Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Desde su aparición, el 14 de febrero de 2010, IDL-Reporteros ha publicado 368 notas, muchas de las cuales son investigaciones complejas que exigieron gran esfuerzo en el hallazgo y la verificación. Nunca hubo que rectificar nada, pues lo publicado correspondió en todos los casos a la verdad de los hechos. Hasta hoy.

Luego de verificar que la nota ‘Entretelones cocaleros’, publicada el sábado 17 de marzo contenía información errónea, hemos procedido a retirar la nota, rectificar la información y reconocer el error. Además, por supuesto, de pedirles disculpas a ustedes, lectores.

Cuando uno asume el periodismo como la vocación central de la vida, va templando con el tiempo los temores naturales a los riesgos que se enfrenta. Pero hay un temor que no disminuye sino aumenta con los años: al error, la equivocación.

Por eso son tan importantes, junto con los buenos reporteros, los buenos editores. Para corroborar cada dato, verificar cada información, analizar cada inferencia; y así evitar el error.

Siendo así, el deber de un periodista cuando se comete un error es no solo reconocerlo sino advertirlo de la forma más clara posible para que no pase por verdadero lo que es falso. Hacerlo tiene sabor a ceniza, pero dejarlo de hacer es mucho peor.

Que se haya publicado una información errónea significa que nosotros, en IDL-R, descuidamos esa vez las exigencias de verificación que siempre hemos mantenido.

¿Por qué sucedió? Hay algunas razones y podría contárselas. Pero al final, lo que cuenta es que no debe haber y no hay excusas; y que yo, como director de IDL-R, asumo, por supuesto, toda la responsabilidad. Hemos fallado, pedimos muy sinceramente disculpas y comprometemos nuestro mayor esfuerzo a que nada parecido vuelva a suceder.

Notas relacionadas:

• Entretelones cocaleros

El ex presidente de Devida, Ricardo Soberón, y su sucesora, Carmen Masías (Fotos: La Primera y Andina).

IDL-Reporteros rectifica aquí la información publicada el sábado 17 de este mes en la que se reseña, entre otras cosas, el discurso que habría pronunciado la presidenta de Devida, Carmen Masías en el 55° período ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena.

La parte del discurso que cita IDL-R como pronunciada por Masías en Viena, no corresponde a lo que dijo. El discurso de Masías puede escucharse a continuación:

IDL-Reporteros no ha recibido ninguna carta aclaratoria hasta el momento de publicar esta nota. Sin embargo, rectificamos de inmediato después de constatar el significativo error que motiva esta publicación.

IDL-Reporteros pide disculpas a sus lectores. Nuestra razón de ser es revelar al público la verdad de los hechos que importan a la ciudadanía, muchas veces a través de procesos de investigación y verificación difíciles y complejos. Hacemos todo lo posible por no cometer error alguno, pero si eso sucede, nuestro deber es reconocerlo de inmediato, por ingrato que sea hacerlo, y a rectificarlo.

Lamentamos profundamente el error. Haremos todo lo posible para que nada parecido vuelva a ocurrir.

(Vea la columna del director)

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2223 de la revista ‘Caretas’.

Corresponsales de anteayer y de mañana

¿Eras periodista en los ochenta y te apasionaba aprender de aquellos corresponsales legendarios que habían cubierto Ke Sahn y la ofensiva del Tet; las historias breves de Biafra y de Katanga; el nacimiento de Bangla Desh? Llegabas pronto al libro inevitable: ‘Coups and Earthquakes’ (Golpes y terremotos), de Mort Rosenblum, y no parabas de leer.

Hace pocos meses, Mort llegó al Perú para realizar un reportaje sobre la depredación pesquera en el Pacífico Sur. Lo enviaba el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en un ambicioso esfuerzo de investigación periodística trasnacional, en colaboración con otras dos publicaciones de periodismo investigativo: Ciper, de Chile; e IDL-Reporteros (reporteros.pe), de Perú.

Apenas pude, llevé a Mort a hablar con los periodistas de reporteros. pe y de las otras publicaciones de IDL. Fue muy interesante ver la conversación entre el veterano periodista que a lo largo de 50 años ha fechado despachos desde más de 200 países, y los jóvenes reporteros y editores al comienzo de sus carreras –y unos pocos en la complicada pista de despegue profesional, con la esperanza de tener suficiente motor para alzar vuelo – ….

Hace unos años, el escenario hubiera sido más previsible: un mariscal de campo del periodismo, activo aún y formidable, trasmitiendo su experiencia, manías, fatigas y energías a una generación joven que aspira a seguir un camino parecido.

Pero ahora, se preguntaron algunos, ¿qué les podía decir Mort sobre el Twitter y las redes sociales, la ‘agregación’ de noticias, la ‘viralidad’ en youtube, el crowd sourcing y las muchas formas en que la gente se conecta y moviliza.

Antes de irse, Mort me dejó uno de sus últimos libros: “Little Bunch of Madmen: Elements of Global Reporting” (‘Pequeña banda de orates: Elementos del reportaje global’), cuya dedicatoria dice todo: ‘Para la pequeña pandilla: la vieja banda, la nueva guardia y para los tantos que consiguieron entrar pero no salir’.

No sé si se traducirá el libro al español, pero quienes leen en inglés y les interesa el futuro del periodismo, deberían conseguirlo. Tuve el libro cerca por varias semanas, sin abrirlo, mientras terminaba otros. Luego lo abrí mientras trataba de decidirme entre él y una novela policial escandinava, y no lo dejé hasta terminar la última página.

EN general, prefiero no conocer personalmente a los autores que leo, para que no entrometan su presencia, sus tics, sus neurosis, en la obra. Me fascina conocer sobre los autores de los libros que te han dejado una huella profunda en el alma, pero leyendo sobre ellos. Sin embargo hay libros que se leen con tanta fluidez que deviene asunto secundario conocer o no al autor. El ‘Little Bunch…’ es uno de ellos.

El mensaje es claro y preciso: nunca como ahora ha sido necesario el periodismo para comprender un mundo cuya globalización no lo hace, en muchos aspectos, menos provincial, balcanizado y agorafóbico.

Pero el hecho es que, con unas pocas excepciones, la corresponsalía extranjera ha disminuido brutalmente en los medios tradicionales del periodismo en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos. Lo mismo ha sucedido, por ende, con las secciones mundiales dentro de los medios.

Una de las mejores secciones del libro de Rosenblum es sobre la terrible decadencia en la cobertura global de las mayores redes de televisión, especialmente de Estados Unidos. Una larga cita de una intervención realizada en 1961, por Newton Minow, entonces jefe de la Federal Communications Commission, suena hoy mucho más actual de lo que fue entonces:

“Cuando la televisión es buena” dijo Minow en una charla en la National Association of Broadcasters, “nada –ni el teatro, ni las revistas o los periódicos– nada es mejor. Pero cuando es mala, nada es peor. Los invito a sentarse frente a su aparato de televisión y permanecer ahí , por un día, sin un libro, sin un periódico… les puedo asegurar que lo que ustedes observarán es una vasta extensión baldía”.

Rosenblum recoge un debate, en 2009, en el Council on Foreign Relations, en el que fueron invitados los presidentes de ABC, CBS y NBC. El de CBS, Sean McManus intentó explicar porqué había sido, en su opinión, una idea exitosa la de cortar o eliminar corresponsalías para depender del trabajo de jóvenes (y muy baratos) periodistas independientes o freelancers.

Cuando el moderador, Ken Auletta, le preguntó si no consideraba ello más bien un detrimento del reportaje internacional, McManus respondió que “nos guste o no, somos parte de corporaciones y nosotros tenemos una responsabilidad financiera con nuestras corporaciones”.

Lo revelador es cómo CBS pone en práctica esa ‘responsabilidad financiera’. Según revela el libro de Rosenblum, la oficina de París de la CBS pasó de tener 16 periodistas a solo un corresponsal de radio freelance.

IMPRESIONANTE ahorro, ¿verdad? Pero a la vez, el presidente de CBS, Les Moonves ganó 42.9 millones de dólares de sueldo el año 2009. Y, observa Rosenblum, el sueldo de la presentadora Karie Couric, de 5 millones de dólares era igual al presupuesto combinado de 17 corresponsalías extranjeras de National Public Radio, y el de Morning Edition.

En esas condiciones, no fue difícil para los manipuladores de información, marqueteros de ‘imagen’ y especialistas en relaciones públicas, llevar a cabo una masiva campaña de desinformación, con la necia anuencia de un gran porcentaje de los medios, para justificar, por ejemplo, la invasión de Irak, con las trágicas y terribles consecuencias que ello supuso.

Como lo dice bien, y repite, Rosenblum, nada informa mejor a la gente que la visión profunda y entrenada del verdadero periodista profesional que acepta riesgos a veces inmensos para llegar al escenario mismo de los hechos y revelarlos con rigor, veracidad y capacidad de diferenciar en muchas ocasiones lo aparente de lo verdadero. Ese corresponsal, complementado por editores eficientes, capaces de verificar y contextualizar los reportajes, mantiene un público bien informado y, en consecuencia, exigente con sus gobernantes y difícil de engañar.

Mort Rosenblum cita varias veces en su libro a Anthony Shadid, el corresponsal del Washington Post primero y del New York Times después, en el Medio Oriente. El libro, sin embargo, no predijo el triste epílogo. Dos veces ganador del Pulitzer Prize, Shadid había pasado por buena parte de los peligros que supone la cobertura en el Medio Oriente: herido en Ramala, secuestrado en Libia. Finalmente, Shadid decidió entrar a Siria clandestinamente, para cubrir la feroz represión de Assad y la incipiente guerra civil en algunas ciudades.

Con el fotógrafo Tyler Hicks, del Times, Shadid entró por la frontera turca, en lo que iba a ser una dura marcha montañosa. Ahí volvió a constatar que era alérgico a los caballos. Pudo recuperarse del ataque de asma que le provocó la alergia y llegó a la zona entonces dominada por los rebeldes, para llevar a cabo el reportaje bajo condiciones de gran peligro. Luego de varios días, decidió regresar a Turquía, por una vía parecida a la de ingreso. Según el recuento de Hicks, Shadid se preparó lo mejor que pudo para la fatigosa jornada que le aguardaba: anti-histamínicos, inhalador, pañuelo sobre el rostro.

En el ascenso montañoso, la alergia siguió a la fatiga y, tras esta, un ataque de asma que mató al gran reportero a pocos kilómetros de la frontera.

Tomar todos los riesgos, incluso bajo severas limitaciones de salud, para llegar a la verdad de los hechos y poderlos contar para que el mundo sepa con certeza lo que de otra forma sería ignorado. Arriesgar intrépidamente la vida por lograr la verdad, no por efímera menos permanente: ¿Hay algo de obsoleto en ello?

Por eso, podrá cambiar la forma de los medios, pero la necesidad de periodistas, testigos, mensajeros, narradores de la verdad de los hechos, jamás decrecerá mientras haya libertad.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Países no detienen saqueo en el Pacífico Sur

El ministro de la Producción, José Urquizo, y el embajador Nicolás Roncagliolo (Foto: IDL-Reporteros).

El Perú cerró filas frente a las críticas de Chile de no respetar los acuerdos internacionales para evitar la sobrepesca de jurel. Tampoco dio como válidas las duras observaciones de la Unión Europea. Los funcionarios peruanos del Ministerio de la Producción, Imarpe y la Cancillería, optaron por responder en conferencia de prensa la tarde del jueves 9, que seguirán pescando lo que consideren necesario dentro de sus 200 millas, de acuerdo con sus estimaciones científicas, y que sus compromisos internacionales sólo rigen para alta mar.

El Estado ha apoyado medidas de conservación “de carácter voluntario y en las zonas de alta mar, las cuales hemos cumplido a cabalidad”, dijo el embajador Nicolás Roncagliolo, a cargo de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del ministerio de Relaciones Exteriores y encabezó la delegación peruana que asistió a la reunión en Santiago de Chile de los países de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur  (OROP-PS).  Junto a él estuvo el ministro de la Producción, José Urquizo, quien se mostró cauteloso y se limitó a presentar al equipo que viajó al vecino país para que respondiera a las interrogantes.

Fue el subsecretario de pesca de Chile, Pablo Galilea, quien acusó al Perú de pescar “lo que quiera” dentro de su zona económica y no contabilizar estas capturas como parte de la cuota máxima fijada por la OROP-PS para cada país. Sin embargo, las autoridades peruanas insistieron  en que  siempre dejaron claro en esta instancia intergubernamental que se reservaban el manejo de sus recursos dentro de su jurisdicción.

“OROP-PS es sinónimo de alta mar, exclusivamente de alta mar. Hay otros países que han aceptado que ingrese a su agua jurisdiccional, Perú no”, apuntó Alfredo García Mesinas, funcionario del viceministerio de Pesquería, quien hizo hincapié que los acuerdos suscritos con esta organización hasta la fecha no son vinculantes.

Para que el Convenio que crea la OROP-PS entre en vigencia, se necesita que ocho países lo ratifiquen. Hasta el momento, sólo cinco Estados lo han hecho y el Perú no es uno de ellos. El ministro de la Producción anunció que en los próximos días presentarán un proyecto para que el Consejo de Ministros y luego el Congreso evalúen la ratificación.

En 2011, esta organización acordó que solo se pescara el 60% de lo capturado en 2010, con lo cual el Perú debió capturar unas 24 mil toneladas de jurel. Pero lo que pescó en total fue cerca de 260 mil toneladas: 256 mil 686 en aguas peruanas y 674 en alta mar.

El Perú defiende la existencia de un stock propio de jurel cerca a la costa y asegura que no es el mismo que enfrenta una estrepitosa caída en alta mar en las últimas dos décadas: de 30 millones de toneladas a 3 millones como reveló la investigación del ICIJ en alianza con IDL-Reporteros y CIPER.

Los científicos de Imarpe mostraron gráficos de las capturas de jurel en las últimas décadas para evidenciar que el mayor responsable de la sobrepesca en alta mar es Chile. Capturó más de 28 millones de toneladas en la década del 90 y tuvo altos registros de pesca de ejemplares juveniles, que son importantes para la reproducción de la especie.

Sin embargo, los voceros de la Dirección General de Pesca de la Unión Europea dijeron al ICIJ que la posición del Perú es “negativa y decepcionante” y que podría enfrentar sanciones comerciales. En respuesta, Jorge Zuzunaga, asesor principal de Imarpe que acudió a la reunión de Santiago, dijo a IDL-R que el Perú siempre ha defendido la existencia de un stock propio y que las reacciones contra el país se deben a que la reunión en Chile fue “eminentemente política, no ha sido de científicos”.

El jefe del equipo científico de la OROP-PS, Andrew Penney,  respondió al ICIJ vía correo electrónico que a lo largo de las reuniones no hubo acuerdo para determinar cuál de las diversas hipótesis que defienden los países en la organización, es la correcta. Además, indicó que tampoco presentaron los resultados de sus investigaciones al equipo científico de la OROP-PS.

“La metodología para demostrar esto (lo que defiende el Perú) es un poco compleja y se han valido (los de la OROP-PS) de lo más fácil (…) Para no complicarse la vida prefirieron hablar de un solo stock a pesar que el Perú ya había sostenido que tenía un stock propio”, afirmó Zuzunaga a IDL-R.

En medio de discusiones científicas, el vocero del gremio empresarial más poderoso de la pesca peruana se mostró entusiasta. Richard Inurritegui, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería,  consideró que la pesca de jurel aún es “subexplotada” y que las compañías tienen interés de capturar más.

Además aseguró que el Perú hace un control mucho más estricto dentro de sus 200 millas que lo que exigido por la OROP-PS. Pero los hallazgos de la investigación del ICIJ, IDL-R y CIPER lo desmienten: en algunas temporadas de pesca las empresas capturaron más de la cuota que legalmente aprobaron las autoridades para la zona económica peruana, y en los primeros meses de 2010 más del 90% de lo pescado fueron ejemplares juveniles.

Notas relacionadas:

• La pesca descontrolada del jurel en el Perú
• Suspenden captura del jurel en todo el litoral peruano
• La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel

La semana pasada, 18 países se reunieron en Santiago de Chile para tomar medidas que eviten la depredación pesquera del Pacífico Sur. El encuentro se realizó en medio de un vaivén de acusaciones de quién tenía la culpa del desplome de la población del jurel. El Perú fue acusado de pescar más de lo acordado mientras que Chile ya se aseguró con el 84% de la cuota para toda la región. Nada cambió: los acuerdos siguen sin ser definitivos ni vinculantes.

Venta de jurel en muelle artesanal de Chimbote, en Perú (Foto: Mort Rosenblum).

Por Mort Rosenblum y Mar Cabra, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en colaboración con IDL- Reporteros y CIPER.-

La reunión de los estados pesqueros que se llevó a cabo la semana pasada en Santiago dejó la vía libre para que las flotas capturen jurel muy por sobre el límite de 390 mil toneladas que los científicos han considerado como vital para la protección de una especie ya diezmada. En total, las capturas reales podrían alcanzar una cifra excesiva, por sobre el medio millón de toneladas.

Las naciones asiáticas, europeas y latinoamericanas que participaron en la reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur  (OROP-PS) acordaron limitar las capturas al 40% de los niveles registrados en 2010, un total cercano a las 340 mil toneladas en 2012. Sin embargo, el Perú reclamó su derecho a acceder a 120 mil toneladas extra dentro de las 200 millas de su Zona Económica Exclusiva.

Por otro lado, Chile podría no estar dispuesto a hacer honor a ese límite propuesto porque el gobierno y la industria ya acordaron una cuota muy por encima del 40% de lo pescado en 2010. Y nadie sabe qué hará Ecuador. Ese país desembarcó casi 70 mil toneladas en 2011, pero no participó en las negociaciones de la semana pasada en Santiago. La OROP-PS, una organización intergubernamental encargada de proteger la sustentabilidad de los recursos en el Pacífico Sur, aún no ha sido ratificada, así que todavía no puede establecer límites que sean vinculantes.

Descarga de jurel de nave industrial en Chile (Foto: CIPER).

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el pasado 25 de enero una investigación que realizó durante meses en conjunto con CIPER e IDL-Reporteros y reveló que las flotas pesqueras, bajo una lógica de libre acceso para todos, han reducido la población de jurel desde las 30 millones de toneladas a menos de tres millones en sólo dos décadas. El jurel, un pez huesudo y de tonos bronce, es un componente clave para elaborar harina de pescado que alimenta a la acuicultura. Para producir un kilo de salmón en las granjas acuícolas se necesitan, por lo menos, cinco kilos de jurel.

Los barcos rastreros más grandes del mundo se movieron hacia el sur después de depredar otros océanos, donde las flotas pesqueras locales han sobreexplotado los recursos por décadas. Ahora, los científicos aseguran que la biomasa desovante de jurel está por debajo del 5% de su nivel original.

Sin fiscalización ni compromisos

La investigación de ICIJ reveló que los mínimos controles que el Perú ha impuesto para el desembarque del jurel y las presiones de la industria han permitido que el gobierno autorice la pesca de peces juveniles, cruciales para la reproducción del stock. También de que las compañías pesqueras peruanas no han reportado al menos 630 mil toneladas de anchoveta –otra especie importante para la elaboración de harina de pescado– entre 2009 y la primera temporada de pesca de 2011.

En reacción a la investigación del ICIJ, el parlamento holandés se comprometió a debatir la sobrepesca en el Pacífico Sur la próxima semana. Uno de los actores clave en la pesquería del jurel es la Asociación de Rastreros Congeladores Pelágicos, una organización radicada en Holanda que representa a nueve compañías y 25 naves con bandera de la Unión Europea.

Algunos delegados de la OROP-PS que participaron en la reunión de Santiago, informaron nuevas presiones por parte de sus gobiernos para tomar acciones y ponerse firmes. Pero los conservacionistas que inicialmente vieron en este encuentro  una oportunidad para revertir la curva descendente, terminaron decepcionados.

“Las flotas de pesca industrial han destruido las pesquerías y a pesar de la clara evidencia científica de que las capturas deben reducirse. Las naciones pesqueras han insistido en la conducción de los recursos hacia el olvido “, dijo Duncan Currie, de la Coalición de Conservación Mar Profundo.

Bill Mansfield, presidente de la OROP-PS, dijo al ICIJ que estaba profundamente decepcionado. Pero agregó que confía en que la organización sea ratificada durante 2012, después de más de seis años en que sigue tomando forma. Eso podría darle a sus decisiones y cuotas fuerza de ley.

Posición peruana: “negativa y decepcionante”

Depósito de anchovetas en una planta harinera (Foto: IDL-Reporteros).

Al comienzo de la reunión, Mansfield dijo a las 18 delegaciones que tanto las zonas de alta mar como las aguas territoriales tienen que ser administradas cooperativamente de acuerdo a los datos científicos. “De otra forma, el colapso es inevitable y todos van a perder”, sentenció.

Pero algunos delegados han presionado hasta el extremo. Corea del Sur, con una enorme flota ya posicionada, propuso una pesca sin controles hasta que entre todos los estados capturen 500 mil toneladas. El año pasado, Corea del Sur rechazó unirse a un corte voluntario de la cuota y, en cambio, pescó mil toneladas más que en 2010.

Al final, Corea del Sur acordó junto a los demás los límites para este año. China, que se resistió a la disminución de la cuota el año pasado, aceptó también los nuevos límites. La resistencia fue del Perú.

Los representantes de la Unión Europea señalaron al ICIJ que la posición del Perú era tan “negativa y decepcionante” que podría enfrentar sanciones comerciales.

Aunque el jurel normalmente se mueve en gigantescos cardúmenes afuera de las aguas peruanas y chilenas al medio del Pacífico Sur, en 2011 gran parte de las capturas fueron cerca de la costa sudamericana.

El Perú capturó casi 260 mil  toneladas en 2011, y su delegación argumentó que su recorte propuesto –alrededor de la mitad de ese monto– era sustancial.

En Lima, las autoridades pesqueras insisten en que el Perú tiene el derecho de explotar sus aguas territoriales independientemente de las cuotas que la OROP-PS ha impuesto para alta mar. Ellos dicen que tienen su propio stock de jurel dentro de sus 200 millas. Lo mismo han argumentado las empresas pesqueras del norte de Chile, lo que les permitió impulsar y lograr la promulgación de una ley que las autoriza a pescar jurel juvenil. Sin embargo, esa es una teoría que los científicos aún están estudiando.

Bajo una creciente presión internacional, la semana pasada el Perú suspendió temporalmente la pesca del jurel en su jurisdicción después de que las empresas de ese país capturaran la cuota completa para el primer trimestre de este año en menos de 20 días.

“Para los chilenos, el Perú es el malo de la película mientras que ellos siguen las reglas. Ellos dicen que tienen un control racional, pero no es verdad. Los chilenos causaron el colapso del jurel”, dijo al ICIJ  Gladys Cárdenas Quintana, directora científica del instituto de investigación financiado por el gobierno peruano, Imarpe.

Chile pescará más de lo acordado

A ratos, la reunión en Santiago parecía un circo. Activistas de Greenpeace disfrazados de jureles desplegaron un gran lienzo exigiendo a los estados de la OROP-PS que protejan a los peces en peligro. Samuel Leiva, el jefe de campaña de la sede chilena de la ONG, quien ha monitoreado las reuniones de esta organización desde que comenzaron, pidió insistentemente un límite de 260 mil toneladas para 2012 y medidas más enérgicas para reforzar su cumplimiento.

Nave jurelera en alta mar en el Pacífico Sur.

“Mientras la flota chilena ha reducido sus capturas internas, la peruana capturó cerca de seis veces más de lo que había prometido capturar”, dijo en una conferencia de prensa.

Después, Leiva habló con ICIJ. Entonces dijo que si el descenso de la población continuaba, el próximo año Greenpeace presionaría ya no para reducir las capturas, sino que para obtener una veda total del recurso, algo que algunos científicos ya han propuesto.

Pero Chile, que capturó más de 28 millones de toneladas de jurel en los años 90 antes de hacer un importante recorte de las cuotas, también enfrentó críticas. En la actualidad, sus registros de captura ascienden a cerca de la mitad de las reportadas en todo el Pacífico Sur. De hecho, sus políticas pesqueras y la intensa influencia de la industria en la regulación del sector durante las últimas décadas, han hecho que sea el principal responsable en la depredación del océano.

La propuesta inicial del gobierno se ajustaba a lo acordado en la OROP-PS y pretendía establecer la cuota en un 40% de lo capturado en 2010. Eso significaba reducir la cuota en un 41% en relación al año anterior y que sólo se podrían pescar 186 mil toneladas de jurel durante 2012. Pero el Consejo Nacional de Pesca, donde el 60% de los integrantes representa los intereses del sector productivo, rechazó esa rebaja.

Aunque las autoridades han señalado prácticamente como un logro la reducción, lo cierto es que el límite de capturas se cerró en 252 mil toneladas, un 35% más de lo que propuso el gobierno y casi el 84% de la cuota para todo el Pacífico Sur. Y es poco probable que el país esté dispuesto a modificar la cuota aprobada a fines de 2011 y así hacerla calzar con los niveles acordados en la reunión de la organización intergubernamental.

Viendo lo que se viene, Mansfield señaló que una ciudadanía que está pendiente y atenta a los riesgos medioambientales y que un debate legislativo como el que se organizó en Holanda para la próxima semana o la discusión en Chile por la nueva Ley de Pesca, ofrecen motivos para el optimismo.

“Una vez que entremos a la etapa de obligaciones legales y vinculantes, la habilidad para administrar (los stock) exitosamente debería ser mucho mayor“, dijo a ICIJ.

Milagros Salazar (Perú) y Steve Bradshaw (Chile) colaboraron para este reportaje.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red global e independiente de periodistas en más de 50 países que colaboran en investigaciones transnacionales. Forma parte del Centro para la Integridad Pública, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación.

Este texto fue traducido al español por CIPER.

(Ver versión original en inglés en el ICIJ)

Notas relacionadas:

• Sin control, gigantes pesqueros diezman el Pacífico Sur
• Perú se aferra al stock propio de jurel
• Columna de reporteros

El ministerio de la Producción publicó hoy una resolución ministerial para suspender la pesca de jurel en todo el litoral peruano al haberse capturado en casi 20 días, la cuota de 40 mil toneladas establecida para tres meses. “Estamos obligados a ser mucho más conservadores y más cuidados porque estamos siendo observados internacionalmente en la captura de jurel”, explicó a IDL-R Andrés Chipollini, director de Investigaciones de Recursos Pelágicos, Neríticos y Oceánicos de Imarpe.

El funcionario admitió que en gestiones pasadas se pescó ilegalmente más de las cuotas fijadas y un gran número de ejemplares juveniles que afecta la población de este recurso, tal como reveló IDL-R en su artículo “La pesca descontrolada del jurel en el Perú”, publicado en alianza con ICIJ y CIPER.

En su artículo 5, la resolución también exige que Imarpe evalúe la población de esta especie “con el propósito de recomendar las medidas y acciones de ordenamiento pesquero necesarias”. Por ello, informó Chipollini, entre febrero y marzo los científicos de Imarpe realizarán un crucero para evaluar la situación de este recurso antes que se apruebe cualquier cuota adicional de pesca.

Aquí la nota de prensa difundida por el Ministerio de la Producción sobre el tema.

Notas relacionadas:

• Perú se aferra al stock propio de jurel
• La pesca descontrolada del jurel en el Perú
• La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2217 de la revista ‘Caretas’.

Pesquisa de redes en el mar

Los periodistas de investigación sabemos que buena parte de los casos que seguimos son transnacionales. Así que para poder investigarlos aprendimos a cultivar el equivalente periodístico de la reciprocidad andina, colaborando con colegas de otras naciones y pidiéndoles ayuda también.

En los hechos, el sistema es una forma básica e insuficiente de cooperación. Mejor que nada, pero lejos de lo necesario.

Hace ya varios años, en 1997, se fundó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que buscó congregar a los periodistas de investigación del mundo, no solo para intercambiar experiencias sino para planear proyectos conjuntos de investigación periodística internacional.

El ICIJ fue desde su creación un centro de periodismo sin fines de lucro, que señaló el camino por seguir a muchos otros periodistas de varias naciones que, al ver la entropía acelerada del periodismo investigativo en los medios comerciales tradicionales, buscaron salvarlo creando otros centros similares. ONGs periodísticas conducidas, por lo general, con el mayor rigor profesional y que compensaban la previsible austeridad de medios y recursos (salvo el caso de la afortunada ProPublica) con la libertad de poder trabajar sin cortapisas.

Son hasta hoy instituciones de estructura precaria, con modelos de sostenimiento necesariamente provisorios, sin saber (como, por otra parte, es regla de la vida) si tendrán existencias efímeras o longevas. Pero con la conciencia feliz de que cada día de trabajo periodístico no enfrenta otra limitación que la del talento y la diligencia en el cumplimiento de la misión.

A lo largo de los años, el ICIJ hizo varias investigaciones internacionales de mucho valor, algunas con participación individual de los miembros latinoamericanos. 

El año pasado, sin embargo, el ICIJ propuso una investigación conjunta a dos centros independientes de periodismo de investigación: CIPER (Centro de Investigación Periodística), de Chile; e IDL-Reporteros, de Perú, que dirijo. Visto en perspectiva, era natural que ello ocurriera: en los últimos años se crearon varios centros nuevos de periodismo de investigación sin fines de lucro; y aunque todavía somos muy pocos en toda Latinoamérica, antes no había ninguno y los que existimos hemos trabajado sin parar.

EL ICIJ nos propuso colaborar en una investigación sobre la depredación pesquera en el Pacífico Sur. Iba a ser una continuación de investigaciones previas sobre el saqueo de la vida marina en otras áreas del globo, por parte de flotas pesqueras, europeas buena parte de ellas, frecuentemente subsidiadas por sus gobiernos.

Yo acepté de inmediato. Entre otras razones porque IDL-Reporteros estaba precisamente llevando a cabo una difícil investigación sobre la industria pesquera peruana, cuyos objetivos calzaban bien con lo del ICIJ.

La periodista a cargo de la investigación era Milagros Salazar. Cuando uno ve, y escucha a Milagros tocando con maestría el cajón criollo, es poco probable que piense que los más resonantes éxitos de esta se han logrado trabajando inclinada sobre teclados silenciosos. He conocido pocas personas tan obsesivamente dedicadas a un reportaje como Milagros. No lo deja ni cuando respira, come o duerme, hasta verlo terminado, y aún entonces le cuesta despedirse de él.

En IDL-Reporteros, Milagros se dedicó a realizar reportajes ambientales, sobre todo respecto de la minería. Empezó a hacerlo desde el 2005, cuando ambos trabajábamos en La República y le pedí cubrir una comisión sobre la controversia minera-antiminera. El 2010, cuando empezó a colaborar con IDL-R ya era una experta en el tema.

Pero a principios del 2011 me propuso investigar un ámbito diferente: la industria pesquera. Una entrevista había llevado a varias otras y estas a una investigación sobre posibles irregularidades sistemáticas y fraudes masivos en la industria. Por supuesto que acepté y, a partir de ese momento, Milagros se dedicó a una difícil investigación con un tesón tal que prefiero describir para que ustedes lo califiquen.

Sus fuentes le habían asegurado que en virtualmente toda la inmensamente lucrativa industria de harina de pescado existía un fraude sistemático, en el que una buena cantidad de la pesca no era registrada en las fábricas y se robaba así al Estado, al defraudarle impuestos; y a los pescadores, su participación.

Pero, ¿cómo probarlo? Primero, Milagros consiguió, con dificultad, los registros de 47 mil desembarques de naves pesqueras en tres temporadas de pesca, con sus pesos declarados; y también los pesajes en fábrica de cada uno de ellos. Luego, había que digitalizar todo eso y correlacionarlo. Imaginen el trabajo.

No se trataba solo del volumen de datos, sino de que el cálculo no podía contener un solo error. Milagros viajó a Costa Rica, a encontrarse con Giannina Segnini, la eminente periodista de investigación del diario La Nación, que ha reforzado la unidad que dirige con ingenieros de sistemas y está tan dedicada a la “minería de datos” (data mining) como otros a la de metales. Con Giannina y sus ingenieros, Milagros tuvo la ayuda experta que le permitió procesar los datos, refinarlos, comprobarlos y confirmarlos.

De vuelta en el Perú, la investigación continuó y logró nuevos hallazgos al encontrar documentos ocultos que refrendaban sus resultados previos y, además, ayudaban a explicarlos.

Entonces, ya se había iniciado la colaboración con el ICIJ y CIPER. Y en julio del año pasado llegó a Lima el periodista a cargo de la investigación para ICIJ, el legendario Mort Rosenblum, quien desde 1965 reporteó en más de 200 países para la Associated Press (la guerra de Biafra, el nacimiento de Bangla Desh…, hay quienes sospechan que antes de eso entrevistó en exclusiva a Napoleón en la víspera de Austerlitz).

MORT llegó al Perú con el ánimo inquieto y la energía nerviosa de un joven reportero que teme perder su exclusiva. Cuando armó equipo con Milagros, dos generaciones de periodistas, separados por los años pero unidos por una obsesión sin fisuras por sus reportajes iniciaron una enérgica colaboración, de anécdotas memorables y resultados espectaculares. Mort no dice su edad, y el carbono 14 no se atreve a investigarla, pero no hay duda que es uno de los periodistas en actividad más veteranos en el mundo. Y verlo trabajar con la energía de un periodista veinteañero en su primer día de chamba, no es solo inspirador sino emocionante. Uno lo ve y sabe entonces que el buen periodismo nunca morirá.

Las investigaciones se publicaron, con algunas semanas de diferencia. IDL-R  publicó las dos primeras de Milagros, que documentaron y demostraron la dimensión de un fraude millonario en la industria pesquera peruana. Pese a la gran importancia de la investigación, se buscó de encapsularla en el silencio, al no poderla rebatir.

Y entonces, la semana pasada, se publicó la investigación conjunta del ICIJ, CIPER e IDL-R (se puede acceder a ella, en castellano o inglés, en: reporteros.pe). A la investigación peruana se sumó el formidable trabajo de CIPER en Chile y el reportaje de Mort y Mar Cabra sobre la destrucción de los peces en altamar del Pacífico Sur. Una sola frase resume el drama de ese reportaje: “En tan solo dos décadas, el stock de jurel ha caído en picada: de unas 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad”. Es decir, el 90% ha sido eliminado y la especie puesta en camino a la extinción.

“Sobrepesca: Alerta al pillaje de los mares” tituló Le Monde su reseña de la investigación. “Un saqueo épico en el Pacífico” fue el titular de portada del International Herald Tribune. “En el saqueo del jurel, signos de un épico colapso de peces”, encabezó el New York Times.

El único silencio que queda ahora es en las profundidades depredadas del Pacífico. Fuera de ellas, los resultados de la investigación resuenan y demandan acción.

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros
• Países no detienen saqueo en el Pacífico Sur
• Perú se aferra al stock propio de jurel

Por Milagros Salazar.-

Chimbote, Perú- Este puerto norteño hiede a pescado podrido durante todo el año, pero cuando empieza la temporada de pesca de anchoveta a finales de noviembre, su larga fila de fábricas expele aceitosas y nauseabundas humaredas que impregnan todo a lo largo de varios kilómetros.

“Ese es el olor del dinero”, advierte un sonriente taxista a los visitantes, a quienes observa taparse la nariz mientras se acercan a la zona industrial 27 de Octubre, donde más de 20 fábricas operan a todo motor.

Perú es la segunda nación pesquera en el mundo después de China; y el 85 por ciento de su pesca es la anchoveta. Casi toda la anchoveta capturada, sin embargo, se convierte en harina: un alimento para engordar a otros pescados y a los cerdos. Perú exportó más de un millón de toneladas en 2010, la mayor parte al Asia, por un valor de mil 600 millones de dólares.

Cada año, cerca de 6 millones de toneladas métricas de anchoveta arriban a los muelles de más de 100 fábricas de harina de pescado en el litoral. Lo que sucede dentro de estas plantas es conocido sólo por el personal de esas compañías y los inspectores. Pero en setiembre último, IDL-Reporteros, reveló lo que se esconde detrás del cerco de estas fábricas: que en un año y medio se esfumaron entre las bodegas de los barcos y las balanzas de las fábricas, un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta.

Una nueva investigación del ICIJ y de IDL-R, que demandó el análisis de más de 100 mil desembarques, demuestra que las descargas de anchoveta que desaparecen superan a toda la pesca que las flotas británicas llevan a puerto en un año: 630 mil toneladas que no fueron registradas en las balanzas entre 2009 y la primera temporada de pesca de 2011, en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de anchoveta que se captura a nivel nacional.

Estas miles de toneladas del “pescado fantasma” resultan de las discrepancias de más del 10% entre la pesca de anchoveta que declaran los patrones de las naves cuando llegan a los puertos,y lo que registran las balanzas.Esa pesca que se esfuma está valorizada en unos 200 millones de dólares si se convierte en harina.

Queda claro que las empresas no pagan derechos de pesca por las descargas de anchoveta que desaparecen, ni impuestos. Tampoco cuentan para la cuota de pesca de cada nave; y a su vez, los pescadores que ganan por tonelada capturada, reciben menos de lo que deberían cobrar.

Pero lo sorprendente no sólo está en los volúmenes, sino también que se trata de una irregularidad recurrente en la industria pesquera peruana: el 52% de los desembarques analizados por el ICIJ tienen diferencias por encima del 10% entre la pesca declarada y pesada, a pesar que según más de una decena de fuentes consultadas, entre ejecutivos de compañías, expertos, pescadores e inspectores, sólo es aceptable una discrepancia de hasta 10%. Más allá de eso ya resulta sospechoso.

Planta harinera en la importante zona industrial 27 de Octubre (Foto: IDL-Reporteros).

La investigación fue posible a pesar de que el Ministerio de la Producción, que está a cargo del sector pesquero, negó durante cinco meses el acceso a la base de datos que registra la pesca de anchoveta por considerarla secreto de Estado.

A la luz de los resultados, se entiende los motivos.

La ley de cuotas por nave para la pesca de anchoveta que entró en vigencia en 2009 y que fue anunciada como el arma que permitiría limitar la sobrepesca y la corrupción, tampoco evitó este descontrol.

ICIJ obtuvo registros de desembarques de 2008 cuyo análisis demuestra que la mitad de las descargas en seis puertos tenía discrepancias por encima del 10 por ciento. La situación no pareció mejorar luego de que la nueva norma fue promulgada con el apoyo de las empresas más poderosas de la industria. Seis de las compañías que tienen descargas con mayores discrepancias antes de que se promulgara la ley, lograron que sus consultores intervinieran en la elaboración de la norma.

Si algo queda claro es que después de que se lotizara la pesca de anchoveta en cuotas, las irregularidades continuaron y en algunas temporadas parecen haber empeorado.

La lista negra

¿Cuáles son las empresas con las diferencias más notorias? La investigación concluye que en el ranking de desembarques con mayores discrepancias, figuran las compañías más poderosas de la industria. Las naves de estas empresas desembarcan usualmente en sus propias plantas.

Por lo menos ocho de las empresas que controlan más del 60 por ciento de los derechos de pesca, tienen permanentes diferencias que superan el 10% y 20%, e incluso llegan al 50%.

Faja transportadora conduce carga de anchoveta a las tolvas de pesaje (Foto: IDL-Rporteros).

Dos compañías de capitales peruanos encabezan el ranking de este análisis de más de 100 mil desembarques: Humacare, una compañía mediana que pertenece a la familia Muro;  y Exalmar, una de las más grandes del sector, de propiedad de la familia Matta Curotto. En el caso de Humacare, el 90 por ciento de sus desembarques tenían discrepancias que superan el 10 por ciento, mientras que esto mismo se detectó en el 88 por ciento de las descargas de Exalmar. En varias ocasiones, la mitad del pescado se había esfumado antes de llegar a las balanzas.

Raúl Briceño, gerente de operaciones de Exalmar, culpó de las discrepancias en el peso a los malos cálculos de los patrones de las embarcaciones, hechos en base a estimados visuales. En una respuesta escrita al ICIJ,  Exalmar también hizo notar que el pescado pierde líquidos y en consecuencia peso, cuando es trasladado de la embarcación a la fábrica. Humacare no quiso responder.

CFG Investment, subsidiaria del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes International Holdings, también aparece en el ranking, pero evitó dar su versión.

Otra de las compañías es Austral, que cuenta con capitales noruegos. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, aseguró su gerente general Adriana Giudice. Pero esta investigación la desmiente.

Los hallazgos también alcanzan a dos de las empresas más poderosas del sector: Copeinca, fundada por la familia Dyer y con capitales noruegos, concentra más del 10 por ciento de la cuota global de pesca, y TASA, que tiene la mayor cantidad de cuota de la industria: 14 por ciento.

Esta última compañía pertenece a la poderosa familia Brescia que cuenta con inversiones en la banca, el sector inmobiliario, servicios y minería en el Perú. Tiene como principal asesor a Humberto Speziani, ex presidente del principal gremio de empresarios del Perú: Confiep.

No sólo las grandes compañías presentan estos problemas, hay otras pequeñas como Corporación Pesquera 1313 que registran importantes discrepancias.

Después de los primeros hallazgos publicados por IDL-R en setiembre, hubo varios empresarios pesqueros que buscaron demostrar  que las cifras o el método empleado en la investigación eran falaces. IDL-R supo, sin embargo, que algunas empresas pesqueras (entre ellas Austral y Copeinca), llegaron a la conclusión, luego de  examinar y recalcular las cifras y el método, que los resultados de la investigación eran irrefutables.

“Cuando el patrón mira la bodega, sabe perfectamente cuánta carga está trayendo”, aseguró el pescador Indelesio Velásquez. “Tú no lo puedes engañar”, agregó Velásquez, quien ha trabajado pescando anchoveta por 40 años, 25 de los cuales como patrón de nave. Él puede apreciar de un solo vistazo cuánto ha capturado. La bodega es cubicada por los técnicos de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso del sector, restó importancia a los hallazgos de las investigaciones. Él dijo que los estimados de los patrones de nave no pueden ser comparados con los registros de las balanzas. Ninguna de las compañías consultadas reconoció irregularidades cometidas en el pesaje.

Tolvas de pesaje al interior de una fábrica de Copeinca (Foto: IDL-Reporteros).

Aunque las empresas Cerper y SGS que están a cargo de las inspecciones en los puertos no quisieron pronunciarse sobre el tema, algunos inspectores reconocieron de manera privada estos problemas y otros hablaron abiertamente de las irregularidades.

En la localidad norteña de Coishco, Úrsula Gutiérrez le dijo al ICIJ que sus colegas han detectado sellos de seguridad rotos en paneles de control que registran el peso en las fábricas y que evidencian manipulaciones.

El trabajo de  Cerper y SGS se desarrolla en medio de un gran conflicto de interés: estas compañías son pagadas directamente por las fábricas que inspeccionan y además se encargan de certificar la harina que será exportada.

La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, es la empresa más poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.

Balanzas con truco

¿Qué hay detrás de las enormes discrepancias detectadas?

De acuerdo a una auditoría realizada por la empresa inspectora Cerper en agosto de 2009, para el Ministerio de la Producción, el 31 por ciento de las 16 balanzas inspeccionadas tenían serias evidencias de haber sido manipuladas. Según el documento, titulado “Informe Final, Programa de Auditoría, Tolvas de Pesaje a Empresas Industriales Pesqueras”, estas fueron las graves irregularidades:

• Indicios de manipulación de los software de pesaje. Entre varias otras irregularidades, se detectó que no se registraban todas las descargas de anchoveta.

• Débiles controles de seguridad de los tableros de control del pesaje, con riesgo permanente de pérdida de datos.

• El software para el registro de pesaje es instalado en otras computadoras de la planta, lo que genera un control indebido sobre las balanzas. Esto  permite borrar o alterar la información. Es decir, cambiar el peso.

Pero los resultados de esta auditoría, la única hecha hasta entonces, no fueron difundidos. El gobierno encarpetó el documento y no mejoró la seguridad del pesaje computarizado.

La auditoría tiene una historia oculta. Durante la inspección de Cerper solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca, que también figura en el ranking de las altas discrepancias.

Pese a ello, el informe era no solo importante sino contundente, y llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Esa omisión no fue casual ni accidental.

Antes de auditar las balanzas, Cerper hizo estudios de la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dicho análisis, que incluía a varias empresas grandes, fue entregado al ministerio de la Producción durante las gestiones de las ex ministras del gobierno de Alan García: Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote a pedido del viceministerio de Pesquería que recibió varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%.  Esto confirma los hallazgos de esta investigación.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción inspeccionar todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo el software.

El Ingeniero Freddy Sarmiento dirigió la auditoría a las balanzas (Foto: IDL-Reporteros).

Fue así que se realizó la auditoría en agosto de 2009. El ingeniero industrial que fue contratado por Cerper para dirigir el equipo, Freddy Sarmiento, aseguró que recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas en los puertos del norte y centro.

En todo el litoral hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico  del problema. Sin embargo, el ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia que entonces encabezaba el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a  Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe,  supuestamente como primer tramo del trabajo.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en  las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, indicó a su turno Rolando Urban de Cerper.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros).

Mientras que Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, consideró que la auditoría sólo demuestra que un pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación y no se debe generalizar.

“Me preocupa que se haga una imagen del sector harinero como un sector tramposo”, dijo. Insistió en que los empresarios impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento, quien desde julio es congresista de la República, lo desmintió.

El entonces consultor explicó que el proyecto completo entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los hallazgos de la auditoría. Esto nunca se concretó. (Ver entrevista a Sarmiento)

Quien era ministra de la Producción en esos días, Mercedes Aráoz, dijo que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”. Pero, arguyó, que estuvo pocos meses en el cargo.

Cuando el presidente Ollanta Humala asumió el poder en julio pasado,  la entonces viceministra de pesquería, Rocío Barrios, dijo que algunos de los funcionarios del sector le ocultaron información sobre las discrepancias en la captura de anchoveta que reveló IDL-R. Varios funcionarios fueron despedidos y la procuraduría del Ministerio de la Producción denunció a algunos de ellos ante el Poder Judicial.

Kurt Burneo, el ministro de la Producción que estaba a cargo de la pesca hasta diciembre, denunció públicamente que había complicidad entre algunos funcionarios a cargo de supervisar los desembarques y las empresas inspectoras.

Más allá de las discrepancias en el peso, dijo que el gobierno encontró repetidas fallas en reportes de inspección que impedían a las autoridades imponer multas a las pesqueras. Una serie de irregularidades permitió a estas compañías apelar la mayoría de las multas.

Desde la quincena de diciembre hay un nuevo ministro: José Urquizo. Su viceministro encargado de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, reconoció durante una entrevista con el ICIJ que existe un grave problema en las balanzas de las plantas harineras y que están analizando la forma de mejorar los controles del software de pesaje para que los registros de desembarque de anchoveta no sean manipulados.

Pero ya trascurrieron más de dos años desde que se encontraron las primeras evidencias de la alteración de las balanzas y nadie ha tomado acción. Desde Chimbote, Javier Castro, un importante líder sindical pesquero, dijo que los sucesivos gobiernos han demostrado poco interés en proteger el recurso de la pesca y a los pescadores.“Tengo una desconfianza que viene de décadas. Nada cambia”, agregó. Pero si su experiencia respalda el pesimismo, cierto es que por primera vez se ha logrado determinar la dimensión del fraude.

(Ver versión en inglés publicada en el ICIJ)

Notas relacionadas:

• Cómo desaparecen centenares de miles de toneladas de pescado
• Perú se aferra al stock propio de jurel
• Cómo se esfuman $100 millones en pescado

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Hoy, 21 de diciembre, con la importante investigación de Milagros Salazar sobre las graves irregularidades y los indicios de encubrimiento en la pesca industrial, IDL-Reporteros culmina su trabajo este año y toma vacaciones hasta el 20 de enero del próximo año.

¿Les parece demasiado largo, casi un mes completo? Ese es el tipo de vacaciones que se permiten los europeos, y miren cómo están sus finanzas. Pero en este caso tenemos razones válidas para justificar esta suerte de asueto de cuatro semanas. En primer lugar, lo necesitamos. Somos muy pocos, mejor ni les digo cuántos, y cada uno de nosotros trabaja en varios casos a la vez mientras coordina con los demás los puntos compartidos.

Inevitablemente, hay casos que se rezagan y terminan virtualmente abandonados. Otros se retrasan y deben ceder prioridad a algunos nuevos, más importantes o más urgentes. Hechos por verificar o explorar se reservan para el tiempo libre que nunca llega, mientras la presión por encontrar los datos decisivos, las pruebas y corroboraciones, siempre muy alta, se intensifica cuando la fatiga disminuye el alerta que cada dato precisa.

Es por eso que el periodismo de investigación se ve muy bonito a los lejos, pero provoca fugas en pánico de la mayoría de quienes entran en él sin saber lo que les espera. Muy poco de glamoroso hay en este trabajo, pero sí una intensa exigencia que nunca decrece. Es una labor de mucho desgaste que solo se compensa por el significado y la importancia que tiene.

A estas alturas, no hay nadie dentro del excelente grupo de periodistas con el que me honra trabajar, que no sepa las demandas de este trabajo. Irse a dormir en la madrugada después de un cierre azaroso, con una entrevista programada para la mañana, que requerirá toda su perspicacia y alerta, no es en absoluto la excepción sino la normalidad.

Por eso se justifica el descanso. Que solo será durante una parte del mes, pues el resto estará dedicado precisamente a repasar los casos postergados, las investigaciones aplazadas, y también a reparar en algo la presentación de nuestra publicación digital, que, como un buen taxi viejo, se ve medio descachalandrada, pero es todavía cumplidora.

Así que, habiendo trabajado desde antes, volveremos hacia el veinte de enero, día más o menos. No quisiera terminar este mensaje con solemnidades, pero creo que es indispensable remarcar que todo el sentido de nuestro trabajo y del trabajo que hacen algunos otros, pocos pero apreciados colegas, es el cumplimiento de la misión central del periodismo: Entregarle a la gente la información que debe tener para ser ciudadanos con el poder del conocimiento, para preguntar, recusar y decidir sin que puedan engañarlos. Para que la información más valiosa: aquella que afecta sus vidas y destinos, no esté en poder de los privilegiados, no facilite el abuso y la corrupción, sino que sea patrimonio de todos, de la Ciudad, de la Democracia.

Espero que hayamos podido servir bien ese fin. Ustedes lo juzgarán, pero les aseguro que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en lograrlo. El año que viene, vacaciones de por medio, trataremos de mejorar.

Feliz año, lectores.

No hay notas relacionadas.

Además de su deuda con Sunat, Telefónica también tiene obligaciones pendientes con Osiptel (Foto: Telefónica).

Para entender la deuda que Telefónica mantiene con el Estado hay que revisar la resolución del Tribunal Fiscal del 27 de diciembre de 2010 que rechaza los reparos puestos por la empresa contra la acotación que le hizo la Sunat para cobrarle tributos por el año fiscal 2000-2001. (Ver documento)

De acuerdo con la Sunat, la deuda está integrada por diferentes conceptos. Los dos principales son “provisión de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley”, es decir los impuestos aplicados a cuentas de clientes a los que la empresa no pudo cobrar y “cargas financieras”, los intereses sobre préstamos que recibió la empresa.

El primer concepto representa, según Sunat, el 25.4% del total de la deuda y el segundo el 41.6% de la misma.

Para defenderse de la acotación de Sunat, la empresa debía demostrar que hizo todas las gestiones necesarias para cobrarle a sus clientes morosos y acreditar que los préstamos que recibió, entre el 2000 y 2001, fueron destinados a sus operaciones. Esto debido a que existe la presunción de que el dinero fue destinado a las subsidiarias de la empresa (operadoras de telefonía móvil o cable), hecho que estaba gravado.

En las 59 páginas de la resolución, y luego de repasar las versiones de ambas partes, el Tribunal Fiscal concluye que “la Administración (la Sunat) dejó constancia que la recurrente (Telefónica) no había demostrado documentariamente las gestiones de cobro realizadas a sus clientes morosos luego del vencimiento de la deuda, y que los análisis periódicos de los créditos concedidos quedaron desvirtuados” (Ver detalle).

Luego, señala “que de la revisión de la documentación que obra en autos, se advierte que si bien la recurrente podía contar con información histórica de sus clientes almacenada en medios informáticos, no cumplió con proporcionar documentación fehaciente que acreditara que en los ejercicios acotados efectivamente hubiera hecho uso de tal información u otra existente para realizar análisis periódicos de los créditos otorgados”. En pocas palabras, el Tribunal sostuvo que si bien Telefónica tenía información de sus clientes no hizo uso de estos datos para prever el “riesgo de incobrabilidad” (Ver detalle).

Sobre los préstamos obtenidos por Telefónica, el Tribunal Fiscal sostiene que la empresa presentó información incompleta para demostrar el destino que dio a estos fondos. “Que tampoco presentó planes y/o proyectos de inversión, contratos que acreditaran la realización de tales inversiones, comprobantes de pagos que sustenten las adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, entre otros; pese a habérselos solicitado mediante los requerimientos antes citados, ya que teniendo en cuenta el volumen de éstas, que alegó haber realizado, debió presentar por lo menos análisis muestrales documentados; sin embargo, se limitó a señalar que sustentar el destino de dichos recursos a partir de la identificación del empleo de cada sol resultaba de imposible cumplimiento, exigencia que no había sido requerida”, dice la resolución.

Y a continuación sigue: “Que en tal sentido, los medios probatorios aportados por la recurrente (Sunat) sólo reflejaron los registros contables de los financiamientos o su origen, y no demostraron que los recursos provenientes de dichos financiamientos hubieran sido empleados en la generación de renta o el mantenimiento de su fuente, conforme alegó”. (Ver detalle)

Como siempre, IDL-Reporteros pidió a Telefónica una opinión sobre su deuda fiscal, pero respondieron que no dirían nada. Sin embargo, por la intervención de sus abogados en las audiencias en las que se ha visto la deuda tributaria, se sabe que Telefónica considera que, de acuerdo con estándares internacionales, sí hizo todas las gestiones necesarias para cobrar a sus clientes morosos y que bastaba con presentar un documento de ‘Estado de flujo de caja’, para acreditar el destino que dio a los préstamos que recibió.

Notas relacionadas:

• Del timbrazo al vibrador
• Cobertura ficticia