Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2206 de la revista ‘Caretas’.

Soldado y estadista

NO faltan soldados-estadistas a lo largo de la Historia. Se hacen más escasos, sin embargo, en las sociedades democráticas, donde solo el voto lleva al poder y la ley regula su ejercicio. Pero los ha habido y los hay. Todos aprendieron a ser soldados primero, y luego supieron desaprender lo necesario para convertirse en estadistas.

Estuve pensando sobre el tema mientras borroneaba una evaluación de los primeros cien días en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Me imagino que a estas alturas todos ustedes estarán empachados de esas evaluaciones, y yo también. Entonces solo diré que este primer trimestre de gobierno ha sido en general bueno.

Para los asustados, este lapso ha sido tranquilizador; y para los esperanzados no ha sido decepcionante. Desde la ley de consulta previa hasta la mano dura con Telefónica, el mensaje ha sido casi siempre coherente: pragmatismo y cautela en la Economía, democracia en la forma y en el fondo, empatía (a riesgo del lugar común) con el pueblo y con los pueblos, mensaje claro de que el Estado no solo respeta las leyes sino también las hace cumplir, especialmente a los grupos que desde el fujimorato actuaron bajo la implícita premisa de que la ley era lo que se le exige a los demás.

Cien días es muy poco tiempo como para formarse una idea de lo que vendrá, y las tendencias pueden cambiar. La gente y los gobiernos empiezan a conocerse mejor cuando se cansan las sonrisas; cuando se va el frescor y toca bañarse y lavar la ropa.

Los gobiernos no solo se observan sino también se huelen. Vásquez Montalbán definió con un solo trazo memorable al franquismo: “… era feísimo (…) daba la impresión de que a todo el mundo le olían los calcetines”.

¿Qué olores describen mejor a los regímenes anteriores en este país? Respecto del montesinato y fujimorato se me ocurren algunos, pero esta es una Revista familiar. En cuanto al muy nuevo gobierno de Humala, me parece que todavía puede calzarse o descalzarse sin temor. ¿Y los escándalos y escandaletes de corrupción no le dan ya un cierto toque pecorino? Creo que no. Aunque se ha dejado atollar en el caso Chehade, la reacción del Gobierno ha sido, grosso modo, la adecuada, especialmente la del Presidente y la de su esposa, Nadine Heredia.

En resumen, el nuevo gobierno tuvo un primer trimestre entre aceptable y bueno en casi todos los sectores. Excepto en dos: Defensa e Interior. Es decir, en los ministerios de seguridad.

Es que hay dos estilos de gobierno diferentes: el que se aplica en el sector civil y el que rige para las Fuerzas Armadas y la PNP. En el manejo del primer sector se percibe a un estadista, todavía precario, pero con la dirección correcta y las condiciones apropiadas. En los sectores de seguridad, sin embargo, la sensación es la de un soldado (con su sombra) absorto en una microgerencia de horizonte estrecho.

ENTIENDO que parezca paradójico o se sienta contraintuitivo, pero creo que el presidente Humala debería alejarse (y alejar a su asesor, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte) de la conducción directa, detallista de las FFFAA (sobre todo el Ejército) y la PNP. Especialmente de lo que, en la última parte de cada año, moviliza las mejores habilidades estratégicas, los planes y campañas más complejos, las estratagemas, emboscadas y operaciones psicológicas más elaboradas: La lucha de promociones y de armas y, al final, de grupos e individuos en las silenciosas pero cruentas sillas musicales del ascenso o el retiro; el provecho o el ahuesamiento.

Estas son las etapas de los anónimos y las intrigas, de la búsqueda de protección y padrinazgo. Lo que debería ser un proceso meritocrático fluido y claro es cualquier cosa menos eso. Y si antes no era precisamente bueno, la época de Montesinos y Fujimori, perversa y corrosiva, dejó una marca infecciosa hasta hoy.

Los años pasados no fueron buenos, salvo excepciones, en el manejo de la Fuerza Armada. Ha habido, de nuevo, con excepciones, altos niveles de corrupción y bajos niveles de rendimiento en el comando. Pero por lo menos los mandos militares no tenían que mostrarle u ofrecerle sujeción a ningún asesor en seguridad sin responsabilidad formal ni cargo definido. La memoria de Montesinos estaba demasiado cerca. De hecho, sigue estando demasiado cerca como para ignorarla.

Por eso, no es en absoluto conveniente para el gobierno que el asesor Villafuerte –y también el presidente Humala– se dediquen al micromanejo de ascensos, retiros y colocaciones. El camino saludable en toda democracia que funciona bien, es el de la intermediación de ministros civiles entre las FFAA y la Policía con el presidente de la República.

Nadie duda, ni por un minuto, de que el Presidente es el jefe supremo de las FFAA y la PNP. Y como tal, debe estar bien informado para que sus decisiones, en el nivel que le corresponde, no solo sean finales sino certeras e inteligentes. Pero para eso necesita perspectiva y ésta requiere una cierta distancia de la atmósfera cerrada de las instituciones verticales. El Presidente debe tener la perspectiva global del Estado, sin la influencia ni la visión de túnel de la promo, el arma y, en algunos casos, de los pasados rencores.

Eso es particularmente importante ahora, cuando hay cuatro generales de la promoción de Villafuerte en los cargos más altos del Ejército (Ripalda, Moncada, Cabrera y Farach). Y cuando un número alto de miembros de la promoción del Presidente ascendió al grado de general.

EN el Interior, las cosas no han sido mejores. Una amputación mayor se ha presentado como ‘reingeniería’ y detrás de ella parece haber todos los viejos vicios que se dan cuando el Ejército toma el control del ministerio del Interior. Lo primero que hace es debilitar y subordinar a la Policía. El coronel Villafuerte podrá recordar, por ejemplo, la gestión del fujimorista general Saucedo en el ministerio del Interior y darse cuenta de lo desastroso que al final resulta ese camino.

Hay cosas que parecen astutas en el momento pero que a la larga terminan siendo contraproducentes y tóxicas. Por eso, hay ya muchas razones para preocuparse por la manera en que se maneja el sector de seguridad.

¿Que el Presidente es militar y que resulta lógico que se preocupe por lo que conoce? Sí, claro que es lógico. Pero, ¿sabe el Presidente lo que se dice de un abogado, por bueno que sea, que se defiende a sí mismo? Que tiene un tonto como cliente.

Los soldados que se convirtieron en grandes estadistas tuvieron que subsumir al soldado en el estadista. El presidente Humala admira a De Gaulle y tiene ahí el ejemplo del gran General cuando decidió que la guerra de Argelia debía terminar y no dudó en enfrentar a sus mandos militares. Tuvo la distancia como para ver el interés de Francia mientras los generales quedaban distorsionados por la visión corporativa.

El general George Marshall no llegó a ser Jefe de Estado, pero tuvo la capacidad de convertir su talento militar en la excepcional capacidad del estadista que guió la reconstrucción de las naciones devastadas por la guerra, incluyendo las que él contribuyó señaladamente a vencer. Un gran soldado terminó siendo un mejor estadista cuando supo pensar y actuar como tal.

Humala nunca dejará de ser soldado. Y eso está muy bien. Pero ahora y por lo menos durante los siguientes cinco años, le toca ser estadista.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Columna de reporteros

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2202 de la revista ‘Caretas’.

La Purga en la Policía

HAY palabras que justifican cualquier cosa. ‘Reingeniería’ es una de ellas. Es que se puede llamar así casi a todo. Desde una reforma hasta una purga. La evocación de engranajes y mesa de diseño que contiene el término oculta la posibilidad de que en ella surja un Frankenstein.

El ministro del Interior, Óscar Valdés, ha justificado el abrupto pase al retiro de 30 generales de la Policía como “el inicio de una reingeniería en esa institución con el objetivo de establecer una pirámide meritocrática”.

Valdés insistió que “esta es una medida estudiada, es una reingeniería”, que era “indispensable para enfrentar los problemas del terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana”.

¿Cómo surgió la ‘medida estudiada’? El 18 de agosto, el presidente Humala ordenó (esa fue la palabra que utilizó) al ministro del Interior, una “evaluación del desempeño de los generales que conforman el alto mando policial”, en el plazo de 60 días.

Eso ocurrió durante la primera sesión, bajo el nuevo régimen, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presidencia fue asumida por el propio Humala con el objetivo, precisamente, de mejorar la situación de seguridad ciudadana.

De manera que, en un sentido literal, Valdés cumplió la orden incluso con antelación. Y antes de los 60 días se pasó de la evaluación a la ejecución.

De un día para el otro se pasó al retiro a 30 generales. Quedan ahora 18 en servicio activo. (Y otros ocho de servicios).

¿Era necesaria una poda tan radical, de pasar al retiro el 63% de los generales en actividad?

Una poda era necesaria. Incluso muy necesaria.

Pero hay más de un problema con esta poda. O, más bien, con esta purga.

Si la “reingeniería”, es decir, la purga de Valdés se hizo para mejorar la seguridad ciudadana, ¿por qué se mandó al retiro al general más capacitado en problemas de seguridad ciudadana en el Perú?

Y si la “reingeniería” es para enfrentar y disminuir la corrupción, ¿por qué se pasó al retiro a un general que el año pasado impuso rigor a un coronel que se presentó borracho al servicio durante las elecciones regionales de 2010, y se dejó en el activo al sancionado que, pese a su descalificadora falta, logró ser ascendido a general a fin del año pasado por el régimen de García?

El único criterio que definió la purga fue el cronológico: si eres más antiguo en el grado de general que Raúl Salazar, el nuevo director general, estás fuera. Si eres más reciente (de dos años para abajo en el puesto), bueno o malo, te mantienes en servicio activo.

Se dirá que cuando se nombra a un general como director general (en el caso de la PNP) o comandante general (en el caso de las FFAA), los más antiguos en el grado pasan necesariamente al retiro.

Pero entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Poner a generales junior en el comando o mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción?

Hasta ahora, lo único claro es que en el Ministerio del Interior, además de la inexperiencia, ha regido la arbitrariedad como sistema.

Eso puede servir a muchas cosas: a agendas ocultas, por ejemplo; pero no sirve ni servirá para luchar eficazmente contra la criminalidad o para combatir la corrupción que padece la Policía (y la Fuerza Armada también, no se olvide ni por un momento).

Que hablen los hechos: Entre todos los generales de la Policía en actividad hasta el fin de semana pasado, no cabe duda que el mejor preparado, y con distancia, en temas de seguridad ciudadana, era el general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui. Arteta conocía mucho mejor que cualquier otro general en actividad (y no se diga ministro), los principios y la praxis de la policía comunitaria. Ya he escrito cómo su éxito en La Libertad, en los meses previos a los procesos electorales de 2010, hizo que algunos caciques apristas del departamento, sobre todo Luis Alva Castro, presionaran para que lo saquen y pongan a otro jefe más sumiso y maniobrable.

PESE a las protestas de las juntas vecinales de Trujillo, Alan García ordenó sacar al general del puesto. Arteta fue enviado a Tumbes, porque más al norte ya no se podía, donde permaneció hasta la salida de García. Luego, como parte de los cambios súbitos de destino que se han dado desde que Valdés asumió el ministerio, Arteta se halló destinado a la recién creada jefatura de Lima Norte. Parecía no solo una reivindicación para un maltrato que fue fruto de la inmoralidad política, sino la oportunidad de poner en práctica los principios de policía comunitaria en el área norte de la capital.

Se trata, en esencia, de los mismos principios, de cercanía con la población, de trabajo con sus organizaciones, que, en ciudades como Rio de Janeiro, por ejemplo, han logrado progresos que las medidas punitivas, militarizadas, no consiguieron jamás.

Pero, menos de un mes después de nombrado, el ministro mandó bruscamente al retiro (sin siquiera la cortesía de una carta personal) al mejor general en el campo de seguridad ciudadana.

El otro hecho mencionado: en octubre del año pasado, el entonces coronel PNP, Adolfo Semino, que servía en el Frente Huallaga, fue sancionado con un año de pase a disponibilidad por una “infracción muy grave”: haberse dedicado al “consumo de bebidas alcohólicas” cuando se encontraba como comando operativo durante las elecciones municipales. El jefe del Frente Huallaga ese año, bajo cuyo mando estaba Semino, fue el general Marlon Savitsky.

Pese a su sanción, Semino ascendió a general, mediante los juegos de influencias que definieron buena parte de los ascensos policiales altos durante el régimen aprista. El general Savitsky, a su turno, después de un buen desempeño en el Huallaga, pasó a hacerse cargo de la jefatura policial de Trujillo.

Ahora, Savitsky ha sido pasado al retiro y Semino se ha quedado. Brillante faena del reingeniero Valdés, ¿no les parece?

HAY que observar, empero, que el pase al retiro de varios de los 30 generales estuvo justificado. Por corruptos, incompetentes o ambas cosas a la vez. También es totalmente cierto que había una inflación de generales. (Algo no muy diferente, de paso, tanto en corrupción como en inflación, sucede en el Ejército).

Pero, dado el problema, ¿a quién se le ocurre descabezar en grupo, a los mejores junto con los peores, a los buenos junto con los malos? Así, ¿se quiere mejorar la institución o se quiere debilitarla?

¿Cuándo sucedió algo similar? En 1990, luego que Fujimori asumiera la Presidencia. Montesinos hizo nombrar a un militar, el general Adolfo Alvarado Fournier, como ministro del Interior y poco después vino la purga. Salieron algunos malos junto con policías excelentes. Entre estos últimos estuvo el hoy jefe del CORAH, el general PNP (r) Juan Zárate Gambini. Entonces, alguna gente no comprendió qué pasaba. Ahora, hasta los que estuvieron de excursión por Ganímedes lo saben.

El presidente Humala juró que tanto Interior como Defensa iban a tener ministros civiles. Al nombrar a dos militares retirados, no faltó formalmente al juramento. Pero la experiencia demuestra que es un grave error poner a militares, en actividad o retiro, a dirigir la Policía. Ha habido muchos y, salvo escasísimas excepciones, la mayoría ha sido un desastre: Artola, Richter, Velit, Alvarado Fournier, Malca, Villanueva Ruesta… El objetivo de muchos de esos militares fue tener una Policía envilecida y sojuzgada. En varios casos lo consiguieron, aunque nunca dejó de haber magníficos policías, así como hubo y hay extraordinarios militares.

Se dirá que ahora es diferente. Que el sojuzgamiento de la Policía por los militares ya no sería un atavismo, ni un gen recesivo, sino una tara. Pero lo que se ve no es tranquilizador.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Columna de reporteros
• Columna de reporteros

Daniel Maurate, jefe la Dicscamec (Foto: terra.com.pe)

Antes de terminar de sentarse lo remueven. Es inminente la destitución del recientemente nombrado jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), Daniel Maurate, según indicaron fuentes confiables a IDL-Reporteros.

La semana pasada, la periodista Fabiola Torres de El Comercio reveló que Maurate, ex candidato al Congreso por Gana Perú, adulteró certificados de experiencia académica y laboral para ser contratado, en 2007, como asesor legal externo de la municipalidad de Independencia. En junio de 2008 la procuradora Nilda Yañez, según informó el diario, denunció a Maurate y a otros funcionarios públicos por los delitos de negociación incompatible, utilización indebida de recursos y falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal externa. Al cabo de dos meses la denuncia fue archivada.

En 2007, Maurate conformó el estudio jurídico Peláez Bardales, Cárdenas Martínez & Maurate Romero con el hermano del fiscal de la Nación, Mariano Peláez, quien falleció este año. Maurate, que aún figura como gerente del bufete, patrocinó a la empresa Bruce Grupo Diversión, investigada por lavado de activos y que presidió el ciudadano chino Liu Ping Chang, buscado por la Interpol.

En 2008 asumió la defensa del destituido juez Carlos Mori, quien cobró una coima de mil 500 soles para autorizar un desalojo cuando estuvo a cargo del módulo básico de Condevilla, en San Martín de Porres.

El congresista Renzo Reggiardo, a cargo de la Comisión de Seguridad del Congreso, indicó a IDL-R que el miércoles a las 8 de la mañana habrá un desayuno de trabajo en el ministerio del Interior en el que participarán el ministro, los integrantes de la comisión y el director general de la PNP. Uno de los puntos a tratar será la designación de Maurate.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Combustible para volar

Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Foto: IDL-Reporteros).

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

Por Romina Mella.-

Los funcionarios involucrados en la compra de portatropas para la Policía a la empresa israelí Hatehof, sobrevalorada en casi 2 millones de dólares, protagonizan un nuevo capítulo en esta historia.

Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Mininter) durante la gestión de Octavio Salazar, fue presidente del comité especial que tuvo a su cargo el proceso de compra de los 31 portatropas,  13 blindados multipropósito y 11 motobombas (pinochos) rompe-manifestaciones. Todos ellos para ser supuestamente enviados al VRAE.

El 14 de febrero de 2010, IDL-Reporteros publicó la primera entrega de una serie de reportajes donde reveló que los camiones portatropas que el Mininter le había comprado a la compañía israelí, a 171 mil dólares cada uno, eran los mismos portatropas Abir que el ex ministro Luis Alva Castro se negó a recibir, en julio de 2007, bajo el argumento de un sobreprecio. En ese momento los vehículos costaban 107 mil dólares.

Cuando se destapó el caso, Samuel Torres, entonces viceministro de Gestión Institucional, defendió la compra bajo distintos argumentos. Octavio Salazar (ahora congresista por el fujimorismo) trató de encubrir a los funcionarios involucrados e hizo todo lo posible por ocultar un informe elaborado por el entonces director de Logística de la Policía, general PNP Mario Obregón, luego de una inspección a la planta de Hatehof, en Nazaret, en el que afirmó que los portatropas no cumplían con las especificaciones técnicas.

Samuel Torres, ex viceministro de Gestión Institucional del Mininter (Foto: IDL-Reporteros).

En junio del año pasado, el ex presidente Alan García anuló la compra. Eso provocó la renuncia de Samuel Torres, quien acaba, sin embargo, de retornar al Estado con el nuevo gobierno. Esta vez como secretario general del ministerio de Justicia.

Pese a la anulación del contrato con la compañía israelí, Hans Heysen continuó como jefe de Abastecimiento, incluso en los primeros meses de la gestión del general PNP (r) Miguel Hidalgo como ministro.

El 21 de febrero pasado, mediante una resolución ministerial, Hidalgo dispuso que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios investigara a Heysen, por la adjudicación de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE.

Sucede que el 4 de diciembre de 2009, el mismo día que el Mininter le dio la buena pro a Hatehof por los portatropas y blindados multipropósito, también lo hizo con la empresa mexicana Quiroga Trucks para la adquisición de 11  motobombas rompe-manifestaciones.

Diez días después se anuló la buena pro concedida a la compañía mexicana debido a que no eran fabricantes de motobombas de tipo policial sino únicamente de uso civil.

El pedido de anulación vino de la División de Transportes de la Dirección de Logística de la PNP. En los requerimientos enviados al Mininter para la elaboración de las bases técnicas habían sido claros en pedir pinochos de uso policial y que la empresa seleccionada tenga experiencia en su fabricación.

Ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo (Foto: Andina).

Luego de un proceso de investigación que duró cerca de cinco meses, Hidalgo sacó una resolución ministerial el 27 de julio pasado en la que resolvió sancionar a Heysen con una destitución, lo que implica una inhabilitación de no menos de 3 años para ejercer cualquier función pública.

Heysen presentó un recurso de reconsideración y en menos de un mes el nuevo gobierno se pronunció sobre su caso.

Este martes el ministro Óscar Valdés firmó una resolución en la que determina sancionar a Heysen “con cese temporal sin goce de remuneración por doce meses”. Y como ya no se desempeña como jefe de abastecimiento desde febrero de este año ni ocupa cargo alguno en el ministerio, la sanción queda sin efecto.

Lo interesante es que la actual secretaria general del Mininter, Rosario Torres Benavides, que elevó el caso Heysen al ministro, es la hermana del ex viceministro del Interior Samuel Torres, quien tuvo como uno de sus principales colaboradores a Heysen.

IDL-R intentó comunicarse con Rosario Torres, pero no obtuvo respuesta.

¿Sabía el ministro del Interior de este conflicto de intereses? IDL-R le hizo llegar las preguntas sobre el caso pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Actualización informativa: carta notarial de Hans Heysen y respuesta de IDL-Reporteros.

IDL-Reporteros recibió una carta notarial del ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior, Hans Heysen, en la que afirma, entre otras cosas, que la resolución emitida por el ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo, en la que resuelve sancionarlo con una destitución (es decir, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo como funcionario público en no menos de tres años) por la frustrada compra de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE , “es un hecho claro de abuso de autoridad, a todas luces mal intencionada contra mi persona, pretendiéndose afectar mi derecho constitucional a trabajar libremente”.

Asimismo, Heysen indica que ha interpuesto un recurso de reconsideración, a raíz de la resolución ministerial del actual ministro, Óscar Valdés, que resuelve que sea sancionado con un cese temporal del cargo sin goce de haber durante un año.  “No ha existido fundamentación que haya motivado una apertura de investigación disciplinaria”.

IDL-Reporteros, al publicar esta carta notarial se reafirma en todo lo publicado en este caso.

Carta Notarial de Hans Heysen

Notas relacionadas:

• Cutras de Córpac
• Columna de reporteros
• Fiscalía inicia investigación

Por Gustavo Gorriti.-

Fue una acción que guardaba sorpresas. Cerca de las 3 de la tarde del 17 de febrero pasado, un destacamento de 15 “sinchis” de la base de Mazamari intervino el grifo ‘Moralitos’ en Pichanaki. Ahí, encontraron 2 mil 260 galones del inequívocamente ilegal kerosene, cuya gran demanda zonal procede fundamentalmente de las pozas de maceración del narcotráfico.

Era una captura muy importante de insumos químicos necesarios para el narcotráfico. Si se hubiera trasvasado todo el contenido a cilindros de 55 galones, se hubiera necesitado 41 de ellos para cargar el combustible incautado.

En las pozas de maceración del narcotráfico, se necesita 4.5 galones de kerosene para obtener un kilo de pasta básica a partir de 100 kilos de hoja de coca. De manera que lo incautado era potencialmente suficiente como para obtener media tonelada de pasta básica de cocaína.

El fiscal especializado anti drogas, Erwin Rojas, estuvo presente en la intervención, que fue reportada poco después por varios medios, sobre todo regionales, como la extraordinaria captura de insumos químicos que, en efecto, fue.

Pero hubo cosas raras desde el comienzo. El kerosene es por lo general rojizo y este era de un color levemente amarillento. De otro lado, el grifo ‘Moralitos’ está a menos de una cuadra de distancia de la comisaría de Pichanaki; y que se sepa, no había una epidemia de ceguera en esa comisaría.

De hecho, no. Porque poco después de iniciada la intervención, llegó la camioneta de la comisaría (la HC-2329) con varios policías a medio uniformar, uno de los cuales –según un parte de la intervencíon– se presentó como comisario de Pichanaki. Al enterarse de la presencia del fiscal, sin embargo, se retiraron del lugar con fluida rapidez.

¿kerosene o kirosina?

La acción antidrogas en Pichanaki fue, en realidad, resultado de una operación de inteligencia del Frente Policial VRAE, que recorrió en sentido opuesto el camino de los insumos químicos desde, casi literalmente, las pozas del VRAE a los centros de abastecimiento mayorista.

Todo indica, por eso, que el fiscal Rojas tenía entonces ya la suficiente información como para saber que se trataba de una importante operación que, antes que un fin en sí misma, era más bien el comienzo de otra mayor.

Por eso, el fiscal Rojas incautó todo el combustible junto con dos computadoras y ordenó el cierre del grifo y el arresto del administrador, Hosni Lara; de su asistente, Santa Pardo; y del despachador, Jhon Hernández. La dueña, Rosmery Cahuana Vasco, no fue encontrada.

El combustible incautado fue puesto bajo custodia en la base policial de Mazamari. Ese mismo día, algunas de las fuentes de información de la Policía afirmaron que lo incautado no era kerosene doméstico sino “kirosina”, o turbo, o Jet A-1, (todas denominan el mismo producto) el altamente refinado kerosene que se usa como combustible para helicóptero.

El fiscal Erwin Rojas tomó entonces –según ha podido conocer IDL-R (reporteros.pe) de fuentes con conocimiento de causa– la decisión de enviar muestras selladas y lacradas del combustible a por lo menos tres instancias técnicas diferentes, para determinar con el menor margen posible de error, si lo que había capturado era el simple kerosene; o si se trataba del turbo, la ‘kirosina’, el combustible para los helicópteros destinados a combatir a Sendero y el narcotráfico en el VRAE, pero que también podía ser usado para el procesamiento de la coca en pasta básica de cocaína en las pozas de maceración.

Investigaciones y silencios

En el mapa resaltados Satipo, Mazamari y Pichanaki.

En la Policía y las Fuerzas Armadas, todo aquel que tuvo información sobre lo incautado, se dio cuenta del significado y las consecuencias posibles de esa investigación. Otros datos de inteligencia indicaron que la cantidad de combustible traficado era todavía mayor: alrededor de cuatro mil galones (potencialmente suficientes como para procesar 88,000 kilos de hoja de coca en 888 kilos de pasta básica).

Si eso resultara cierto, las conclusiones resultaban inevitables: las fuentes posibles de aprovisionamiento eran muy pocas. Aparte de la  improbable circunstancia de que el aprovisionamiento proviniera de una compañía civil, las fuentes más probables eran la Policía o la Fuerza Armada.

En Satipo, el Ejército tiene una estación de recarga de combustible de Jet A1 o turbo. También lo tiene la Policía en la base de Mazamari.

Todo aquel que supo sobre el tema tuvo claro que la cantidad de combustible incautado no podía haber sido vendido por personal subalterno. Si se comprobaba que se trató de combustible para aeronaves, ello implicaba la existencia y el funcionamiento de una mafia traficante dentro de la institución afectada.

El que eso pudiera darse dentro de la zona de operaciones del VRAE agravaba y agrava considerablemente el asunto.

Por eso, mientras se tendía una cortina de silencio público en torno al caso, empezó una carrera febril de investigaciones paralelas.

Ministro de Defensa, Jaime Thorne, en cabina de aeronave (Foto: ANDINA).

El ministro de Defensa, Jaime Thorne, se enteró pronto de la incautación en Pichanaki.

“Mandé al día siguiente al Inspector del ministerio de Defensa [el general FAP (r) Jorge Kisic] para que investigue qué pasó”, dijo Thorne en entrevista telefónica con IDL-R el viernes 4 de marzo. “Todavía no he recibido resultados [del peritaje] Estoy esperando el resultado”.

El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, recibió la información aún antes que Thorne. “A mí me llegó [la información] e inmediatamente ordené que se la envíe a [el jefe de la Dirandro, general PNP Carlos] Morán, porque la unidad depende de él”, refirió Hidalgo a IDL-R en otra entrevista por teléfono el mismo día viernes”.

Ministro del Interior Miguel Hidalgo en Mazamari (Foto: Andina).

“He sido muy preciso en términos de que se haga la investigación” sostuvo Hidalgo.

Mientras Kisic y Morán iniciaban la volátil investigación, altos oficiales del Ejército se abocaban a lo mismo. De acuerdo con fuentes bien informadas de esa institución, el jefe del Frente VRAE, general de división EP Víctor Montes, viajó a Satipo e inquirió en detalle sobre el tema con los encargados de administración y abastecimiento de combustible en esa ciudad.

General FAP (R) Jorge Kisic (Foto: Archivo La República).

IDL-R tratará de precisar en los días siguientes en qué consistió y cuáles fueron los resultados de esa investigación.

A su vez, el inspector de Defensa, Jorge Kisic, viajó a la zona poco después de la incautación.

“Fui a Pichanaki con dos oficiales” dijo Kisic a IDL-R, “Vi el grifo. Conversé con la gente…”.

Kisic sostiene que no hay sustancia en la acusación. “Este es un tema de celos entre la PNP y la FFAA en el VRAE” dijo. “El general Montes fue, investigó y puso de cabeza al técnico a cargo de la estación de recarga en Satipo, donde hay un bladder… y dice que no hay indicio de que se trate de tráfico desde ese sitio”.

Si hubiera habido ese tráfico, argumenta Kisic, “eso tendría que haberse llevado con cisterna… y el EP no tiene control de cisternas [sic]” en la zona.

Sobre la presunta falta de colaboración de la Policía, Kisic indicó que en Mazamari “hay un coronel PNP Lúcar, con quien se entrevistó el capitán de navío Caballero [que trabaja en Inspectoría de Defensa con Kisic] y ayer Lúcar me dijo que no había resultados [sobre el peritaje al combustible]”.

El oficial que menciona Kisic es el coronel PNP Humberto Lúcar, jefe de la base sinchi de Mazamari.

Cabe la posibilidad de que Lúcar no conociera sobre el peritaje, pero éste fue entregado al ministro del Interior el miércoles 2 de marzo. En forma paralela, según ha sabido esta publicación, el peritaje fue remitido al fiscal Erwin Rojas, en Mazamari.

IDL-R consiguió una copia del peritaje, que publica aquí.

El documento está redactado y escrito con todo el cuidado posible por químicos que se percatan de lo explosivo que es el material que analizan.

Pero el peritaje, en medio de su cautela, es elocuente y revelador.

Hay signos de presencia de combustible Turbo (Jet A-1) en las muestras analizadas.

Quedan otros peritajes pendientes. Se hace necesario determinar los porcentajes de turbo y de kerosene, pero la presencia del combustible de aeronaves ha sido diagnosticada en el combustible incautado en Pichanaki.

Entre tanto, en Mazamari, el fiscal Erwin Rojas ha recibido la autorización del juez para extender una semana más las investigaciones. IDL-R supo a través de fuentes de los organismos de seguridad, que la investigación fiscal comprende ahora a los miembros del Ejército que manipularon el combustible desde el año pasado.

Según información obtenida por IDL-R, la Dirandro entregará este miércoles 9 el atestado de la investigación policial sobre el caso. Al día siguiente, el fiscal Rojas hará lo propio con la investigación fiscal, al vencerse el plazo legal para ese efecto. Todo indica que, dada la complejidad del caso, Rojas pedirá una ampliación suficiente como para profundizar en el interrogatorio de los todavía no capturados dueños del grifo y del personal militar encargado del abastecimiento de combustible.

Según  IDL-R ha podido averiguar, el galón de turbo tiene un precio en el mercado negro del Huallaga y el VRAE que fluctúa entre los 80 y los 120 soles el galón.

Los 2 mil 260 galones incautados tendrían entonces un valor de más de 200 mil soles en el mercado negro de la droga. Es probable, sin embargo, que se hayan vendido por menos.

¿Cómo se desaparece 2 mil 260 (o 4 mil) galones? La experiencia del caso de los generales gasolineros indica que se lo hace inventando misiones. Es decir, con horas de vuelo fantasmas.

Eso no es tan fácil, puesto que debe existir un registro de horas de vuelo que corresponda al combustible dispensado.

Una hora de vuelo del helicóptero ruso Mi-17, por ejemplo, consume 220 galones de turbo o kirosina. El Mi-17 necesita unas tres horas y media (algo más de 800 galones) para cubrir, por ejemplo, la distancia entre Arequipa y Lima, o entre Tingo María y Caballococha.

Lo incautado bastaría para más de 10 horas de vuelo. Algo que no es fácil de ocultar si se hace una inspección rigurosa de los datos de vuelo.

Y eso es lo que debe hacerse, pues este caso debe investigarse con energía y con total claridad. Debe ser, además, rápida y en la medida que la ley lo permita, transparente.

Porque si resulta que el combustible que la nación pagó para que las aeronaves del Estado intervengan en las campañas contra Sendero Luminoso y contra el narcotráfico, fue desviado en alta cantidad para procesar cocaína, el delito no solo sería enorme, lindante con la traición al país, sino implicaría una cadena de responsabilidades que ni por asomo se agotaría en los subalternos de una estación de recarga.

No habrá certeza alguna hasta que la investigación concluya. Pero ya hay signos irrefutables de evidentes anormalidades. Ahora hay que averiguar hasta dónde llega la responsabilidad de cada cual.

Notas relacionadas:

• Lo que adujo el Mininter para anular el contrato
• Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra
• Los cinco mil galones: el atestado

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Hoy, jueves 25 de noviembre, he publicado, en el número 2157 de la revista Caretas, un artículo sobre “la taxonomía” de los ministros del Interior. Hice mi primera entrevista a un ministro en 1981, para Caretas, en el mismo despacho de Córpac por el que habrían de pasar luego tantos otros en camino a una casi segura frustración. ¿Qué tenían en común? La nota que sigue ensaya identificar algunas tipologías en ese cargo donde se suele resbalar casi igual que en la casa del jabonero.

Taxonomía ministerial

La tranquilidad de los pueblos es compleja, pero la de los gobernantes es relativamente simple. Depende de tres factores, en posible orden de importancia: seguridad, popularidad y prosperidad. Por eso son tan importantes los ministros del Interior.

Ellos, los ministros del Interior suelen ser una categoría aparte en el ámbito ministerial. Ya no estamos en los tiempos en los que la manera apropiada de discutir sobre su gestión –con miedo matizado con desprecio– era conversando en la Catedral. Ahora, los ministros causan mucho menos miedo y provocan también menos desprecio. Pero aún así, existe una suerte de maldición endémica en Córpac a la que algunos sobreviven y otros sucumben.

Hay varias razones. La primera es el choque de culturas. El ministerio tiene bajo sus órdenes a la Policía pero también varias direcciones cruciales en el manejo civil del Estado. Cuando un civil asume el ministerio del Interior, se convierte de un momento al otro en una suerte de mariscal de la Policía. Es un mariscalato embriagador que suele culminar en temibles resacas.

Civiles que en muchos casos han mandado, con suerte, a sus mascotas, se encuentran de pronto rodeados por policías obsequiosos listos, en apariencia, a obedecer sus órdenes y atender a sus caprichos. Claro que el camino de las obediencias obsequiosas está sembrado de cazabobos. Si el ministro, o la ministra, no es particularmente corrupto pero sí enamorado del poder tajante sobre organizaciones verticales, su creciente autoridad irá acompañada por una paulatina exasperación y ésta a su turno por una multiplicada responsabilidad. Hasta que algo les revienta entre las manos y, aún chamuscados o chamuscadas, se encuentran a sí mismos asustados, sin cargo, sin Policía y sin poder.

Los policías que llegan en estos tiempos a ministro no son tan fácilmente mareables por el súbito mariscalato. Conocen a su institución y sus mañas, suponen que a ellos no los engatusan tan fácilmente, incluso cuando el salto al ministerio, pese a que representa nada más que subir del tercer al cuarto piso del viejo edificio de Córpac, los hace de repente ver a su instituto como desde lo alto de un rascacielos.

Pero el antiguo policía y hoy ministro tiene que tomar decisiones políticas para las que con frecuencia se encuentra tan preparado como un impávido Yanomami frente a la influenza. Varios dicen primero tonterías y después las hacen. Otros invierten el orden de factores que en este caso sí altera el producto.

El ex policía tiene otro problema: es producto de su pasado en mucho mayor grado que su predecesor (o sucesor) civil. Pertenece a una promoción que súbitamente se siente con derechos comunitarios a los beneficios subsidiarios del cargo. Proviene de una de las tres antiguas policías (o, como se prefiere llamarlos ahora, de uno de los ‘códigos’). Sus compañeros (y no se diga de los más veteranos) sienten que ha llegado el momento de reivindicar a la vieja alma máter y poner en vereda a las otras dos.

Pero todo eso tiene menos importancia que algo central en las instituciones verticales: el momento de la revancha frente a las enemistades internas, algunas tan viejas como los años lejanos en la Escuela; otras más recientes, pero todas rebosantes de inquinas represadas en el tiempo, que amargaron la boca, cargaron el aliento, retorcieron el píloro y que ahora ¡al fin! tendrán definitiva resolución.

Pero esa es otra ilusión hacia renovadas amarguras. La venganza no es completa y la guerrilla de maña contra maña no le va bien a un ministro. Y antes que terminen de darse cuenta, ese apasionamiento los tiene entregando el cargo y enfrentando la puerta de su casa y el porvenir más bien gris de general retirado.

Hay varias otras tipologías: el civil bruto, por ejemplo, infaltable, al que parecieran haber elegido por una cierta bastedad, una ordinariez algo zafia, que pudiera confundirse con energía y cuya sola elección revela el mal conocimiento y poco respeto por el sector que parecen tener la mayor parte de presidentes. Puede o no ser corrupto (la mayor parte o lo es o se convierte), pero su gestión será el producto de su inteligencia y dejará al sector, incluida la Policía, algo o mucho peor de lo que lo recibió. El efecto suele ser no solo externo sino frecuentemente sistémico.

Luego están los no clasificables, como aquel ministro del gobierno de Belaunde, que sintió que lo querían matar y que hizo construir un muro entre su escritorio y la ventana del despacho. Eso, por supuesto, lo hizo sentir cada vez más inseguro hasta que su salida fue más una fuga que una renuncia. O aquel otro ministro de Belaunde, el bonísimo aviador retirado que, cuando le dijeron (equivocadamente, pero él no lo supo), que tenían ubicado y rodeado a un presuntamente muy enfermo Abimael Guzmán, salió a ofrecerle públicamente la posibilidad de internarse en una clínica o de abandonar el país sin temor a ser arrestado. Es verdad que Belaunde y la mala información tuvieron algo que ver con esa oferta, pero el hecho es que si la bondad humana ganara guerras, habríamos tenido ahí a nuestro Sun Tzú.

Hay, por supuesto, los ministros predominantemente corruptos, que en los hechos no difieren mucho entre sí, sean civiles, policías o (como ha sucedido muchas veces) militares a cargo del ministerio. La función está llena de posibilidades de cutra más o menos inmune al descubrimiento. Hay fondos discrecionales de ‘inteligencia’; hay direcciones que manejan considerables posibilidades de soborno y, por supuesto, están las adquisiciones. Estas últimas son muy rentables para un corrupto, pero son a la vez las más investigables, las que hacen posible identificar al bribón con sus obras.

No he conocido muchos ministros del Interior que, a diferencia de los demás, dominen el cargo y no sean dominados por él. Pero los ha habido. Muy diferentes entre sí, con méritos y deméritos propios, pero con real control ministerial. Hubo unos pocos, con propósitos de reforma y modernización, en el gobierno de Toledo. Hubo solo uno en el primer gobierno de García.

Sobre el saliente ministro Barrios no faltó prensa en su corta gestión. Las revelaciones de Reporteros.pe; de Hildebrandt en sus Trece y de Peru21 fueron más que suficientes para destinarlo a la brevedad.

El nuevo ministro Hidalgo tiene, con suerte, un futuro funcional de ocho meses. Es un jefe de Policía que asciende al ministerio con el lastre del desgaste que sufrió en el cargo que ahora deja. Eso no es poco. Además, es de la misma promoción y, en consecuencia, del mismo código que otro ministro reciente, Salazar, que tuvo una gestión marcada por la ineficiencia, la corrupción y el ridículo (el caso de los pishtacos, por ejemplo). Su ventaja es, hasta ahora, la de contar con la confianza de Alan García, a quien le solucionó (con la ayuda de oficiales capaces y tecnología en préstamo) casos difíciles como el de los petroaudios y del espía Ariza.

Es también, junto con eso, una persona con habilidad ejecutiva y una cierta agudeza. Es mucho más obediente de lo que sería un ministro civil (incluso un aprista), lo cual pudiera no resultar tan positivo para el que es obedecido. ¿Tendrá, por ejemplo, Hidalgo, la capacidad de resistir presiones en el proceso de ascensos en curso? ¿Hará valer el mérito por sobre el mercado negro de ascensos, sobre todo para los grados altos? ¿Promoverá a los buenos o se resignará que le impongan a los lubricadores?¿Dedicará esfuerzos a mejorar el entrenamiento, los medios y el bienestar de la Policía, o dirá que sí a casi todo lo que le pidan, para asegurar alguna ventaja hoy o algún nombramiento luego? Digamos que no le va a faltar fiscalización.

Notas relacionadas:

• Negocios bajo el radar
• Contradicciones interiores
• Carta de la Universidad Continental de Ciencias  e Ingeniería

Por Romina Mella y Carlos Bracamonte (*).-

“No he hecho más que trabajar con honestidad (…) me despido de esta etapa con la frente en alto, rechazando el carácter de las especulaciones y evidenciando que creo en una nueva forma de hacer política”, dice la carta de renuncia irrevocable que Fernando Barrios Ipenza, hasta hace poco ministro del Interior, escribió al presidente Alan García.

Lo de “una nueva forma de hacer política” es discutible, pero si hubiera escrito “una nueva forma de hacer negocios”, no cabría sino coincidir con el ahora flamante ex ministro.

Según IDL-Reporteros ha podido averiguar, dos de las compañías de Barrios tuvieron una dramática mejoría empresarial a partir de julio de 2006, al empezar el gobierno aprista.

La prosperidad de esas empresas fue constante desde entonces, pues contaron con un cliente súbitamente interesado en contratarlas: el Estado.

Pero lo más interesante es que las compañías de Barrios no tuvieron que competir con nadie para conseguir los negocios con el Estado, pues más del 90 por ciento de sus contratos les fueron adjudicados ‘a dedo’. En la gran mayoría de casos ganaron la buena pro como postores únicos en procesos de menor cuantía y por acción directa; estos últimos no se registran en el SEACE (sistema electrónico de contrataciones del Estado). Gracias a eso, el éxito de Barrios en las contrataciones con el Estado durante el gobierno aprista pasó inadvertido.

Las dos compañías de Barrios en cuestión, la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería S.A.C. (UCCI) y la Asociación Promotora Educativa Continental (APEC), contrataron con el Estado para nada menos que capacitar a funcionarios públicos en adquisiciones y contrataciones con el propio Estado.

Conocimiento de cómo hacerlo, sin duda no les faltaba.

Ambas compañías facturaron al Estado apenas 31 mil soles el 2005. Pero su fortuna mejoró sustancialmente desde que Barrios asumió la presidencia ejecutiva de Essalud, en 2006.

Entre el 2006 y lo que va de este año, 92 sectores del gobierno central contrataron a las empresas del ex ministro. Fueron, si se quiere, contrataciones hormiga, pero fueron sumando.

Entre 2006 y lo que va de este año facturaron juntas al Estado por lo menos la suma de S/. 3’151,854.73.

No es una cifra fabulosa, pero no está nada mal si se lo consigue sin ninguna competencia y sin publicidad, de manera que nadie se ponga a pensar en conflicto de intereses.

Según el portal de Transparencia Económica del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los 3 millones de soles que ambas empresas han facturado al Estado, S/. 2’547,983 corresponden al gobierno central.  Dos de las entidades que han contratado más con ambas compañías son precisamente el ministerio de Economía y el ministerio Público.

Las contrataciones no cesaron cuando Barrios dejó Essalud y pasó a su cortísima gestión como ministro del Interior.

Ya IDL-Reporteros reveló en su publicación “Habilidad Gerencial” del sábado 6 de noviembre cómo la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería (de la que Barrios es presidente del directorio) ganó la buena pro para dictar dos cursos sobre gestión pública para funcionarios de la Dirección de Migraciones (Digemin) cuando Barrios ya era ministro.

Con apenas dos semanas en el cargo de ministro del Interior, su universidad se presentó como postor a una de las dependencias más importantes del sector Interior. Aquello ya no era solo un conflicto de intereses, sino una ilegalidad debido a que sus empresas estaban impedidas de contratar con cualquier dependencia del Estado por el cargo que ocupa en el gobierno. (Ver art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento).

La excusa que se dio entonces fue el de un “error” de una consultora (que resultó ser una empleada) luego separada de la empresa. Dicha empleada, Patricia Tenorio Lévano, desmintió luego a IDL-Reporteros, la versión de la hermana del ministro.

Patricia Tenorio, ex asesora de ventas de la Universidad Continental (Foto: IDL-Reporteros).

“A mí no me despidieron, yo renuncié porque me quitaron la cartera de Digemin al día siguiente de haber ganado la buena pro, y se la dieron a un vendedor antiguo. Me pareció algo deshonesto (…) Yo no tendría por qué saber que no se podía contratar con el Estado. A mí nunca me capacitaron ni me dieron un curso o posgrado sobre contrataciones. Nadie dijo: “Fernando Barrios es ministro del Interior y no se pueden hacer contratos con el Estado” (…) Después de la designación de Barrios se han dado compras directas con el Estado”, aseguró Tenorio.

Pero hubo más. A inicios de noviembre, la Universidad Continental ofreció el seminario “¿Cómo Fortalecer y modernizar las Políticas Sociales?”, dirigido a funcionarios del Estado y público en general. Sus ponentes principales eran el entonces ministro Barrios y el ministro de Salud, Óscar Ugarte. ¿Pro Bono? Qué va. La universidad cobró entre 980 y 400 soles por participante.

“Nueva forma de hacer política”, la llamó el exministro. Ya se sabe mejor qué quería decir.

(*) Con la colaboración de Jenny Cabrera.

Notas relacionadas:

• Contradicciones interiores
• Habilidad gerencial
• Carta de la Universidad Continental de Ciencias  e Ingeniería

Por Romina Mella.-
El sábado 6 de noviembre, luego que IDL-Reporteros publicara ‘Habilidad gerencial’, el ministerio del Interior emitió un comunicado de prensa que aclaraba que fue la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería (de la que el ministro Fernando Barrios es presidente del directorio) la que pidió la anulación de las adjudicaciones a través de una carta notarial, el 30 de octubre.

Además, el comunicado señalaba que el ministro Barrios había emitido una resolución que anulaba la adjudicación por más de 35 mil soles a su compañía.

Lo que no decía el comunicado era que la resolución tenía fecha 5 de noviembre, la víspera de la publicación, después que IDL-Reporteros entrevistara a varios personajes del Gobierno sobre el tema.

Pero la cronología de los hechos según el comunicado de prensa del ministerio del Interior, es muy diferente de la versión de los funcionarios de la Dirección de Migraciones (Digemin) del mismo ministerio, que fue objeto de la adjudicación a la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería.

Luis Carpio, jefe de la unidad de Fiscalización y Control de la Digemin. (Foto: IDL-Reporteros)

Luis Carpio, jefe de la unidad de Fiscalización y Control de la Digemin, indicó a IDL-Reporteros que el lunes 4 de octubre emitió dos informes en los que recomendaba anular los procesos de selección adjudicados a la universidad.

Luego de hacer una verificación de datos y cruce de información, Carpio se dio con la sorpresa que la compañía ganadora para dictar los cursos de posgrado sobre contrataciones y adquisiciones del Estado, y finanzas públicas pertenecía al ministro del Interior.

“La buena pro se da entre el 27 y 28 de setiembre, en ambos procesos. A mi oficina llegó a los dos o tres días. En Fiscalización se pueden detectar fallas o irregularidades en los procedimientos. Se evaluó, y se detectó esa incompatibilidad y fue informada en su momento”, indicó Carpio.

En ese sentido, Carpio entregó al mayor PNP César Delgado, jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos de la Digemin, los informes  Nº013-2010-IN-1601-FyC, y Nº 014-20140-IN-1601-FyC.

Carmen Rosa Manrique, presidenta del comité de selección. (Foto: IDL-Reporteros)

Luego, la presidenta del comité de selección que días antes le había otorgado la buena pro a la empresa de Barrios, Carmen Rosa Manrique, envió  un documento al área administrativa en el que recomendaba la anulación de ambas adjudicaciones. El jueves 7 de octubre, el director general de la Digemin, general PNP (r) Juan Álvarez Manrique, envió un oficio al secretario general del ministerio del Interior. “Yo tomo conocimiento y lo elevo al ministerio del Interior. Ellos ya sacaron una resolución y nosotros lo hemos enviado (el caso) a la OSCE”, indicó Álvarez a IDL-Reporteros.

Sin embargo, los procesos no se anularon hasta el 5 de noviembre, casi un mes después de que el ministerio fuera notificado por, nada menos, que una dependencia del mismo, la Digemin.

Hay más contradicciones: Emma Barrios Ipenza, representante de la universidad y hermana del ministro, hizo llegar a IDL-Reporteros, entre otros medios de comunicación, una carta que, entre otras cosas, afirmaba que una ex asesora del área comercial escaneó inconsultamente su firma y la puso en los documentos que fueron presentados a la Digemin.

“Al verificar la existencia pública de la convocatoria en el Seace, la ex consultora procedió a escanear mi firma sin mi consentimiento dado que me encontraba de viaje”, señala en su carta.

¿De qué documentos se trataba? Emma Barrios se refería a la declaración jurada que presentó a la Digemin en la que señalaba que “no tenía impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado”

IDL-Reporteros entrevistó a Emma Barrios, quien culpó a la ex asesora o, más bien, empleada del área de ventas. “Teníamos una consultora nueva que tenía pocos meses aquí. (Ella) No sabía que esto pertenece al ministerio del Interior porque hasta donde ella sabía, no podíamos contratar con el ministerio del Interior. No asimiló eso de manera directa, por lo menos eso es lo que ella me ha explicado y yo tengo que creerle. No puedo pensar que haya venido a hacer una maldad como esa”.

Barrios agregó que “ella siguió su proceso, inclusive como yo estaba de viaje, escanearon la firma y cuando yo me entero ella feliz me dice: hay que firmar el contrato. Yo le digo: esto no se puede hacer”.

Lo curioso es que siendo especialistas en contrataciones y adquisiciones con el Estado, la hermana del ministro le dijera a su ex asesora que solo no podían contratar con el ministerio del Interior. (Ver: art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento)

La consultora (o, más bien, empleada) a la que se refería la hermana del ministro era Emma Patricia Tenorio Lévano. IDL-Reporteros logró conversar con ella, quien tiene una versión totalmente distinta a la de su ex jefa.

“La firma la escaneó la asistenta de gerencia, no yo. El proceso lo realizó la asistenta de gerencia que es la que realiza los procesos en la escuela. Yo solamente lo envié y ella me envió a mi correo los anexos. Eso ya fue aclarado. Lo hizo la señorita que realiza los procesos en la escuela, es lo único que te puedo decir”, dijo Tenorio, quien ha sido despedida hace unos días, según confirmó a IDL-Reporteros Emma Barrios.

Notas relacionadas:

• Negocios bajo el radar
• Habilidad gerencial
• Carta de la Universidad Continental de Ciencias  e Ingeniería

Emma Barrios Ipenza, hermana del ministro del Interior y directora de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, envió a IDL-Reporteros una carta que, a continuación, reproducimos en su totalidad.

IDL-Reporteros se reafirma plenamente en la verdad de lo publicado.

Carta UCCI

Notas relacionadas:

• Negocios bajo el radar
• Contradicciones interiores
• Habilidad gerencial

Por Romina Mella y Carlos Bracamonte.-

El martes 14 de setiembre, el presidente de la República, Alan García Pérez, nombró como nuevo ministro del Interior a Fernando Barrios Ipenza, quien desde el 2006 se había desempeñado como presidente ejecutivo de Essalud. Para muchos, fue un nombramiento sorprendente. ¿Qué sabía Barrios sobre los problemas de uno de los más difíciles sectores en el gobierno?

La respuesta de miembros caracterizados del Gobierno fue que Barrios no sabría mucho de seguridad ciudadana ni de asuntos policiales, pero que antes que nada era un diestro gerente, que sabría administrar el paquidérmico, ineficaz ministerio.

En su primera aparición pública como ministro, Barrios aseguró que se dedicaría a optimizar la gestión ministerial.

Y vaya que se dedicó a hacerlo.

Pocos días después de que Barrios asumiera el ministerio, la Dirección General de Migraciones y Naturalización – una de las más importantes dependencias del Interior-, lanzó dos convocatorias para contratar los servicios de una compañía que imparta cursos dirigidos a mejorar la capacidad gerencial de los funcionarios de dicha entidad.

El miércoles 22 de setiembre, la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Migraciones, publicó una convocatoria para un “Curso de Post Grado en Contrataciones del Estado”. Cinco días después, le otorgó la buena pro, mediante la adjudicación directa de menor cuantía –que es una manera larga de decir “a dedo”–, al único postor que se presentó.

Igual ocurrió con el segundo caso: “Contratar el Servicio de Curso de Finanzas Públicas”. La convocatoria se lanzó el 23 de septiembre y la buena pro fue otorgada el día 28 del mismo mes.

En cinco veloces días, los cursos (por cada uno de los cuales se paga la suma de S/. 17,800) fueron adjudicados al único postor que se presentó en cada caso; y que resultó ser la misma empresa: la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería S.A.C. ¿La conocen? Aquí la presentamos: Su socio-fundador y presidente del directorio es Fernando Barrios Ipenza. Y no es un homónimo sino nada menos que el propio ministro del Interior, cuyo nombramiento tenía menos de diez días cuando empezó el veloz proceso de adjudicación a dedo de negocios a su empresa.

Así que, con menos de quince días en el cargo, ya una dependencia del ministerio del Interior le compraba, por adjudicación y sin competencia, servicios a una compañía del propio ministro.

Eso sí que es celeridad gerencial. Pero, ¿alguien dijo conflicto de intereses? Mucho más que eso. Se trata de una patente ilegalidad (ver: art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento)

IDL-Reporteros intentó comunicarse con el ministro Fernando Barrios, para conocer su visión gerencial y legal sobre este caso. Este medio llegó a hablar con su secretaria, identificada como Evelyn Rodríguez, quien prometió informar de inmediato al ministro. Hasta el cierre de esta edición, Barrios no había llamado. Ahora podrá explicar en público su filosofía empresarial y su actitud ante la ley.

Notas relacionadas:

• Negocios bajo el radar
• Contradicciones interiores
• Carta de la Universidad Continental de Ciencias  e Ingeniería