Enrique Mendoza Ramírez, jefe de la OCMA y candidato a la presidencia del Poder Judicial. (Foto: La República).

Si alguien pregunta si existe o no corrupción en el Poder Judicial en el Perú, uno podrá estar seguro que esa persona acaba de bajarse de la aeronave espacial Enterprise. El Poder Judicial no solo aparece como uno de los más corruptos en la percepción ciudadana, sino que lo es en realidad.

Se ha dado infinidad de declaraciones y hecho algunos esfuerzos serios para enfrentar la corrupción judicial. Antes de cada elección de presidente del Poder Judicial y de cortes superiores, los candidatos prometen solemnemente llevar a cabo “una lucha frontal” contra la corrupción, si son elegidos. Extrañamente, todos hablan solo de lucha frontal. Ninguno menciona la posibilidad de atacar por los flancos o desde la retaguardia a esa degeneración funcional a la que todos los candidatos invariablemente llaman ‘flagelo’.

Pero en los hechos, la institución a cargo de la lucha cotidiana contra la corrupción y los corruptos en la judicatura, es la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura.

El problema sucede cuando la propia OCMA necesitaría que la investiguen.

No siempre fue así. Cuando estuvo a cargo de la magistrada Elcira Vásquez, de 2007 a 2009, se tomó la misión en serio y las acciones anticorrupción fueron severas.

Pero con la salida de Vásquez se fue también la mayoría de funcionarios especializados en control interno y lucha anticorrupción.

La gestión del nuevo jefe de la OCMA, el magistrado Enrique Mendoza, es considerada blanda en comparación con la de Elcira Vásquez, por fuentes con conocimiento de causa.

Mendoza es candidato a la presidencia del Poder Judicial en elecciones que tendrán lugar este jueves 2 de diciembre. Ha prometido también que luchará “frontalmente” contra la corrupción. Pero en este caso la seriedad de la promesa puede constatarse a partir de la gestión en la OCMA, cuya finalidad central, precisamente, es enfrentar la corrupción.

Hasta el momento, la acción de Mendoza al frente de la OCMA no se ha caracterizado por energía ni empeño en la lucha contra la corrupción. De hecho, varios de los magistrados que trabajan en las Odecma (Oficina de control desconcentrado de la Magistratura) no solo han sido sancionados sino que, en más de un caso, tienen inquietantes trayectorias.

Es cierto que Mendoza no es responsable directo de su nombramiento, pero una acción vigorosa hubiera podido limpiar las Odecma.

Hoy por hoy el escenario no parece precisamente limpio. Por ejemplo:

• La Odecma de la Corte Superior de Lima tiene uno de los números más elevados de magistrados sancionados, nueve en total. Son ellos los que deberían luchar contra la corrupción en Lima, cuya Corte Superior está hasta hoy bajo la presidencia de César Vega Vega. El candidato de fuerza para la jefatura de la Odecma en Lima es Luis Arce Córdova, el magistrado más sancionado dentro del notorio grupo de nueve. Arce tiene seis sanciones (dos multas y cuatro apercibimientos). En su notorio pasado, Arce fue presidente de la Corte Superior de Ucayali, desde meses antes del asesinato del periodista Alberto Rivera. Su manejo judicial de un caso tan importante fue, por lo menos, muy deficiente: permitió que un colaborador de Luis Valdez Villacorta, el principal acusado, actuara durante un tiempo como juez del caso.

• Otros magistrados que integran la oficina de control de Lima que tienen varias sanciones son: Carmen Rojjasi , José Quispe Morote, Rosa Rodríguez, Manuel Román, Aracelli Baca, Magali Valer y Jorge Plasencia. Todo un seleccionado.

• El jefe de la Odecma de Ica, Erazmo Coaguila tiene 68 sanciones; el de la de Tacna, Rodolfo de Amat, tiene 22 sanciones; la de Puno, Pastora Butrón, cuenta con 23 sanciones; el de la de Madre de Dios, Marino Cusimayta, tiene 16 sanciones.

• En junio de este año había 48 magistrados con sanciones trabajando para la OCMA. Ni con el mayor esfuerzo de imaginación se les podría llamar ‘Los Intocables’.

• En otros dos casos notorios, el jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, no ha tomado acción resolutiva, pese a que las investigaciones de su organización ya han concluido hace por lo menos un par de meses. Uno es el caso de Raúl Rosales, el juez que amenazó con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra, de Caretas. El otro es del juez anticorrupción Jorge Barreto, por no haber permitido que el ministerio Público participe en la selección de archivos para ser inspeccionados e investigados en la computadora de Rómulo León, en el caso Petroaudios.

Con esa gestión, no precisamente eficiente, al frente de la OCMA, no resulta claro qué cambio llevaría a Mendoza a la “lucha frontal” contra la corrupción. ¿Cómo luchó contra ella hasta ahora, cuando es su tarea principal? ¿De costado?

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Congresista fujimorista Rolando Sousa. (Foto: Agencia Andina)

En los últimos meses el congresista fujimorista Rolando Sousa ha atacado sistemáticamente al equipo especial de investigación de la Dirandro que llevó a cabo los arrestos, la incautación de material y la investigación policial en el caso BTR.

Hay, sin embargo, un hecho hasta hoy desconocido que puede ayudar a entender mejor algunas cosas. Entre las cuales, los ataques.

Sucede que ese equipo de la Dirandro, bajo la dirección del coronel PNP Carlos Morán, es el que también llevó a cabo las investigaciones  a la familia Sánchez Paredes, por presunto lavado de activos procedentes del narcotráfico, e igualmente al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, por los mismos presuntos delitos.

La prolija investigación policial a los Sánchez Paredes, expresada en un voluminoso atestado, terminó a comienzos del 2010.

Pero poco antes que finalizara dicha investigación, el ministro del Interior, Octavio Salazar, llamó al director general de la PNP, general Miguel Hidalgo, y le pidió que fuera a su oficina, en el cuarto piso del ministerio. Hidalgo subió desde la Dirección General de la PNP, que queda en el tercer piso, para ver al ministro quien además, es su compañero de promoción en la ex Guardia Republicana.

Ministro Octavio Salazar (Foto: Andina).

General PNP Miguel Hildalgo (Foto: Andina)

Al entrar en la oficina del ministro, Hidalgo vio, según refirieron a IDL-Reporteros fuentes con conocimiento de causa, que Salazar no estaba solo. Lo acompañaba el congresista fujimorista Rolando Sousa.

Después de los saludos, Salazar se levantó súbitamente, dijo “creo que ustedes dos tienen que hablar” y se fue de su oficina. Sousa e Hidalgo quedaron solos.

Fuentes confiables plenamente informadas sobre el evento, coinciden en afirmar que Hidalgo se puso muy incómodo. Como se sabe, Hidalgo comandó la Dirandro en plena investigación a los Sánchez Paredes y a Valdez Villacorta.

El ahora jefe de la PNP sabía bien que Sousa es socio de César Nakazaki, defensor tanto de Orlando Sánchez Paredes como de Valdez Villacorta.

Sousa, en efecto, empezó a hablarle a Hidalgo sobre el tema de los Sánchez Paredes. “Habló sobre procedimientos en casos de lavado de activos”, relacionados con el caso, dice una fuente bien enterada.

Hidalgo, alarmado e incómodo, le dijo a Sousa que él ya no veía investigaciones de la Dirandro, que se encontraba ahora en otro nivel y que aún cuando comandó esa unidad no discutía sobre investigaciones en desarrollo. Luego se levantó, se despidió y se fue apenas pudo hacerlo.

La entrevista empezó siendo de tres y terminó solo entre dos personas. Los detalles de la conversación, sin embargo, se filtraron a través de las paredes de esa oficina de oídos legendarios: el despacho del ministro del Interior.

IDL-Reporteros buscó a Hidalgo para confirmar detalles de esta entrevista, pero el director general de la PNP se negó a responder. IDL-Reporteros, sin embargo, ha confirmado plenamente lo que se informa aquí.

¿Por qué el ministro del Interior Salazar organizó una reunión para que el socio del abogado de los Sánchez Paredes abogara con el director de la Policía a favor de éstos? ¿Era para ayudar a los Sánchez Paredes, para acercarse a los fujimoristas o por una combinación de ambos motivos? ¿No estimó que era un uso corrupto de su autoridad? IDL-Reporteros buscó contactar a Salazar, pero los intentos de comunicarse con él llegaron solo hasta sus edecanes.



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En los últimos meses el vocal superior provisional Urbina ha expresado directamente a Aguinaga puntos de vista distintos durante el trabajo de la Tercera Sala Penal de Reos Libres. Carrera Contti por lo general ha coincidido con las opiniones del presidente de la Sala.

1- El vocal Urbina comentó con la entonces jefa de la OCMA, Elcira Vásquez, sobre la intención de Aguinaga de realizar en Pucallpa las sesiones del juicio a Luis Valdez. La magistrada sugirió al vocal conversar con otro funcionario del Poder Judicial, Luis Alberto Mena, quien sustentó por qué no debería trasladarse el caso a Pucallpa. Urbina le advirtió a Aguinaga que se estaba equivocando en esa decisión citando esas dos opiniones. Luego, se suspendió la ida a Pucallpa de un momento a otro: el fiscal y la parte civil se enteraron un par de días antes que no habría viaje.

2- Urbina refiere que en una sesión del juicio a Valdez, Aguinaga se negó a que se usara como prueba un audio proporcionado por la periodista María Elena Hidalgo quien había entrevistado a uno de los sicarios. El presidente de la sala indicó que, como el individuo no supo que la periodista lo estaba grabando, era una ‘prueba prohibida’. Urbina pidió un receso para explicarle a Aguinaga que su posición era equivocada pues había doctrina que permitía el uso de ese tipo de evidencias. Aguinaga no aceptó la prueba.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Un juez corrupto es juzgado por otros jueces corruptos. ¿Se trata de una cortesía entre colegas? ¿O de otro de esos involuntarios epigramas que compone la realidad cuando, en áreas cruciales de nuestro Estado, las devaluadas encarnaciones de la meretriz de Babilonia logran disfrazarse de abadesas del convento?

Aquí, en nuestro país, donde la imagen de las instituciones suele ser tenida en mayor importancia que sus cualidades reales, el juego continuo de maquillajes, disfraces y travestismos tiene a veces  –porque se hace por mucha gente a la vez, que en ocasiones choca entre sí y se descoloca las pelucas– resultados inesperados.

La misma sala judicial que liberó a Luis Valdez Villacorta, el acaudalado comerciante y ex alcalde de Pucallpa, acusado de autoría intelectual en el asesinato del periodista Alberto Rivera, es la que debe decidir ahora en un caso de Habeas Corpus que será determinante para aprobar o negar la extradición del ex juez israelí Dan Cohen, prófugo de su país luego de perpetrar uno de los mayores casos de corrupción en la historia de esa nación.

La denuncia de uno de los tres vocales de esa Sala en contra de sus colegas, describe no solo escenarios de venalidad judicial en el juicio de Valdez Villacorta, sino de una cutrería reforzada por amenazas y una declarada disposición a la violencia criminal. Al Capone no lo hubiera hecho mejor.

Que una de las causas que han de tener mayor proyección y seguimiento internacional una vez sean sentenciadas, como es el caso del ex juez Cohen, sea vista por esta Sala, tendría todo de farsesco si no fuera tan revelador.

¿Qué gangrena profunda en nuestro sistema judicial ha hecho posible que después de diez años de caído el fujimorato y expuesta a la luz pública la dimensión de la corrupción judicial y fiscal que existió entonces, los casos más significativos sigan siendo derivados a salas que parecen más indicadas para protagonizar atestados antes que suscribir sentencias?

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Por Jacqueline Fowks.- Actualizado jueves 20, 21:00: nota relacionada: Radiografía de los vocales enfrentados.

El juez que debe emitir un voto decisivo en el caso de la extradición del ex juez israelí Dan Cohen, solicitada por su país por actos importantes de corrupción, denunció este domingo 16 al presidente de la sala que ve el caso de haberlo amenazado de muerte, luego de que falló –en febrero– contra el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, acusado del asesinato de un periodista.

El vocal superior Malzon Urbina La Torre pidió garantías para su vida debido a las amenazas. El viernes último presentó una denuncia ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)  contra el presidente de la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Jorge Aguinaga Moreno, y el vocal provisional Luis Orlando Carrera Contti.

“Los he acusado de amenaza de muerte porque se refieren a ello en una conversación. Hoy me han llamado de la OCMA y he declarado con el doctor Durán Huaringa, vocal superior”, refirió anoche, lunes 17 Urbina a IDL-Reporteros.

Urbina declaró en la OCMA por casi tres horas acerca de estos hechos. Además de Aguinaga y Carrera, ha denunciado también ante la OCMA a la relatora de la Tercera Sala, Magaly Echegaray, y al asistente de Aguinaga en el caso Valdez, Wilson Nuñez León.

Urbina dijo este domingo en el programa Panorama que, antes de que emitiera su voto condenando a Luis Valdez como autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, dos abogados lo buscaron para ofrecerle sobornos: Julio Guevara y Julio Orlando Carrión.

Refirió además que el juez Aguinaga no permitió a los dos vocales de la Sala tener acceso al expediente de Valdez.

La Tercera Sala Penal de Reos Libres tiene pendiente, desde la tercera semana de abril, revocar o confirmar un hábeas corpus que impide el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema del Perú para que el ex juez Dan Cohen sea extraditado.

Según Urbina, Aguinaga demoró en entregarle el expediente del caso Cohen y sólo le permitió -hacia el 26 de abril- un par de días de revisión. “Luego se lo pidió a mi asistente. En cualquier caso debió habérmelo pedido a mí y no llevárselo”, comentó el vocal, quien el miércoles informó de las amenazas y del manejo del expediente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega.

El vocal refirió haber escuchado en la oficina de la Tercera Sala Penal un diálogo en el que Carrera le sugería al presidente de la Sala enviarle ‘una embajada al perro’. “Me dicen perro por mi voz”, precisó Urbina.

La misma expresión, sobre el ‘envío de una embajada’, usó Aguinaga anteriormente, cuando conversaba con Urbina sobre otro caso, en el que estaba involucrado un abogado de apellido Piscoya. El presidente de la sala había sugerido, llegado el momento, deshacerse de ese individuo por una acción incorrecta. Urbina se negó a tal salida. En el audio a continuación, Urbina le recuerda el episodio a Aguinaga. El presidente de la sala menciona que tiene un contacto del INPE a quien encargarle acciones o soluciones de fuerza: escuchar los minutos 9’38″ y 11’53″. Audio

Por su parte, el juez Aguinaga descartó ayer lunes irregularidades durante el proceso contra el ex alcalde Luis Valdez.

Composición y antecedentes

De los tres miembros que deben dar su voto sobre el hábeas corpus de Cohen, el vocal Luis Orlando Carrera Contti es provisional y ha sido separado de la Tercera Sala Penal de Reos Libres: tiene cuatro quejas en su contra ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), una de ellas por intentar ayudar a su hermano -acusado por violación- en un proceso judicial.

Desde el 22 de abril, Carrera está suspendido de sus labores como magistrado, pero –según informó el presidente de la Sala a IDL-Reporteros el 7 de mayo, entregó su voto para el caso Cohen antes de esa fecha.

Según fuentes judiciales, Carrera Contti ha sido colocado en varias oportunidades como vocal dirimente o reemplazante en casos vinculados con narcotráfico y hábeas corpus.

El caso Valdez ameritó que la OCMA iniciara un proceso disciplinario de oficio contra los entonces miembros de la Tercera Sala, Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzon Urbina. La investigación pretendía aclarar las circunstancias por las que el 15 de octubre del 2009 el Tribunal quebró el primer juicio al ex alcalde y el ex magistrado Solio Ramírez porque supuestamente el fiscal llegó 15 minutos tarde a la Sala de Audiencias del penal Miguel Castro Castro.

Dicho proceso de oficio se sumó a dos quejas por inconducta funcional presentadas por abogados del IDL –defensa de la familia del periodista Alberto Rivera–contra los tres vocales de la Sala en diciembre de 2009 y enero 2010. Indicaron que vulneraron su derecho a generar la prueba necesaria para esclarecer los hechos, mediante la suspensión de diligencias y audiencias.

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Presidente de la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Alberto Aguinaga -segundo de izquierda a derecha- y a su lado el juez superior Malzon Urbina (Foto: archivo Poder Judicial)

El juez superior Malzon Urbina La Torre era vocal de la Tercera Sala Penal de Reos Libres y tiene pendiente la decisión que confirme o revoque el hábeas corpus del ciudadano israelí Dan Cohen, cuya extradición es reclamada por su país. El vocal Urbina dijo hoy a IDL-Reporteros que han surgido “cuestiones de índole administrativa” luego de que falló contra la absolución del ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez y por ello aún no se pronuncia sobre el hábeas corpus.

“Esta demora no es atribuible a mí”, aseguró el juez Urbina, en su despacho de la Tercera Penal de Reos en Cárcel. “Es una situación un poco fuera de lo común, no involucra presidencialmente a la Corte (Superior de Lima)”, agregó.

Consultado acerca de si su traslado de la Tercera Sala Penal de Reos Libres a otro puesto, justamente cuando llegaba el momento final que permitiría extraditar o no Cohen, acusado por corrupción en su país, respondió que al interior de la sala había un problema.

“Esto tiene una razón de ser a partir del caso Valdez”, comentó Urbina.

El 8 de febrero último, el juez Jorge Aguinaga Moreno y el vocal Orlando Carrera Contti absolvieron al ex alcalde de Pucallpa, considerado autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera. Mientras tanto, el vocal Malzon Urbina presentó un voto singular en el que solicitaba para Valdez 20 años de cárcel y el pago de una reparación civil, solidaria, de 200 mil soles a favor de los herederos legales de la víctima.

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Ex juez Dan Cohen en 2009 durante su primera presentación ante las autoridades.

El juez Alberto Aguinaga Moreno espera hoy el voto del vocal Malzon Urbina para que la Tercera Sala Penal de Reos Libres emita una resolución que confirme o revoque el hábeas corpus del ciudadano israelí Dan Cohen, cuya extradición ha solicitado Israel por uno de los mayores casos de corrupción en la historia de ese país.

Aguinaga confirmó que tanto él como el vocal Luis Carrera Contti ya han emitido su voto, aunque no adelantó en qué sentido. Si Urbina tiene una opinión contraria a la de sus colegas (que parecen haber coincidido en su voto), se debe invitar a otro magistrado para dirimir. Si se produce un empate, se repite el mecanismo, pues en los habeas corpus la decisión tiene que ser “colegiada”, explicó el presidente de la sala en entrevista con IDL-Reporteros.

“Si votara en contra -que no entiendo por qué demora, a lo mejor piensa votar en contra- tendríamos que llamar a un vocal dirimente para que determine. Como es hábeas corpus, tendría que ser en cinco días útiles, pero en el expediente que llegó faltaba información de la Corte Suprema, la cual teníamos sólo por referencia”, refirió el vocal.

El presidente de la Sala, Aguinaga, dijo a IDL-Reporteros que la decisión “sentará ejecutoria”. Vale la pena considerar como antecedente que la Tercera Sala Penal absolvió en febrero último al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, por el asesinato del periodista Alberto Rivera. En esa oportunidad, el juez superior Urbina votó contra la absolución.

El voto de la Tercera Sala Penal sobre el hábeas corpus se esperaba para el miércoles siguiente de la Semana Santa. Consultado sobre los motivos de la demora, Aguinaga explicó que tuvieron que estudiar las implicancias de la reciprocidad ofrecida por Israel en aspectos de extradición.

“Según la Constitución, la extradición se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema en cumplimiento de la ley y de los tratados y según el principio de reciprocidad. No tenemos un tratado con Israel, tenemos un principio de reciprocidad: Perú e Israel son firmantes de un tratado de Naciones Unidas anticorrupción y ellos ofrecen la reciprocidad a futuro. Lo que más nos ha demorado en decidir es el hecho de que ellos ofrecen  la  reciprocidad por tales y tales delitos y la reciprocidad debe ser genérica: para todo”, declaró Aguinaga, haciendo suponer, con ello, que la decisión podría favorecer a Cohen.

“Si acá usted comete homicidio y es israelí o corresponde a Israel, nosotros le damos (a la persona extraditada), y si acá cometen no homicidio sino robo, nosotros deberíamos darlo. Eso ha sido lo que nos ha motivado mayor campo de estudio”, acotó.

- ¿Israel ofrece reciprocidad sólo por delitos mencionados en el caso Cohen?

- Corrupción, sí. Nada más. La resolución que se está sacando -de modo genérico- creo yo que va a causar ejecutoria, es un caso sui generis y tiene una solución sui generis.

- ¿Qué significa que va a causar ejecutoria?

- Que va a ser un principio.  (…) Lo resuelto en ese caso resulta siendo como una ley: eso causa ejecutoria. Nosotros acá tenemos como principio la ley y, como suplencia, las ejecutorias, las decisiones importantes sobre casos que no se han presentado y que hay que resolver de modo creativo con la ley. Entonces, a eso hemos llegado. Falta la opinión del doctor Malzon Urbina para que esto termine.

- Hay un marco mayor que no se menciona: la repercusión que tendría el hecho de que Cohen pueda ser juzgado en su país. ¿Lo contemplan?

- Muchos jueces y vocales se fijan solamente en la ley. Pero nosotros creemos en la norma, los valores y la sociedad, y tratamos de conjugar ello, hasta donde sea posible, porque no porque la sociedad pide que metan presa a una persona lo van a meter preso. Hay una distinción entre lo legal y lo legítimo. Por ejemplo puede ser legítimo para la gente que entre la policía a mi casa y me encuentren tres mil kilos de clorhidrato de cocaína porque es una cosa prohibida, se legitima y dicen ¡qué bien!, pero no es legal, porque para entrar a mi casa deben tener una orden: se convertiría en una prueba prohibida. Los señores tanto de una posición como de otra han dicho lo legítimo y lo que han dicho tiene que estar en el expediente, corroborado con documentación y amparado por la ley. La solución de estas opiniones controversiales se hace en base a la ley y la doctrina, no podemos salirnos del marco de la ley. Es un caso difícil porque ambas partes han dado argumentos sustentados por nuestro ordenamiento jurídico. Esa naturaleza de disquisición, fina y además trascendente es la que ha demorado para resolver el caso. Hemos incluso revisado documentación del profesor César San Martín que es autoridad en esta materia. Todo eso se ha terminado el 20 de abril.

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