Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2217 de la revista ‘Caretas’.

Pesquisa de redes en el mar

Los periodistas de investigación sabemos que buena parte de los casos que seguimos son transnacionales. Así que para poder investigarlos aprendimos a cultivar el equivalente periodístico de la reciprocidad andina, colaborando con colegas de otras naciones y pidiéndoles ayuda también.

En los hechos, el sistema es una forma básica e insuficiente de cooperación. Mejor que nada, pero lejos de lo necesario.

Hace ya varios años, en 1997, se fundó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que buscó congregar a los periodistas de investigación del mundo, no solo para intercambiar experiencias sino para planear proyectos conjuntos de investigación periodística internacional.

El ICIJ fue desde su creación un centro de periodismo sin fines de lucro, que señaló el camino por seguir a muchos otros periodistas de varias naciones que, al ver la entropía acelerada del periodismo investigativo en los medios comerciales tradicionales, buscaron salvarlo creando otros centros similares. ONGs periodísticas conducidas, por lo general, con el mayor rigor profesional y que compensaban la previsible austeridad de medios y recursos (salvo el caso de la afortunada ProPublica) con la libertad de poder trabajar sin cortapisas.

Son hasta hoy instituciones de estructura precaria, con modelos de sostenimiento necesariamente provisorios, sin saber (como, por otra parte, es regla de la vida) si tendrán existencias efímeras o longevas. Pero con la conciencia feliz de que cada día de trabajo periodístico no enfrenta otra limitación que la del talento y la diligencia en el cumplimiento de la misión.

A lo largo de los años, el ICIJ hizo varias investigaciones internacionales de mucho valor, algunas con participación individual de los miembros latinoamericanos. 

El año pasado, sin embargo, el ICIJ propuso una investigación conjunta a dos centros independientes de periodismo de investigación: CIPER (Centro de Investigación Periodística), de Chile; e IDL-Reporteros, de Perú, que dirijo. Visto en perspectiva, era natural que ello ocurriera: en los últimos años se crearon varios centros nuevos de periodismo de investigación sin fines de lucro; y aunque todavía somos muy pocos en toda Latinoamérica, antes no había ninguno y los que existimos hemos trabajado sin parar.

EL ICIJ nos propuso colaborar en una investigación sobre la depredación pesquera en el Pacífico Sur. Iba a ser una continuación de investigaciones previas sobre el saqueo de la vida marina en otras áreas del globo, por parte de flotas pesqueras, europeas buena parte de ellas, frecuentemente subsidiadas por sus gobiernos.

Yo acepté de inmediato. Entre otras razones porque IDL-Reporteros estaba precisamente llevando a cabo una difícil investigación sobre la industria pesquera peruana, cuyos objetivos calzaban bien con lo del ICIJ.

La periodista a cargo de la investigación era Milagros Salazar. Cuando uno ve, y escucha a Milagros tocando con maestría el cajón criollo, es poco probable que piense que los más resonantes éxitos de esta se han logrado trabajando inclinada sobre teclados silenciosos. He conocido pocas personas tan obsesivamente dedicadas a un reportaje como Milagros. No lo deja ni cuando respira, come o duerme, hasta verlo terminado, y aún entonces le cuesta despedirse de él.

En IDL-Reporteros, Milagros se dedicó a realizar reportajes ambientales, sobre todo respecto de la minería. Empezó a hacerlo desde el 2005, cuando ambos trabajábamos en La República y le pedí cubrir una comisión sobre la controversia minera-antiminera. El 2010, cuando empezó a colaborar con IDL-R ya era una experta en el tema.

Pero a principios del 2011 me propuso investigar un ámbito diferente: la industria pesquera. Una entrevista había llevado a varias otras y estas a una investigación sobre posibles irregularidades sistemáticas y fraudes masivos en la industria. Por supuesto que acepté y, a partir de ese momento, Milagros se dedicó a una difícil investigación con un tesón tal que prefiero describir para que ustedes lo califiquen.

Sus fuentes le habían asegurado que en virtualmente toda la inmensamente lucrativa industria de harina de pescado existía un fraude sistemático, en el que una buena cantidad de la pesca no era registrada en las fábricas y se robaba así al Estado, al defraudarle impuestos; y a los pescadores, su participación.

Pero, ¿cómo probarlo? Primero, Milagros consiguió, con dificultad, los registros de 47 mil desembarques de naves pesqueras en tres temporadas de pesca, con sus pesos declarados; y también los pesajes en fábrica de cada uno de ellos. Luego, había que digitalizar todo eso y correlacionarlo. Imaginen el trabajo.

No se trataba solo del volumen de datos, sino de que el cálculo no podía contener un solo error. Milagros viajó a Costa Rica, a encontrarse con Giannina Segnini, la eminente periodista de investigación del diario La Nación, que ha reforzado la unidad que dirige con ingenieros de sistemas y está tan dedicada a la “minería de datos” (data mining) como otros a la de metales. Con Giannina y sus ingenieros, Milagros tuvo la ayuda experta que le permitió procesar los datos, refinarlos, comprobarlos y confirmarlos.

De vuelta en el Perú, la investigación continuó y logró nuevos hallazgos al encontrar documentos ocultos que refrendaban sus resultados previos y, además, ayudaban a explicarlos.

Entonces, ya se había iniciado la colaboración con el ICIJ y CIPER. Y en julio del año pasado llegó a Lima el periodista a cargo de la investigación para ICIJ, el legendario Mort Rosenblum, quien desde 1965 reporteó en más de 200 países para la Associated Press (la guerra de Biafra, el nacimiento de Bangla Desh…, hay quienes sospechan que antes de eso entrevistó en exclusiva a Napoleón en la víspera de Austerlitz).

MORT llegó al Perú con el ánimo inquieto y la energía nerviosa de un joven reportero que teme perder su exclusiva. Cuando armó equipo con Milagros, dos generaciones de periodistas, separados por los años pero unidos por una obsesión sin fisuras por sus reportajes iniciaron una enérgica colaboración, de anécdotas memorables y resultados espectaculares. Mort no dice su edad, y el carbono 14 no se atreve a investigarla, pero no hay duda que es uno de los periodistas en actividad más veteranos en el mundo. Y verlo trabajar con la energía de un periodista veinteañero en su primer día de chamba, no es solo inspirador sino emocionante. Uno lo ve y sabe entonces que el buen periodismo nunca morirá.

Las investigaciones se publicaron, con algunas semanas de diferencia. IDL-R  publicó las dos primeras de Milagros, que documentaron y demostraron la dimensión de un fraude millonario en la industria pesquera peruana. Pese a la gran importancia de la investigación, se buscó de encapsularla en el silencio, al no poderla rebatir.

Y entonces, la semana pasada, se publicó la investigación conjunta del ICIJ, CIPER e IDL-R (se puede acceder a ella, en castellano o inglés, en: reporteros.pe). A la investigación peruana se sumó el formidable trabajo de CIPER en Chile y el reportaje de Mort y Mar Cabra sobre la destrucción de los peces en altamar del Pacífico Sur. Una sola frase resume el drama de ese reportaje: “En tan solo dos décadas, el stock de jurel ha caído en picada: de unas 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad”. Es decir, el 90% ha sido eliminado y la especie puesta en camino a la extinción.

“Sobrepesca: Alerta al pillaje de los mares” tituló Le Monde su reseña de la investigación. “Un saqueo épico en el Pacífico” fue el titular de portada del International Herald Tribune. “En el saqueo del jurel, signos de un épico colapso de peces”, encabezó el New York Times.

El único silencio que queda ahora es en las profundidades depredadas del Pacífico. Fuera de ellas, los resultados de la investigación resuenan y demandan acción.

Notas relacionadas:

• Resonancia mundial
• La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel

Por Milagros Salazar.-

Chimbote, Perú- Este puerto norteño hiede a pescado podrido durante todo el año, pero cuando empieza la temporada de pesca de anchoveta a finales de noviembre, su larga fila de fábricas expele aceitosas y nauseabundas humaredas que impregnan todo a lo largo de varios kilómetros.

“Ese es el olor del dinero”, advierte un sonriente taxista a los visitantes, a quienes observa taparse la nariz mientras se acercan a la zona industrial 27 de Octubre, donde más de 20 fábricas operan a todo motor.

Perú es la segunda nación pesquera en el mundo después de China; y el 85 por ciento de su pesca es la anchoveta. Casi toda la anchoveta capturada, sin embargo, se convierte en harina: un alimento para engordar a otros pescados y a los cerdos. Perú exportó más de un millón de toneladas en 2010, la mayor parte al Asia, por un valor de mil 600 millones de dólares.

Cada año, cerca de 6 millones de toneladas métricas de anchoveta arriban a los muelles de más de 100 fábricas de harina de pescado en el litoral. Lo que sucede dentro de estas plantas es conocido sólo por el personal de esas compañías y los inspectores. Pero en setiembre último, IDL-Reporteros, reveló lo que se esconde detrás del cerco de estas fábricas: que en un año y medio se esfumaron entre las bodegas de los barcos y las balanzas de las fábricas, un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta.

Una nueva investigación del ICIJ y de IDL-R, que demandó el análisis de más de 100 mil desembarques, demuestra que las descargas de anchoveta que desaparecen superan a toda la pesca que las flotas británicas llevan a puerto en un año: 630 mil toneladas que no fueron registradas en las balanzas entre 2009 y la primera temporada de pesca de 2011, en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de anchoveta que se captura a nivel nacional.

Estas miles de toneladas del “pescado fantasma” resultan de las discrepancias de más del 10% entre la pesca de anchoveta que declaran los patrones de las naves cuando llegan a los puertos,y lo que registran las balanzas.Esa pesca que se esfuma está valorizada en unos 200 millones de dólares si se convierte en harina.

Queda claro que las empresas no pagan derechos de pesca por las descargas de anchoveta que desaparecen, ni impuestos. Tampoco cuentan para la cuota de pesca de cada nave; y a su vez, los pescadores que ganan por tonelada capturada, reciben menos de lo que deberían cobrar.

Pero lo sorprendente no sólo está en los volúmenes, sino también que se trata de una irregularidad recurrente en la industria pesquera peruana: el 52% de los desembarques analizados por el ICIJ tienen diferencias por encima del 10% entre la pesca declarada y pesada, a pesar que según más de una decena de fuentes consultadas, entre ejecutivos de compañías, expertos, pescadores e inspectores, sólo es aceptable una discrepancia de hasta 10%. Más allá de eso ya resulta sospechoso.

Planta harinera en la importante zona industrial 27 de Octubre (Foto: IDL-Reporteros).

La investigación fue posible a pesar de que el Ministerio de la Producción, que está a cargo del sector pesquero, negó durante cinco meses el acceso a la base de datos que registra la pesca de anchoveta por considerarla secreto de Estado.

A la luz de los resultados, se entiende los motivos.

La ley de cuotas por nave para la pesca de anchoveta que entró en vigencia en 2009 y que fue anunciada como el arma que permitiría limitar la sobrepesca y la corrupción, tampoco evitó este descontrol.

ICIJ obtuvo registros de desembarques de 2008 cuyo análisis demuestra que la mitad de las descargas en seis puertos tenía discrepancias por encima del 10 por ciento. La situación no pareció mejorar luego de que la nueva norma fue promulgada con el apoyo de las empresas más poderosas de la industria. Seis de las compañías que tienen descargas con mayores discrepancias antes de que se promulgara la ley, lograron que sus consultores intervinieran en la elaboración de la norma.

Si algo queda claro es que después de que se lotizara la pesca de anchoveta en cuotas, las irregularidades continuaron y en algunas temporadas parecen haber empeorado.

La lista negra

¿Cuáles son las empresas con las diferencias más notorias? La investigación concluye que en el ranking de desembarques con mayores discrepancias, figuran las compañías más poderosas de la industria. Las naves de estas empresas desembarcan usualmente en sus propias plantas.

Por lo menos ocho de las empresas que controlan más del 60 por ciento de los derechos de pesca, tienen permanentes diferencias que superan el 10% y 20%, e incluso llegan al 50%.

Faja transportadora conduce carga de anchoveta a las tolvas de pesaje (Foto: IDL-Rporteros).

Dos compañías de capitales peruanos encabezan el ranking de este análisis de más de 100 mil desembarques: Humacare, una compañía mediana que pertenece a la familia Muro;  y Exalmar, una de las más grandes del sector, de propiedad de la familia Matta Curotto. En el caso de Humacare, el 90 por ciento de sus desembarques tenían discrepancias que superan el 10 por ciento, mientras que esto mismo se detectó en el 88 por ciento de las descargas de Exalmar. En varias ocasiones, la mitad del pescado se había esfumado antes de llegar a las balanzas.

Raúl Briceño, gerente de operaciones de Exalmar, culpó de las discrepancias en el peso a los malos cálculos de los patrones de las embarcaciones, hechos en base a estimados visuales. En una respuesta escrita al ICIJ,  Exalmar también hizo notar que el pescado pierde líquidos y en consecuencia peso, cuando es trasladado de la embarcación a la fábrica. Humacare no quiso responder.

CFG Investment, subsidiaria del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes International Holdings, también aparece en el ranking, pero evitó dar su versión.

Otra de las compañías es Austral, que cuenta con capitales noruegos. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, aseguró su gerente general Adriana Giudice. Pero esta investigación la desmiente.

Los hallazgos también alcanzan a dos de las empresas más poderosas del sector: Copeinca, fundada por la familia Dyer y con capitales noruegos, concentra más del 10 por ciento de la cuota global de pesca, y TASA, que tiene la mayor cantidad de cuota de la industria: 14 por ciento.

Esta última compañía pertenece a la poderosa familia Brescia que cuenta con inversiones en la banca, el sector inmobiliario, servicios y minería en el Perú. Tiene como principal asesor a Humberto Speziani, ex presidente del principal gremio de empresarios del Perú: Confiep.

No sólo las grandes compañías presentan estos problemas, hay otras pequeñas como Corporación Pesquera 1313 que registran importantes discrepancias.

Después de los primeros hallazgos publicados por IDL-R en setiembre, hubo varios empresarios pesqueros que buscaron demostrar  que las cifras o el método empleado en la investigación eran falaces. IDL-R supo, sin embargo, que algunas empresas pesqueras (entre ellas Austral y Copeinca), llegaron a la conclusión, luego de  examinar y recalcular las cifras y el método, que los resultados de la investigación eran irrefutables.

“Cuando el patrón mira la bodega, sabe perfectamente cuánta carga está trayendo”, aseguró el pescador Indelesio Velásquez. “Tú no lo puedes engañar”, agregó Velásquez, quien ha trabajado pescando anchoveta por 40 años, 25 de los cuales como patrón de nave. Él puede apreciar de un solo vistazo cuánto ha capturado. La bodega es cubicada por los técnicos de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso del sector, restó importancia a los hallazgos de las investigaciones. Él dijo que los estimados de los patrones de nave no pueden ser comparados con los registros de las balanzas. Ninguna de las compañías consultadas reconoció irregularidades cometidas en el pesaje.

Tolvas de pesaje al interior de una fábrica de Copeinca (Foto: IDL-Reporteros).

Aunque las empresas Cerper y SGS que están a cargo de las inspecciones en los puertos no quisieron pronunciarse sobre el tema, algunos inspectores reconocieron de manera privada estos problemas y otros hablaron abiertamente de las irregularidades.

En la localidad norteña de Coishco, Úrsula Gutiérrez le dijo al ICIJ que sus colegas han detectado sellos de seguridad rotos en paneles de control que registran el peso en las fábricas y que evidencian manipulaciones.

El trabajo de  Cerper y SGS se desarrolla en medio de un gran conflicto de interés: estas compañías son pagadas directamente por las fábricas que inspeccionan y además se encargan de certificar la harina que será exportada.

La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, es la empresa más poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.

Balanzas con truco

¿Qué hay detrás de las enormes discrepancias detectadas?

De acuerdo a una auditoría realizada por la empresa inspectora Cerper en agosto de 2009, para el Ministerio de la Producción, el 31 por ciento de las 16 balanzas inspeccionadas tenían serias evidencias de haber sido manipuladas. Según el documento, titulado “Informe Final, Programa de Auditoría, Tolvas de Pesaje a Empresas Industriales Pesqueras”, estas fueron las graves irregularidades:

• Indicios de manipulación de los software de pesaje. Entre varias otras irregularidades, se detectó que no se registraban todas las descargas de anchoveta.

• Débiles controles de seguridad de los tableros de control del pesaje, con riesgo permanente de pérdida de datos.

• El software para el registro de pesaje es instalado en otras computadoras de la planta, lo que genera un control indebido sobre las balanzas. Esto  permite borrar o alterar la información. Es decir, cambiar el peso.

Pero los resultados de esta auditoría, la única hecha hasta entonces, no fueron difundidos. El gobierno encarpetó el documento y no mejoró la seguridad del pesaje computarizado.

La auditoría tiene una historia oculta. Durante la inspección de Cerper solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca, que también figura en el ranking de las altas discrepancias.

Pese a ello, el informe era no solo importante sino contundente, y llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Esa omisión no fue casual ni accidental.

Antes de auditar las balanzas, Cerper hizo estudios de la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dicho análisis, que incluía a varias empresas grandes, fue entregado al ministerio de la Producción durante las gestiones de las ex ministras del gobierno de Alan García: Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote a pedido del viceministerio de Pesquería que recibió varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%.  Esto confirma los hallazgos de esta investigación.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción inspeccionar todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo el software.

El Ingeniero Freddy Sarmiento dirigió la auditoría a las balanzas (Foto: IDL-Reporteros).

Fue así que se realizó la auditoría en agosto de 2009. El ingeniero industrial que fue contratado por Cerper para dirigir el equipo, Freddy Sarmiento, aseguró que recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas en los puertos del norte y centro.

En todo el litoral hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico  del problema. Sin embargo, el ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia que entonces encabezaba el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a  Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe,  supuestamente como primer tramo del trabajo.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en  las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, indicó a su turno Rolando Urban de Cerper.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros).

Mientras que Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, consideró que la auditoría sólo demuestra que un pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación y no se debe generalizar.

“Me preocupa que se haga una imagen del sector harinero como un sector tramposo”, dijo. Insistió en que los empresarios impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento, quien desde julio es congresista de la República, lo desmintió.

El entonces consultor explicó que el proyecto completo entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los hallazgos de la auditoría. Esto nunca se concretó. (Ver entrevista a Sarmiento)

Quien era ministra de la Producción en esos días, Mercedes Aráoz, dijo que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”. Pero, arguyó, que estuvo pocos meses en el cargo.

Cuando el presidente Ollanta Humala asumió el poder en julio pasado,  la entonces viceministra de pesquería, Rocío Barrios, dijo que algunos de los funcionarios del sector le ocultaron información sobre las discrepancias en la captura de anchoveta que reveló IDL-R. Varios funcionarios fueron despedidos y la procuraduría del Ministerio de la Producción denunció a algunos de ellos ante el Poder Judicial.

Kurt Burneo, el ministro de la Producción que estaba a cargo de la pesca hasta diciembre, denunció públicamente que había complicidad entre algunos funcionarios a cargo de supervisar los desembarques y las empresas inspectoras.

Más allá de las discrepancias en el peso, dijo que el gobierno encontró repetidas fallas en reportes de inspección que impedían a las autoridades imponer multas a las pesqueras. Una serie de irregularidades permitió a estas compañías apelar la mayoría de las multas.

Desde la quincena de diciembre hay un nuevo ministro: José Urquizo. Su viceministro encargado de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, reconoció durante una entrevista con el ICIJ que existe un grave problema en las balanzas de las plantas harineras y que están analizando la forma de mejorar los controles del software de pesaje para que los registros de desembarque de anchoveta no sean manipulados.

Pero ya trascurrieron más de dos años desde que se encontraron las primeras evidencias de la alteración de las balanzas y nadie ha tomado acción. Desde Chimbote, Javier Castro, un importante líder sindical pesquero, dijo que los sucesivos gobiernos han demostrado poco interés en proteger el recurso de la pesca y a los pescadores.“Tengo una desconfianza que viene de décadas. Nada cambia”, agregó. Pero si su experiencia respalda el pesimismo, cierto es que por primera vez se ha logrado determinar la dimensión del fraude.

(Ver versión en inglés publicada en el ICIJ)

Notas relacionadas:

• Cómo se esfuman $100 millones en pescado
• Encubrimientos con hedor a pescado
• La pesca descontrolada del jurel en el Perú

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Hoy, 21 de diciembre, con la importante investigación de Milagros Salazar sobre las graves irregularidades y los indicios de encubrimiento en la pesca industrial, IDL-Reporteros culmina su trabajo este año y toma vacaciones hasta el 20 de enero del próximo año.

¿Les parece demasiado largo, casi un mes completo? Ese es el tipo de vacaciones que se permiten los europeos, y miren cómo están sus finanzas. Pero en este caso tenemos razones válidas para justificar esta suerte de asueto de cuatro semanas. En primer lugar, lo necesitamos. Somos muy pocos, mejor ni les digo cuántos, y cada uno de nosotros trabaja en varios casos a la vez mientras coordina con los demás los puntos compartidos.

Inevitablemente, hay casos que se rezagan y terminan virtualmente abandonados. Otros se retrasan y deben ceder prioridad a algunos nuevos, más importantes o más urgentes. Hechos por verificar o explorar se reservan para el tiempo libre que nunca llega, mientras la presión por encontrar los datos decisivos, las pruebas y corroboraciones, siempre muy alta, se intensifica cuando la fatiga disminuye el alerta que cada dato precisa.

Es por eso que el periodismo de investigación se ve muy bonito a los lejos, pero provoca fugas en pánico de la mayoría de quienes entran en él sin saber lo que les espera. Muy poco de glamoroso hay en este trabajo, pero sí una intensa exigencia que nunca decrece. Es una labor de mucho desgaste que solo se compensa por el significado y la importancia que tiene.

A estas alturas, no hay nadie dentro del excelente grupo de periodistas con el que me honra trabajar, que no sepa las demandas de este trabajo. Irse a dormir en la madrugada después de un cierre azaroso, con una entrevista programada para la mañana, que requerirá toda su perspicacia y alerta, no es en absoluto la excepción sino la normalidad.

Por eso se justifica el descanso. Que solo será durante una parte del mes, pues el resto estará dedicado precisamente a repasar los casos postergados, las investigaciones aplazadas, y también a reparar en algo la presentación de nuestra publicación digital, que, como un buen taxi viejo, se ve medio descachalandrada, pero es todavía cumplidora.

Así que, habiendo trabajado desde antes, volveremos hacia el veinte de enero, día más o menos. No quisiera terminar este mensaje con solemnidades, pero creo que es indispensable remarcar que todo el sentido de nuestro trabajo y del trabajo que hacen algunos otros, pocos pero apreciados colegas, es el cumplimiento de la misión central del periodismo: Entregarle a la gente la información que debe tener para ser ciudadanos con el poder del conocimiento, para preguntar, recusar y decidir sin que puedan engañarlos. Para que la información más valiosa: aquella que afecta sus vidas y destinos, no esté en poder de los privilegiados, no facilite el abuso y la corrupción, sino que sea patrimonio de todos, de la Ciudad, de la Democracia.

Espero que hayamos podido servir bien ese fin. Ustedes lo juzgarán, pero les aseguro que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en lograrlo. El año que viene, vacaciones de por medio, trataremos de mejorar.

Feliz año, lectores.

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Además de su deuda con Sunat, Telefónica también tiene obligaciones pendientes con Osiptel (Foto: Telefónica).

Para entender la deuda que Telefónica mantiene con el Estado hay que revisar la resolución del Tribunal Fiscal del 27 de diciembre de 2010 que rechaza los reparos puestos por la empresa contra la acotación que le hizo la Sunat para cobrarle tributos por el año fiscal 2000-2001. (Ver documento)

De acuerdo con la Sunat, la deuda está integrada por diferentes conceptos. Los dos principales son “provisión de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley”, es decir los impuestos aplicados a cuentas de clientes a los que la empresa no pudo cobrar y “cargas financieras”, los intereses sobre préstamos que recibió la empresa.

El primer concepto representa, según Sunat, el 25.4% del total de la deuda y el segundo el 41.6% de la misma.

Para defenderse de la acotación de Sunat, la empresa debía demostrar que hizo todas las gestiones necesarias para cobrarle a sus clientes morosos y acreditar que los préstamos que recibió, entre el 2000 y 2001, fueron destinados a sus operaciones. Esto debido a que existe la presunción de que el dinero fue destinado a las subsidiarias de la empresa (operadoras de telefonía móvil o cable), hecho que estaba gravado.

En las 59 páginas de la resolución, y luego de repasar las versiones de ambas partes, el Tribunal Fiscal concluye que “la Administración (la Sunat) dejó constancia que la recurrente (Telefónica) no había demostrado documentariamente las gestiones de cobro realizadas a sus clientes morosos luego del vencimiento de la deuda, y que los análisis periódicos de los créditos concedidos quedaron desvirtuados” (Ver detalle).

Luego, señala “que de la revisión de la documentación que obra en autos, se advierte que si bien la recurrente podía contar con información histórica de sus clientes almacenada en medios informáticos, no cumplió con proporcionar documentación fehaciente que acreditara que en los ejercicios acotados efectivamente hubiera hecho uso de tal información u otra existente para realizar análisis periódicos de los créditos otorgados”. En pocas palabras, el Tribunal sostuvo que si bien Telefónica tenía información de sus clientes no hizo uso de estos datos para prever el “riesgo de incobrabilidad” (Ver detalle).

Sobre los préstamos obtenidos por Telefónica, el Tribunal Fiscal sostiene que la empresa presentó información incompleta para demostrar el destino que dio a estos fondos. “Que tampoco presentó planes y/o proyectos de inversión, contratos que acreditaran la realización de tales inversiones, comprobantes de pagos que sustenten las adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, entre otros; pese a habérselos solicitado mediante los requerimientos antes citados, ya que teniendo en cuenta el volumen de éstas, que alegó haber realizado, debió presentar por lo menos análisis muestrales documentados; sin embargo, se limitó a señalar que sustentar el destino de dichos recursos a partir de la identificación del empleo de cada sol resultaba de imposible cumplimiento, exigencia que no había sido requerida”, dice la resolución.

Y a continuación sigue: “Que en tal sentido, los medios probatorios aportados por la recurrente (Sunat) sólo reflejaron los registros contables de los financiamientos o su origen, y no demostraron que los recursos provenientes de dichos financiamientos hubieran sido empleados en la generación de renta o el mantenimiento de su fuente, conforme alegó”. (Ver detalle)

Como siempre, IDL-Reporteros pidió a Telefónica una opinión sobre su deuda fiscal, pero respondieron que no dirían nada. Sin embargo, por la intervención de sus abogados en las audiencias en las que se ha visto la deuda tributaria, se sabe que Telefónica considera que, de acuerdo con estándares internacionales, sí hizo todas las gestiones necesarias para cobrar a sus clientes morosos y que bastaba con presentar un documento de ‘Estado de flujo de caja’, para acreditar el destino que dio a los préstamos que recibió.

Notas relacionadas:

• Del timbrazo al vibrador

Por Emilio Camacho.-

A fines de octubre, IDL-Reporteros informó sobre la demanda presentada por la empresa Telefónica contra la Sunat y el Tribunal Fiscal para obstaculizar el cobro de una deuda tributaria de 2,300 millones de soles que la empresa tiene con el Estado, una situación que debe definirse en el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, que preside el juez Carlos Cueva Andaviza.

Desde octubre hasta la fecha, mientras el tema se resuelve en la vía judicial y con las claras ventajas obtenidas por la empresa– como la medida cautelar que Cueva Andaviza le otorgó a Telefónica y con la cual congeló el cobro de la deuda–, el Estado ha expresado su posición sobre el tema de manera confusa. Primero fijó posición el presidente Ollanta Humala, cuando el 28 de octubre, luego de reunirse en Paraguay con el rey Juan Carlos de España y el entonces presidente de gobierno de ese país, José Luis Zapatero, sostuvo que para su administración era preocupante “que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, que estén en un proceso contencioso con el Perú por el pago de tributos”.

La pauta estaba marcada y parecía que el gobierno se mantendría firme a la hora de cobrar la deuda de la empresa y aprovecharía que estaba pendiente la renovación de las licencias de telefonía móvil para fortalecer su posición.

No fue así. El 16 de noviembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, sostuvo que la renovación de licencias se evaluaba al margen de la deuda con Sunat. Y el 23 de noviembre, el presidente Humala se reunió con César Alierta, presidente de la matriz española de Telefónica. En este encuentro, Humala solo estuvo acompañado por el ministro Carlos Paredes. Al final del mismo, un sobrio Alierta afirmó que Telefónica “respeta totalmente las decisiones del Estado Peruano”. A Humala ni se le vio, aunque fuentes dignas de confianza aseguran que el presidente expresó su preocupación por el tema tributario.

A partir de esa fecha, tanto el Estado como la empresa se sumieron en silencio sobre la deuda tributaria y la renovación de licencias.

Eso fue hasta el martes pasado, cuando el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, dio a entender que resolver el tema de las licencias tomará más de lo previsto. “El Gobierno anterior se demoró dos años en evaluar, y la actual administración tiene el derecho a pensar bien qué es lo que se va a hacer”, sostuvo (Gestión, miércoles 14 de diciembre).

Viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, (a la izquierda) en sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. (Foto: Congreso de la República)

Después de ello, volvió la secretividad al gobierno. Para esta nota, por ejemplo, IDL-Reporteros pidió una entrevista con el ministro Paredes, antes y después de su ratificación en el gabinete, y también con el viceministro Pérez, pero, a través de la oficina de prensa del MTC, ambos respondieron que no darían declaraciones.

Mientras tanto, en el juzgado de Cueva Andaviza, actualmente investigado por la OCMA debido a la cautelar que entregó a Telefónica, todavía no se resuelve la oposición presentada por la SUNAT contra esa medida. Las cosas van a un ritmo tan pausado que el 5 diciembre se emitió una resolución en la que se notifica a Telefónica de la oposición de Sunat a la cautelar, pero este documento, de acuerdo al portal del Poder Judicial, recién fue entregado ayer, 16 de noviembre, a los abogados de la empresa.

Otras deudas

¿Es la deuda con Sunat la única obligación pendiente de la empresa? Pues no. Telefónica también mantiene una deuda nada desdeñable con Osiptel. Y si bien es cierto que a inicios de noviembre, después que se supo de su deuda tributaria, pagó 11 millones 270 mil soles a este organismo, según Osiptel todavía mantiene una deuda de más de 17 millones de soles por multas recaídas sobre sus operaciones y las de sus subsidiarias Telefónica Móviles S.A.C y Telefónica Multimedia S.A.C (ver detalle). Estas obligaciones también han sido objetadas ante el Poder Judicial y algunas llevan años en juicio. Las más antiguas vienen de 1999 y corresponden a Telefónica Multimedia S.A.C, el administrador del servicio de cable que brinda la empresa y que en agosto de este año fue transferido a Telefónica Móviles.

Guillermo Thornberry, presidente de Osiptel. (Foto: Andina)

¿Allí se acaban las deudas? Al parecer no. Hasta ahora se ha dicho poco sobre las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico del servicio de telefonía móvil.  Y se ha dicho poco porque, al parecer, el mismo Estado no tiene claro cuánto le deben las empresas de telecomunicaciones por ese concepto. Por ello, en abril de este año se contrató una consultoría para “el sinceramiento de las cuentas por cobrar del concepto de canon” radioeléctrico. La responsabilidad ha recaído en el Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, al que se le pagará 605 mil soles para que defina cuál es la deuda que las empresa mantienen con el Estado hasta el año 2009. La consultora debía concluir su trabajo en seis meses. Es decir, en noviembre (ver contrato).

Las empresas a las que incluye esta auditoría son: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles S.A, Telefónica Empresas Perú  S.A.A, Nextel del Perú S.A, América Móvil Perú S.A.C, Telmex Perú S.A y Gilat to Home Perú S.A.

IDL-Reporteros llamó a Samuel Bendezú, representante del Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, para conocer si ya había entregado su evaluación al Ministerio de Transportes. Bendezú respondió que no podía dar detalles del tema por un “acuerdo de confidencialidad”. Hasta el cierre de esta nota, el MTC tampoco había respondido nuestras consultas sobre el tema.

¿Y hay alguna deuda más? Pues sí. La deuda tributaria de Telefónica que se discute en el PJ corresponde a los ejercicios fiscales 2000-2001, la Sunat la fijó en 2,300 millones de soles, de los cuales, según el Tribunal Fiscal, son“exigibles”1,600 millones. Lo que todavía no se conoce es cuánto debe la empresa por otros ejercicios fiscales. Se sabe que el Tribunal Fiscal debe fallar por acotaciones de los periodos fiscales 2002-2005 (que ascienden a 1,300 millones de soles). Además, la deuda del periodo 98-99 debe ser reevaluada por la Sunat a pedido del Tribunal Fiscal. Tal parece que estos casos, como si se hubieran contagiado de las lentas gestiones del tribunal del juez Cueva Andaviza, marchan al ritmo de los quelonios.

Como siempre, IDL-Reporteros consultó a Telefónica sobre sus deudas, y, como es usual, respondieron, a través de su gerente de comunicación, Guillermo Denegri, que “no harían comentarios”.

Notas relacionadas:

• Lo que dice el Tribunal Fiscal
• Juez de línea (telefónica)
• Hostilidad Telefónica

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2204 de la revista ‘Caretas’.

El periodismo digital y el futuro

BONN.- En esta ciudad, la Deutsche Welle Akademie ha organizado un simposio sobre el impacto de los medios digitales tanto en el periodismo como en el desarrollo de las sociedades. Es la sexta versión del Foro sobre medios y desarrollo y a mí me toca hablar sobre el periodismo de investigación en medios digitales.

El tema es complejo, pero hay quienes la tienen más difícil. Justin Arenstein, por ejemplo, un periodista sudafricano con mucha experiencia en la promoción de periodismo de investigación, la organización de redes y la preparación de periodistas, hablará sobre un tema que parece requerir más clarividencia que reportería: El futuro del periodismo.

Otros hablarán sobre el Data Mining (la Minería de datos, que ya el concepto les dirá algo), o las amenazas a la seguridad en la era digital.

Hay también un panel sobre el uso de móviles en el periodismo. Y aunque mi punto de vista es que los principales beneficiados del auge de los smartphones han sido los oftalmólogos y los aún pocos especialistas que estudian la patología de los pulgares, el panel traerá evidencia contundente de la tremenda utilidad periodística de los móviles, incluso en sociedades con bajísima penetración del Internet.

El Data Mining es interesante. Está, por supuesto, muy vinculado con las buenas o malas prácticas de acceso a la información y con el periodismo asistido por computadora. Se trata de obtener y procesar cantidades masivas de datos en bruto, que al ser apropiadamente filtrados, ordenados y analizados permitirán descubrir hechos o tendencias previamente ignorados.

En América Latina, una de las mejores periodistas de investigación del continente, Gianinna Segnini, de La Nación, de Costa Rica, ha reorganizado su unidad de investigación incorporando a ingenieros de sistemas, casi en igual proporción a los periodistas. El efecto  ha sido muy interesante. Los ingenieros de sistemas (el slang inglés, geek suena menos respetuoso pero es, quizá, más preciso), normalmente abstraídos en su mundo binario, se han compenetrado con los periodistas y desarrollan estrategias digitales para obtener el tipo de datos que los periodistas precisan en sus investigaciones.

¿Es ese el futuro del periodismo de investigación? Con la inmensa cantidad de información cruda que producen las personas e instituciones, junto con la cada vez mayor capacidad de las computadoras para procesarla, algunos creen que sí. De hecho, en Brasil, el crecimiento de las notas investigativas asistidas por computadora, ha sido exponencial y, en muchos casos, con excelentes resultados.

Pero el periodismo basado en la investigación de campo, la revelación de hechos cruciales, la información de fuentes, continúa siendo, en mi opinión, una de las principales formas de obtener notas de esclarecimiento e impacto. Un sistema de investigación, empero, no compite ni excluye al otro. De hecho, lo más probable es que las investigaciones que combinen minería de datos con el cultivo de fuentes humanas sean cada vez más frecuentes.

En las otras presentaciones, incluyendo la mía, hubo el consenso que el periodismo de investigación sin fines de lucro, especialmente el digital, surgió en gran medida como respuesta a la declinación y decadencia de los medios tradicionales. Y del periodismo de investigación en especial, dentro de ellos.

Si siempre hubo obstáculos para publicar las investigaciones más importantes en los medios tradicionales (salvo excepciones señaladas), la crisis de esos medios, que trajo reducciones brutales de personal en las redacciones y, especialmente, en las unidades más caras y de productividad menos previsible, como son las de investigación, hizo indispensable la creación de publicaciones digitales independientes.

La publicación independiente de periodistas boicoteados por los medios tradicionales no es patrimonio solo de la era digital. En la década de 1950, el siglo pasado, por ejemplo, I.F. Stone publicó el Newsletter del mismo nombre, el I.F. Stone’ Weekly, en Washington, DC. Nunca fue masivo pero fue leído y respetado por todo aquel que sabía algo de política.

Pero el Internet, que fue una maldición para muchos medios tradicionales, resultó el gran mecanismo liberador para los periodistas independientes: La posibilidad de publicar con muy bajo costo comparativo y tener potencialmente al mundo entero como audiencia.

Y no hablo sobre periodismo ciudadano ni sobre blogueros ni sobre agregadores de noticias o crowd sourcers, (la gente de la calle como reporteros instantáneos).

Hablo sobre el periodismo de investigación en su mejor tradición de muckrakers, sin diluciones, con plena claridad de principios y métodos, que dispone de nuevas formas de publicar y reproducir a auditorios exponencialmente mayores el resultado de sus reportajes.

El periodismo digital permitió que unidades de periodistas de investigación funcionaran como salas de redacción propias y pudieran publicar, libres de la censura de los dueños de medios y sin otro límite que la cuidadosa corroboración de datos y la verificación de hechos, y acceder directamente a una masa potencialmente muy grande de lectores.

¿Cuál es el principal problema de este modelo de publicación? Que no es sostenible en el largo plazo.

IDL-Reporteros, por ejemplo, la publicación de periodismo de investigación que dirijo, recibe la mayor parte de sus fondos del programa de medios del Open Society Institute (OSI). Es un presupuesto austero, pero que permite trabajar con entera libertad.

El problema es que el modelo de financiación es vulnerable, puesto que no se espera que dure indefinidamente. De hecho, está bien que su duración sea finita, para dar oportunidad a medios nuevos.

Sabemos, entonces, que el apoyo de fundaciones como la OSI no puede, y no debe, ser indefinido.

Sabemos también que una publicación como IDL-R no va a recibir nunca publicidad de ninguna de las compañías importantes pertenecientes a, o influenciadas por, los grupos mayores de poder económico en el Perú.

Entonces, para publicaciones digitales de investigación como IDL-R, es vital ser creativos y encontrar, en el mediano plazo, las formas de apoyar nuestro trabajo sin comprometer nuestra visión.

Si se les ocurre alguna, háganmelo saber, por favor. Yo ya tengo algunas ideas que, me parece, podrán funcionar, pero si algo enseña la experiencia humana es que la creatividad encuentra soluciones inesperadas a problemas que parecían impenetrables.

Daphne Zileri

En el conmovedor y bello responso a Daphne Zileri, poco antes de dejar su casa para siempre, el sacerdote habló de Daphne como la compañera ejemplar en la vida de Enrique Zileri y en la historia de Caretas.

Por supuesto que lo fue. Claro que sí. Pero fue también una persona de temple recio, con una capacidad de lucha quizá renuente pero de extraordinaria entereza. Cuando Enrique fue deportado durante los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez, Daphne afrontó sola el desafío de sostener y sacar adelante a sus cinco hijos en medio de la circunstancia precaria y hostil de entonces. Y lo logró.

Durante los años que trabajé en Caretas (después también) vi cómo la turbulencia de los días de reportaje, redacción y cierre, no traspasaba la puerta de la casa de los Zileri, donde la hospitalidad de Daphne no solo brindaba cordialidad y buen humor sino revelaba, detrás de su modestia y hasta timidez, aquella fuerza implícita y sutil que sostuvo a su familia en la dictadura militar y mantuvo gentilmente controlados, en dictadura o democracia, los demonios de la redacción.

Cuando mi familia y yo vivimos fuera del Perú, en los 90, Daphne y Enrique estuvieron, en una ocasión, de visita por nuestra casa de entonces, y Daphne quiso regalarnos unas fotos de mis hijas. Ahí están las fotos de las niñas, con su espíritu retratado en la sonrisa feliz, el brillo de los ojos; y Daphne está también, invisible pero presente en el talento vivo que reconoció cuándo el instante era perdurable.

Como nosotros, estoy seguro que quienes la conocieron la recordarán así, talento vivo, invisible pero presente en el instante perdurable.

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• Columna de Reporteros: Lectura de wikicables

Entrevista a Gustavo Gorriti realizada en Austin por el Knight Center for Journalism in the Americas acerca de los retos de un modelo sustentable para una publicación periodística en internet.

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.

Por Ingrid Bachmann.-

El peruano Gustavo Gorriti tiene una destacada trayectoria como periodista de investigación. El fundador y director de IDL-Reporteros —un sitio web de investigación periodística— también sabe que a la hora de hacer periodismo de investigación, sin fines de lucro, en plataformas digitales y en América Latina no es tarea fácil.

Sin embargo, Gorriti, uno de los panelistas del 12º Simposio Internacional de Periodismo Digital, destaca que existen varias iniciativas de equipos de reportajes independientes en la región que están probando diferentes modelos de financiación. No es un tema menor, ya que la crisis que afecta a los medios tradicionales ha mermado los fondos para el periodismo de investigación en general.

En una entrevista con el Centro Knight, Gorriti hace un recuento de los esfuerzos realizados en varios países para sacar adelante investigaciones periodísticas en profundidad. Varias de estas iniciativas cuentan con donaciones de organizaciones internacionales, pero este tipo de financiamiento no es permanente y el desafío es encontrar un modelo sustentable en el largo plazo. En el caso de IDL-Reporteros, “vivimos de año en año y lo nuestro es ‘lo logras o mueres’ en la forma en que hasta ahora está planteado”, explicó.

Una de las alternativas que Gorriti ha barajado es la creación de un modelo de “avisaje justo” o fair advertising (similar al sistema de comercio justo), que permitiría a los equipos de investigación periodística contar con avisaje de compañías y corporaciones responsables e interesadas en la transparencia.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. (Foto: Christian Osés)

Feliz año, lectores. Volvemos con tardanza respecto de la fecha programada para reiniciar las publicaciones de IDL-Reporteros, pero tanto el acondicionamiento de la publicación en internet como, sobre todo, el lograr un mejor avance en varias investigaciones en curso, nos hicieron posponer por algo más de dos semanas la primera publicación del 2011 en reporteros.pe. Les pedimos disculpas y esperamos que la calidad y energía de nuestro trabajo compense la tardanza.

Esta primera publicación es encabezada por el relato de una difícil operación militar en el VRAE sobre la que se informó de  manera muy fragmentaria hasta ahora. Las razones se harán evidentes con la lectura, puesto que el relato señala una realidad claramente diferente al discurso triunfalista que también reseñamos.

En la guerra, se ha dicho, la primera baja es la verdad. Y generalmente esa baja se produce a manos de incompetentes que intentan camuflar una gestión pobre y negativa en la que, a diferencia de otras actividades, los errores cuestan vidas humanas.

Esperamos que la descripción precisa de los hechos conduzca a un diagnóstico claro de la realidad, a la formulación exacta de los problemas y el diseño de los métodos y soluciones adecuadas para resolverlos. Cuando la verdad se aplica a un análisis inteligente y honesto el resultado casi invariable es una mayor eficiencia.

Finalmente, les pido considerar (y ojalá coincidir conmigo) en lo siguiente: Si bien las operaciones de Cerro Bola no pueden considerarse victoriosas por más faquirismo que se imponga a la palabra, hay ahí aspectos que, en mi concepto, tienen a la larga mayor valor. El esfuerzo de centenares de militares por rescatar a sus compañeros de la patrulla sitiada a lo largo de semanas angustiosas, empeñando toda la energía y arriesgando la vida en ello, manifiesta las mejores virtudes militares y sociales: no abandonar jamás a los compañeros heridos, sitiados o capturados, y hacer todos los esfuerzos por rescatarlos. Eso fue lo que ocurrió en Cerro Bola y el mérito de ese esfuerzo resonará en la moral y la eficacia de mañana.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Con el reportaje de portada de hoy, 21 de diciembre, IDL-Reporteros cierra sus primeros once meses de publicaciones, iniciadas en febrero, y cierra el año 2010. Volveremos a publicar el 17 de enero de 2011.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Por la actualidad y pertinencia del tema, reproduzco aquí el artículo que publiqué en Caretas 2160.

Hay Wikileaks para todos los gustos. Hasta Luis Giampietri y Lourdes Alcorta han encontrado uno que les parece verdad canónica. Según ellos, un cable hecho público por wikileaks demuestra que el Instituto de Defensa Legal (IDL) aboga conscientemente a favor de Sendero Luminoso.

Ahora, el buzo-almirante (Giampietri es, entre otras cosas, un buzo profesional que ha pasado mucho tiempo bajo el agua, con los azares que ello supone), ha utilizado, con el acompañamiento entusiasta de Alcorta, el cable de wikileaks, para demandar una de esas “investigaciones” que en los hechos supone una represión bajo otro nombre.

Dentro de la avalancha de wikicables hay unos pocos que conciernen al Perú y se originan en él. Siendo, como son, comunicaciones de diplomáticos que buscan ilustrar lo mejor posible a sus sedes, la información que contienen es casi siempre interesante.

Muchos de los cables son, en realidad, reseñas de conversaciones de los diplomáticos con una persona dada. El cable, por ejemplo, que causó las iras del general EP Paul da Silva, tiene como fuente principal a un informante, protegido en este caso con un seudónimo, quien parece tener mucho conocimiento sobre el Ejército.

En cambio, el cable que tanto Giampietri como Alcorta parecen considerar una prueba reina, es una reseña de conversaciones sostenidas entre funcionarios de la embajada de Estados Unidos con el contralmirante (r) Julio Abel Raygada, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia (DINI) a comienzos de 2006.

Tal cual debiera ser el caso con toda información, lo que cabe hacer es analizar los cables, contrastar y corroborar la información que ofrecen, para ver si es acertada, completa, o no. Ni descalificarlo como “el cable de la infamia” –según Da Silva–, ni proclamarlo como verdad revelada, tal cual hace Giampietri con solo un cable, el que concierne a IDL, la institución que él odia con pasión.

Veamos y analicemos ese cable. Empiezo, claro está, por hacer una contrastación con la realidad. Yo trabajo en IDL hace algunos años y no he visto ni programas, ni actitudes, ni acciones, ni disposiciones, ni pretensiones de defender o propugnar la defensa del “terrorismo” o, más específicamente, del senderismo. En el pasado, IDL ha defendido a inocentes acusados de terrorismo. Ahora, por fortuna, ese problema ya casi no existe. Y ser inocente, por definición, te separa por completo de la culpa. Te acusaron de algo que no eres. Probaste que la acusación era falsa, que iban a castigar a un inocente, o que lo castigaron y le arruinaron parte de la vida. ¿Eso es defender a terroristas? Hasta Giampietri tendría que reconocer que no.

El cable fue enviado en la tarde del 14 de febrero de 2006. El “consejero político” Art Muirhead lo clasificó como secreto, aunque había poca razón para hacerlo, pues reseñaba una exposición (un ‘briefing’) hecho por Raygada, a la sazón jefe de la DINI, sobre Sendero Luminoso.

Raygada es un contralmirante retirado a quien apodan “Tuiti” por una tenue sugerencia somática del canario Piolín. Durante su carrera naval se dedicó fundamentalmente a la inteligencia.

Pertenece a la misma promoción que Giampietri y otro contralmirante, también dedicado a inteligencia: el ya fallecido Jorge Hesse, con quien mantuvo una fuerte rivalidad a lo largo de la carrera. Hesse veía graves problemas de corrupción dentro de la Marina –grupos o pequeñas mafias que heredaban el control y se lo disputaban– y dedicó buena parte de su carrera a tratar de neutralizarlos. Dentro de la promoción, el encono entre Hesse y Giampietri fue intenso. Este ganaba en fuerza física, aquel en inteligencia.

Raygada, en cambio, es compadre de Giampietri, por más que entre ellos destaquen sobre todo las diferencias. Pequeño de estatura, listo y perspicaz, Raygada es un vivo contraste con Giampietri, pero entre ellos prima no solo la pertenencia a la misma promoción, la común rivalidad con Hesse, sino también el compadrazgo.

Cuando Raygada hizo la exposición (‘briefing’) sobre Sendero a la embajada de USA, era jefe de la DINI, donde había llegado luego de estar en el retiro varios años. De hecho, hubo dos exposiciones. Una con el embajador (que era entonces Curtis Struble), el 26 de enero y otra, el 2 de febrero, con uno o más “consejeros políticos” que eran en realidad las contrapartes de la CIA con la DINI, según me dijo una fuente con conocimiento de esa reunión.

La versión de la exposición que sale en el cable sugiere que o no se preparó bien, o que la DINI tenía realmente poca información de valor.

• Al referirse a las áreas cocaleras, Raygada le dio más importancia comparativa a la situación en el Monzón –“área liberada”–, que a la del VRAE, lo cual ya era un error entonces.

• Sin embargo, Raygada considera que los senderistas no son “narcoterroristas”. Sostiene en su exposición que Sendero “continúa adhiriéndose a muchas de sus tácticas propias y objetivos de largo plazo”. Sin embargo, su conocimiento de lo que sucedía en el Huallaga parece ser mucho mayor que sobre el VRAE.

• Raygada menciona, por ejemplo que “hay indicaciones que Sendero está reviviendo la práctica de asesinatos selectivos…”. Eso pudo describir en parte al entonces ya debilitado Sendero de Artemio, en el Huallaga; pero no al del VRAE, que entonces era ya superior en número y armamento a los senderistas del Huallaga. El SL-VRAE no ha realizado asesinatos selectivos.

• La versión DINI de la idiosincracia doctrinaria maoísta y senderista puede haberse perdido en la traducción. La llamada “lucha de dos líneas” es –todo indica– interpretada equivocadamente por el traductor como una “pelea en dos frentes’ (i.e. armada y política, abreviada como L2L en español)”.

• El análisis militar sobre Sendero es superficial y errado, aún teniendo en cuenta la fecha. Se le da mayor importancia a la organización militar senderista en el Huallaga, que en el VRAE, y no hay ninguna indicación de las diferencias cualitativas entre ambos grupos, incluyendo armamento, organización y tácticas

• En un confuso e incompleto párrafo sobre “la estrategia política de SL” en la que Socorro Popular es descrito como “una ONG”, Raygada “también indica que ONG’s como el Instituto de Defensa Legal y Justicia Viva, que han recibido apoyo con fondos de la Embajada, son ‘conscientes defensores de Sendero’. El término en inglés es: “Knowing advocates of Sendero”, que también puede significar “gestores” o “cabilderos”.

Una fuente que conoce el pensamiento de Raygada me dijo que, “puede haber ahí algo de teléfono malogrado en la traducción. Si en algo se puede haber referido a IDL es que defienden a acusados por terrorismo… puede haber habido un problema con los traductores de la CIA… esos jóvenes no eran maestros de la traducción al inglés”.

Ese es el análisis del cable que reporta la exposición de Raygada en enero y febrero del 2006. Que no es completa sino, más bien, muy insuficiente.

A eso, debo añadir –hecho ya el análisis– mi conclusión. La pretensión de retratar a IDL (no se diga del consorcio “Justicia Viva”) como cómplice o aliado de cualquiera de las manifestaciones del senderismo no es solo ridícula hasta el patetismo sino sobre todo, completamente falsa y mentirosa.

Presentar la defensa de inocentes, falsamente acusados, como una forma de defender terroristas, solo es comprensible en quienes aprendieron sus conceptos de contrainsurgencia (y los aplicaron luego) de asesinos como Massera o Videla.

En esa visión, la crueldad, la mentira y la rapacidad van juntas. Se mata, se miente y se roba, como lo probaron los gorilas argentinos en los años previos a su humillante salida del poder, luego de la derrota de las Malvinas.

¿Cuál es la manera más clara y directa de medir la mentira? Aquí la doy: ¿dónde está la lista de los terroristas, de los senderistas defendidos por IDL? ¿La puede enseñar el vicepresidente? ¿No la tiene? Búsquela bien (recuerde: los inocentes son eso, inocentes, y no puede contarlos). Y si no encuentra siquiera nada que decir, haga lo que debe. Es decir, calle y no diga tonterías.

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