Por Gustavo Gorriti.-

A última hora de la tarde del 10 de agosto de 2005, el embajador de Estados Unidos en Perú, James Curtis Struble se puso a escribir un cable confidencial para su gobierno sobre un asunto que demandaba estar alerta: el muy posible retorno al Perú de Alberto Fujimori.

La redacción de cables diplomáticos es un arte, que requiere claridad expositiva, síntesis y perspicacia para elegir detalles significativos. Struble era un buen cultor del género; de prosa fluida, con la dosis precisa de humor o agudeza.

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Al terminar el resumen que siempre encabeza el cable, luego de examinar algunas de las posibles maniobras del fujimorismo en el prólogo de la campaña presidencial de 2006, incluso las que parecían menos probables, Strubble observó que “Fujimori dominó la política peruana por 10 años gracias a agarrar a todo el mundo fuera de guardia. Su retorno pondría en confusión al actual escenario político y sacudiría los cimientos de la débil institucionalidad democrática”.

¿Cómo había surgido esa posibilidad? El 8 de agosto de 2005, la entonces congresista fujimorista Martha Moyano visitó al Consejero Político de la Embajada (Alex Margulies)  y a su adjunto, “para explorar la actitud del gobierno de Estados Unidos respecto de los esfuerzos para lograr el retorno de Fujimori y su postulación para las elecciones de 2006”.

Martha Moyano anunció a los sorprendidos diplomáticos que Fujimori quería postular a la presidencia (Foto: La República).

Moyano dijo a los presumiblemente sorprendidos diplomáticos que “Fujimori tenía la intención de postular a la Presidencia a pesar de la inhabilitación del Congreso, que regía hasta el 2011 (…) [Moyano] insistió que la prohibición solo le impedía asumir el puesto pero no ser elegido”.

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Luego de la visita exploratoria de Moyano, el consejero político de la Embajada discutió el tema con Fernán Altuve, quien, según el cable, endosó, “la hipótesis de Moyano sobre el status legal de Fujimori: tenía prohibido asumir el cargo pero no candidatear”. Altuve sostuvo también que un gobierno fujimorista el 2006 “sería el mejor aliado imaginable para el gobierno de Estados Unidos, que tomaría una línea dura contra el narcotráfico y se opondría a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

La evaluación de Struble fue racional pero equivocada. “…Fujimori mantiene una actitud prudente (…). La fórmula de un paciente exilio mientras se conserva una mano en el juego, funcionó para Alan García; en la última parte de los 90, pocos predijeron su retorno como un candidato presidencial viable el 2001. Alberto Fujimori parece decidido a lograr que la historia se repita”.

Menos de tres meses después, el 7 de noviembre de 2005, Struble tuvo que escribir otro urgente cable confidencial: la llegada de Fujimori a Chile y su arresto subsecuente era “una conmocionante noticia en el Perú”.

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Alberto Fujimori arrestado en Chile. Una noticia conmocionante para el Perú, pero sobre todo para él (Foto: La República).

La noticia no solo había conmocionado a Lima sino provocado actitudes propias de las enturbiadas relaciones entre Perú y Chile entonces. El consejero político chileno le dijo a su colega estadounidense que el entonces presidente de Chile Ricardo Lagos, “irritado con el gobierno del Perú por el asunto de la frontera marítima” no había contestado la llamada telefónica del entonces presidente peruano Alejandro Toledo.

En el cable se detallaba que el consejero político chileno, luego de notar la deficiente calidad de los anteriores pedidos de extradición del gobierno peruano en Chile (de Daniel Borobio y Eduardo Calmell) indicó la probabilidad de que el de Fujimori fuera igualmente malo.

A la vez, el diplomático chileno informó haber conversado el día anterior con Fernán Altuve, “quien le indicó haber estado en contacto regular con el ex presidente durante su exilio en Japón”. El funcionario “quedó sorprendido por la detallada información de Altuve sobre el procedimiento legal chileno, llevándolo a concluir que Altuve habría estado involucrado en el planeamiento del viaje de Fujimori a Chile por algún tiempo”.

Las cosas, como se sabe, se complicaron, y el 14 de diciembre de 2005, el consejero político de la Embajada, Alexander Margulies fue invitado a un desayuno en la casa de Oswaldo Sandoval, a la que acudieron Santiago Fujimori, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere.  El objetivo de la reunión, le dijeron a Margulies, era “mantener informado al gobierno de Estados Unidos de los objetivos y estrategias de los fujimoristas”.

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Fue un largo desayuno. Lo primero que dejaron claro los líderes fujimoristas es que ellos “estaban abocados a lograr la re-elección de Alberto Fujimori a la presidencia y deseaban conocer la opinión del gobierno de Estados Unidos al respecto”.

La detención de Fujimori en Chile, reconocieron, había sido “un golpe inesperado que dañó políticamente al movimiento”. Esperaban, sin embargo, una libertad bajo caución que permitiera a Fujimori movilizar sus seguidores.

En cuanto a las elecciones, los fujimoristas habían planeado inicialmente hacer una sola lista con Fujimori como candidato, pero finalmente decidieron presentar dos listas, atentas, sin embargo, a la posibilidad de que Fujimori pudiera candidatear.

Su estrategia para las elecciones del 2006 planteaba tres posibilidades:

• Fujimori candidateaba y ganaba. Lo más probable, dijeron sus consejeros, era que entonces el Congreso le levantara el impedimento de asumir el cargo.

• Si candidateaba y no ganaba, entonces el nuevo Congreso iba a levantarle la prohibición.

• Si le impedían candidatear, los fujimoristas esperaban, pese a todo, lograr una buena representación que les permitiera presionar al nuevo gobierno para levantar la sanción contra Fujimori. Como se sabe, esta última alternativa fue la que ocurrió. En ese mismo acápite, como nota, Margulies menciona que Keiko Fujimori ha anunciado que será candidata, “presumiblemente como cabeza de lista para el Congreso”.

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El 11 de abril de 2006 hubo otro desayuno de Margulies con Jaime Yoshiyama.

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Yoshiyama expresó júbilo por el resultado electoral de la primera vuelta de 2006 que, a su juicio, les iba a permitir ganar “por lo menos 15 escaños … lo que les daría un poder de negociación con los otros dos candidatos, para intercambiar el apoyo en la segunda vuelta contra “garantías” de que “Fujimori y los ex funcionarios de su gobierno recibieran un ‘trato justo’”.

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Yoshiyama indicó que la nueva bancada estaría liderada por Keiko Fujimori, con “el grupo pensante [la traducción literal sería, ‘con el cerebro proporcionado por’] constituido por Santiago Fujimori, Martha Hildebrandt y el abogado de Alberto Fujimori, Rolando Sousa”.

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En cuanto a la segunda vuelta del 2006, Yoshiyama le confesó a Margulies que su estrategia era la de “negociar principalmente con el Apra (…) que es gente con la que se puede ‘hacer negocio’”.

Jaime Yoshiyama: se puede hacer negocio con el APRA.

Pero, añadió Yoshiyama, los fujimoristas “mantendrán la puerta abierta a Humala, tanto como un incentivo para que el Apra negocie con ellos y como una póliza de seguro. Pese a que los fujimoristas cuestionan la política económica y la capacidad de gobierno de Humala, ellos no lo demonizan”.

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Dos meses después, el 12 de junio de 2006, la situación ya había sido definida cuando Santiago Fujimori y su sobrina Keiko Fujimori, acompañados por Jaime Yoshiyama, se reunieron con Margulies.

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Los Fujimori no dejaron dudas sobre su satisfacción de contar con 13 legisladores que iban a actuar disciplinadamente en un Congreso caótico e iban así a aumentar su capacidad de negociación con Alan García. En contraparte a su apoyo ellos básicamente pedían un mejor trato para Alberto Fujimori y los procesados por corrupción.

Luego de las conversaciones y reuniones a lo largo de varios meses, si algo queda claro al examinar los sucesivos cables, es que el motivo central del planeamiento y la acción de los fujimoristas era crear las condiciones para el retorno de Alberto Fujimori al poder. Cuando estaba en Japón, cuando estaba en Chile, y luego cuando llegó a la Diroes.

Pero la total subordinación a la persona y al objetivo quedó clara otra vez en la reunión del 12 de junio de 2006. Al hablar sobre su apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Keiko Fujimori le dijo a Margulies que iba “a pedirle a su papá que telefoneara a la entonces congresista Martha Moyano para asegurarse de que ella apoye el Tratado de Libre Comercio”.

Estaba perfectamente claro que donde manda Alberto, Keiko obedece.

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Las cosas se complicaron mucho para ellos con la extradición al Perú, después con el juicio que no pudieron controlar ni el Ejecutivo ni ellos,  y finalmente con la contundente sentencia.

Con Alberto Fujimori en prisión, los fujimoristas se plantearon de inmediato una estrategia alternativa, igual que lo hicieron en los días siguientes al arresto en Chile: la candidatura de repuesto.

El propio Fujimori lo dijo, en su alegato inicial ante la Corte presidida por César San Martín:

“…sé que mi legado permanecerá (…) un legado para el presente y el futuro del que no tengo duda que continuará mi hija Keiko y por el que seguirá luchando mi hijo Kenyi”.

Cinco años después de que abortara su plan inicial, de llegar a la presidencia del Perú el 2006, con una candidatura derrotada al Congreso de Japón de por medio, Alberto Fujimori contempla la posibilidad de retornar al poder a través del eficaz repuesto que le proporcionó su hija Keiko. Y los wikicables ilustran con claridad el proceso.

Keiko Fujimori, candidata de reemplazo (Foto: La República).

Notas relacionadas:

• ¿Cuál de los Fujimori está en campaña?
• Wikileaks. Cable 68387
• Wikileaks. Cable 60170

Dan Cohen durante audiencia en el penal San Jorge, setiembre 2009 (Foto cortesía de REUTERS/prohibida su reproducción).

El ex juez israelí Dan Cohen fue beneficiado por el Ejecutivo que denegó su extradición el 22 de enero, pese a que en 2009 la Corte Suprema la había aprobado y a que en diciembre se evaporó el habeas corpus que el 17º Juzgado admitió también a fines de 2009. Sin embargo, le queda un proceso por lavado de activos y ha pasado del arresto domiciliario a comparecencia. Cuando termine el receso del Poder Judicial en marzo empezarán otra vez las diligencias.

El ciudadano acusado de corrupción en Israel por haber supuestamente recibido una coima millonaria de la empresa Siemens, se ha librado de ese caso pocos días después de que el 17º Juzgado de Reos Libres dispuso su internamiento en un centro penitenciario, dando fin al arresto domiciliario. La resolución del 13 de enero para que volviera a la cárcel no pudo cumplirse porque, coincidentemente, fue operado en la clínica San Felipe esa misma semana.

Dos personas del Juzgado visitaron la clínica y personal médico les informó que Cohen evolucionaba con normalidad y que en pocos días le darían de alta. Mientras la atención estaba en ello, la comisión oficial de extradiciones del Ministerio de Justicia sesionó el 19 de enero y el 22 de enero El Peruano publicó la resolución suprema firmada por Alan García, Rosario Fernández y José Antonio García Belaunde.

La resolución suprema que deniega la extradición por presunta comisión de seis delitos en agravio del Estado de Israel no explica los motivos por los cuales beneficia a Cohen pero menciona que no hay un tratado bilateral de extradición. No obstante, el Perú es un Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, como tal, tiene la obligación de cooperar jurídicamente en casos como éste con los países firmantes, como Israel.  El caso Cohen podría servir para exponer cómo el país incumple sus obligaciones internacionales, dado que el Perú se ha ofrecido en el 2011 a ser evaluado en el cumplimiento de dicha Convención. Ecuador y Bolivia deben examinarlo.

Días después de conocerse la denegatoria, Diario 16 informó que la ministra de Justicia cuestionó la oferta de reciprocidad de Israel. “Si Israel solicita extradición, el Perú debe dársela, pero (Israel) da una declaración expresa (que dice): si tú me pides a mí no te la voy a dar, porque yo no entrego israelitas (sic)… Eso no es reciprocidad. Si el Estado de Israel no me da reciprocidad absoluta, yo tampoco se lo doy”.

Peru21 informó que la razón que pesó más en la comisión de extradición del Minjus habría sido la supuesta denegatoria de Israel a extraditar al vendedor de armas Moshe Rothschild, sin embargo, el Gobierno de Israel aclaró que el Perú nunca solicitó dicha extradición.

En el último tramo de la demanda del habeas corpus a favor de Cohen, el penalista Julio Rodríguez –mediático defensor de Eva Bracamonte, acusada del asesinato de su madre, Miriam Fefer– asumió la defensa del ex magistrado y continuará a cargo de ella en el caso por lavado de activos.

La protección discrecional que ha otorgado el Ejecutivo a Cohen ha hecho recordar a varios que cuando Cohen fue detenido en septiembre de 2009, personal de confianza del empresario Baruch Ivcher –ex compañero en la universidad– acudió a la Fiscalía a asesorarlo y acompañarlo.

Rodríguez declaró a IDL-Reporteros que todo lo referido a la demanda de extradición y el habeas corpus ha concluido y las medidas vinculadas con ello –como la orden de internamiento en un penal– han quedado sin efecto.

“Ahora tiene una comparecencia y restricciones como acudir a firmar un cuaderno y no salir del país”, indicó.

La defensa de Cohen agregó que las diligencias del caso de lavado de activos deben continuar en marzo, cuando terminen las vacaciones del Poder Judicial. “Hay algunos testimoniales que no se han realizado, de funcionarios bancarios, y sí se mantienen sus cuentas bloqueadas”.

El caso de lavado de activos se encuentra en el Primer Juzgado Supranacional a cargo de Jessica León Yaranga.

Ver más: Uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Israel.

Notas relacionadas:

• Caso Cohen: audiencia dirimente
• Momento decisivo en el caso Dan Cohen
• Justicia peruana no admite habeas corpus para Dan Cohen

El ex juez Cohen en foto de archivo de 2009 luego de ser detenido en San Isidro.

Luego de ocho meses de escándalos y artimañas legales, el vocal dirimente designado para la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Ramiro Chunga Purizaca, votó el 23 de noviembre por la improcedencia del habeas corpus a favor del ex juez israelí Dan Cohen, cuya extradición solicita Israel debido a importantes casos de corrupción. Si su defensa no acude al Tribunal Constitucional, podría proceder la extradición.

Los votos por la improcedencia del hábeas corpus de los vocales Malzon Urbina, Josefa Izaga y Chunga deben ahora ser integrados en una resolución que tendrá que elaborar el presidente de la Tercera Sala Penal, Jorge Alberto Aguinaga. Luego de ello, la defensa de Cohen podría interponer un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Como el habeas corpus es un proceso que ve garantías constitucionales, no procede una apelación ante la Corte Suprema, sino directamente ante el TC.

Si la defensa de Cohen no acudiera al TC, el ministerio de Justicia tendría el camino libre para aprobar la extradición, trámite que detuvo cuando el 17º Juzgado de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus el 13 de noviembre del año pasado contra la Sala Penal de la Corte Suprema que aprobó la extradición de Cohen.

En reacción a dicha sentencia, los magistrados demandados de la sala penal de la Suprema, apelaron y el caso pasó a la Tercera Sala Penal de Reos Libres.

A continuación, la resolución del vocal dirimente Chunga:

Voto dirimente de Ramiro Chunga

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• Momento decisivo en el caso Dan Cohen
• Vocal provisional es nuevo dirimente en caso Cohen

Enrique Mendoza Ramírez, jefe de la OCMA y candidato a la presidencia del Poder Judicial. (Foto: La República).

Si alguien pregunta si existe o no corrupción en el Poder Judicial en el Perú, uno podrá estar seguro que esa persona acaba de bajarse de la aeronave espacial Enterprise. El Poder Judicial no solo aparece como uno de los más corruptos en la percepción ciudadana, sino que lo es en realidad.

Se ha dado infinidad de declaraciones y hecho algunos esfuerzos serios para enfrentar la corrupción judicial. Antes de cada elección de presidente del Poder Judicial y de cortes superiores, los candidatos prometen solemnemente llevar a cabo “una lucha frontal” contra la corrupción, si son elegidos. Extrañamente, todos hablan solo de lucha frontal. Ninguno menciona la posibilidad de atacar por los flancos o desde la retaguardia a esa degeneración funcional a la que todos los candidatos invariablemente llaman ‘flagelo’.

Pero en los hechos, la institución a cargo de la lucha cotidiana contra la corrupción y los corruptos en la judicatura, es la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura.

El problema sucede cuando la propia OCMA necesitaría que la investiguen.

No siempre fue así. Cuando estuvo a cargo de la magistrada Elcira Vásquez, de 2007 a 2009, se tomó la misión en serio y las acciones anticorrupción fueron severas.

Pero con la salida de Vásquez se fue también la mayoría de funcionarios especializados en control interno y lucha anticorrupción.

La gestión del nuevo jefe de la OCMA, el magistrado Enrique Mendoza, es considerada blanda en comparación con la de Elcira Vásquez, por fuentes con conocimiento de causa.

Mendoza es candidato a la presidencia del Poder Judicial en elecciones que tendrán lugar este jueves 2 de diciembre. Ha prometido también que luchará “frontalmente” contra la corrupción. Pero en este caso la seriedad de la promesa puede constatarse a partir de la gestión en la OCMA, cuya finalidad central, precisamente, es enfrentar la corrupción.

Hasta el momento, la acción de Mendoza al frente de la OCMA no se ha caracterizado por energía ni empeño en la lucha contra la corrupción. De hecho, varios de los magistrados que trabajan en las Odecma (Oficina de control desconcentrado de la Magistratura) no solo han sido sancionados sino que, en más de un caso, tienen inquietantes trayectorias.

Es cierto que Mendoza no es responsable directo de su nombramiento, pero una acción vigorosa hubiera podido limpiar las Odecma.

Hoy por hoy el escenario no parece precisamente limpio. Por ejemplo:

• La Odecma de la Corte Superior de Lima tiene uno de los números más elevados de magistrados sancionados, nueve en total. Son ellos los que deberían luchar contra la corrupción en Lima, cuya Corte Superior está hasta hoy bajo la presidencia de César Vega Vega. El candidato de fuerza para la jefatura de la Odecma en Lima es Luis Arce Córdova, el magistrado más sancionado dentro del notorio grupo de nueve. Arce tiene seis sanciones (dos multas y cuatro apercibimientos). En su notorio pasado, Arce fue presidente de la Corte Superior de Ucayali, desde meses antes del asesinato del periodista Alberto Rivera. Su manejo judicial de un caso tan importante fue, por lo menos, muy deficiente: permitió que un colaborador de Luis Valdez Villacorta, el principal acusado, actuara durante un tiempo como juez del caso.

• Otros magistrados que integran la oficina de control de Lima que tienen varias sanciones son: Carmen Rojjasi , José Quispe Morote, Rosa Rodríguez, Manuel Román, Aracelli Baca, Magali Valer y Jorge Plasencia. Todo un seleccionado.

• El jefe de la Odecma de Ica, Erazmo Coaguila tiene 68 sanciones; el de la de Tacna, Rodolfo de Amat, tiene 22 sanciones; la de Puno, Pastora Butrón, cuenta con 23 sanciones; el de la de Madre de Dios, Marino Cusimayta, tiene 16 sanciones.

• En junio de este año había 48 magistrados con sanciones trabajando para la OCMA. Ni con el mayor esfuerzo de imaginación se les podría llamar ‘Los Intocables’.

• En otros dos casos notorios, el jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, no ha tomado acción resolutiva, pese a que las investigaciones de su organización ya han concluido hace por lo menos un par de meses. Uno es el caso de Raúl Rosales, el juez que amenazó con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra, de Caretas. El otro es del juez anticorrupción Jorge Barreto, por no haber permitido que el ministerio Público participe en la selección de archivos para ser inspeccionados e investigados en la computadora de Rómulo León, en el caso Petroaudios.

Con esa gestión, no precisamente eficiente, al frente de la OCMA, no resulta claro qué cambio llevaría a Mendoza a la “lucha frontal” contra la corrupción. ¿Cómo luchó contra ella hasta ahora, cuando es su tarea principal? ¿De costado?

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Vocales dirimentes Lorena Alessi y Ramiro Chunga. (Fotos: Reniec)

La vocal Lorena Alessi declaró nulo lo actuado en primera instancia en el caso de la extradición de Dan Cohen y así las tres distintas posiciones posibles están empatadas con dos votos. El nuevo vocal dirimente designado para la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Ramiro Chunga, era titular del 23° Juzgado Penal y ha sido escogido en vez de un vocal titular de otra sala. Chunga es ahora vocal provisional y su estabilidad depende de la decisión del Presidente de la Corte Superior. Su voto será el decisivo, pero mañana empieza la huelga indefinida del Poder Judicial.

Los votos en el caso del ex juez israelí Dan Cohen están repartidos así: dos a favor de confirmar el habeas corpus que impidió que se cumpliera su extradición, dos por la improcedencia de dicha acción de garantía y otros dos por declarar nulo lo actuado en el 17º juzgado de primera instancia (que concedió el habeas corpus).

Votaron a favor de Cohen el presidente de la sala, Alberto Aguinaga, y Orlando Carrera Contti (suspendido hace meses, la OCMA debe evaluar su destitución); en contra, Malzon Urbina y Josefa Izaga, y por la nulidad, Pilar Carbonel y Lorena Alessi.

El voto de Chunga será el que desempate este caso que lleva siete meses de entrampamiento, con vocales sumidos en escándalos de antología.

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Reunión de César Vega Vega con vocales de la Tercera Sala Penal, el 15 de junio último. (Foto: Corte Superior de Lima)

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso ayer realizar una investigación para determinar si hay “irregularidades funcionales en la actuación de los operadores judiciales” que ven el caso del ex juez israelí Dan Cohen, cuya votación está entrampada por más de siete meses en la Tercera Sala Penal de Reos Libres.

La resolución que comisiona las indagaciones a la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA cita sus propias “alertas periodísticas” ante publicaciones de los medios de comunicación que reseñaron los extraños y dilatorios eventos en la Sala que decide la extradición o no de Cohen.

La causa subió a la Tercera Sala a raíz de un habeas corpus que favoreció a Cohen en primera instancia, después que la extradición fuera aprobada por la Corte Suprema.

El caso derivó en una extraordinaria acumulación de vocales dirimentes y de inusuales escándalos y aparatosas acusaciones entre los miembros de la Sala.

En un primer momento, dos vocales –Alberto Aguinaga y Orlando Carrera Conti– votaron confirmando el habeas corpus a favor de Cohen; el tercero, Malzon Urbina votó en contra.

Meses después, en setiembre, la primera vocal dirimente, Pilar Carbonel pidió declarar nulo lo actuado en primera instancia; la segunda dirimente, Josefa Izaga, votó por la improcedencia del habeas corpus.

Hace un par de semanas, ha sido designada una nueva vocal dirimente, Lorena Alessi, quien ahora integra la Tercera Sala luego de una recomposición forzada por un par de gruesos escándalos.

Orlando Carrera Conti fue suspendido por haber ayudado a un hermano procesado por violación en otra sala de la Corte Superior. El otro vocal, Malzon Urbina, se apartó de la Sala luego de acusar al presidente de ésta, Alberto Aguinaga, de haberlo amenazado de muerte. Un audio propalado en un programa de televisión reveló una conversación de Aguinaga con un aparente sicario. El lenguaje del diálogo no era precisamente jurídico.

A mediados de mayo, Urbina denunció ante la OCMA a Aguinaga por no entregarle el expediente del caso, lo que le impedía emitir su voto.

Según una fuente calificada de la OCMA, esta investigación intenta enviar un mensaje (presuntamente de advertencia) a los jueces de probidad comprometida y a quienes intenten corromper las decisiones judiciales. Entre otros aspectos, la OCMA analizará cómo se designó a los vocales para evaluar si se hizo o no de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dan Cohen es investigado en Israel por cargos de corrupción presuntamente cometidos cuando se desempeñó como miembro del directorio de la Compañía de Electricidad (IEC) de dicho país. En Lima tiene también procesos por lavado de activos.

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De izquierda a derecha: la vocal dirimente Carbonell, la abogada Ramos, el ex juez supremo Zevallos y el procurador Vivas. (Foto: J. Fowks)

El caso del ex juez israelí Dan Cohen, cuya extradición pide su país para procesarlo por dos millonarios casos de corrupción, avanzó hoy en el decisivo proceso de dirimencia en el Poder Judicial.  La vocal dirimente Pilar Carbonell, escuchó esta mañana las argumentaciones contrapuestas de Iván Paredes Yataco –defensor de Cohen– y a Liza Ramos, una de las abogadas de la Embajada de Israel. A la vez, un procurador del ministerio de Justicia y un vocal que se desempeñó en el 2009 como juez supremo cuando la Corte Suprema falló por la extradición, declararon contra el ex juez israelí.

La magistrada Carbonell debe dirimir este caso luego de que los tres magistrados de la Tercera Sala Penal de Reos Libres discreparan en el fallo: los vocales Alberto Aguinaga y Orlando Carrera votaron por confirmar el hábeas corpus, en tanto que el magistrado Malzon Urbina firmó una resolución contra Cohen.

En la audiencia de hoy, el magistrado Sócrates Zevallos, ex juez supremo en una de las salas que emitió la sentencia de extradición, sostuvo que aquella sentencia no quebrantó ni amenazó la libertad de Cohen porque no ordenaron carcelería y, por ello, solicitó a la vocal que revocara el habeas corpus que favoreció a Cohen y que paralizó el proceso de extradición en el Ministerio de Justicia.

En su turno de cinco minutos, el procurador Jorge Omar Vivas afirmó que en este proceso “se han respetado todos los derechos y sólo se pretende dilatar el proceso de extradición”, ya que no ha habido ninguna vulneración constitucional contra el ciudadano israelí. Concluyó también, solicitando a la magistrada Carbonell que revocara el hábeas corpus y declarara infundada la demanda.

Tanto el juez Zevallos como el procurador Vivas fueron notificados para la vista del hábeas corpus de hoy. En la vista de la causa realizada en marzo, Zevallos no fue notificado por la Tercera Sala Penal, pese a que Cohen demanda a los jueces supremos de la Sala Permanente de la Corte Suprema por supuestamente haber vulnerado sus derechos cuando fallaron a favor de la extradición.

La magistrada Carbonell preguntó a la defensa de la Embajada de Israel acerca del estado del proceso de extradición, mientras que a la defensa de Cohen le consultó si el ciudadano israelí se encontraba bajo arresto domiciliario y quién lo había ordenado.

Cohen estuvo ausente en la diligencia, al igual que en la vista similar que se realizó en marzo.

El proceso de extradición en el Ministerio de Justicia quedó paralizado el año pasado luego del hábeas corpus que obtuvo Cohen y no permitió ejecutar la sentencia de la Corte Suprema. La abogada Liza Ramos, defensa de la Embajada de Israel, informó durante la vista de la causa que en el Perú ha habido otros casos de extradición en los cuales a pesar de la existencia de un hábeas corpus, Justicia permitió que el acusado fuera enviado al país que lo solicitó.

Luego de esta vista oral, la vocal Carbonell tomará algunos días para conocer el expediente y debe fallar sobre el hábeas corpus de Cohen.

Los casos por los que se le acusa a Cohen en Israel

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Fuentes cercanas a César Vega Vega informaron a IDL-Reporteros, que el controvertido presidente de la Corte Superior de Lima “ha exhortado” a los jueces Aguinaga y Urbina a “deponer la discordia” para que despachen los casos que tienen pendientes en la Tercera Sala Penal de Reos Libres, donde reposa la decisión sobre el ex juez Dan Cohen. Curiosa manera, por decirlo con un eufemismo, de enfrentar un conflicto en el que uno de los vocales acusa al otro de quererlo asesinar.

Mientras los dos vocales, el acusador y el acusado, procesan la exhortación de Vega Vega, les alcanzamos una síntesis de la trayectoria judicial y las sanciones de cada uno.

MALZON URBINA LA TORRE

Posición actual: juez superior. Condición del magistrado: titular. Distrito judicial: Lima. Condición del cargo: provisional en la 3ra. Sala Penal para procesos con reos en cárcel.

Carrera judicial

- Juez de la 3ra. Sala penal para procesos con reos en cárcel. Lima. Resolución del 28 abril 2010.

- Juez de la 4ta. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 26 abril 2010.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 27 febrero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 6 enero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 5 enero 2009.

- Juez de la 2da. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del  3 enero 2008.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 10 agosto 2007.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 10 julio 2007.

- Juez de la 3ra. Sala penal para reos libres. Resolución del 9 julio 2007.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución: 3 enero 2006.

- No reincorporado como juez especializado penal titular. Lima: 19 mayo 2003.

- Nombrado como juez especializado penal titular. Lima 9 mayo 1990.

- Juez de paz letrado, 3er. Juzgado de Breña, Pueblo Libre y Jesús María.

Sanciones:

Urbina ha sido sancionado ocho veces con llamadas de atención disciplinarias (apercibimiento), de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

JORGE ALBERTO AGUINAGA MORENO

Posición actual: juez superior. Condición del magistrado: titular. Distrito judicial: Lima. Condición del cargo: titular en la 3ra. Sala Penal para procesos con reos libres.

Carrera judicial

- Juez de la 3ra. Sala penal de reos libres. Resolución del 27 febrero 2009.

- Juez de la 3ra. Sala penal de reos libres. Resolución del 6 enero 2009.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 5 enero 2009.

- Juez titular de la vocal superior-Lima. Resolución del 20 febrero 2008.

- Juez de la 1ra. Sala penal para reos en cárcel. Resolución del 19 febrero 2008.

- Trasladado como juez superior titular. Resolución del 3 enero 2007.

- Juez de la 2da. Sala penal del Cusco. Resolución del 3 enero 2005.

- Nombrado juez superior titular en Cusco. Resolución del 2 julio 2003.

Sanciones:

Aguinaga ha sido sancionado cuatro veces con llamadas de atención disciplinarias (apercibimiento), de acuerdo a la norma que rige al Poder Judicial.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Un juez corrupto es juzgado por otros jueces corruptos. ¿Se trata de una cortesía entre colegas? ¿O de otro de esos involuntarios epigramas que compone la realidad cuando, en áreas cruciales de nuestro Estado, las devaluadas encarnaciones de la meretriz de Babilonia logran disfrazarse de abadesas del convento?

Aquí, en nuestro país, donde la imagen de las instituciones suele ser tenida en mayor importancia que sus cualidades reales, el juego continuo de maquillajes, disfraces y travestismos tiene a veces  –porque se hace por mucha gente a la vez, que en ocasiones choca entre sí y se descoloca las pelucas– resultados inesperados.

La misma sala judicial que liberó a Luis Valdez Villacorta, el acaudalado comerciante y ex alcalde de Pucallpa, acusado de autoría intelectual en el asesinato del periodista Alberto Rivera, es la que debe decidir ahora en un caso de Habeas Corpus que será determinante para aprobar o negar la extradición del ex juez israelí Dan Cohen, prófugo de su país luego de perpetrar uno de los mayores casos de corrupción en la historia de esa nación.

La denuncia de uno de los tres vocales de esa Sala en contra de sus colegas, describe no solo escenarios de venalidad judicial en el juicio de Valdez Villacorta, sino de una cutrería reforzada por amenazas y una declarada disposición a la violencia criminal. Al Capone no lo hubiera hecho mejor.

Que una de las causas que han de tener mayor proyección y seguimiento internacional una vez sean sentenciadas, como es el caso del ex juez Cohen, sea vista por esta Sala, tendría todo de farsesco si no fuera tan revelador.

¿Qué gangrena profunda en nuestro sistema judicial ha hecho posible que después de diez años de caído el fujimorato y expuesta a la luz pública la dimensión de la corrupción judicial y fiscal que existió entonces, los casos más significativos sigan siendo derivados a salas que parecen más indicadas para protagonizar atestados antes que suscribir sentencias?

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Por Jacqueline Fowks.- Actualizado jueves 20, 21:00: nota relacionada: Radiografía de los vocales enfrentados.

El juez que debe emitir un voto decisivo en el caso de la extradición del ex juez israelí Dan Cohen, solicitada por su país por actos importantes de corrupción, denunció este domingo 16 al presidente de la sala que ve el caso de haberlo amenazado de muerte, luego de que falló –en febrero– contra el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, acusado del asesinato de un periodista.

El vocal superior Malzon Urbina La Torre pidió garantías para su vida debido a las amenazas. El viernes último presentó una denuncia ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)  contra el presidente de la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Jorge Aguinaga Moreno, y el vocal provisional Luis Orlando Carrera Contti.

“Los he acusado de amenaza de muerte porque se refieren a ello en una conversación. Hoy me han llamado de la OCMA y he declarado con el doctor Durán Huaringa, vocal superior”, refirió anoche, lunes 17 Urbina a IDL-Reporteros.

Urbina declaró en la OCMA por casi tres horas acerca de estos hechos. Además de Aguinaga y Carrera, ha denunciado también ante la OCMA a la relatora de la Tercera Sala, Magaly Echegaray, y al asistente de Aguinaga en el caso Valdez, Wilson Nuñez León.

Urbina dijo este domingo en el programa Panorama que, antes de que emitiera su voto condenando a Luis Valdez como autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, dos abogados lo buscaron para ofrecerle sobornos: Julio Guevara y Julio Orlando Carrión.

Refirió además que el juez Aguinaga no permitió a los dos vocales de la Sala tener acceso al expediente de Valdez.

La Tercera Sala Penal de Reos Libres tiene pendiente, desde la tercera semana de abril, revocar o confirmar un hábeas corpus que impide el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema del Perú para que el ex juez Dan Cohen sea extraditado.

Según Urbina, Aguinaga demoró en entregarle el expediente del caso Cohen y sólo le permitió -hacia el 26 de abril- un par de días de revisión. “Luego se lo pidió a mi asistente. En cualquier caso debió habérmelo pedido a mí y no llevárselo”, comentó el vocal, quien el miércoles informó de las amenazas y del manejo del expediente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega.

El vocal refirió haber escuchado en la oficina de la Tercera Sala Penal un diálogo en el que Carrera le sugería al presidente de la Sala enviarle ‘una embajada al perro’. “Me dicen perro por mi voz”, precisó Urbina.

La misma expresión, sobre el ‘envío de una embajada’, usó Aguinaga anteriormente, cuando conversaba con Urbina sobre otro caso, en el que estaba involucrado un abogado de apellido Piscoya. El presidente de la sala había sugerido, llegado el momento, deshacerse de ese individuo por una acción incorrecta. Urbina se negó a tal salida. En el audio a continuación, Urbina le recuerda el episodio a Aguinaga. El presidente de la sala menciona que tiene un contacto del INPE a quien encargarle acciones o soluciones de fuerza: escuchar los minutos 9’38″ y 11’53″. Audio

Por su parte, el juez Aguinaga descartó ayer lunes irregularidades durante el proceso contra el ex alcalde Luis Valdez.

Composición y antecedentes

De los tres miembros que deben dar su voto sobre el hábeas corpus de Cohen, el vocal Luis Orlando Carrera Contti es provisional y ha sido separado de la Tercera Sala Penal de Reos Libres: tiene cuatro quejas en su contra ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), una de ellas por intentar ayudar a su hermano -acusado por violación- en un proceso judicial.

Desde el 22 de abril, Carrera está suspendido de sus labores como magistrado, pero –según informó el presidente de la Sala a IDL-Reporteros el 7 de mayo, entregó su voto para el caso Cohen antes de esa fecha.

Según fuentes judiciales, Carrera Contti ha sido colocado en varias oportunidades como vocal dirimente o reemplazante en casos vinculados con narcotráfico y hábeas corpus.

El caso Valdez ameritó que la OCMA iniciara un proceso disciplinario de oficio contra los entonces miembros de la Tercera Sala, Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzon Urbina. La investigación pretendía aclarar las circunstancias por las que el 15 de octubre del 2009 el Tribunal quebró el primer juicio al ex alcalde y el ex magistrado Solio Ramírez porque supuestamente el fiscal llegó 15 minutos tarde a la Sala de Audiencias del penal Miguel Castro Castro.

Dicho proceso de oficio se sumó a dos quejas por inconducta funcional presentadas por abogados del IDL –defensa de la familia del periodista Alberto Rivera–contra los tres vocales de la Sala en diciembre de 2009 y enero 2010. Indicaron que vulneraron su derecho a generar la prueba necesaria para esclarecer los hechos, mediante la suspensión de diligencias y audiencias.

Investigaciones de la OCMA a los miembros de la Sala del caso Cohen

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