque sus trabajadores lograron extraer más de 4 mil metros cúbicos de relaves. Pero de acuerdo con los cálculos de Osinergmin, por lo menos 25 mil metros cúbicos habrían afectado los ríos,  y según la ANA los desechos habrían llegado a 50 mil metros cúbicos.

En la resolución administrativa N°308-2010 de la Autoridad Local del Agua de Huancavelica, se indica que pruebas de laboratorio de muestras tomadas el 30 de junio en el río Escalera, arrojaron altas concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc en dos puntos de monitoreo.

Los resultados fueron similares en las muestras tomadas el 2 y 3 de julio. Se advierte la presencia de 0,255 miligramos por litro (mg/l) de cadmio en una de las muestras, cuando el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es de 0,005 mg/l en el caso de las aguas de categoría III,  para riego y bebida de animales. En el caso de manganeso y hierro los niveles permitidos son superados en más de 30 veces y la presencia de plomo en 18.

Mientras que para la autoridad del agua la zona afectada es de aproximadamente 120 kilómetros de las riberas de los ríos, para Caudalosa el 80% de los relaves se acumuló en apenas 3.5 kilómetros. De ahí hasta el kilómetro 40 la empresa asegura que hubo una presencia menor de los desechos.

De acuerdo a la resolución sancionadora, “el 100% del caudal de agua que discurre por los ríos, receptores del derrame de relaves mineros ha sido afectado, superando su capacidad de dilución, por ende limitando las posibilidades de uso para fines de uso primario y para riego de vegetales y bebidas de animales”.

Como parte de la sanción,  la empresa deberá remediar el daño y presentar en diez días a la ANA, el plan que permita “la restauración inmediata de los cuerpos de agua y los bienes asociados afectados”.

Caudalosa tiene 15 días para pagar o impugnar la multa ante la sede central de la ANA, que es la segunda instancia del proceso sancionador. A partir de entonces, la institución tiene un mes para emitir una resolución final.

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A la izquierda, relaveras A y B antes del derrame; al lado, panorámica después del derrame del 25 de junio último. (Fotos: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente). Clic para ampliar.

Por Milagros Salazar.- El historial ambiental de la empresa minera Caudalosa es tan turbio como los 110 kilómetros del río Opamayo hoy contaminados por 25 mil metros cúbicos de relaves y que han colocado a esta zona de la región más pobre del país, Huancavelica, en emergencia.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el masivo derrame de relaves ha dañado toda esa extensión ribereña. El río Opamayo cambia de nombres conforme recorre los pueblos de la zona: el tramo más cercano a los depósitos de relaves se denomina río Escalera, luego se convierte en río Huachocolpa, Lircay y otros. Varios nombres pero una sola contaminación.

Antes que colapsara el depósito de relave “A”, cerca de las 6 de la tarde del viernes 25 de junio, la compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación y funcionamiento de esa misma relavera, sin permiso del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pese a las infracciones detectadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), éste nunca logró imponer las sanciones.
¿Cuáles fueron esos casos?, ¿por qué Osinergmin no impuso ninguna sanción? Veamos.

Delitos ambientales
El 16 de julio de 2009, la institución fiscalizadora realizó una supervisión especial que incluyó la visita de todas las relaveras de la unidad minera ‘Huachocolpa Uno’ de Caudalosa. Entre estos depósitos, figura la ‘A’, que colapsó recientemente, y la ‘B’ que fue paralizada porque había sido ampliada sin autorización e incumplía con “los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro”.

El pastoreo ha continuado en la zona afectada pese a la peligrosa contaminación del suelo.

De acuerdo con el oficio N° 1279-2009-OS-GFM que Osinergmin envió a la empresa el 10 de agosto, la inspección detectó que la relavera ‘A’ también crecía “sin contar con la autorización de construcción” y contenía relaves sin el permiso de funcionamiento del Minem que debe evaluar técnicamente la viabilidad de cambios en la estructura del depósito y el plan de contingencia ambiental en casos de emergencia. Sin embargo, en este caso el organismo supervisor sólo dio recomendaciones y no ordenó su paralización. ¿Por qué?
El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, respondió que no se dio la orden porque la cantidad de relaves no excedía los “límites permitidos”.  Dammert no dijo, sin embargo, que ya entonces su institución tenía conocimiento que la empresa había ampliado el depósito y acumulaba los relaves de manera ilegal.

La norma, aunque suene increíble, sólo permite paralizar los depósitos de relaves cuando haya un peligro inminente. En los más de tres años que ha tenido a su cargo Osinergmin la supervisión minera, no ha logrado modificar los reglamentos para una fiscalización más eficaz de los depósitos de relaves. Y en este caso, pese al peligro detectado, programó una nueva inspección de las relaveras informales recién para un año más tarde: julio de 2010.

Sedimentos acumulados en el cauce del río Opamayo luego del derrame.

Hoy se sabe de la investigación preliminar del propio Osinergmin que la causa del accidente fue el exceso de relaves que hizo colapsar la infraestructura  y que unos 25 mil metros cúbicos de líquidos tóxicos se derramaron en el río. A la luz de lo expuesto, se evidencia que fue por falta de prevención.
Las infracciones detectadas desde antes son diversas. En el oficio N° 1279-2009-OS-GFM, también se advirtió de “un manejo inadecuado de vertimentos en la cabecera de la relavera A y la salida de relaves sobre suelo natural”.
Tal documento fue la notificación a Caudalosa del “inicio del proceso sancionador” que no constituye una sanción o multa, sino una advertencia a la compañía de que se investigará el hecho y que se han detectado infracciones.
Estos oficios son manejados en reserva entre Osinergmin y la empresa, no son mencionados en la web de esta institución a diferencia de las resoluciones con sanciones emitidas por su gerencia general y consejo directivo, la primera y segunda instancia en la vía administrativa.

IDL-Reporteros pidió a Osinergmin los expedientes que contenían las infracciones cometidas por la empresa. Luego de cinco días de insistencia, siete pedidos por correos y otras tantas llamadas, accedimos a algunos documentos, pero no se nos permitió al final revisar los expedientes sobre la supervisión especial a las relaveras del derrame.

Durante la sesión realizada en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos intervinieron directivos de la OEFA, Osinergmin y la Autoridad Nacional del Agua. (Foto: M. Salazar).

Cóctel contaminante
Pero en la lista de infracciones hay más. Según el oficio N°1223-2009-OS-GFM con fecha 30 de julio de 2009, la planta concentradora de minerales de Huachocolpa operó entre enero y junio de ese año por encima del 50% de capacidad autorizada por el Minem. Esto quiere decir que se corría el riesgo de procesar los minerales sin contar con un plan ambiental de manejo de residuos considerando el volumen excedente que se producía.
En este caso, tampoco se concretó la sanción.

Para abundar en irregularidades, ese año también se detectó que la empresa construyó el depósito de relaves el N°3 y una planta de tratamiento sin estudio de impacto ambiental.
A lo largo de 2009, Osinergmin realizó tres monitoreos ambientales en agosto, octubre y diciembre en los que tomó muestras de los efluentes y puntos en los ríos cercanos a las operaciones como Escalera, Opamayo y la laguna Choclococha.
En estas supervisiones se halló que las concentraciones de PH (que mide el grado de acidez del agua), de sólidos totales en suspensión (STS) y de zinc superaban los límites máximos permisibles de acuerdo a pruebas de laboratorio. Sin embargo, el regulador recién notificó a Caudalosa por las infracciones detectadas en las inspecciones, varios meses más tarde: el 8 de junio de ese año.

Dimensión del colapso de la relavera 'A'. (Foto: OEFA).

En 2008 se realizaron cuatro inspecciones en mayo, julio, setiembre y noviembre. En la mayoría de las muestras tomadas se detectó niveles altos de PH, STS, zinc y cobre en el río Escalera. Los oficios N°984-2008-OS-GFM,  N°1243-2008-OS-GFM, N°188-2009-OS-GFM y el N°189-2009-OS-GFM y los expedientes respectivos de los casos confirman que estas concentraciones tóxicas eran reiteradas en los puntos de monitoreo a lo largo del año.

Basta un ejemplo. Según los exámenes de las  muestras realizados por el laboratorio Inspectorate, en la supervisión de julio de ese año se detectó concentraciones de zinc cientos de veces más de lo permitido: 182 miligramos de zinc por litro (mg/l) cuando el límite máximo es de 3,0 mg/l.

Entre el 9 y 12 de noviembre de 2008, se realizó una supervisión especial ante una denuncia de los pobladores de la provincia de Angaraes, movilizados en esos días en Huancavelica, por un posible derrame de relaves en el río Opamayo. En el oficio N° 266-2009-OS-GFM, el supervisor asegura que en los efluentes de la relavera ‘B’ se encontró cantidades de STS, cobre, plomo, zinc, hierro y arsénico más allá de lo que exige la norma.

Del 7 al 12 de noviembre de 2007, Osinergmin realizó la primera inspección ambiental a Caudalosa, pero recién el 16 de febrero de 2010, más de dos años después, se notificó a la empresa del inicio del proceso sancionador . Hasta ahora no hay multa impuesta.

¿Por qué no se sancionó ni un solo caso por daño ambiental? “Ahí hubo un problema de tiempo. Pero, además, Caudalosa no es el único caso que vemos”, respondió el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Osinergmin sólo ha sancionado con 240 UIT a Caudalosa por tres accidentes fatales en las minas subterráneas de ‘Huachocolpa Uno’ que cobraron la vida de cuatro trabajadores por problemas de ventilación durante las operaciones y el manejo de explosivos para la extracción del mineral. Las víctimas fueron Efraín Jayo Cuellar y Nils Oncevay Mulato, Edilberto Trucios Acuña y Félix Segama Huamani.

Las tres resoluciones de la gerencia general impuestas por estas muertes fueron impugnadas por Caudalosa, del grupo Raffo , al mismo estilo de la mayoría de  empresas como ya ha revelado IDL-Reporteros en un reportaje a inicios de junio. El mismo patrón de faltas graves contra el medio ambiente y la vida se repite una y otra vez, sin que las autoridades tomen decisiones enérgicas para evitar desastres como el que finalmente sucedió.

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Por Milagros Salazar.- El catastrófico derrame de petróleo ocasionado por British Petroleum revela que incluso en una nación poderosa como Estados Unidos, la debilidad regulatoria con las industrias extractivas puede tener consecuencias calamitosas para el medio ambiente.  En el Perú, las principales empresas mineras, que obtuvieron en los últimos cinco años ganancias que bordean los US$ 20 mil millones, realizan actividades potencialmente peligrosas en zonas pobres, que requieren de una fiscalización competente y eficaz.

Pero el nivel de respeto de estas compañías al territorio de donde extraen el mineral y también al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es casi nulo. Sólo el 22% de las multas por contaminación ambiental o imprudencias que provocaron la muerte de trabajadores son pagadas a pesar de tratarse de sumas irrisorias. Aquí les presentamos los casos de varias infracciones graves y a las empresas que las cometieron.

Jorge Santiago Castillo, trabajador fallecido

Alejandro Robles Campos, trabajador fallecido.

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, dos hombres descienden  por una chimenea enorme y lúgubre por donde no discurre humo sino mineral. Es un Ore Pass, un túnel vertical de casi dos metros de diámetro que atraviesa un cerro por donde se lanzan las rocas metálicas para que desde el fondo sean acarreadas a la planta concentradora de minerales. Alejandro Efraín Robles Campos de 23 años y Jorge Eduardo Santiago Castillo de 48, bajan por ese boquerón para realizar un trabajo de alto riesgo: reparar e instalar las nuevas estructuras del recipiente donde cae el mineral en el último tramo del túnel. El escenario de esta operación de suspenso es una región gélida y gris: Pasco, en una de las minas subterráneas de Volcan.

Miércoles 3 de octubre de 2007. El inspector de seguridad Pedro Marcelo Hermitaño paraliza las labores porque no hay permiso de trabajo de alto riesgo. El superintendente de mina, José Córdova Hurtado, le exige al jefe de la cuadrilla de obreros que no detenga el trabajo “porque es de emergencia” y promete ocuparse de las autorizaciones después. Ante la orden, Alejandro y Jorge siguen bajando por el Ore Pass.

Unos peones inexpertos y presurosos colocan un solo escudo (guarda-cabeza) para proteger a sus compañeros. Pero dentro del túnel, las rocas se desprenden, caen y matan a Alejandro y Jorge.

“La presión existente sobre los trabajadores para una rápida instalación del “guarda cabeza” constituyó una de las causas del accidente según la resolución N°001483 de la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitida en diciembre de 2008. Además, la empresa no evaluó los riesgos y permitió que se colocara un solo protector cuando según el propio procedimiento interno de Volcan debió colocarse dos. La minera tampoco contaba con un manual “de uso fácil y flexible que contenga los estándares, procedimientos y prácticas de la tarea (peligrosa) encomendada” a Alejandro y Jorge.

Para abundar en irregularidades: los trabajadores pertenecían a una contratista, SECOMIC, que no estaba inscrita en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por lo tanto, escapaba de las exigencias de normas de seguridad que impone el sector.

Julio de 2007. En la misma región Pasco, un efluente de las operaciones de la minera Atacocha desemboca en el río Huallaga. Los hidrógrafos señalan que este río nace en esta región pero una prueba de laboratorio revela que también “muere” por tramos en esta zona. Aquel efluente minero metalúrgico que termina en el Huallaga concentra 4, 3 miligramos por litro (mg/l) de zinc en uno de los puntos de monitoreo, una cantidad que supera el límite máximo permisible (LMP) de 3,0 mg/l. La gerencia general de Osinergmin sentencia en su resolución N° 00898 que tal presencia de zinc es riesgosa “para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas” y por lo tanto constituye una infracción grave.

En enero de 2008, los supervisores vuelven a las instalaciones de Atacocha y detectan diez infracciones que van desde el depósito de relaves en sitios que no cuentan con autorización hasta descargas de efluentes al Huallaga sin tratamiento ni permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Cuatro de esas faltas fueron reiteradas según la resolución N° 002627 de la gerencia general del 11 de mayo de 2009. Es decir, la minera ignoró las recomendaciones de la entidad fiscalizadora para detener el daño ambiental.

A pesar de la gravedad comprobada de los hechos, estos casos fueron impugnados por las empresas ante Osinergmin para evitar el pago de las multas impuestas. Aunque las faltas ocurrieron en 2007 y 2008  hasta hoy siguen sin ser sancionadas.  ¿Se trata de casos aislados?

De las 290 multas impuestas por Osinergmin entre 2007 y el 30 de abril de 2010, sólo 111 fueron canceladas. Mientras las impugnaciones sólo en la vía administrativa pueden prolongarse hasta por cuatro años, el Estado deja de recibir US$13 millones 130 mil.

Aunque el monto resulta muy pequeño en comparación a los daños ocasionados y a las ganancias, que bordean los US$20 mil millones[1], que obtuvieron las principales mineras entre 2005 y 2009,  los casos revelan el comportamiento de algunas compañías para evadir la ley y la impotencia del Estado para que las sanciones económicas sean acatadas. La cifra de las multas no pagadas, pese a ser ridícula, representa nada menos que el 77.38% del monto total.

Además, hay otros 50 casos paralizados en el Poder Judicial. La mayoría se inició antes de 2007 cuando el Minem estaba a cargo de la fiscalización. Existen procesos que incluso tienen nueve años en la congeladora. Esto es lo que heredará en los próximos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), nueva entidad del Ministerio del Ambiente, que asumirá la fiscalización ambiental del Estado.

Las infractoras

La empresa con mayor número de sanciones entre 2007 y 2009 es la peruana Volcan. La gerencia general de Osinergmin emitió 18 resoluciones por infracciones calificadas en casi todos los casos de “muy graves” por daño ambiental y la muerte de los trabajadores Alejandro Robles y Jorge Santiago.

El monto de las multas de Volcan asciende a 1,184 Unidades Impositivas Tributaria (UIT): US$ 1 millón 495 mil si se considera que cada UIT está valorizada en S/.3,600 o US$ 1,263 dólares.

De ese monto, la empresa no ha pagado la mayor parte (920 UIT) al haber apelado diez resoluciones de la gerencia que hoy se encuentran en manos del consejo directivo de Osinergmin, la segunda y última instancia en la vía administrativa.

Las infracciones corresponden a actividades ilegales para ampliar las operaciones de la minera y la contaminación del río San Juan y el bofedal del valle Rumiallana (Pasco), rodeado por pobladores que aún viven de la ganadería, según habitantes de la zona entrevistados por IDL-Reporteros. 

En abril de este año, Volcan fue sancionada con 100 UIT por infracciones a las normas ambientales que también impugnó. En mayo, ha vuelto a ser notificada por otras faltas en el mismo rubro.

Atacocha es la segunda en el ranking infractor. Esta minera, que desde noviembre de 2008 forma parte del grupo Milpo y opera en Pasco, enfrenta 12 procesos sancionadores de la gerencia. La compañía impugnó el pago de 500 UIT, de las 764 que se le exige asumir.

Atacocha descargaba efluentes sin tratamiento ni permiso a una quebrada que desemboca en el Huallaga.

Varias de las infracciones son por contaminación del río Huallaga. En el caso de la resolución N° 002627 de Osinergmin del 11 de mayo de 2009, la empresa aseguró que los efluentes de la mina eran echados al río para soldar el cajón metálico que las retenía temporalmente. Falso.

La entidad supervisora detectó que la descarga continuaba días después de la supuesta soldadura, como demuestran las fotografías a las que tuvo acceso IDL-Reporteros. “Solucionar un problema operativo no justifica de modo alguno la descarga no autorizada de desechos al ambiente”, concluyó Osinergmin.

Semanas después, en febrero, la fiscalizadora volvió a detectar efluentes contaminantes que discurrían a la quebrada Atacocha y al suelo natural así como fluidos excedentes del depósito de relaves Cajamarquilla que terminaron nuevamente en el río Huallaga.

Vía mail o nada

Buenaventura, una de las accionistas de la gran aurífera Yanacocha y que tiene unidades mineras en diversas regiones del país, ha rechazado las cinco multas que le ha impuesto la gerencia general de la reguladora entre 2007 y 2009 y que ascienden a 380 UIT.  Una es por la descarga de efluentes de desmontes al río Chilcaymarca (Arequipa) sin tratamiento ni permiso y las otras por la muerte de cuatro trabajadores. (Ver más aquí)

A fines de marzo de 2010, Buenaventura fue multada otras dos veces con 102 UIT por daño ambiental.  La empresa también las impugnó. En mayo, recibió otra multa por 90 UIT.

Buenaventura declaró a IDL-Reporteros que sólo hace “estricto uso de su legítimo derecho de impugnar actos administrativos del Organismo Supervisor” y que acatará lo que resuelva la autoridad judicial. Los representantes de la empresa respondieron vía correo y evitaron una entrevista cara a cara. Atacocha apeló al mismo recurso y agregó que desde que el grupo Milpo compró la empresa está “adoptando las acciones necesarias” para cumplir las normas.

Volcan, la que encabeza la lista, prefirió el silencio.

Doe Run es la minera con la multa más elevada por contaminar de manera sistemática el aire y los ríos de La Oroya: 600 UIT en razón a 86 incumplimientos de las normas y compromisos asumidos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La empresa presentó un recurso de consideración ante el consejo directivo de Osinergmin en mayo de 2009, pero esta instancia declaró nulo su pedido en marzo de este año y ordenó la cobranza coactiva.

En contraste, hay empresas que hasta el 2009 apenas tuvieron en su récord una o dos sanciones por montos menores a las 50 UIT y que pagaron sus multas, como es el caso de Antamina y Cerro Verde. Pero son pocas.

Aunque en el Poder Judicial aún no se ha resuelto ningún caso de las mineras sancionadas por Osinergmin, el 92.27% de los procesos a empresas de hidrocarburos y electricidad han concluido con sentencias favorables a esta institución.

Entre las compañías que han congelado de manera recurrente los cobros de multas en las instancias judiciales figuran Buenaventura, San Nicolás y Los Quenuales. La política que se impone es la del “no pago”.

¿Dónde están las debilidades para una mayor regulación y una sanción efectiva?, ¿son las multas proporcionales al daño causado? Algunas respuestas en la siguiente parte de este reportaje.

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Las evidencias de contaminación causadas por las operaciones de Volcan abundan. Los registros de Osinergmin entre 2007 y 2009 la colocan como la empresa con más infracciones de normas ambientales.

Los efluentes de la planta de neutralización de aguas de mina de la Unidad Carahuacra, de Volcan, donde se procesa el agua que será luego devuelta a los ríos, excedieron los límites permisibles de zinc y hierro según un análisis realizado por el laboratorio J. Ramón del Perú S.A.C en diciembre de 2007 a pedido del órgano supervisor.

“La infracción debe ser calificada como grave toda vez que los límites máximos permisibles (LMP) para las actividades mineras están fijados para salvaguardar la salud, el bienestar humano y medio ambiente, por lo que excederlos supone un menoscabo material calificado como daño ambiental”, concluyó Osinergmin en la resolución N° 001075 de octubre de 2008.

En otra visita realizada en mayo de 2008 a la unidad minera Cerro de Pasco de Volcan, los supervisores detectaron que el efluente del agua industrial Paragsha también excedía los LMP con 4.7 miligramos por litro (mg/l) de zinc y 208 mg/l de sólidos en suspensión que indican el grado de turbidez al agua por la presencia de residuos mineros.

La misma falta se repitió en otra planta de neutralización de las aguas. En setiembre de 2008, la supervisora detectó que Volcan inició actividades de construcción de vías de acceso para el nuevo depósito de desmontes Rumiallana sin contar con un estudio de impacto ambiental ni estudios previos para analizar las condiciones del suelo que le exigen las normas. Como resultado de estas “actividades ilícitas”, como las calificó Osinergmin, se generaron deslizamientos de  “considerable magnitud” sobre el bofedal del valle Rumiallana que terminó bloqueado por los sedimentos.

La empresa argumentó que luego del deslizamiento se derivaron las aguas de la quebrada que alimentaba al bofedal para no saturarlo y que se construyeron pozas naturales para sedimentar los sólidos y reducir el impacto en las aguas. Osinergmin replicó en la resolución N°002967 del 12 de junio de 2009 que esas acciones no fueron medidas de prevención y que el daño estaba consumado. Los empresarios de Volcan cerraron los ojos y apelaron.

Volcan tiene fama de hacer ampliaciones y construcciones en sus instalaciones sin permiso como lo revela una resolución de febrero de 2009 en la que se le sanciona con 200 UIT por no detener la construcción de su planta de minerales oxidados que no contaba con autorización del Minem. La empresa impugnó la resolución pero luego se arrepintió.

La compañía sólo ha pagado cinco multas impuestas por el Minem por contaminar ríos y lagunas en 2006, luego de acudir hasta la última instancia en la vía administrativa. El consejo directivo de Osinergmin falló en su contra en todos estos casos con resoluciones emitidas entre 2007 y 2008. Pese a tratarse de faltas graves al medio ambiente, las multas apenas oscilaron entre 6 y 30 UIT.

El mismo modus operandi se repite para ocho sanciones en seguridad e higiene por hechos ocurridos en 2007 y que también fueron ratificadas por el consejo directivo. Cinco de ellas confirman que Volcan no tomó medidas de prevención, no supervisó ni capacitó a varios trabajadores que murieron realizando operaciones por órdenes de la empresa.

Buenaventura y sus operaciones de alto riesgo

En los últimos tres años, la empresa que más ha impugnado sanciones por muertes de trabajadores es Buenaventura. ¿Pruebas? Varias.

Ronie Edgar Canaza Coila murió el 8 de enero de 2007 cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura. Cayó desde lo alto. La fiscalizadora determinó que Ronie no fue guiado a la hora de realizar este trabajo riesgoso: la persona encargada de supervisarlo abandonó el lugar ni bien se dio la orden para el inicio de la operación y tampoco contaba con el permiso del Departamento de Seguridad de la empresa para cumplir esta función.

No había un procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) para la actividad y “al trabajador fallecido se le encargó un trabajo para el cual no estaba capacitado y no era su especialidad”, apuntó Osinergmin en su resolución N° 001029 de setiembre de 2008, en la que determina hasta tres infracciones de Buenaventura que causaron la muerte de Ronie.

Teófilo Ramos Ticllasuca murió el 7 de junio de 2008 cuando intentaba colocar con cincel y comba un explosivo que le permitiría desprender un planchón de rocas de manera controlada para extraer el mineral. Los errores se repitieron: el trabajo se realizó sin una supervisión permanente, sin que Teófilo sea capacitado para una operación como ésta y sin que se le informara de las fallas de las rocas que debía derrumbar y que ya habían sido detectadas días antes por el departamento de geomecánica de la empresa.

Buenaventura detectó la falla geológica el 3 de junio, cinco días antes de la muerte de Teófilo, pero según el supervisor de geomecánica esta advertencia recién iba a publicarse el 11 de junio, fecha en que el trabajador ya estaba enterrado. Pese a ello, el hecho fue calificado por Osinergmin como un accidente de trabajo.

Pero los incumplimientos de esta empresa a las normas de seguridad y su actitud de evadir las sanciones no son recientes. Cuando el Minem tenía a su cargo la fiscalización, también presentó varios recursos de consideración por muertes de trabajadores registradas en operaciones de alto riesgo durante 2006.

Al heredar estos expedientes Osinergmin, el Consejo Directivo ratificó en 2007 cuatro sanciones por considerar que la empresa incurrió en errores que trajeron como consecuencia la muerte de cinco trabajadores: Cosme Roly Espinoza Bonilla, Práxides Molina Cruz, Ernesto Manuelo Usca, Jeremías Nilo Falcón Eunofre y David Ángel Calderón Marcelo.

Cosme Espinoza Bonilla.

Práxides Molina Cruz.

Jeremías Falcón Eunofre.

David Calderón Marcelo.

En estos casos el argumento principal de la empresa siempre ha sido responsabilizar a los muertos y de calificar de “subjetivas” las pruebas técnicas de la entidad fiscalizadora que halló la ausencia de procedimientos escritos de trabajo seguro (PET), estudios para determinar el peligro de las operaciones, supervisión y capacitación a los trabajadores para desarrollar este tipo de labores, pese a ser obligaciones legales.

De estos casos, Buenaventura sólo ha pagado una multa y ha acudido al Poder Judicial para evitar el cobro de las otras.

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El presidente de Osinergmin reconoce lentitud del consejo directivo para resolver sanciones impugnadas. (Foto: Milagros Salazar)

Los más de US$13 millones que no pagan las empresas mineras en multas por daños ambientales y operaciones inseguras, es casi igual al monto que Osinergmin gastó entre 2007 y 2009 para fiscalizarlas. La sanción económica que se les impone resulta impotente ante infracciones consumadas.

Con los descargos que algunas empresas mineras presentan al Osinergmin, podría escribirse un libro para dummies o principiantes sobre “Cómo hacer para no pagar una multa”.

La empresa Volcan, que opera en Cerro de Pasco y tiene el mayor número de sanciones por contaminación, ha tratado de invalidar las multas que le ha impuesto la gerencia general de Osinergmin, con pruebas de laboratorio hechas por encargo.

La minera impugnó la resolución N° 001075 de octubre de 2008 en la que se evidencia que uno de los efluentes de Volcan superaba los límites máximos permisibles (LMP) de zinc y hierro. Como parte de su defensa, presentó informes de ensayo con resultados por debajo de los LMP que mandó a hacer al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. en una fecha distinta a la supervisión y sin indicar el punto de monitoreo.

“Volcan no aporta medio probatorio que sustente técnicamente su pretensión de invalidar el resultado obtenido”, sentenció el órgano regulador. El caso sigue entrampado en la segunda instancia.

Buenaventura, que ha impugnado todas las resoluciones de la gerencia general, no se queda atrás en los alegatos de manual. Como reveló IDL-Reporteros en la parte central de este reportaje, en la resolución N°001029, la gerencia general del órgano regulador sancionó a esta minera con US$126 mil 325 (100 UIT) por encontrar hasta tres infracciones relacionadas con la muerte del trabajador Ronie Edgar Canaza Coila, el 8 de enero de 2007. Su deceso se produjo cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura.

La compañía arguyó que el accidente se originó por “un acto propio, voluntario y negligente del accidentado” y que le entregó la indumentaria y equipos de seguridad necesarios como si la responsabilidad de la empresa sólo radicara en entregar casco y guantes.

De acuerdo a las normas, la empresa debió supervisar la operación de alto peligro y no lo hizo, no capacitó al trabajador para esta tarea y tampoco contaba con el respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) que le hubiese permitido prevenir los riesgos.

Con argumentos como estos, varias empresas han logrado que más del 77% de las multas impuestas entre 2007 y abril de 2010 no puedan ser cobradas. El monto no pagado supera los US12.3 millones que la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin ha tenido como presupuesto en los tres últimos años.

Asesores S.O.S.

¿Cómo se explica la actitud y los alegatos de las compañías? “Son los abogados de las empresas que en su afán de defensa buscan cualquier argumento. Las compañías se equivocan al recurrir a ellos”, respondió a IDL-Reporteros el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Las grandes mineras tienen sus propias áreas legales para argumentar sus descargos pero también recurren a importantes estudios de abogados según la complejidad de los casos.

“Las sancionadas pagan las multas bajas, de 10 UIT (US$12 mil 631) y tienden a impugnar las más altas”, apuntó Shinno.

Pero el gremio minero dice sentirse acosado. El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Arana, declaró al diario Expreso en marzo que Osinergmin realizaba una “persecución cuasi policial” contra las empresas. Y esperaba que esos “métodos” no sean aplicados por la institución que asumirá en breve la fiscalización de la minería en el tema ambiental: el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

“Si se espera que la minería trabaje con guantes y mandil blanco, se está en otro planeta (…) la minería es barro, tierra, hacer huecos (…) minería que no perturba no existe”, argumentó Arana con extrema sinceridad. En realidad, tal exceso de vigilancia no existe.

Lo que hay es una mejor fiscalización desde que Osinergmin asumió esta función en 2007 si se compara con el trabajo realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero aún se está lejos de regular con eficiencia la minería.

Luces y sombras

La gerencia de fiscalización cuenta con 25 profesionales (abogados e ingenieros) que analizan los expedientes en oficina y contrata a ocho supervisoras que tienen 64 técnicos destinados a inspecciones de campo. Estas inspectoras pasaron por un nuevo proceso de selección porque, según Osinergmin, algunas no tenían la capacidad para fiscalizar a las empresas más grandes.

¿Pero eso basta para una fiscalización profesional?, ¿no hay casos que escapan del radar de Osinergmin?

“Una institución no se construye de la noche a la mañana. Cuando nos dieron esta tarea, el Minem no nos dio en forma inmediata los documentos de los procesos,  tampoco personal ni recursos. Hemos funcionado con el dinero que aportan otros sectores como energía e hidrocarburos para contratar a técnicos capaces”, respondió Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.

El funcionario admitió que recién en 2009 se empezó a agilizar los procesos de sanción que incluyen multas y recomendaciones para remediar las faltas, pero esto sólo ocurrió en la gerencia de fiscalización donde se acumulan las pruebas y se valoran los descargos de las empresas en primera instancia. El mayor entrampamiento continúa en el consejo directivo, la segunda instancia. Ahí está el cuello de botella.

IDL-Reporteros verificó que por lo menos unos 50 casos ya resueltos por la gerencia siguen esperando una respuesta del consejo directivo por infracciones que incluso fueron consumadas hace tres años. Apenas 11 resoluciones fueron emitidas por impugnaciones a multas impuestas por la gerencia general desde que Osinergmin asumió la fiscalización del sector minero. Los casos que se han priorizado son los de mayor escándalo público como los de Doe Run y Casapalca.

Hasta el momento no se ha instalado el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minas (TASTEM), sala que debería ver los casos en segunda instancia como sucede en los sectores energéticos y de hidrocarburos. Con este tribunal, podrían haberse agilizado los procesos ya que está integrado por expertos que pueden sesionar hasta dos veces por semana.

Dammert anunció que pronto se elevarán los expedientes al TASTEM y que antes no fue posible porque no había consenso en el consejo.

Pero ¿sirve de mucho ahora que la OEFA está a punto de asumir la fiscalización del impacto ambiental? La supervisión ambiental a estas empresas representa aproximadamente el 60%  de la carga de la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin que ahora sólo se quedará con los casos de infracción a normas de seguridad e higiene.

Osinergmin logró incrementar el tope de multas por infracciones ambientales hasta por 10 mil UIT pero sólo para proyectos de exploración. Aún no se ha registrado una sanción por ese monto.

Las multas por falta de seguridad e higiene en las operaciones mineras siguen siendo bajas.

Para Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hay varios problemas de fiscalización que surgen de las normas: los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector minero no se actualizan desde hace 14 años y tampoco está definida la indemnización de daños a terceros.

¿Cómo se explica que el gobierno promueva la inversión minera y resalte su aporte económico para el país, sin las armas necesarias para regular, a la vez, esta peligrosa actividad? Ni las leyes ni los mecanismos son suficientemente disuasivos para proteger el medio ambiente y la vida, y tampoco para sancionar eficazmente a quienes los incumplen.

Con lo rentable que es, la actividad minera puede ser un peligroso agente de desequilibrio ecológico, de depredación ambiental y de conflictos sociales. ¿En qué momento el daño supera el beneficio?, ¿cuándo la avaricia se convierte en amenaza? Eso lo debe responder una entidad fiscalizadora experta y con una fuerte autoridad, capaz de actuar en forma pronta y decisiva, tal cual Barack Obama hubiera ahora deseado hacer a tiempo con la British Petroleum.

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