Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Foto: IDL-Reporteros).

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

Por Romina Mella.-

Los funcionarios involucrados en la compra de portatropas para la Policía a la empresa israelí Hatehof, sobrevalorada en casi 2 millones de dólares, protagonizan un nuevo capítulo en esta historia.

Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Mininter) durante la gestión de Octavio Salazar, fue presidente del comité especial que tuvo a su cargo el proceso de compra de los 31 portatropas,  13 blindados multipropósito y 11 motobombas (pinochos) rompe-manifestaciones. Todos ellos para ser supuestamente enviados al VRAE.

El 14 de febrero de 2010, IDL-Reporteros publicó la primera entrega de una serie de reportajes donde reveló que los camiones portatropas que el Mininter le había comprado a la compañía israelí, a 171 mil dólares cada uno, eran los mismos portatropas Abir que el ex ministro Luis Alva Castro se negó a recibir, en julio de 2007, bajo el argumento de un sobreprecio. En ese momento los vehículos costaban 107 mil dólares.

Cuando se destapó el caso, Samuel Torres, entonces viceministro de Gestión Institucional, defendió la compra bajo distintos argumentos. Octavio Salazar (ahora congresista por el fujimorismo) trató de encubrir a los funcionarios involucrados e hizo todo lo posible por ocultar un informe elaborado por el entonces director de Logística de la Policía, general PNP Mario Obregón, luego de una inspección a la planta de Hatehof, en Nazaret, en el que afirmó que los portatropas no cumplían con las especificaciones técnicas.

Samuel Torres, ex viceministro de Gestión Institucional del Mininter (Foto: IDL-Reporteros).

En junio del año pasado, el ex presidente Alan García anuló la compra. Eso provocó la renuncia de Samuel Torres, quien acaba, sin embargo, de retornar al Estado con el nuevo gobierno. Esta vez como secretario general del ministerio de Justicia.

Pese a la anulación del contrato con la compañía israelí, Hans Heysen continuó como jefe de Abastecimiento, incluso en los primeros meses de la gestión del general PNP (r) Miguel Hidalgo como ministro.

El 21 de febrero pasado, mediante una resolución ministerial, Hidalgo dispuso que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios investigara a Heysen, por la adjudicación de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE.

Sucede que el 4 de diciembre de 2009, el mismo día que el Mininter le dio la buena pro a Hatehof por los portatropas y blindados multipropósito, también lo hizo con la empresa mexicana Quiroga Trucks para la adquisición de 11  motobombas rompe-manifestaciones.

Diez días después se anuló la buena pro concedida a la compañía mexicana debido a que no eran fabricantes de motobombas de tipo policial sino únicamente de uso civil.

El pedido de anulación vino de la División de Transportes de la Dirección de Logística de la PNP. En los requerimientos enviados al Mininter para la elaboración de las bases técnicas habían sido claros en pedir pinochos de uso policial y que la empresa seleccionada tenga experiencia en su fabricación.

Ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo (Foto: Andina).

Luego de un proceso de investigación que duró cerca de cinco meses, Hidalgo sacó una resolución ministerial el 27 de julio pasado en la que resolvió sancionar a Heysen con una destitución, lo que implica una inhabilitación de no menos de 3 años para ejercer cualquier función pública.

Heysen presentó un recurso de reconsideración y en menos de un mes el nuevo gobierno se pronunció sobre su caso.

Este martes el ministro Óscar Valdés firmó una resolución en la que determina sancionar a Heysen “con cese temporal sin goce de remuneración por doce meses”. Y como ya no se desempeña como jefe de abastecimiento desde febrero de este año ni ocupa cargo alguno en el ministerio, la sanción queda sin efecto.

Lo interesante es que la actual secretaria general del Mininter, Rosario Torres Benavides, que elevó el caso Heysen al ministro, es la hermana del ex viceministro del Interior Samuel Torres, quien tuvo como uno de sus principales colaboradores a Heysen.

IDL-R intentó comunicarse con Rosario Torres, pero no obtuvo respuesta.

¿Sabía el ministro del Interior de este conflicto de intereses? IDL-R le hizo llegar las preguntas sobre el caso pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

IDL-Reporteros recibió una carta notarial del ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior, Hans Heysen, en la que afirma, entre otras cosas, que la resolución emitida por el ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo, en la que resuelve sancionarlo con una destitución (es decir, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo como funcionario público en no menos de tres años) por la frustrada compra de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE , “es un hecho claro de abuso de autoridad, a todas luces mal intencionada contra mi persona, pretendiéndose afectar mi derecho constitucional a trabajar libremente”.

Asimismo, Heysen indica que ha interpuesto un recurso de reconsideración, a raíz de la resolución ministerial del actual ministro, Óscar Valdés, que resuelve que sea sancionado con un cese temporal del cargo sin goce de haber durante un año.  “No ha existido fundamentación que haya motivado una apertura de investigación disciplinaria”.

IDL-Reporteros, al publicar esta carta notarial se reafirma en todo lo publicado en este caso.

Carta Notarial de Hans Heysen

Notas relacionadas:

• Cutras de Córpac
• Columna de reporteros
• Fiscalía inicia investigación

La seguridad ciudadana –es decir, lo que la gran mayoría de la gente entiende como la lucha exitosa contra la criminalidad–, tiene la máxima importancia para los peruanos, como queda claro en todas las encuestas, hasta las de Idice. Excepto para un reciente pasajero de peso en el avión presidencial, y para su corte adjunta.

En efecto, este martes 17 de agosto, en la casa de Luis Alva Castro en Moche, el presidente Alan García Pérez decidió sacar de la jefatura departamental de la Policía en La Libertad, al general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui, pese al eficiente desempeño policial de éste y al decidido apoyo a su gestión de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y de la población en Trujillo.

La Libertad, y Trujillo en especial, ha sido uno de los departamentos más afectados por el crecimiento de la criminalidad. Ha habido antes gestiones que se han proclamado exitosas, (como la que en su tiempo realizó el todavía ministro del Interior, Octavio Salazar), pero según varios analistas lo que sucedió entonces no fue que se redujo la delincuencia, sino que se maquillaron las cifras. “¿Cómo si no reventó el accionar de los delincuentes apenas se fue Salazar?”, dice uno de ellos.

La situación ha sido tan desesperada que la acción, en años anteriores, de un presunto escuadrón de la muerte policial, ha  sido apoyada por un porcentaje alto de gente que no veía salida al crecimiento disparado de la delincuencia.

Pero este año, Arteta, en apenas siete meses de gestión, y rodeado por un equipo de policías muy competentes y especializados en policía comunitaria, tuvo un sólido efecto en mejorar la situación y devolver la esperanza sobre todo a los grupos más afectados por la delincuencia. (Ver: IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta).

Pero Trujillo es también una plaza caliente para el Apra y una espina electoral que tiene la cara de César Acuña el actual alcalde provincial,  que derrotó a aquel partido en las elecciones anteriores y que ahora, con considerable popularidad, va por la reelección. Y Trujillo es, además, el lugar que algunos políticos apristas consideran un feudo personal. Como en el caso de Luis Alva Castro, el entre otras cosas fallido ex ministro del Interior.

Tanto Alva Castro, como varios de sus allegados locales, querían sacar a Arteta porque “no podían mangonearlo”, como dice una indignada dirigente de juntas vecinales, ni utilizarlo para clientelismo selectivo, sobre todo el pre-electoral.

Este martes, después de una veloz inauguración en Huanchaco, García y su comitiva fueron a comer a la casa de Alva Castro, en Moche.

No ha quedado registrada la cantidad de comida que se consumió ese día, pero se puede garantizar que no hubo casos de anorexia. Porque aparte del notorio apetito presidencial, expresado en visibles consecuencias volumétricas, la comitiva era nutrida en más de un sentido.

Estaban ahí el premier, Javier Velásquez Quesquén; el presidente del Congreso, César Zumaeta; la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez; el ministro de Transporte, Enrique Cornejo; los secretarios generales del partido –con licencia, ¿se acuerdan porqué?- Jorge del Castillo y Omar Quesada; el director ejecutivo de Foncodes, Carlos Arana; y el inevitable secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava. Estaban también los congresistas Mauricio Mulder y Elías Rodríguez, junto con varios dirigentes locales, varios muy controvertidos, pero allegados a Alva Castro.

El propósito de la reunión, aparte de comer, fue evaluar y mejorar las estrategias para las elecciones municipales y regionales en La Libertad. El consenso fue que las cosas iban bien en la campaña para la presidencia regional y mal para la del Consejo Provincial de Trujillo. Los candidatos apristas para ambas, José Murgia y Daniel Salaverry estuvieron por cierto en la reunión; así como candidatos de algunas provincias liberteñas.

Pese a que Mulder mencionó las cifras más esperanzadoras de Idice, (una encuestadora a la que no se le conoce encuestas que no sean favorables al Apra), la mayoría tuvo presente el reciente sondeo de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) que le da nueve puntos de ventaja al actual alcalde César Acuña.

Y en la búsqueda de ideas de cómo ganarle a Acuña, algunos aprovecharon para tratar de perjudicar a sus enemigos.

El alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio, atacó al general Eduardo Arteta –que había acompañado a la comitiva hasta la puerta de casa– diciendo que era muy cercano a Acuña y que los partidarios de Toribio habían sufrido hace poco un ataque “a perdigonazos” de partidarios del alcalde provincial y que la policía de Florencia de Mora no los había protegido.

Otro dirigente aprista, José Marreros, secundó las críticas de Toribio. Ambos, según dirigentes de las juntas vecinales a quienes IDL-Reporteros ha entrevistado, tienen serios cuestionamientos respecto de la eficacia y transparencia de su labor, y “odian al general Arteta porque no lo pudieron mangonear”, dice una dirigenta.

Entonces habló Luis Alva Castro y apoyó lo que había dicho Toribio, persona, según varios testimonios, muy cercana a él.  “Arteta no ayuda nada al Partido” dijo. García entonces anunció la decisión de bajarle el dedo a Arteta.

No todos los asistentes estuvieron de acuerdo con la decisión, aunque parece que ninguno intervino para defender al general. Sin embargo, la filtración de lo que se había discutido y decidido fue amplia y profusa.

Al día siguiente, miércoles 18, se expidió la Resolución Suprema (ver), donde se hace otros cambios de colocaciones,  varios de los cuales son un mero trueque de puestos, posiblemente para ocultar el propósito real de la defenestración de Arteta.

Y ese mismo día, desde primeras horas de la mañana, el rumor, o la noticia, cundía en Trujillo.

Había gente que no lo podía creer, sobre todo los dirigentes de las Juntas Vecinales que menos de tres semanas atrás habían logrado hacer abortar un primer intento de sacar a Arteta, gracias a una movilización intensa, que incluyó manifestaciones en favor del general en Trujillo y el envío de una nutrida delegación a Lima.

Esta última se entrevistó tanto con el ministro del Interior, Octavio Salazar, como con el jefe de la Policía (el título es “director general”) Miguel Hidalgo. Este les aseguró que Arteta seguiría en su puesto “hasta diciembre” y dijo que lo contrario eran “especulaciones periodísticas”. Sorprendentemente, Salazar, cuando fue interrogado por Patricia del Río en RPP, sostuvo con enojo que los rumores del cambio de Arteta eran, también “especulaciones periodísticas”. Salazar e Hidalgo pertenecen a la misma promoción de la Guardia Republicana que, contra lo que se pudiera suponer, no se llama “especulaciones periodísticas”.

(Para recordar lo que sucedió, ver: ¿Destitución y retroceso?; Ministerio del Interior retrocede y mantiene a Arteta como jefe policial de La Libertad)

Ahora, tanto Salazar como, sobre todo Hidalgo, hicieron la variante burocrática del cuerpo a tierra. Ambos proclamaron total desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Y ambos mintieron.

Hoy, jueves 19, por ejemplo, Salazar le dijo a una dirigenta de las juntas vecinales, que no sabía lo que pasaba con Arteta. Sin embargo, en la Resolución Suprema de ayer está su firma. E Hidalgo estuvo igualmente enterado de la derogatoria de su promesa.

¿Qué vale más la pena, que te mantengan la promesa de hacerte ministro o incumplir tu propia promesa? Aparentemente Hidalgo no tuvo problemas en decidir.

Sin embargo, durante todo el día de ayer y parte del de hoy, reinó la desinformación en Trujillo, incluso después de la llegada casi subrepticia del remplazante, el general Oswaldo Alfaro. Periódicos locales, sin embargo, decidieron informar lo que sabían (Ver La Industria y Correo). El propio Arteta, que sabía todo, pero no oficialmente, prefirió atenerse a la formalidad (Ver video).

Hoy, empero, hubo indignadas manifestaciones de las juntas vecinales en apoyo de Arteta. En los carteles aparece un culpable principal: Luis Alva Castro. Tanto Alva Castro como su secretaria hicieron llamadas rogando que sacaran su nombre, pero no tuvieron eco. Una vez que los dirigentes se enteraron que Salazar les había mentido, empezó un partido aparte de impopularidad entre él y Alva Castro.

Luis Alva Castro fue sindicado por la población como el responsable de la remoción del general Arteta. (Foto: La Primera)

La representante de la Junta Vecinal de la Comisaría de Bellavista, Lucy Morales Díaz dijo a IDL-Reporteros: “todo el día hemos estado haciendo pancartas y preparando la protesta a favor del general Arteta”.

“Nadie nos da la cara, nosotros responsabilizamos a Alva Castro como el culpable de la salida del general, él le dijo a sus amigos apristas que Arteta no ayuda en nada para el partido. Sentimos que Salazar e Hidalgo también nos han engañado”, indicó Morales.

Los representantes de las juntas vecinales buscaron reunirse con Luis Alva Castro pero éste se negó, aunque por teléfono les dijo que “Arteta debe aprender a irse”.

Al mediodía, algunas juntas vecinales hicieron una toma pacífica de la Dirección departamental de la Policía por un par de horas antes de ser persuadidas por el propio Arteta a levantar la medida.

Poco después se produjo el relevo.

Juntas Vecinales frente a la Dirección departamental de la Policía.

Ahora queda por ver cuáles serán las consecuencias para el partido aprista y el gobierno alanista, de haber tomado una decisión que compromete la seguridad ciudadana de Trujillo por la supuesta ventaja de una maniobra electoral.

Notas relacionadas:

• Ministerio del Interior retrocede y mantiene a Arteta como jefe policial de La Libertad
• IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta
• ¿Destitución y retroceso?

Lo usual es que los ciudadanos se manifiesten en contra de la Policía, no a favor de ella. Pero eso fue lo que pasó ayer en la Plaza de Armas de Trujillo, cuando varias decenas de coordinadores de Juntas Vecinales protestaron contra la destitución y traslado del jefe de la Dirección Territorial Policial de La Libertad, general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui.

Los dirigentes vecinales sostienen que Arteta es uno de los mejores jefes que haya servido en La Libertad, una de las regiones más castigadas por el crimen. ¿Por qué, entonces, lo sacaron?

Dirigentes de las juntas vecinales llegaron en delegación a Lima a reunirse con el ministro del Interior. Clic para aumentar el tamaño. (Foto: R. Mella)

El hecho que el ministerio del Interior haya decidido remover a Arteta apenas unos meses después de haber asumido el cargo solo tendría justificación en el caso que este oficial hubiera demostrado una manifiesta incompetencia, o corrupción. Pero, según indicaron a IDL-Reporteros los coordinadores de las juntas vecinales que llegaron hoy a Lima en comisión para tratar de impedir el cambio, la gestión de Arteta se caracterizó más bien por su eficacia al enfrentar la corrupción policial y la delincuencia común.

La información sobre el cambio de Arteta llegó ayer a Trujillo. La fuente sería su predecesor, el general PNP Raúl Becerra. Hoy, según fuentes confiables consultadas IDL-Reporteros, el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo llamó a Arteta y le comunicó su relevo. El reemplazo, según se supo, sería el general PNP Oswaldo Alfaro, un oficial estrechamente ligado al ministro Octavio Salazar (actuó en la práctica como su jefe operativo cuando éste fue jefe policial de La Libertad).

Antes que Hidalgo, el mando policial que primero notificó a Arteta de su relevo -en los hechos una destitución- fue precisamente el general PNP Raúl Becerra, jefe de la Dirección de Operaciones Policiales de la PNP.

Sucede que, como se ha apuntado, Becerra fue el predecesor de Arteta en la jefatura policial de La Libertad. La gestión de Becerra fue ensombrecida por acusaciones de grave incompetencia y corrupción. Sin embargo, resultó promovido por el ministerio del Interior al crucial cargo que ocupa ahora. En cambio, Arteta, cuya gestión es respaldada no solo por las juntas vecinales, sino por el presidente regional en funciones, el aprista Víctor León; y por el alcalde provincial, César Acuña, resulta cambiado al medio año de hacerse cargo de la deteriorada seguridad en el departamento.

¿Qué pasa entonces con la Policía, que un general gravemente cuestionado es premiado mientras que otro, en especial eficaz en la lucha contra la corrupción, es destituido?

“No hay buena acción que quede sin castigo”, sostiene el refrán.

De acuerdo con lo que IDL-Reporteros ha podido dilucidar a estas alturas, las razones del intento de destitución de Arteta obedecen a una de dos razones, o a las dos: corrupción policial o maniobras políticas pre-electorales del partido de gobierno.

En la tarde de hoy, fuentes vinculadas con el ministerio del Interior dejaron saber que la razón para relevar a Arteta eran los últimos sucesos criminales en su jurisdicción, especialmente el homicidio del presidente regional encargado de Ancash, José Luis Sánchez Milla.

Pero, personas con conocimiento de la gestión policial indican que el homicidio de Sánchez Milla fue producto de un asalto en carretera: tipo de delito que es competencia de la Policía de Carreteras, cuyo jefe es el hoy cuestionado general Bruno Debenedetti. Por lo contrario, dicen las mismas fuentes, Arteta investigó el caso y capturó a los autores “antes de cuatro días”.

La otra razón posible, que se maneja en Trujillo, es que el gobierno aprista haya reaccionado coléricamente ante la donación de 100 computadoras que hizo el alcalde de Trujillo, César Acuña, a la Policía. No solo eso: aparentemente, algunos dirigentes apristas -entre los que no se encuentra ni el presidente regional en licencia José Murgia ni el presidente en funciones, Víctor León- resintieron el trabajo articulado, en un año electoral, entre la jefatura policial y la municipalidad.

El general Arteta en una de las numerosas actividades con miembros de las juntas vecinales.

Pero, en los hechos, Arteta trabajó igualmente bien con la presidencia regional aprista. Según declaró Víctor León a IDL-Reporteros, la coordinación abarcó “la modernización del sistema de emergencia 105, la implementación de un sistema de un sistema de patrullaje urbano, con 200 motos; y la construcción de la Escuela de la Policía”.

El general PNP Eduardo Arteta tiene una larga trayectoria en seguridad ciudadana. De acuerdo con lo que el área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL-SC) informó a IDL-Reporteros, Arteta es uno de los jefes policiales con mayor experiencia en policía comunitaria en el Perú. Antes de asumir su cargo como jefe policial de La Libertad, Arteta participó en varios eventos de seguridad ciudadana en los cuales explicó los métodos y reformas que puso en marcha cuando fue jefe del Callao.

En enero de este año, al ser nombrado jefe de La Libertad, Arteta armó un equipo de experimentados policías, entre los cuales estaban varios de sus colaboradores en el Callao y también el renombrado comandante PNP Julio Díaz Zulueta, ex comisario del año, cuyas exitosas acciones de seguridad fueron reseñadas en un libro (‘Comisario’), publicado por IDL en 2009.

En Trujillo, el comandante Díaz Zulueta, fue nombrado simultáneamente jefe de participación ciudadana y del escuadrón motorizado, con lo que tuvo bajo su cargo tanto las acciones de policía preventiva como las de represión del crimen.

Hace pocas semanas, IDL-SC reseñó las acciones que ese nuevo equipo llevó a cabo en La Libertad. Éste es su informe.

Además de lo expuesto, Arteta tomó medidas medidas duras contra la arraigada corrupción policial en Trujillo. “Cambió a todo el personal de recursos humanos y resistió presiones de intereses creados con influencia en la Policía”, dice una fuente con conocimiento de causa.

Su trabajo con la población parece haber logrado un nivel alto de apoyo a su gestión por parte de las juntas vecinales. “Encontró 52 juntas vecinales al asumir su puesto. Ahora hay 1200 juntas”, dice Lucy Morales, de la jurisdicción de Esperanza, en Bellavista, una integrante de la delegación que llegó a Lima. Arteta, “devolvió la confianza de la población en la PNP”.

Luego de reunirse con el ministro Octavio Salazar, después de una prolongada antesala –entrevista en la que solo obtuvieron el ofrecimiento de revisar el caso–, los integrantes de las juntas vecinales trujillanas, anunciaron a IDL-Reporteros que estaban preparados para una movilización masiva de protesta en el caso que Arteta fuera finalmente relevado. “¿Por qué a Raúl Becerra, que fracasó en Trujillo, lo promueven y a Arteta, que hizo las cosas bien, lo sacan?”, reclamó otro de los dirigentes.

Al cierre de esta edición, IDL-Reporteros pudo saber que el director general de la PNP, Miguel Hidalgo, recibiría mañana a la delegación y que les habría adelantado que aún no “hay nada decidido” respecto del relevo de Arteta. Si ello fuera así, significaría que el gobierno retrocede ante una decisión que les trae mucho más costo que cualquier posible beneficio.

Notas relacionadas:

• Gobierno aprista remueve a general Arteta de la jefatura policial de La Libertad
• IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta
• Ministerio del Interior retrocede y mantiene a Arteta como jefe policial de La Libertad

Por Jacqueline Fowks.-

El Departamento de Estado de Estados Unidos informa desde ayer en su página web del programa de recompensas de narcotráfico la recompensa de hasta $ 5 millones de dólares que ofrece por información que conduzca al arresto y condena de ‘José’ y ‘Artemio’, los líderes de Sendero Luminoso en el VRAE y en el Huallaga, a quienes describe como narcotraficantes de importancia.

“Si tiene información y está fuera de los Estados Unidos, por favor contacte con la embajada o consulado estadounidense más cercano”, indica el aviso del Departamento de Estado, en el espacio donde también figuran fotos e información de capos de carteles mexicanos y colombianos, miembros de las FARC, y asiáticos involucrados en narcotráfico.

La dependencia solicita, además, a las personas que se encuentran en Estados Unidos que para efecto de la recompensa contacten con las oficinas locales de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), o la Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Eso contradice al canciller José Antonio García Belaunde, quien indicó el martes 13 que Estados Unidos “no ha ofrecido entregar 5 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de cabecillas terroristas, sino que ha puesto a disposición del Perú esa suma para que decida si la emplea con ese objetivo”.

García Belaunde dijo además que “será el gobierno del Perú el que determine si hay alguien que lo merezca (el monto asignado), pero es a partir de lo que el gobierno peruano decida”.

Ahora, la información del Departamento de Estado es un desmentido a las aseveraciones del canciller.

IDL-Reporteros intentó comunicarse hoy con el general Horacio Huivin, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, para preguntarle si se ha establecido o no procedimientos y coordinaciones desde el Estado peruano para la administración del programa estadounidense de recompensas, pero de acuerdo con la información de sus subordinados, se puede inferir que el general Huivin se encontraba en reuniones en serie. Según un funcionario de la Dirandro, Huivin participaba  en una reunión en la Embajada de Estados Unidos la penúltima vez que llamó IDL-Reporteros. En la última ocasión, ya se encontraba en el despacho del Interior reunido con el ministro Octavio Salazar.

Acerca de Víctor Quispe Palomino, el Departamento de Estado informa que sus alias son ‘José’, ‘Martín’ e ‘Ivan’ y que “actualmente es el líder de los remanentes de SL en el VRAE”. Esas actividades, según el gobierno estadounidense, “incluyen extorsión, exigencia de pago de cupos a narcotraficantes locales a cambio de seguridad para laboratorios de cocaína y para despachos de cocaína realizadas desde el VRAE”.

David Johnson (der.), secretario de la Oficina Antidrogas Internacional y de Asuntos de Aplicación de la ley, durante visita a base antidrogas de Palmapampa, con el Cmdt. PNP Miguel Valdivia, en junio último. Al centro, el director de oficina antidrogas de EEUU en Lima (NAS), Tony Arias. (Foto: Departamento de Estado).

“Además, actualmente Sendero posee varias parcelas de coca y laboratorios de pasta básica de cocaína en el VRAE. Esta facción también se destaca por estar involucrada en ataques bien coordinados y extremadamente violentos contra personal de la Policía Nacional del Perú y militares peruanos”, agrega la Oficina Antidrogas Internacional y de Asuntos de Aplicación de la ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) del Departamento de Estado.

A Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’, el Departamento de Estado lo describe como “líder actual de los remanentes de Sendero en el valle del Huallaga, que supervisa todas sus actividades ilícitas. Estas incluyen extorsión, soborno, asesinato y narcotráfico”.

Al igual que en el caso de ‘José’ para el VRAE, refieren que las actividades de narcotráfico de la facción de ‘Artemio’ incluyen el cobro de cupos a los traficantes locales a cambio de dar seguridad a las chacras, laboratorios y embarques realizados en los valles del Monzón y del Huallaga.

Según el Departamento de Estado, Flores Hala está involucrado en el comercio local de cocaína en el Huallaga, dado que “invierte reiteradamente su propio dinero o el de Sendero en negocios con narcotraficantes locales. Flores-Hala también usa repetidamente la violencia contra efectivos de la Policía Nacional del Perú, otro personal del gobierno peruano, y la población local para lograr sus objetivos”.

Notas relacionadas:

• EEUU ofrece hasta $5 millones de recompensa por ‘Artemio’ y por ‘José’
• Una recompensa llamada ‘Artemio’
• Sendero en el Huallaga

El ministro del Interior necesitó diez días útiles para disponer la anulación del contrato. (Foto: Andina)

La dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional comunicó a la empresa israelí Hatehof, el miércoles pasado, la resolución del contrato de compra de 31 portatropas y 13 vehículos multipropósito blindados debido a incumplimientos que, en semanas anteriores, el Ministerio del Interior no los consideraba tales.

El 26 de mayo el primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció la decisión del Gobierno de anular la compra pero, en vista de que el ministerio no resolvía el contrato con la compañía, dirigió un primer oficio el viernes 4 de junio al ministro Octavio Salazar.

El presidente del Consejo de Ministros le solicitó que le informara las acciones tomadas por su sector para dejar sin efecto el contrato. Reiteró el pedido el 8 de junio.

Recién en ese momento, Octavio Salazar le encargó al director general de la PNP, Miguel Hidalgo, que “en el día” la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía resolviera el contrato.

Las razones que cita Salazar para sustentar la anulación del acuerdo son las conclusiones de un informe del estudio Sparrow, Hundskopf & Villanueva Abogados. Una de ellas indica que el hecho de que Hatehof haya enviado 32 vehículos, es decir, el 75% del total, con observaciones [incumplimiento de las especificaciones técnicas] “y sin autorización correspondiente para iniciar el embarque” alteró la secuencia prevista en las etapas del contrato.

Al día siguiente, 9 de junio, el director de Economía y Finanzas de la PNP, general Tomás Chumacero, utilizó los mismos argumentos del estudio de abogados para comunicarle al apoderado legal de Hatehof, Shimon Shacham, que daban “por resuelto en forma total el contrato de compra venta de bienes”.

En su carta, el general Chumacero sostiene que Hatehof no cumplió sus obligaciones, entre otros motivos, porque no exhibió en la planta de la empresa, en Israel, el total de vehículos durante la inspección que encabezó en febrero pasado el director de Logística de la PNP, general Mario Obregón. (Ver: ‘El informe Obregón’)

Además, indica que la empresa también incumplió al embarcar los vehículos al Perú “pese a la existencia de observaciones” y porque llegaron “sin contar con la conformidad de la institución”.

Acerca de lo primero, el general Obregón con pleno conocimiento del estado de los vehículos dio la orden de embarque el 6 de mayo pasado. Sobre lo segundo, hay también una contradicción puesto que el contrato –con cláusulas muy favorables a la empresa- establecía que la conformidad de los vehículos se daba en Lima, y no antes de embarcarlos.

El documento de embarque dice lo siguiente: “La autorización de embarque de los vehículos no significa ni implica la conformidad de los mismos, la que de acuerdo al contrato se dará en Lima, en los almacenes de la Policía Nacional del Perú, siempre que estas cumplan con las especificaciones técnicas conforme a lo previsto en el contrato, las bases, y la oferta de su representado”.

Es importante destacar que los motivos que dieron el premier y el actual viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, José Verona, para resolver el contrato distan de los expuestos formalmente a Hatehof. Ambos mencionaron que la empresa incumplió con una de las especificaciones técnicas de los portatropas.

Ver: reproducción de la autorización de embarque del 6 de mayo 2010.

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Notas relacionadas:

• Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra
• Reportaje sobre contrato de portatropas (II)
• Anunciaron que cancelaban el contrato… pero los portatropas ya están aquí

Congresista fujimorista Rolando Sousa. (Foto: Agencia Andina)

En los últimos meses el congresista fujimorista Rolando Sousa ha atacado sistemáticamente al equipo especial de investigación de la Dirandro que llevó a cabo los arrestos, la incautación de material y la investigación policial en el caso BTR.

Hay, sin embargo, un hecho hasta hoy desconocido que puede ayudar a entender mejor algunas cosas. Entre las cuales, los ataques.

Sucede que ese equipo de la Dirandro, bajo la dirección del coronel PNP Carlos Morán, es el que también llevó a cabo las investigaciones  a la familia Sánchez Paredes, por presunto lavado de activos procedentes del narcotráfico, e igualmente al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, por los mismos presuntos delitos.

La prolija investigación policial a los Sánchez Paredes, expresada en un voluminoso atestado, terminó a comienzos del 2010.

Pero poco antes que finalizara dicha investigación, el ministro del Interior, Octavio Salazar, llamó al director general de la PNP, general Miguel Hidalgo, y le pidió que fuera a su oficina, en el cuarto piso del ministerio. Hidalgo subió desde la Dirección General de la PNP, que queda en el tercer piso, para ver al ministro quien además, es su compañero de promoción en la ex Guardia Republicana.

Ministro Octavio Salazar (Foto: Andina).

General PNP Miguel Hildalgo (Foto: Andina)

Al entrar en la oficina del ministro, Hidalgo vio, según refirieron a IDL-Reporteros fuentes con conocimiento de causa, que Salazar no estaba solo. Lo acompañaba el congresista fujimorista Rolando Sousa.

Después de los saludos, Salazar se levantó súbitamente, dijo “creo que ustedes dos tienen que hablar” y se fue de su oficina. Sousa e Hidalgo quedaron solos.

Fuentes confiables plenamente informadas sobre el evento, coinciden en afirmar que Hidalgo se puso muy incómodo. Como se sabe, Hidalgo comandó la Dirandro en plena investigación a los Sánchez Paredes y a Valdez Villacorta.

El ahora jefe de la PNP sabía bien que Sousa es socio de César Nakazaki, defensor tanto de Orlando Sánchez Paredes como de Valdez Villacorta.

Sousa, en efecto, empezó a hablarle a Hidalgo sobre el tema de los Sánchez Paredes. “Habló sobre procedimientos en casos de lavado de activos”, relacionados con el caso, dice una fuente bien enterada.

Hidalgo, alarmado e incómodo, le dijo a Sousa que él ya no veía investigaciones de la Dirandro, que se encontraba ahora en otro nivel y que aún cuando comandó esa unidad no discutía sobre investigaciones en desarrollo. Luego se levantó, se despidió y se fue apenas pudo hacerlo.

La entrevista empezó siendo de tres y terminó solo entre dos personas. Los detalles de la conversación, sin embargo, se filtraron a través de las paredes de esa oficina de oídos legendarios: el despacho del ministro del Interior.

IDL-Reporteros buscó a Hidalgo para confirmar detalles de esta entrevista, pero el director general de la PNP se negó a responder. IDL-Reporteros, sin embargo, ha confirmado plenamente lo que se informa aquí.

¿Por qué el ministro del Interior Salazar organizó una reunión para que el socio del abogado de los Sánchez Paredes abogara con el director de la Policía a favor de éstos? ¿Era para ayudar a los Sánchez Paredes, para acercarse a los fujimoristas o por una combinación de ambos motivos? ¿No estimó que era un uso corrupto de su autoridad? IDL-Reporteros buscó contactar a Salazar, pero los intentos de comunicarse con él llegaron solo hasta sus edecanes.



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• “Que el polígrafo diga quién miente”
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El ministro Octavio Salazar durante actividad en el colegio Juana Alarco en marzo último. (Foto: Andina)

El ministro del Interior, Octavio Salazar, ha seguido tratando de completar los trámites de recepción de los portatropas, incluso después de la enfática declaración de cancelación de compra  por parte del premier Velásquez Quesquén, el lunes 7.

IDL-Reporteros ha recibido información de fuentes confiables, según la cual, pocas horas después de la intervención del premier, el ministro Salazar presionó repetidamente al director de Logística de la PNP, general

Mario Obregón, para que éste firmara la conformidad de recepción de los portatropas que se encuentran en el Callao.

De acuerdo con la fuente, que tiene conocimiento directo de causa, Salazar presionó a Obregón durante la noche del lunes 7, en reuniones que se prolongaron hasta la una de la mañana del martes 8. Obregón se negó a firmar la aprobación de compra, utilizando todas las fórmulas verbales de subordinación y respeto, pero sin ceder en ese punto crucial.

La presión fue tan fuerte, sin embargo, que Obregón retornó al ministerio el martes 8 con una carta preparada solicitando su pase al retiro en caso que se le ordenara imperativamente firmar.

No está claro si Obregón presentará finalmente la carta, o no. El hecho es que la fecha límite para recibir los portatropas es el jueves 10.

¿Por qué Salazar insistió con tanta fuerza para que el general Obregón diera su conformidad a los portatropas, pese a las inequívocas declaraciones de Velásquez Quesquén? La única explicación es que la aprobación oficial de la PNP pondría a Hatehof en una situación contractualmente ventajosa en el previsible caso de una controversia judicial con el Estado.

Lo que sí es un hecho concreto es que Salazar ha continuado gestionando intensamente la compra de los portratopas después de la última, y que se supuso definitiva, aclaración de Velásquez Quesquén. No lo fue, por lo menos para el ministro del Interior.

Carta rectificatoria de Obregón y respuesta de IDL-Reporteros

El general PNP Mario Obregón, director de Logística de la Policía Nacional del Perú, ha enviado la siguiente carta que desmiente la nota titulada “Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra” publicado por IDL-Reporteros el miércoles 9 de junio.

En tanto  se obtuvo la información de fuentes con acceso a la verdad de los hechos, IDL-Reporteros se ratifica plenamente en lo publicado.

Carta enviada por el general PNP Mario Obregón. Dar clic para aumentar el tamaño.

Notas relacionadas:

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(Nota del editor: En su más reciente columna, el destacado periodista de investigación israelí Yossi Melman informa sobre el caso de la compra de portatropas y sus consecuencias en Israel.

PorYossi Melman, publicado en el diario Haaretz de Israel, 3 de junio 2010.

El ingreso de Israel a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo requiere la adopción de nuevas normas, incluidas una mayor transparencia y abstenerse de sobornar a altos funcionarios en países a los cuales exporta equipamiento para la defensa. Lo que está ocurriendo en el Perú en estos días es un ejemplo de cómo no actuar.

A fines de 2006, la compañía israelì ISDS, de Leo Glesser, llegó a un acuerdo para la venta de 50 portatropas Abir entre la planta automotriz de Nazareth y el Ministerio del Interior peruano, con un precio de venta de $107,000 cada uno. La ministra peruana de Interior fue luego reemplazada por Luis Alva Castro, quien anunció que suspendía el trato. Un periodista peruano respetado, Gustavo Gorriti, denunció en reportajes de investigación que la suspensión reflejaba el deseo del ministro de que algunos socios, incluyendo israelís expatriados, fueran incluidos en el trato.

Glesser está demandando al gobierno peruano en una corte en el Perú. Las digilencias del proceso aún no han concluido. En diciembre 2009, el nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, y su viceministro, Samuel Torres, aprobaron seguir con el trato pero esta vez con Glesser reemplazado por la planta de metal de Hatehof en Nazareth. Gorriti reveló en su medio en Internet, IDL-Reporteros, que el costo de cada vehículo saltó de $107,000 a $170,000 dólares.

El ministro y su viceministro alegaron que este vehículo tenía otro tipo de chasís –mejorado y actualizado. El periodista Gorriti no se dio por vencido y presentó sospechas de incorrecciones. El presidente Alan García se aproximó a Israel para que le ayudara a silenciar el asunto. Gorriti no cedió. La policía peruana tuvo que enviar a un equipo, liderado por el general Mario Obregón, a Israel para inspeccionar los vehículos.

El equipo reportó al gobierno peruano que había inconsistencias en los números de registro de chasís de varios vehículos. También halló que estaban equipados con cajas automáticas en vez de manuales, como había sido acordado. Hace una semana, el presidente García anunció que cancelaba el contrato. El viceministro del Interior, Torres renunció y analistas políticos en el Perú creen que los días de Salazar en el cargo están contados. Aparentemente, la policía peruana ya ha pagado a Hatehof la mayor parte del dinero, casi $ 5 millones de dólares. Respuestas: el ministerio de Relaciones Exteriores (de Israel) declinó a comentar. El ministerio de Defensa afirmó que como el contrato incluye vehículos clasificados como civiles, no requería la aprobación del ministerio.

El presidente de Hatehof, Shimon Shaham, declaró: “Hatehof legítimamente y legalmente ganó un concurso para proveer dos tipos de vehículos blindados a la Policía Nacional del Perú, valorados en $ 11 millones de dólares. De esa cantidad, $5.3 millones eran para los vehículos a los cuales nos referimos en este texto. A raíz de un escándalo mediático, una delegación de funcionarios encabezados por el subcomisionado de la policía del Perú visitó la planta de Hatehof y revisó cuidadosamente los reclamos y las especificaciones –y se descubrió que no había mancha alguna ni se encontró base para los reclamos que se hicieron. En el vehículo que es material de esta columna, hay agregados y capacidades significativamente mejoradas, y ése es el origen del cambio de precio.

Hatehof no estaba ni está involucrado en el contrato anterior y su nombre fue injustamente mencionado en el asunto que implica a ISDS y la policía peruana”. Leo Glesser dijo que él no tiene interés en disputar con las compañías de Israel; él solo quiere que el gobierno del Perú honre su acuerdo con él o lo compense como exige la ley.

Notas relacionadas:

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