Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2202 de la revista ‘Caretas’.

La Purga en la Policía

HAY palabras que justifican cualquier cosa. ‘Reingeniería’ es una de ellas. Es que se puede llamar así casi a todo. Desde una reforma hasta una purga. La evocación de engranajes y mesa de diseño que contiene el término oculta la posibilidad de que en ella surja un Frankenstein.

El ministro del Interior, Óscar Valdés, ha justificado el abrupto pase al retiro de 30 generales de la Policía como “el inicio de una reingeniería en esa institución con el objetivo de establecer una pirámide meritocrática”.

Valdés insistió que “esta es una medida estudiada, es una reingeniería”, que era “indispensable para enfrentar los problemas del terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana”.

¿Cómo surgió la ‘medida estudiada’? El 18 de agosto, el presidente Humala ordenó (esa fue la palabra que utilizó) al ministro del Interior, una “evaluación del desempeño de los generales que conforman el alto mando policial”, en el plazo de 60 días.

Eso ocurrió durante la primera sesión, bajo el nuevo régimen, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presidencia fue asumida por el propio Humala con el objetivo, precisamente, de mejorar la situación de seguridad ciudadana.

De manera que, en un sentido literal, Valdés cumplió la orden incluso con antelación. Y antes de los 60 días se pasó de la evaluación a la ejecución.

De un día para el otro se pasó al retiro a 30 generales. Quedan ahora 18 en servicio activo. (Y otros ocho de servicios).

¿Era necesaria una poda tan radical, de pasar al retiro el 63% de los generales en actividad?

Una poda era necesaria. Incluso muy necesaria.

Pero hay más de un problema con esta poda. O, más bien, con esta purga.

Si la “reingeniería”, es decir, la purga de Valdés se hizo para mejorar la seguridad ciudadana, ¿por qué se mandó al retiro al general más capacitado en problemas de seguridad ciudadana en el Perú?

Y si la “reingeniería” es para enfrentar y disminuir la corrupción, ¿por qué se pasó al retiro a un general que el año pasado impuso rigor a un coronel que se presentó borracho al servicio durante las elecciones regionales de 2010, y se dejó en el activo al sancionado que, pese a su descalificadora falta, logró ser ascendido a general a fin del año pasado por el régimen de García?

El único criterio que definió la purga fue el cronológico: si eres más antiguo en el grado de general que Raúl Salazar, el nuevo director general, estás fuera. Si eres más reciente (de dos años para abajo en el puesto), bueno o malo, te mantienes en servicio activo.

Se dirá que cuando se nombra a un general como director general (en el caso de la PNP) o comandante general (en el caso de las FFAA), los más antiguos en el grado pasan necesariamente al retiro.

Pero entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Poner a generales junior en el comando o mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción?

Hasta ahora, lo único claro es que en el Ministerio del Interior, además de la inexperiencia, ha regido la arbitrariedad como sistema.

Eso puede servir a muchas cosas: a agendas ocultas, por ejemplo; pero no sirve ni servirá para luchar eficazmente contra la criminalidad o para combatir la corrupción que padece la Policía (y la Fuerza Armada también, no se olvide ni por un momento).

Que hablen los hechos: Entre todos los generales de la Policía en actividad hasta el fin de semana pasado, no cabe duda que el mejor preparado, y con distancia, en temas de seguridad ciudadana, era el general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui. Arteta conocía mucho mejor que cualquier otro general en actividad (y no se diga ministro), los principios y la praxis de la policía comunitaria. Ya he escrito cómo su éxito en La Libertad, en los meses previos a los procesos electorales de 2010, hizo que algunos caciques apristas del departamento, sobre todo Luis Alva Castro, presionaran para que lo saquen y pongan a otro jefe más sumiso y maniobrable.

PESE a las protestas de las juntas vecinales de Trujillo, Alan García ordenó sacar al general del puesto. Arteta fue enviado a Tumbes, porque más al norte ya no se podía, donde permaneció hasta la salida de García. Luego, como parte de los cambios súbitos de destino que se han dado desde que Valdés asumió el ministerio, Arteta se halló destinado a la recién creada jefatura de Lima Norte. Parecía no solo una reivindicación para un maltrato que fue fruto de la inmoralidad política, sino la oportunidad de poner en práctica los principios de policía comunitaria en el área norte de la capital.

Se trata, en esencia, de los mismos principios, de cercanía con la población, de trabajo con sus organizaciones, que, en ciudades como Rio de Janeiro, por ejemplo, han logrado progresos que las medidas punitivas, militarizadas, no consiguieron jamás.

Pero, menos de un mes después de nombrado, el ministro mandó bruscamente al retiro (sin siquiera la cortesía de una carta personal) al mejor general en el campo de seguridad ciudadana.

El otro hecho mencionado: en octubre del año pasado, el entonces coronel PNP, Adolfo Semino, que servía en el Frente Huallaga, fue sancionado con un año de pase a disponibilidad por una “infracción muy grave”: haberse dedicado al “consumo de bebidas alcohólicas” cuando se encontraba como comando operativo durante las elecciones municipales. El jefe del Frente Huallaga ese año, bajo cuyo mando estaba Semino, fue el general Marlon Savitsky.

Pese a su sanción, Semino ascendió a general, mediante los juegos de influencias que definieron buena parte de los ascensos policiales altos durante el régimen aprista. El general Savitsky, a su turno, después de un buen desempeño en el Huallaga, pasó a hacerse cargo de la jefatura policial de Trujillo.

Ahora, Savitsky ha sido pasado al retiro y Semino se ha quedado. Brillante faena del reingeniero Valdés, ¿no les parece?

HAY que observar, empero, que el pase al retiro de varios de los 30 generales estuvo justificado. Por corruptos, incompetentes o ambas cosas a la vez. También es totalmente cierto que había una inflación de generales. (Algo no muy diferente, de paso, tanto en corrupción como en inflación, sucede en el Ejército).

Pero, dado el problema, ¿a quién se le ocurre descabezar en grupo, a los mejores junto con los peores, a los buenos junto con los malos? Así, ¿se quiere mejorar la institución o se quiere debilitarla?

¿Cuándo sucedió algo similar? En 1990, luego que Fujimori asumiera la Presidencia. Montesinos hizo nombrar a un militar, el general Adolfo Alvarado Fournier, como ministro del Interior y poco después vino la purga. Salieron algunos malos junto con policías excelentes. Entre estos últimos estuvo el hoy jefe del CORAH, el general PNP (r) Juan Zárate Gambini. Entonces, alguna gente no comprendió qué pasaba. Ahora, hasta los que estuvieron de excursión por Ganímedes lo saben.

El presidente Humala juró que tanto Interior como Defensa iban a tener ministros civiles. Al nombrar a dos militares retirados, no faltó formalmente al juramento. Pero la experiencia demuestra que es un grave error poner a militares, en actividad o retiro, a dirigir la Policía. Ha habido muchos y, salvo escasísimas excepciones, la mayoría ha sido un desastre: Artola, Richter, Velit, Alvarado Fournier, Malca, Villanueva Ruesta… El objetivo de muchos de esos militares fue tener una Policía envilecida y sojuzgada. En varios casos lo consiguieron, aunque nunca dejó de haber magníficos policías, así como hubo y hay extraordinarios militares.

Se dirá que ahora es diferente. Que el sojuzgamiento de la Policía por los militares ya no sería un atavismo, ni un gen recesivo, sino una tara. Pero lo que se ve no es tranquilizador.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
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La seguridad ciudadana –es decir, lo que la gran mayoría de la gente entiende como la lucha exitosa contra la criminalidad–, tiene la máxima importancia para los peruanos, como queda claro en todas las encuestas, hasta las de Idice. Excepto para un reciente pasajero de peso en el avión presidencial, y para su corte adjunta.

En efecto, este martes 17 de agosto, en la casa de Luis Alva Castro en Moche, el presidente Alan García Pérez decidió sacar de la jefatura departamental de la Policía en La Libertad, al general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui, pese al eficiente desempeño policial de éste y al decidido apoyo a su gestión de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y de la población en Trujillo.

La Libertad, y Trujillo en especial, ha sido uno de los departamentos más afectados por el crecimiento de la criminalidad. Ha habido antes gestiones que se han proclamado exitosas, (como la que en su tiempo realizó el todavía ministro del Interior, Octavio Salazar), pero según varios analistas lo que sucedió entonces no fue que se redujo la delincuencia, sino que se maquillaron las cifras. “¿Cómo si no reventó el accionar de los delincuentes apenas se fue Salazar?”, dice uno de ellos.

La situación ha sido tan desesperada que la acción, en años anteriores, de un presunto escuadrón de la muerte policial, ha  sido apoyada por un porcentaje alto de gente que no veía salida al crecimiento disparado de la delincuencia.

Pero este año, Arteta, en apenas siete meses de gestión, y rodeado por un equipo de policías muy competentes y especializados en policía comunitaria, tuvo un sólido efecto en mejorar la situación y devolver la esperanza sobre todo a los grupos más afectados por la delincuencia. (Ver: IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta).

Pero Trujillo es también una plaza caliente para el Apra y una espina electoral que tiene la cara de César Acuña el actual alcalde provincial,  que derrotó a aquel partido en las elecciones anteriores y que ahora, con considerable popularidad, va por la reelección. Y Trujillo es, además, el lugar que algunos políticos apristas consideran un feudo personal. Como en el caso de Luis Alva Castro, el entre otras cosas fallido ex ministro del Interior.

Tanto Alva Castro, como varios de sus allegados locales, querían sacar a Arteta porque “no podían mangonearlo”, como dice una indignada dirigente de juntas vecinales, ni utilizarlo para clientelismo selectivo, sobre todo el pre-electoral.

Este martes, después de una veloz inauguración en Huanchaco, García y su comitiva fueron a comer a la casa de Alva Castro, en Moche.

No ha quedado registrada la cantidad de comida que se consumió ese día, pero se puede garantizar que no hubo casos de anorexia. Porque aparte del notorio apetito presidencial, expresado en visibles consecuencias volumétricas, la comitiva era nutrida en más de un sentido.

Estaban ahí el premier, Javier Velásquez Quesquén; el presidente del Congreso, César Zumaeta; la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez; el ministro de Transporte, Enrique Cornejo; los secretarios generales del partido –con licencia, ¿se acuerdan porqué?- Jorge del Castillo y Omar Quesada; el director ejecutivo de Foncodes, Carlos Arana; y el inevitable secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava. Estaban también los congresistas Mauricio Mulder y Elías Rodríguez, junto con varios dirigentes locales, varios muy controvertidos, pero allegados a Alva Castro.

El propósito de la reunión, aparte de comer, fue evaluar y mejorar las estrategias para las elecciones municipales y regionales en La Libertad. El consenso fue que las cosas iban bien en la campaña para la presidencia regional y mal para la del Consejo Provincial de Trujillo. Los candidatos apristas para ambas, José Murgia y Daniel Salaverry estuvieron por cierto en la reunión; así como candidatos de algunas provincias liberteñas.

Pese a que Mulder mencionó las cifras más esperanzadoras de Idice, (una encuestadora a la que no se le conoce encuestas que no sean favorables al Apra), la mayoría tuvo presente el reciente sondeo de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) que le da nueve puntos de ventaja al actual alcalde César Acuña.

Y en la búsqueda de ideas de cómo ganarle a Acuña, algunos aprovecharon para tratar de perjudicar a sus enemigos.

El alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio, atacó al general Eduardo Arteta –que había acompañado a la comitiva hasta la puerta de casa– diciendo que era muy cercano a Acuña y que los partidarios de Toribio habían sufrido hace poco un ataque “a perdigonazos” de partidarios del alcalde provincial y que la policía de Florencia de Mora no los había protegido.

Otro dirigente aprista, José Marreros, secundó las críticas de Toribio. Ambos, según dirigentes de las juntas vecinales a quienes IDL-Reporteros ha entrevistado, tienen serios cuestionamientos respecto de la eficacia y transparencia de su labor, y “odian al general Arteta porque no lo pudieron mangonear”, dice una dirigenta.

Entonces habló Luis Alva Castro y apoyó lo que había dicho Toribio, persona, según varios testimonios, muy cercana a él.  “Arteta no ayuda nada al Partido” dijo. García entonces anunció la decisión de bajarle el dedo a Arteta.

No todos los asistentes estuvieron de acuerdo con la decisión, aunque parece que ninguno intervino para defender al general. Sin embargo, la filtración de lo que se había discutido y decidido fue amplia y profusa.

Al día siguiente, miércoles 18, se expidió la Resolución Suprema (ver), donde se hace otros cambios de colocaciones,  varios de los cuales son un mero trueque de puestos, posiblemente para ocultar el propósito real de la defenestración de Arteta.

Y ese mismo día, desde primeras horas de la mañana, el rumor, o la noticia, cundía en Trujillo.

Había gente que no lo podía creer, sobre todo los dirigentes de las Juntas Vecinales que menos de tres semanas atrás habían logrado hacer abortar un primer intento de sacar a Arteta, gracias a una movilización intensa, que incluyó manifestaciones en favor del general en Trujillo y el envío de una nutrida delegación a Lima.

Esta última se entrevistó tanto con el ministro del Interior, Octavio Salazar, como con el jefe de la Policía (el título es “director general”) Miguel Hidalgo. Este les aseguró que Arteta seguiría en su puesto “hasta diciembre” y dijo que lo contrario eran “especulaciones periodísticas”. Sorprendentemente, Salazar, cuando fue interrogado por Patricia del Río en RPP, sostuvo con enojo que los rumores del cambio de Arteta eran, también “especulaciones periodísticas”. Salazar e Hidalgo pertenecen a la misma promoción de la Guardia Republicana que, contra lo que se pudiera suponer, no se llama “especulaciones periodísticas”.

(Para recordar lo que sucedió, ver: ¿Destitución y retroceso?; Ministerio del Interior retrocede y mantiene a Arteta como jefe policial de La Libertad)

Ahora, tanto Salazar como, sobre todo Hidalgo, hicieron la variante burocrática del cuerpo a tierra. Ambos proclamaron total desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Y ambos mintieron.

Hoy, jueves 19, por ejemplo, Salazar le dijo a una dirigenta de las juntas vecinales, que no sabía lo que pasaba con Arteta. Sin embargo, en la Resolución Suprema de ayer está su firma. E Hidalgo estuvo igualmente enterado de la derogatoria de su promesa.

¿Qué vale más la pena, que te mantengan la promesa de hacerte ministro o incumplir tu propia promesa? Aparentemente Hidalgo no tuvo problemas en decidir.

Sin embargo, durante todo el día de ayer y parte del de hoy, reinó la desinformación en Trujillo, incluso después de la llegada casi subrepticia del remplazante, el general Oswaldo Alfaro. Periódicos locales, sin embargo, decidieron informar lo que sabían (Ver La Industria y Correo). El propio Arteta, que sabía todo, pero no oficialmente, prefirió atenerse a la formalidad (Ver video).

Hoy, empero, hubo indignadas manifestaciones de las juntas vecinales en apoyo de Arteta. En los carteles aparece un culpable principal: Luis Alva Castro. Tanto Alva Castro como su secretaria hicieron llamadas rogando que sacaran su nombre, pero no tuvieron eco. Una vez que los dirigentes se enteraron que Salazar les había mentido, empezó un partido aparte de impopularidad entre él y Alva Castro.

Luis Alva Castro fue sindicado por la población como el responsable de la remoción del general Arteta. (Foto: La Primera)

La representante de la Junta Vecinal de la Comisaría de Bellavista, Lucy Morales Díaz dijo a IDL-Reporteros: “todo el día hemos estado haciendo pancartas y preparando la protesta a favor del general Arteta”.

“Nadie nos da la cara, nosotros responsabilizamos a Alva Castro como el culpable de la salida del general, él le dijo a sus amigos apristas que Arteta no ayuda en nada para el partido. Sentimos que Salazar e Hidalgo también nos han engañado”, indicó Morales.

Los representantes de las juntas vecinales buscaron reunirse con Luis Alva Castro pero éste se negó, aunque por teléfono les dijo que “Arteta debe aprender a irse”.

Al mediodía, algunas juntas vecinales hicieron una toma pacífica de la Dirección departamental de la Policía por un par de horas antes de ser persuadidas por el propio Arteta a levantar la medida.

Poco después se produjo el relevo.

Juntas Vecinales frente a la Dirección departamental de la Policía.

Ahora queda por ver cuáles serán las consecuencias para el partido aprista y el gobierno alanista, de haber tomado una decisión que compromete la seguridad ciudadana de Trujillo por la supuesta ventaja de una maniobra electoral.

Notas relacionadas:

• Ministerio del Interior retrocede y mantiene a Arteta como jefe policial de La Libertad
• IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta
• ¿Destitución y retroceso?

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Cuando una importante ciudad en robusto crecimiento resulta plagada por una agresiva criminalidad, las prioridades se reordenan muy pronto para la mayoría de sus habitantes. Recobrar la tranquilidad, combatir con éxito al crimen se convierte en prioritario.

Y si después de muchos intentos, varios excesos, corrupciones y no poca superchería policial, llega un grupo selecto de policías que busca servir al pueblo e incorporarlo en la lucha contra el crimen, y empieza a tener buenos resultados, ¿sorprende que la población cambie su actitud de desconfianza por una de afecto y agradecimiento? No. Y eso fue lo que pasó este año con el comando policial bajo el mando del general PNP Eduardo Arteta.

Los considerables éxitos de Arteta han tenido un temprano resultado. Ayer, pese a las protestas de la población organizada, el Gobierno lo removió de su cargo apenas siete meses después de tomarlo, aparentemente porque, según algunos dirigentes apristas locales, Arteta no colaboraba lo suficiente con ellos en la lucha electoral contra el alcalde no aprista de Trujillo, César Acuña.

El presidente de la República suele ser expeditivo a la hora de pronunciarse por la pena de muerte y los castigos draconianos contra los criminales, aunque sus declaraciones no tengan otro efecto que el retórico y la distracción respecto de otros temas.

Pero cuando un policía honesto y eficiente tiene éxito donde más se lo necesita, lo único a que atina García es a decapitar la gestión del general. Lo hizo aconsejado por Luis Alva Castro, cuya gestión como ministro del Interior fue de mala para abajo.

Así, para el pueblo trujillano quedó claro que para García y, sobre todo en este caso, Alva Castro no hay buena acción que quede sin castigo. Una gestión exitosa contra el crimen ha sido mutilada por un clientelismo y cálculo electoral elementales y más bien groseros.

Cuánto de daño se va a haber hecho a Trujillo al desmantelar la campaña de Arteta es algo que se verá en el futuro. Pero la decepción y el enojo de los miembros de las juntas vecinales ya es evidente. Para ellos, la corrupción y la delincuencia representan un peligro muy grande y muy real. Al perder a un grupo de buenos policías, el riesgo crecerá de inmediato.

Los cálculos electorales suelen hacerse para ganar votos y no para perderlos. Y me pregunto qué C.I. es necesario para entender que una medida que dañe la seguridad de los ciudadanos no va a ganar votos sino a perderlos.

Pero no solo es un caso de imbecilidad e incompetencia. Cuán encallecido hay que estar, cuán poco debe importarles la gente como para sabotear, con esa destitución de facto, lo que era una lucha exitosa contra el crimen.

Podrán hacer los psicosociales de poca monta que acostumbran, podrán mentir desde el moflete hasta el cachete, pero yo espero que la gente les haga sentir que no se los debe burlar en lo que hoy por hoy cuenta más, la lucha por librarse del miedo, por no ser víctima sino dueña de su destino.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Columna de reporteros
• Columna de reporteros

(Nota del editor: En su más reciente columna, el destacado periodista de investigación israelí Yossi Melman informa sobre el caso de la compra de portatropas y sus consecuencias en Israel.

PorYossi Melman, publicado en el diario Haaretz de Israel, 3 de junio 2010.

El ingreso de Israel a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo requiere la adopción de nuevas normas, incluidas una mayor transparencia y abstenerse de sobornar a altos funcionarios en países a los cuales exporta equipamiento para la defensa. Lo que está ocurriendo en el Perú en estos días es un ejemplo de cómo no actuar.

A fines de 2006, la compañía israelì ISDS, de Leo Glesser, llegó a un acuerdo para la venta de 50 portatropas Abir entre la planta automotriz de Nazareth y el Ministerio del Interior peruano, con un precio de venta de $107,000 cada uno. La ministra peruana de Interior fue luego reemplazada por Luis Alva Castro, quien anunció que suspendía el trato. Un periodista peruano respetado, Gustavo Gorriti, denunció en reportajes de investigación que la suspensión reflejaba el deseo del ministro de que algunos socios, incluyendo israelís expatriados, fueran incluidos en el trato.

Glesser está demandando al gobierno peruano en una corte en el Perú. Las digilencias del proceso aún no han concluido. En diciembre 2009, el nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, y su viceministro, Samuel Torres, aprobaron seguir con el trato pero esta vez con Glesser reemplazado por la planta de metal de Hatehof en Nazareth. Gorriti reveló en su medio en Internet, IDL-Reporteros, que el costo de cada vehículo saltó de $107,000 a $170,000 dólares.

El ministro y su viceministro alegaron que este vehículo tenía otro tipo de chasís –mejorado y actualizado. El periodista Gorriti no se dio por vencido y presentó sospechas de incorrecciones. El presidente Alan García se aproximó a Israel para que le ayudara a silenciar el asunto. Gorriti no cedió. La policía peruana tuvo que enviar a un equipo, liderado por el general Mario Obregón, a Israel para inspeccionar los vehículos.

El equipo reportó al gobierno peruano que había inconsistencias en los números de registro de chasís de varios vehículos. También halló que estaban equipados con cajas automáticas en vez de manuales, como había sido acordado. Hace una semana, el presidente García anunció que cancelaba el contrato. El viceministro del Interior, Torres renunció y analistas políticos en el Perú creen que los días de Salazar en el cargo están contados. Aparentemente, la policía peruana ya ha pagado a Hatehof la mayor parte del dinero, casi $ 5 millones de dólares. Respuestas: el ministerio de Relaciones Exteriores (de Israel) declinó a comentar. El ministerio de Defensa afirmó que como el contrato incluye vehículos clasificados como civiles, no requería la aprobación del ministerio.

El presidente de Hatehof, Shimon Shaham, declaró: “Hatehof legítimamente y legalmente ganó un concurso para proveer dos tipos de vehículos blindados a la Policía Nacional del Perú, valorados en $ 11 millones de dólares. De esa cantidad, $5.3 millones eran para los vehículos a los cuales nos referimos en este texto. A raíz de un escándalo mediático, una delegación de funcionarios encabezados por el subcomisionado de la policía del Perú visitó la planta de Hatehof y revisó cuidadosamente los reclamos y las especificaciones –y se descubrió que no había mancha alguna ni se encontró base para los reclamos que se hicieron. En el vehículo que es material de esta columna, hay agregados y capacidades significativamente mejoradas, y ése es el origen del cambio de precio.

Hatehof no estaba ni está involucrado en el contrato anterior y su nombre fue injustamente mencionado en el asunto que implica a ISDS y la policía peruana”. Leo Glesser dijo que él no tiene interés en disputar con las compañías de Israel; él solo quiere que el gobierno del Perú honre su acuerdo con él o lo compense como exige la ley.

Notas relacionadas:

• El informe Obregón
• Cutras de Córpac
• Cronología básica

Alva Castro declaró a IDL-Reporteros desde Trujillo. (Foto cortesía La República)

El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, calificó como una “buena decisión” que el presidente de la República, Alan García, haya anulado la compra que hizo el ministerio del Interior de 31 portatropas y 13 vehículos multipropósito blindados.

“Eso estaba sobrevalorado. Yo pensé que en algún momento (el ministro Octavio Salazar) iba a tomar esa decisión, no debió esperar a que el presidente lo haga. Debió anularlo (el contrato) él mismo”, indicó el líder aprista.

En 2007, como se recuerda, apenas Alva Castro asumió el ministerio del Interior canceló la compra de portatropas Abir M-462 fabricados por la empresa AIL (Automotive Industries Ltd.) y vendidos por la firma ISDS a 107 mil dólares cada uno. El argumento fue el sobreprecio. Sin embargo, en diciembre de 2009, el Mininter firmó un contrato para adquirir esos mismos vehículos, con modificaciones menores, a 171 mil dólares cada uno.

“Mi gestión anuló una compra de portatropas que estaban sobrevaluados. Procedimos a anularla luego de ver los informes que demostraban irregularidades”, aseguró.

El precio de 107 mil dólares por vehículo era el mínimo que podía ofrecerse, de acuerdo con las bases elaboradas para las compras en el llamado shock de inversiones en 2006, bajo la gestión de la entonces ministra del Interior Pilar Mazzetti.

Al ser consultado sobre si el ministro Salazar debería poner su cargo a disposición, Alva refirió que “esa decisión solo le corresponde a él tomarla. Mejor dicho, él evaluará si debe hacerlo o no, y si tiene o no la confianza del presidente”.

“Los ministros siempre tienen responsabilidad política. De eso no se escapa ninguno. El ministro señala las políticas, pero tiene responsabilidad, sin duda”, puntualizó.

Notas relacionadas:

• Alva Castro: “Por lo menos hay una sospecha”
• La compra que Alva Castro anuló
• El informe Obregón

Por Romina Mella.- El documento había sido ocultado como si fuera un secreto de seguridad nacional. Era, en efecto, un secreto, pero de deshonestidad gubernamental.

El informe que hizo el jefe de Logística de la PNP, general Mario Obregón, luego de su semiclandestina¹ visita a la planta de Hatehof en Nazaret, Israel, el 25 de febrero pasado, fue mantenido en reserva por el ministerio del Interior debido a lo que es: un documento bochornosamente incriminatorio para el Ministerio y el Gobierno en general.

IDL-Reporteros hizo gestiones reiteradas desde comienzos de marzo para obtener copia de dicho informe y entrevistar al general PNP Obregón. Las respuestas, todas negativas, fluctuaron entre el pavor burocrático y la mecida.

Por fin, IDL-Reporteros ha logrado obtener una copia completa del informe de Obregón, que hoy pone a disposición de sus lectores. Cuando uno lo lee, se da cuenta por qué lo ocultaron: El documento no solo es revelador sino, sobre todo, constituye una auto acusación.

Obregón viajó a Israel, entre el 25 de febrero y el 3 de marzo pasados, con autorización del director general de la PNP, general Miguel Hidalgo². Lo acompañaron el mayor PNP Rafael Gonzales, jefe de la Unidad de Transportes de la Diroes; el especialista superior PNP Óscar Sánchez, mecánico del equipo de control de calidad de la Dirlog; y el ET2 Dante Camarena. El viaje fue pagado por Hatehof.

El propósito declarado del viaje era verificar el cumplimiento por parte de Hatehof de las condiciones contractuales en la muy controvertida compra de 31 portatropas y 13 vehículos blindados multipropósito³.

Hay que tener presente que Obregón viajó poco después de que IDL-Reporteros revelara en sus dos primeras entregas (“Estafa Camionera”, el 14 de febrero; y “La Prueba”, el 19 de febrero), el fraude cometido en la adquisición grotescamente sobrevalorada de los portatropas y el hecho que se trataba, con ligero maquillaje, de los mismos portatropas Abir M-462 que el ex ministro Luis Alva Castro se había negado a recibir el 2007, a 107 mil dólares cada uno, aduciendo un sobreprecio.

El director de Logística, Mario Obregón, junto con el viceministro Samuel Torres. (Foto: IDL-Reporteros)

De manera que Obregón era consciente de la responsabilidad que pesaba sobre él al efectuar la verificación de los vehículos; y a la vez sabía que el ministro Octavio Salazar y el viceministro Samuel Torres hacían todo lo posible por defender la adquisición.

Por eso, el informe es un ejercicio precario de equilibrio, que debe ser leído como el documento de alguien que sabe que no puede ocultar los hechos pero que tampoco quiere perjudicar su carrera.

La inspección

En la primera parte del documento, el director de Logística de la Policía relata que llegó a la planta de Hatehof, junto con su equipo, el domingo 28 de febrero a las once de la mañana, para corroborar si los portatropas Wolf 2 cumplían o no con las especificaciones técnicas que exigía el contrato.

Según el “Protocolo de Verificación de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas del Wolf 2” al que hace referencia Obregón en su informe, el general revisó solamente “los chasís de ocho (08) vehículos, dos de los cuales presentaban doble numeración, una correspondiente al año 2007 y otra del 2010, dos (02) chasís sin numeración y tres (03) chasís con numeración del 2010”.

A pesar del evidente fraude, los policías se limitaron a tomar nota de los descargos de los representantes de la empresa, quienes indicaron que “las observaciones a los chasís se absolverían al día siguiente, ya que se había coordinado con la empresa AIL, proveedora de los chasís, con los que Hatehof produce sus vehículos para que estos reemplacen los chasís observados y que aquellos habrían sido enviados por error del proveedor”.

En febrero pasado, como se recuerda, IDL-Reporteros reprodujo una conversación telefónica entre Leonard Solomon, gerente de importaciones y exportaciones de AIL; y Leo Gleser, presidente de ISDS. En ella, el primero admite que su empresa ha vendido a Hatehof –para ser exportados al Perú– 31 de   los vehículos Abir M-462 originalmente encargados por ISDS. (Ver: La prueba).

Inspección de los Wolf 2 en la planta de Hatehof, en Nazaret. (Cortesía: Prensa Libre)

Al día siguiente de la primera inspección de Obregón, el ingeniero de AIL, Gideon Hadari, llegó a la planta y argumentó “que por error de la empresa AIL se habían enviado esos chasís, los mismos que habían sido retirados y en su reemplazo se había traído otros chasís también nuevos y sin numeración”.

Horas más tarde, según refiere Obregón, el empleado de AIL grabó los nuevos códigos VIN (Vehicle Identification Number) sobre los chasís de AIL.  Es decir, el ensamblador en 2007 de los Abir M-462, 31 de los cuales habían sido vendidos a Hatehof para que pasaran a llamarse Wolf 2, pegaba una nueva etiqueta de VIN a los chasís, para que en Lima pasen la segunda “inspección” sin problema alguno. Algo así como “el punto de oro” en el mundo de los fierros.

Los portatropas también presentaron otro “problema” revelador. Todos llevaban caja de cambios automática THM-400 y no mecánica, como lo exigían las especificaciones técnicas del “Wolf 2”. La caja automática de cambios que tenían es la que llevan los Abir M-462.

Cuando Obregón anotó el flagrante hecho, los representantes de la empresa trataron de convencerlo de que la caja automática de los Abir era una gran cosa.

Obregón también reportó que los neumáticos y aros no cumplían con los requerimientos de la PNP, “siendo lo solicitado, según respuesta a consultas: Aro 18″ mínimo”. Los de Hatehof, contradiciendo su propia propuesta técnica, le dijeron que “los vehículos verían afectada su performance si es que se aumenta el diámetro de las ruedas a Aro 18″”.

Por todo ello, a Obregón, consciente al fin y al cabo que no solo el ministerio del Interior sino también el Ministerio Público iba a leer sus conclusiones, no tuvo alternativa salvo la de establecer que el Wolf2:

El general Obregón durante la inspección de los vehículos. (Cortesía: Prensa Libre)

“No cumple con las especificaciones técnicas del requerimiento de la PNP, en los ítems antes indicados. Por lo señalado los vehículos WOLF 2 no están en condiciones de ser embarcados, según lo establece la clausula 12, numeral 12.7 y la clausula 14 del Contrato de Compra”.

Pero eso no fue todo. A Obregón le restaba revisar los Wolf 1, y ahí encontró más sorpresas.

Los Wolf 1, otro intento de fraude

La conclusión sobre la verificación del camión multipropósito blindado que hizo el general Obregón resultó la misma que en el caso de los Wolf 2: “El vehículo no cumple con las especificaciones técnicas del requerimiento de la PNP, en los ítems en los que se indica. Por lo señalado los vehículos WOLF 1 no están en condiciones de ser embarcados, según lo establece la cláusula 12, numeral 12.7 y la cláusula 14 del Contrato de Compra”.

Es que en el Protocolo de Verificación de cumplimiento de Especificaciones técnicas del Wolf 1, llevado a cabo el uno de marzo, los vehículos tenían un código VIN de 2008 y no de 2009 como lo especifican las bases.

“Los chasís sobre los cuales se fabrica el vehículo, llevan la numeración VIN correspondiente al 2008 (DO8LL21080025BD), por lo cual no cumple con los requerimientos de la PNP”.

Obregón, además, detalla una lista de otros incumplimientos de Hatehof:

• No cumple con tener la palanca al piso de la transmisión, ya que está instalada en la columna de la dirección.
• No cuenta con dos bases para fusil ametralladora, una en cada lado lateral del techo.
• No cumple con tener seis troneras laterales con sus respectivas ventanas visoras, ya que el vehículo solo tiene cuatro troneras laterales y una posterior.
• No cumple con el ángulo de entrada 44 grados como mínimo; ni tampoco con el ángulo de salida de 35 grados mínimo; tampoco cumple con el espacio a tierra de 500 mm mínimo.

En febrero pasado, después de la publicación de “La Prueba”, y en días previos al viaje de Obregón, el viceministro Samuel Torres dijo al diario El Comercio que “en el supuesto negado de que (los portatropas) no fuesen fabricados con las características que hemos especificado, nosotros no los vamos a recibir, no daremos la conformidad y no se hará efectivo el pago por los bienes, que son hechos a pedido”.

Sin embargo, luego que IDL-Reporteros revelara parte del contenido del informe de Obregón (en “Encubrimientos y deslindes”), Torres salió a los medios de comunicación para anunciar que pese a ello, no se anularía la compra.

“Hasta ahora no hay ninguna configuración de fraude. Nosotros hemos hecho las consultas a asesores externos para ver si se puede hablar de un tema de fraude, nada más alejado de la realidad porque hay indicios claros de que la empresa le dio facilidades a nuestra comisión para que se paseen por toda la empresa, estuvieron a disposición de modificarlo y eso es lo que ha ocurrido”, aseguró Torres en una entrevista en Prensa Libre.

Lo que no dijo el viceministro es que Hatehof estaba obligada por el contrato a dar “las facilidades” a la delegación policial para que inspeccione los vehículos en la planta de la firma.

Y, además, ¿qué tienen que ver “las facilidades” con el travestismo vehicular que Obregón no tuvo más remedio que detectar en Nazaret? Eso es algo que quedaría claro para cualquier persona mínimamente inteligente, que estuviera interesada en la realidad y no en el encubrimiento.

A estas alturas, ya no hay duda sobre el fraude cometido en la compra de vehículos a Hatehof. Lo que queda por investigar, e investigar a fondo es quiénes, entre los que intervinieron en ella, tienen un interés creado en defender esa obvia estafa.

Aunque Samuel Torres es quien sale a tratar de justificar la operación cada vez que se revela algo nuevo sobre ella, el responsable del sector es alguien que trata de mantenerse de perfil a toda costa: el ministro Octavio Salazar.

¿Es él el principal responsable? Veamos: Salazar no tiene ninguna fuerza política propia. Pero si incluso después que el ex ministro del Interior y ahora presidente del Congreso, Luis Alva Castro, declara públicamente (ver: Alva Castro: “Por lo menos hay una sospecha”) que esa compra debe investigarse porque “ya estaba bastante sobrevaluada y ahora resulta que está mucho más. Por lo menos hay una sospecha”, Salazar se mantiene incólume, hay que preguntarse:

¿Quién tiene el poder suficiente como para proteger al ministro? ¿Qué personaje de Palacio se interesa muy en particular por todo lo rentable e interesante que sucede en el ministerio del Interior, especialmente pero no solo en los ascensos?

1) La resolución que autoriza el viaje no fue publicada entonces ni en las semanas subsecuentes en El Peruano.

2) Memorándum Nº 194-2010-DIRGEN-PNP/EMP/OCNI del 23/2/2010.

3) La compra fue hecha, como se sabe, mediante el “Contrato de Compraventa de Bienes en el Extranjero Nº 01-2009-DIRECFIN-PNP del 17 de diciembre de 2009

Notas relacionadas:

• Un escandalo en el Perú
• Cutras de Córpac
• Portatropas, la otra compra

En febrero, IDL-Reporteros publicó una investigación que descubrió que los 31 camiones portatropas que el Ministerio del Interior le está comprando a la empresa israelí Hatehof, a 171 mil dólares cada uno, son esencialmente los mismos que dicho ministerio se negó a recibir, en julio de 2007, con el argumento de que los 107 mil dólares que en aquel momento se pedía por cada uno de ellos era un precio sobrevaluado.

Cuando IDL-Reporteros destapó la estafa, el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, y su viceministro de Gestión Institucional, Samuel Torres, defendieron la compra y el altísimo sobreprecio con diversos argumentos. Uno de los principales fue que el vehículo vendido por Hatehof es de “uso militar” mientras que los del 2007 eran de “uso policial”, por lo cual resultaban más baratos.

Pues bien. Nada más militar que el Ejército. Y ha sido el Ejército el que ha comprado, en octubre del año pasado, un lote de 72 portatropas. Se trata de 38 camiones con sistema de tracción 4 x 4 y otros 34 con tracción 6 x 6, de marca Beiben Truck, con tecnología alemana, adquiridos a la empresa china Norinco.

Los portatropas que compró el Ejército son de fabricación china con tecnología alemana. (Foto: IDL-Reporteros)

Los portatropas que ha comprado el Ministerio del Interior, modelo “Wolf 2” (en realidad, un modelo Abir M-462 con cambios menores y fabricados por la empresa AIL, como lo ha demostrado IDL-Reporteros), tienen tracción 4 x 4 y se venden a 171 mil dólares cada uno. Salazar y Torres proclaman que es un precio justo y adecuado tomando en cuenta las bondades que ofrece el vehículo.

Los camiones con tracción de 6 x 6 que ha adquirido el Ejército costaron 95,500 dólares. Es decir, un 55% menos. Casi la mitad.

¿Esto es porque tienen menor capacidad y potencia que los de Hatehof?

COMPARACIONES

Veamos. Los 6 x 6 del Ejército pueden transportar alrededor de 30 efectivos (y, según sostienen en el cuartel de Barbones, hasta 40). Tienen un motor de 280 HP de potencia, un tanque de combustible con una autonomía de 1,900 kilómetros, un torque de 118 kilogramos y una capacidad de superar pendientes del 70%. La garantía es de cuatro años o 50,000 kilómetros.

Los portatropas comprados a Hatehof por el Ministerio del Interior pueden trasladar 13 efectivos. Tienen un motor de 180 HP, un tanque de combustible con autonomía de 850 kilómetros, un torque de 35 kilogramos y una capacidad de superar pendientes del 60%. La garantía que ofrecen es de dos años o 50,000 kilómetros.

Los camiones de tracción 6 x 6 pueden transportar hasta 40 efectivos. (Foto: Ejército Peruano)

Es verdad que los vehículos del Ministerio del Interior vienen con blindaje parcial, de tolva y en las puertas de la cabina; y con repuestos. Pero en su momento, IDL-Reporteros ya demostró que el costo del blindaje –de acuerdo a la cotización de Armor Security, la mayor empresa de blindaje en el país– no debería de superar los 13,600 dólares y que el costo de los repuestos no debería de ser mayor a los 8,600 dólares. En total, 22,200 dólares de costo adicional, como máximo.

Si a los portatropas que ha comprado el Ejército se les agregara blindaje y repuestos su precio no debería de superar los 117,700 dólares la unidad. Es decir, seguirían siendo 53,300 dólares más baratos que los que ha vendido Hatehof, pese a tener mayor potencia, autonomía y capacidad para transportar efectivos.

Pero la diferencia de precio se vuelve obscena si la comparación se hace con los portatropas 4 x 4 del Ejército. La potencia, el torque, la autonomía y la capacidad de los Wolf 2/Abir y de los Beiben Truck 4 x 4 son casi equivalentes (180 HP vs 160 HP; 35 Kg vs 50 Kg; 850 Km vs 800 Km; 13 efectivos vs 12 efectivos). Los chinos, por lo demás, tienen cuatro años de garantía. Y costaron 56,600 dólares. Es decir, la tercera parte de los de Hatehof.

Algunos podrán alegar que un vehículo chino (aunque se trate en este caso de uno con tecnología alemana y especificaciones militares) no compite de igual a igual con uno israelí. Pero ¿eso justifica una diferencia de 300% en el precio?

PRECIOS HISTÓRICOS

Comparemos también, entonces, la marca consigo misma. Durante el decenio fujimorista, el Ministerio del Interior efectuó tres compras de portatropas, todos modelo Abir M-462, fabricados por AIL, y todos vendidos por la misma compañía: Sutex S.A.

El Ejército pagó 5'397,800 dólares en total por los 72 portatropas comprados a Norinco. (Foto: IDL-Reporteros).

En 1995, le compró 70 portatropas a 55,950 dólares cada uno. En 1997, otros 20 a 59,850 dólares la unidad. Y en 1998, otros 70 también a 59,850 dólares. Sutex, por si alguien no lo recuerda, es la empresa con la que el traficante de armas Zvi Sudit y sus socios James Stone, Ilan Weil y Rony Lerner hicieron millonarios negocios con Montesinos, por lo cual es casi seguro que los precios consignados incluyeran la ‘comisión’ respectiva al ‘Doc’.

En 2007, la empresa ISDS vendió 50 portatropas Abir a 107,000 dólares cada uno, compra que se anuló luego por supuesta sobrevaluación. Pero es importante aclarar que en el proceso de compra de 2006-2007, el Ministerio del Interior estableció bases según las cuales el precio mínimo con el que se podía concursar era 107 mil dólares. Cualquier oferta inferior significaba descalificación. Las autoridades del ministerio jamás explicaron el porqué de esta regla.

Luego de la salida de Pilar Mazzetti y el ingreso al ministerio de Luis Alva Castro, la compra de los Abir fue cancelada aduciendo sobreprecio.

Tenemos, entonces, que un portatropas Abir costaba en el Perú 59,850 dólares en 1998 y que nueve años después se quiso vender a 107,000 dólares pero se consideró excesivamente caro. ¿Cómo es que en 2009 este mismo Abir, con solo unos pocos cambios cosméticos, puede haber sido vendido al Ministerio del Interior a 171,000 dólares?

¿No es evidente que existe un enorme sobreprecio en esta adquisición y que la única explicación posible es que alguien, o más de uno, cobró una inmensa coima?

Notas relacionadas:

• Gobierno deja sin efecto compra de portatropas
• El informe Obregón
• Cutras de Córpac

Artículo de Gustavo Gorriti en su columna Las Palabras de Caretas Nº 2128 del 6 de mayo.

Ilustración: Castellanos (Caretas).

EN los años ya lejanos del caso Langberg, descubrí por primera vez cómo funcionaba un ministro del Interior corrupto (el general EP (r) Fernando Velit Sabattini) y el ministerio bajo sus órdenes. En otro caso grande, el de Reynaldo Rodríguez López, comprendí gradualmente, hasta que quedó del todo claro, la manera en que la Policía –a través de la entonces PIP y sus jefes Ipinze, Alayza y Ballesteros– se organizó para servir al crimen que supuestamente combatía.

Luego, Montesinos representó la conquista del poder por el crimen organizado. ¿Cuáles fueron las características comunes en las acciones del ministro, de los jefes policiales y del espía gobernante? Que los latrocinios se disfrazaban de virtud. Otra cosa fue que muchos funcionarios sabían exactamente qué pasaba, y aun así colaboraban –a veces activa, otras pasivamente – en el funcionamiento de organizaciones sustancialmente pervertidas por la corrupción.

A mediados de febrero de este año, idl-reporteros (la publicación electrónica de periodismo de investigación que dirijo), salió a la luz con su primera nota, muy apropiadamente titulada “Estafa camionera”. El reportaje describió cómo el Ministerio del Interior había comprado, entre otras adquisiciones, un lote de 31 portatropas que, con alguna cosmética añadida, eran los mismos que el ex ministro del Interior Luis Alva Castro había rechazado comprar el 2007 por una supuesta sobrevaluación. Pero, si en 2007 el precio de cada portatropas era de 107 mil dólares, en 2010 había ascendido a 171 mil. Suponiendo que los vehículos fueran excesivamente caros a 107 mil dólares cada uno, ahora se pagaba casi dos millones de dólares más por el lote de 31 carros.

La investigación fue sañudamente atacada tanto por el ministerio como por la compañía que vendía los vehículos: Hatehof, cercana a Rony Lerner, un personaje del grupo de traficantes de armas encabezados por Zvi Sudit, que hizo negocios rentables y corruptos con Montesinos.

Tanto el ministro Octavio Salazar como el viceministro Samuel Torres trataron de justificar los dos millones de diferencia, indicando que se trataba de un vehículo cualitativamente superior al de 2007.

A su vez, en una airada carta notarial enviada al día siguiente de la publicación, la compañía Hatehof Ltd. afirmó, entre otras cosas, lo siguiente:

- Que el portatropas llamado “Wolf2” (el de 171 mil dólares), era sustancialmente diferente al Abir M-426 (el de 107 mil dólares);

- Que las 31 unidades Wolf2 eran completamente nuevas y fabricadas en 2010;

- Que, entre otras diferencias, el Wolf2 lleva una caja de transmisión manual de 5 cambios, “que resuelve el problema de la conducción del vehículo a través de terrenos difíciles”;

- Que “llama la atención y molesta la comparación (…) del Wolf2, producto de Hatehof Ltd, con el Abir M-426, totalmente ajeno a nosotros. Los dos vehículos (…) son diferentes en esencia”.

POCOS días después, en idl-reporteros publicamos una segunda entrega titulada “La Prueba”, en la que un alto ejecutivo de la compañía que fabricó los Abir en 2007, reconocía en una conversación telefónica grabada, que acababan de venderle 31 portatropas Abir a Hatehof, para ser exportados al Perú. En la conversación, el ejecutivo informa que los de Hatehof le dijeron: “Hay un contrato, tenemos firmado por 31 vehículos Abir; de forma un poco distinta: rígido en la cabina y planchas de acero en los costados, una especie de láminas a los costados”.

Con la mentira y el fraude al descubierto, el Ministerio del Interior tuvo un momento de pánico y sacó un comunicado el 20 de febrero en el que se comprometió a que: “si la empresa Hatehof no cumple con entregarnos vehículos nuevos (…) no se dará la conformidad, se ejecutarán las fianzas y no se entregará un centavo (…) si en este caso se trata de un intento por sorprender al Estado con vehículos adulterados procederemos drásticamente en defensa de los intereses y los dineros públicos”.

Lo que Salazar y Torres hicieron después, como referí en un artículo anterior, en Caretas 2120, fue mandar a Israel al general PNP Mario Obregón, director de Logística de la PNP, para revisar los vehículos. Obregón viajó acompañado por un pequeño grupo de técnicos policiales. El viaje, por cierto, fue pagado por Hatehof.

En la “inspección” que el cuitado general llevó a cabo, no pudo evitar anotar, entre otras cosas, lo siguiente:

- Que solo pudo revisar 8 vehículos, pues los otros 23 no estaban todavía ensamblados;

- Dos de esos ocho vehículos tenían un VIN (número de identificación del vehículo) cambiado, para ocultar que su año de fabricación era el 2007. Otros tres no tenían código VIN; y a otros tres ya les habían puesto el de 2010.

- Los ocho vehículos examinados tenían caja de cambios automática, en desmentido a la carta que la propia compañía había enviado. La razón es simple: la caja de los Abir es automática.

Junto con todo lo anterior, ¿se necesitaba más evidencia del fraude? No. Pero tanto Obregón allá como el viceministro Torres aquí hablaron de “errores subsanables”. Entre tanto, procedieron a pagar una parte importante del precio de compra.

Eso fue demasiado hasta para Luis Alva Castro. El ex ministro del Interior y hoy presidente del Congreso dijo a idl-reporteros que “me interesa mucho que se esclarezca este tema (…) Me llamó mucho la atención que se hiciera una compra, en 2010, con precios todavía mucho mayores de lo que ya nosotros en su momento habíamos considerado que eran altos y excesivos. Por lo menos hay una sospecha”.

Pero no hay ninguna sospecha sino una certeza: los vehículos Abir que no se compraron el 2007 por ser presuntamente caros, se comprarán ahora, cosmética y cambio de nombre mediante, por 2 millones de dólares más.

Y ahora que esto queda completamente comprobado, el ministro y el viceministro prosiguen con la transacción con el más completo cinismo.

¿Qué otra razón puede tener una compra así que no sea la corrupción?

Alguien me dijo el otro día que al lado de las otras grandes cutras que se perpetran hoy en el país, por decenas de millones de dólares, una cutrilla de dos millones no es tan terrible.

A mí me parece infame y repugnante. Y los hipócritas y cobardes que miran al otro lado no suscitan otra cosa que desprecio.

A la Policía le falta de todo, desde lo más elemental. Desde medicinas hasta entrenamiento. Y no se los dan porque dicen que no hay dinero.

Por ejemplo: una tragedia recurrente es el número de policías que pierde la vida, por mano propia o de sus colegas, en accidentes de armas de fuego, por impericia en su manejo. La inmensa mayoría de policías no se entrena virtualmente nunca ni en tiro ni en seguridad en el uso de armamento. Por eso la terrible cantidad de muertes por accidente con armas.

La inmensa mayoría de policías no entrena tampoco en técnicas de arresto, o en defensa personal. Por eso, solo les queda soportar pateaduras o utilizar la fuerza en exceso.

¿Por qué no los entrenan ni en manejo de armas ni en defensa personal como sucede con toda policía eficaz en el mundo? Porque sus jefes dicen que no tienen plata para hacerlo. Sé, por ejemplo, que ese fue el pretexto que dio el general Miguel Hidalgo, para no entrenar a los policías hace pocos meses. Sin embargo, el mismo general Hidalgo queda pasivo y aquiescente frente a un obvio acto de corrupción como ese, cuyo sobrecosto serviría para entrenar por varios años a los policías del Perú.

Así funciona la corrupción: no hay dinero para lo barato y necesario; sobra, en cambio, para lo caro, aparatoso, fraudulento e innecesario. Lo uno no da comisiones. Lo otro, sí.

Notas relacionadas:

• El informe Obregón
• Encubrimientos y deslindes
• Escaldaduras en Córpac

Alva Castro demandó que se investigue con mayor profundidad la compra de los portatropas. (Foto: La República)

El presidente del Congreso (y ex ministro del Interior) Luis Alva Castro, declaró a IDL-Reporteros sobre el tema y no se guardó su opinión.

Hasta hace poco, Alva Castro y Octavio Salazar tenían una visible cercanía. De hecho Alva Castro auspiciaba con entusiasmo la candidatura de Salazar a la alcaldía de Trujillo. Luego, sobrevino un súbito rompimiento entre ambos.

Ahora, con estas declaraciones, ya se sabe por qué.

“Me llamó mucho la atención que se hiciera una compra (en el 2010) con precios todavía mucho mayores de lo que ya nosotros en su momento habíamos considerado que eran altos y excesivos”, dijo Alva Castro a IDL-Reporteros en una entrevista el miércoles 28.

A continuación, las otras respuestas de Alva Castro a las preguntas de IDL-Reporteros.

…lo que ha habido en el Ministerio del Interior ha sido una defensa cerrada del precio y de la compra. ¿Qué piensa de esta actitud?

-Bueno, como usted comprenderá me tiene que parecer muy mala porque no puedo aceptar que… además, no sé qué cosa tan distinta tendrían que tener estos portatropas. Porque los portatropas son, como su nombre lo indica, para llevar allí a los efectivos. La verdad es que a mí me sorprendió. Esa parte sí me pareció extraña.

-¿Se trata de un error de funcionarios del Ministerio del Interior o habría algo oscuro […] en esta compra?

-Tiene que ser investigado. No emito ningún juicio mayor que no sea investigar más porque no estoy satisfecho con las explicaciones que se dieron. Me parece que se tiene que investigar más. En el Congreso está en investigación en la Comisión de Fiscalización. Habría que pedirle a la Comisión de Fiscalización que avance. Yo sé que han pedido información que hasta este momento no les alcanzan. Cuidado.

-A la Fiscalía tampoco le están dando la información. Los están paseando.

-Eso sí es mucho más grave. Porque si usted no tiene nada qué ocultar, usted entrega toda la información que se le pide, ¿no es cierto?

-¿Cree que el ministro Octavio Salazar actuó solo o contó con el apoyo de alguien más, un funcionario importante del Gobierno?

-Bueno, eso sí yo no me atrevo a dar ninguna opinión porque la verdad es que no sé qué cosa más puede haber pasado allí. Pero sí me interesa mucho que se esclarezca este tema que de hecho tiene que ver con una anulación que yo hice en su momento, que ya estaba bastante sobrevaluada y ahora resulta que está mucho más. Por lo menos hay una sospecha.

-La comisión del Ministerio del Interior que viajó a Israel ha encontrado que por lo menos dos de los vehículos tienen número de fabricación del año 2007.

-Uy. Si fueron fabricados [entonces], eso hay que anularlo. ¡Ah no!, inmediatamente se tiene que hacer una investigación y una denuncia, porque es muy grave. Si eso es así, se debería anular la compra. No podría quedarse así.

IDL-Reporteros preguntó además a Alva Castro sobre su posición pasada y presente respecto de la candidatura de Octavio Salazar a la alcaldia de Trujillo.

Todavía considera que Octavio Salazar puede ser una buena alternativa para la alcaldía de Trujillo?

-No. Ya no puede ser porque ya pasaron los plazos legales para las renuncias. En su momento se consideró que el tema central en Trujillo por el cual la opinión pública tomará una decisión en las elecciones municipales es por el que presente un buen plan de seguridad ciudadana. Yo mismo pensé: si él ha estado acá y en un momento determinado la gente estuvo muy contenta con su trabajo, podría ser la carta, ¿no? Pero él no quiso porque sabía que no cumplía con los requisitos, que era tener tres años de residencia continua en los últimos tres años.

-¿Pero en el contexto de estas irregularidades en el ministerio[…] cree que habría sido un buen alcalde?

-Ah, no pues, no pues. No, no. Con esas observaciones evidentemente que no, de ninguna manera. (OM)

Notas relacionadas:

• Alva Castro: “Eso estaba sobrevalorado”
• La compra que Alva Castro anuló
• Un escandalo en el Perú

Por Romina Mella.- Hace pocas semanas, el 25 de febrero, el director de Logística de la Policía Nacional, general Mario Obregón, viajó a Israel al frente de una pequeña delegación, en lo que debió ser un viaje de inspección y terminó siendo uno de encubrimiento.

Obregón no está solo en ese encubrimiento. De hecho, su proceder se subordinó a las decisiones tomadas por las principales autoridades del ministerio del Interior: el ministro Octavio Salazar y el viceministro de gestión institucional Samuel Torres. Ambos funcionarios contaron con la aquiescencia de la asesoría legal y la pasividad del director general de la PNP.

Obregón viajó a Israel después de dos reportajes publicados en IDL-Reporteros, (“Estafa camionera”, el 14 de febrero de este año, y; “La Prueba” el 19 de febrero) que revelaron el altísimo sobreprecio con el que el ministerio del Interior compraba un lote de 31 portatropas a la firma Hatehof, en Israel. IDL-Reporteros reveló que, salvo algunas modificaciones cosméticas, se trataba del mismo lote de portatropas Abir cuya compra había sido rechazada en 2007 por el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, arguyendo un gran sobreprecio. El precio de los Abir vendidos en 2007 fue de 107 mil dólares cada uno. En la nueva compra, con cambio de nombre (a “Wolf 2”) y algunas modificaciones cosméticas, los portatropas fueron vendidos a 171 mil dólares cada uno. El sobreprecio era de cerca de dos millones de dólares sobre el precio acordado (y rechazado por ser supuestamente alto) en 2007.

Mario Obregón, director de Logística de la PNP, y Samuel Torres, viceministro de gestión institucional del Mininter. (Foto: Romina Mella).

La primera publicación de IDL-Reporteros provocó una furiosa réplica por parte del ministerio del Interior, sobre todo a través de su viceministro Samuel Torres. En una conferencia de prensa, poco después de la publicación del primer reportaje, y luego en una carta a IDL-Reporteros, Torres reiteró que se trataba de diferentes camiones y, sobre todo, que los que se compraba ahora eran del 2009. (Sobre la respuesta de Torres, ver “Escaldaduras en Córpac” y su carta notarial del 15 de febrero).

Curándose en aparente salud, sin embargo, Torres dijo en la conferencia de prensa y escribió en la carta que “la Policía Nacional del Perú aún no ha dado la conformidad de los vehículos fabricados por la empresa Hatehof Ltd., la misma que se verificará en fábrica, por lo tanto, si pretendieran entregar vehículos distintos a los solicitados, y de año de fabricación menor al 2009, no se dará la conformidad y se ejecutarían las cartas fianza por el cien por ciento del monto del contrato a favor del Ministerio presentadas por la empresa Hatehof Ltd.”.

El 19 de febrero, IDL-Reporteros publicó un segundo reportaje sobre el tema: “La Prueba”, en donde se comprobó inequívocamente que Hatehof había comprado 31 Abir a AIL, la planta industrial de Nazaret que los había ensamblado en 2007. Una conversación telefónica grabada en Israel dejó absolutamente claro que Hatehof había comprado esos vehículos para embarcarlos al Perú.

La contundencia de la prueba hizo que el ministerio del Interior se viera obligado a recular y lo expresara al día siguiente, 20 de febrero, mediante el Comunicado –1-2010/IN2010. Ahí, el ministerio afirmaba que, “si la empresa Hatehof no cumple con entregarnos vehículos NUEVOS [sic] que cumplan con todas las especificaciones pactadas, no se dará la conformidad, se ejecutarán las fianzas y no se entregará un centavo”.

El comunicado añadía además, que “si en este caso se trata de un intento por sorprender al Estado con vehículos adulterados procederemos drásticamente en defensa de los intereses y los dineros públicos”.

El “drástico” procedimiento fue el sigiloso envío del general PNP Mario Obregón a Israel. Lo acompañaron tres suboficiales: los especialistas Dante Camarena, Óscar Sánchez García y Rafael Gonzáles.

Desde Israel, Obregón remitió al viceministro Samuel Torres un informe de 10 páginas, como documento adjunto en un correo electrónico.

El contenido de ese documento se guardó en Córpac con más cuidado y reserva que si se tratara de un secreto de seguridad nacional.

La Tercera Fiscalía Anticorrupción, que empezó a investigar el caso, solicitó, mediante tres oficios dirigidos al ministro del Interior, el informe de Obregón. El ministerio ni siquiera les contestó. Tanto el ministro Salazar como el jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, se han negado a acudir a la Fiscalía para declarar sobre el caso.

IDL-Reporteros buscó entrevistar varias veces al general Obregón luego de su regreso de Israel. Obregón eludió no solo la entrevista sino que ni siquiera aceptó conversar.

El informe de Obregón

Sin embargo, IDL-Reporteros tuvo acceso al contenido del informe del huidizo general. Al leerlo, se comprende por qué el ministerio del Interior lo ha mantenido en riguroso secreto.

El hecho es que cuando Obregón y los especialistas PNP que lo acompañaron llegaron a las instalaciones de Hatehof para inspeccionar los 31 portatropas, se les dijo que solo había ocho vehículos, pues los otros 23 no habían sido ensamblados todavía.

Entonces, solo pudieron revisar ocho camiones portatropas ligeros (montados sobre un chasís de Dodge Ram). En la revisión, los especialistas constataron que dos de esos ocho vehículos tenían el número de chasís cambiado. Les habían puesto un código VIN (Vehicle Identification Number) de 2010, pero registraban como año de fabricación el 2007.

Otros tres vehículos no tenían código VIN. Y solo tres tenían el número de chasís de 2010.

El general Obregón había comprobado un intento de fraude, pero se limitó a suscribir un acta con los representantes de Hatehof, en la que éstos se comprometieron a cambiar los “chasís observados y rechazados”.

Obregón no pudo evitar señalar en su informe que los ocho portatropas que pudo examinar, tenían caja de cambios automática y no mecánica, como lo exigían las especificaciones de la compra de este año.

¿Por qué la caja automática? Muy simple. Los Abir ensamblados en 2007 tenían transmisión automática.

Ministro del Interior, Octavio Salazar, y director general de la PNP, general Miguel Hidalgo. (Foto: cortesía La República)

Como se ha dicho, Obregón regresó en sigiloso silencio a Lima, el viceministro Samuel Torres guardó bajo siete llaves y ocho candados el informe, y el ministro Salazar buscó hablar lo menos posible (ni siquiera sobre pishtacos), para no mover el tema. A su turno, el atribulado jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, se mantuvo lo más lejos posible del asunto (con lo que se ganó las hostilidades casi abiertas del ministro Salazar y sus plumarios, que han buscado sacarlo del puesto). Así y todo Hidalgo ha caminado en este caso como quien pisa huevos y no ha roto la omerta que lo une con su compañero de promoción, Salazar.

El 17 de febrero pasado, luego de la primera publicación de IDL-Reporteros, Torres declaró en la Comisión de Fiscalización que “en el caso hipotético de que estos vehículos sean los que rechazó el ministerio en el año 2007, no solo no haremos el desembolso, sino que iniciaremos acciones legales contra la empresa”.

Ahora, de acuerdo con lo que ya sabe, Torres esgrime la posición que las “irregularidades detectadas” no constituyen causal de incumplimiento del contrato.

De hecho, informaciones confiables recibidas por IDL-Reporteros indican que el Ministerio del Interior ya depositó el 40 por ciento del monto total de la compra a una cuenta bancaria de Hatehof; y que el 60 por ciento restante será pagado a esa empresa el 10 de junio, cuando los portatropas lleguen a los almacenes que tiene el Ministerio en la avenida Argentina.

¿Sorprende el silencio respecto del evidente intento de fraude?

Y además, ¿qué sucede con el todavía más evidente sobreprecio?

Silencio en el ministerio.

Pero no fuera de él. Ni siquiera fuera del Partido Aprista.

Como se verá en la siguiente…

Entrevista

Alva Castro: “Por lo menos hay una sospecha”

Notas relacionadas:

• Cutras de Córpac
• El informe Obregón
• Relaciones interiores