Por primera vez en su historia, Osiptel verificó el año pasado las cifras de cobertura de telefonía móvil de Claro y Telefónica. No solo hallaron inexactitudes.

Spot de Claro de junio del 2011. Como se ve, las empresas usan sus reportes a Osiptel para su publicidad.

Por Emilio Camacho.-

Esto sucede desde hace años: las empresas de telefonía móvil anuncian sus cifras de cobertura en todo el país y las convierten en publicidad. Pero, ¿son verdaderas las cifras? Nadie lo sabía hasta el año pasado. Entonces, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) decidió verificar por primera vez la información que le reportaban las empresas.

Lo que encontró no fueron solo inexactitudes en los reportes. Cuando Osiptel pidió explicaciones a la empresa Claro (América Móviles), esta respondió que sus reportes de cobertura no se basan en reportes de campo sino, en un software de predictibilidad.

El Perú tiene aproximadamente 98 mil centros poblados. Claro y Telefónica compiten permanentemente para saber quién llega a la mayor cantidad de localidades. Claro sostiene que su cobertura llega a 28,610 centros poblados (de acuerdo con su reporte a Osiptel de setiembre de 2011) y Telefónica afirma que su señal cubre a 19,250 Y hasta el año pasado, el Estado nunca corroboró esta información.

Presidente de Osiptel, Guillermo Thornberry. Su personal verificó por primera vez los reportes de Telefónica y Claro el año pasado (Foto: Andina).

Recién el 2011, premunidos de un nuevo equipo de medición de señal, Osiptel envió a sus supervisores a mil centros poblados (el 3.5% de la cantidad de localidades que dice cubrir Claro). Lo que encontraron es que existen pueblos que no tienen señal de telefonía móvil a pesar que las empresas los reportan dentro de su cobertura.

Osiptel determinó que Claro no tenía cobertura en 55 localidades en las que decía estar presente y Telefónica Móviles no llegaba a 14 centros poblados que había reportado como cubiertos por su señal.

El 11 de octubre del 2011, Osiptel informó el resultado de la inspección a las empresas y les pidió explicaciones.

Cada empresa respondió a su manera.

Telefónica contestó las observaciones de Osiptel solo para uno de los centros poblados (Puyca, en Arequipa). Lo hizo luego de que su personal verificara que su estación base en esa localidad “operaba con normalidad”. Su respuesta para los otros trece centros poblados quedó pendiente.

¿Y Claro? La empresa respondió el 11 de noviembre, de manera diferente a su competidora.

En su réplica, Claro indicaba que sus reportes de cobertura se realizan “con un software de predicción de cobertura, el cual obtiene sus resultados luego de efectuar simulaciones proporcionadas por una base de datos de centros poblados del INEI (censo 2002)”. En el párrafo siguiente, la empresa señalaba que “existen muchos casos en los cuales los resultados proporcionados por el software de predicción no coincidirá [sic] plenamente con los valores en sitio, debido a que las coordenadas geográficas -proporcionadas por el INEI- no corresponden a la ubicación real de la localidad, la dificultad geográfica de algunas zonas del país, entre otros”. En pocas palabras, según la empresa, la información errónea reportada se debía a las inexactitudes de la base de datos del INEI y a lo complicado de nuestra geografía.

Pero, para no hacerse problemas, en el último párrafo de su respuesta a Osiptel, Claro  indicaba que había decidido retirar de su reporte de cobertura a las 55 localidades observadas. Nunca se planteó la posibilidad de hacer trabajo de campo para verificar sus cifras.

¿Y por qué una empresa hace verificación de sus estaciones base y la otra solo usa un software, sin hacer trabajo de campo? Porque en el Perú no existe una ley que defina cómo se debe medir la cobertura. Así de sencillo.

Tampoco está claro el concepto mismo de cobertura. Basta tener señal en una parte de un centro poblado para decir que se tiene cobertura en toda la localidad. Ese es el caso de Telefónica Móviles.

Resultados de verificación de Telefónica en Quivilla. Su personal falló en tres de cuatro intentos pero igual reportaron a localidad bajo su señal. (Dar click para ampliar).

El 10 de octubre del 2011, el alcalde del distrito de Quivilla (Huánuco), Isau Vera, mandó una carta a Osiptel en la que se quejaba de que su localidad no tenía cobertura celular a pesar que aparecía en los reportes de Claro y Telefónica. El 25 de octubre, Osiptel pidió información a las operadoras sobre este asunto.

Claro simplemente anunció que retiraba a Quivilla de su reporte de cobertura.

En cambio, Telefónica llegó al lugar para hacer pruebas. Su personal realizó llamadas desde el local de la municipalidad de Quivilla, de la cuadra 1 del jirón José Olaya de dicha localidad y del estadio Puca Rumi. Falló en todas. Recién cuando llamó de la cuadra 2 del jirón Agustín Gamarra de Quivilla obtuvo señal “pero con interferencia”. Igual respondió a Osiptel que sí tenía señal en esa localidad.

¿Y por qué Telefónica reportó a Quivilla bajo su cobertura si falló en tres de cuatro intentos?  IDL-Reporteros le hizo esta pregunta a la empresa pero no respondió. Lo que sí nos indicó es que el año pasado recibió siete notificaciones de Osiptel en las que le consultaba sobre su cobertura en 37 localidades. Según la empresa, ya han acreditado tener presencia en 14 de ellas.

IDL-R también consultó a Claro sobre las observaciones de Osiptel.

Juan Rivadeneya, Director de Marco Regulatorio de Claro (Foto: Caretas).

Juan Rivadeneyra, Director de Marco Regulatorio de Claro insistió en que las coordenadas geográficas que le brinda el INEI no corresponden con la ubicación real de las localidades en las que dicen tener señal, eso provocaría inexactitudes en los cálculos de su software de predicción de cobertura. Además, defendió el uso de su software al afirmar que esa metodología es un “estándar adoptado a nivel mundial”.

Sin embargo, organismos como el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) recomiendan hacer verificaciones de campo para certificar los resultados de las denominadas “pruebas de gabinete”, algo que, como ya hemos dicho, no hace Claro.

Hay una última cosa que decir. ¿Por qué es importante que las empresas de telefonía móvil envíen información real sobre su cobertura? Porque (además del principio de honestidad) de otra manera perjudican a las localidades que supuestamente tienen cobertura. Si estos pueblos son incluidos en los reportes de Claro o Telefónica ya no son tomados en cuentas por organismos como FITEL (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) con el que se lleva telefonía a comunidades lejanas.

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El ministerio de la Producción publicó hoy una resolución ministerial para suspender la pesca de jurel en todo el litoral peruano al haberse capturado en casi 20 días, la cuota de 40 mil toneladas establecida para tres meses. “Estamos obligados a ser mucho más conservadores y más cuidados porque estamos siendo observados internacionalmente en la captura de jurel”, explicó a IDL-R Andrés Chipollini, director de Investigaciones de Recursos Pelágicos, Neríticos y Oceánicos de Imarpe.

El funcionario admitió que en gestiones pasadas se pescó ilegalmente más de las cuotas fijadas y un gran número de ejemplares juveniles que afecta la población de este recurso, tal como reveló IDL-R en su artículo “La pesca descontrolada del jurel en el Perú”, publicado en alianza con ICIJ y CIPER.

En su artículo 5, la resolución también exige que Imarpe evalúe la población de esta especie “con el propósito de recomendar las medidas y acciones de ordenamiento pesquero necesarias”. Por ello, informó Chipollini, entre febrero y marzo los científicos de Imarpe realizarán un crucero para evaluar la situación de este recurso antes que se apruebe cualquier cuota adicional de pesca.

Aquí la nota de prensa difundida por el Ministerio de la Producción sobre el tema.

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2217 de la revista ‘Caretas’.

Pesquisa de redes en el mar

Los periodistas de investigación sabemos que buena parte de los casos que seguimos son transnacionales. Así que para poder investigarlos aprendimos a cultivar el equivalente periodístico de la reciprocidad andina, colaborando con colegas de otras naciones y pidiéndoles ayuda también.

En los hechos, el sistema es una forma básica e insuficiente de cooperación. Mejor que nada, pero lejos de lo necesario.

Hace ya varios años, en 1997, se fundó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que buscó congregar a los periodistas de investigación del mundo, no solo para intercambiar experiencias sino para planear proyectos conjuntos de investigación periodística internacional.

El ICIJ fue desde su creación un centro de periodismo sin fines de lucro, que señaló el camino por seguir a muchos otros periodistas de varias naciones que, al ver la entropía acelerada del periodismo investigativo en los medios comerciales tradicionales, buscaron salvarlo creando otros centros similares. ONGs periodísticas conducidas, por lo general, con el mayor rigor profesional y que compensaban la previsible austeridad de medios y recursos (salvo el caso de la afortunada ProPublica) con la libertad de poder trabajar sin cortapisas.

Son hasta hoy instituciones de estructura precaria, con modelos de sostenimiento necesariamente provisorios, sin saber (como, por otra parte, es regla de la vida) si tendrán existencias efímeras o longevas. Pero con la conciencia feliz de que cada día de trabajo periodístico no enfrenta otra limitación que la del talento y la diligencia en el cumplimiento de la misión.

A lo largo de los años, el ICIJ hizo varias investigaciones internacionales de mucho valor, algunas con participación individual de los miembros latinoamericanos. 

El año pasado, sin embargo, el ICIJ propuso una investigación conjunta a dos centros independientes de periodismo de investigación: CIPER (Centro de Investigación Periodística), de Chile; e IDL-Reporteros, de Perú, que dirijo. Visto en perspectiva, era natural que ello ocurriera: en los últimos años se crearon varios centros nuevos de periodismo de investigación sin fines de lucro; y aunque todavía somos muy pocos en toda Latinoamérica, antes no había ninguno y los que existimos hemos trabajado sin parar.

EL ICIJ nos propuso colaborar en una investigación sobre la depredación pesquera en el Pacífico Sur. Iba a ser una continuación de investigaciones previas sobre el saqueo de la vida marina en otras áreas del globo, por parte de flotas pesqueras, europeas buena parte de ellas, frecuentemente subsidiadas por sus gobiernos.

Yo acepté de inmediato. Entre otras razones porque IDL-Reporteros estaba precisamente llevando a cabo una difícil investigación sobre la industria pesquera peruana, cuyos objetivos calzaban bien con lo del ICIJ.

La periodista a cargo de la investigación era Milagros Salazar. Cuando uno ve, y escucha a Milagros tocando con maestría el cajón criollo, es poco probable que piense que los más resonantes éxitos de esta se han logrado trabajando inclinada sobre teclados silenciosos. He conocido pocas personas tan obsesivamente dedicadas a un reportaje como Milagros. No lo deja ni cuando respira, come o duerme, hasta verlo terminado, y aún entonces le cuesta despedirse de él.

En IDL-Reporteros, Milagros se dedicó a realizar reportajes ambientales, sobre todo respecto de la minería. Empezó a hacerlo desde el 2005, cuando ambos trabajábamos en La República y le pedí cubrir una comisión sobre la controversia minera-antiminera. El 2010, cuando empezó a colaborar con IDL-R ya era una experta en el tema.

Pero a principios del 2011 me propuso investigar un ámbito diferente: la industria pesquera. Una entrevista había llevado a varias otras y estas a una investigación sobre posibles irregularidades sistemáticas y fraudes masivos en la industria. Por supuesto que acepté y, a partir de ese momento, Milagros se dedicó a una difícil investigación con un tesón tal que prefiero describir para que ustedes lo califiquen.

Sus fuentes le habían asegurado que en virtualmente toda la inmensamente lucrativa industria de harina de pescado existía un fraude sistemático, en el que una buena cantidad de la pesca no era registrada en las fábricas y se robaba así al Estado, al defraudarle impuestos; y a los pescadores, su participación.

Pero, ¿cómo probarlo? Primero, Milagros consiguió, con dificultad, los registros de 47 mil desembarques de naves pesqueras en tres temporadas de pesca, con sus pesos declarados; y también los pesajes en fábrica de cada uno de ellos. Luego, había que digitalizar todo eso y correlacionarlo. Imaginen el trabajo.

No se trataba solo del volumen de datos, sino de que el cálculo no podía contener un solo error. Milagros viajó a Costa Rica, a encontrarse con Giannina Segnini, la eminente periodista de investigación del diario La Nación, que ha reforzado la unidad que dirige con ingenieros de sistemas y está tan dedicada a la “minería de datos” (data mining) como otros a la de metales. Con Giannina y sus ingenieros, Milagros tuvo la ayuda experta que le permitió procesar los datos, refinarlos, comprobarlos y confirmarlos.

De vuelta en el Perú, la investigación continuó y logró nuevos hallazgos al encontrar documentos ocultos que refrendaban sus resultados previos y, además, ayudaban a explicarlos.

Entonces, ya se había iniciado la colaboración con el ICIJ y CIPER. Y en julio del año pasado llegó a Lima el periodista a cargo de la investigación para ICIJ, el legendario Mort Rosenblum, quien desde 1965 reporteó en más de 200 países para la Associated Press (la guerra de Biafra, el nacimiento de Bangla Desh…, hay quienes sospechan que antes de eso entrevistó en exclusiva a Napoleón en la víspera de Austerlitz).

MORT llegó al Perú con el ánimo inquieto y la energía nerviosa de un joven reportero que teme perder su exclusiva. Cuando armó equipo con Milagros, dos generaciones de periodistas, separados por los años pero unidos por una obsesión sin fisuras por sus reportajes iniciaron una enérgica colaboración, de anécdotas memorables y resultados espectaculares. Mort no dice su edad, y el carbono 14 no se atreve a investigarla, pero no hay duda que es uno de los periodistas en actividad más veteranos en el mundo. Y verlo trabajar con la energía de un periodista veinteañero en su primer día de chamba, no es solo inspirador sino emocionante. Uno lo ve y sabe entonces que el buen periodismo nunca morirá.

Las investigaciones se publicaron, con algunas semanas de diferencia. IDL-R  publicó las dos primeras de Milagros, que documentaron y demostraron la dimensión de un fraude millonario en la industria pesquera peruana. Pese a la gran importancia de la investigación, se buscó de encapsularla en el silencio, al no poderla rebatir.

Y entonces, la semana pasada, se publicó la investigación conjunta del ICIJ, CIPER e IDL-R (se puede acceder a ella, en castellano o inglés, en: reporteros.pe). A la investigación peruana se sumó el formidable trabajo de CIPER en Chile y el reportaje de Mort y Mar Cabra sobre la destrucción de los peces en altamar del Pacífico Sur. Una sola frase resume el drama de ese reportaje: “En tan solo dos décadas, el stock de jurel ha caído en picada: de unas 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad”. Es decir, el 90% ha sido eliminado y la especie puesta en camino a la extinción.

“Sobrepesca: Alerta al pillaje de los mares” tituló Le Monde su reseña de la investigación. “Un saqueo épico en el Pacífico” fue el titular de portada del International Herald Tribune. “En el saqueo del jurel, signos de un épico colapso de peces”, encabezó el New York Times.

El único silencio que queda ahora es en las profundidades depredadas del Pacífico. Fuera de ellas, los resultados de la investigación resuenan y demandan acción.

Notas relacionadas:

• Resonancia mundial
• La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel

Menos de una semana después de su publicación, la investigación periodística internacional sobre el saqueo de los mares en el Pacífico Sur, ha logrado un eco resonante en los principales medios periodísticos mundiales.

La investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) se realizó en colaboración con CIPER, el centro de periodismo de investigación chileno; y con esta publicación: IDL-Reporteros.

Su impacto periodístico fue inmediato. “Hemos sido publicados en cuatro continentes …con dos páginas completas en Le Monde… un despliegue espectacular en El Mundo… [la portada] del International Herald Tribune”, declaró Gerard Ryle, director del ICIJ, en un mensaje difundido este lunes 30 de enero. Ante ello, añadió Ryle, “pienso que es seguro declarar que este proyecto [de investigación] es un éxito resonante”.

Le Monde.

International Herald Tribune.

El Mundo.

Ryle calificó la investigación como “la mejor expresión del periodismo colaborativo. Lo notable de esta experiencia fue que no se trató solo de miembros del ICIJ trabajando juntos, sino de la colaboración de tres centros de investigación en trabajo conjunto [ICIJ, CIPER e IDL-R]”.

El sobresaliente papel de Mort Rosenblum y Mar Cabra fue particularmente reconocido por Ryle, al haber logrado aterrizar “siete meses de reportaje internacional a tiempo, dentro del presupuesto y con impacto”. Esto último puede no ser tan deseable en un aterrizaje en avión, pero sí, y mucho, en periodismo.

The New York Times.

El periodista holandés Joop Bouma fue también reconocido por Ryle por su contribución desde “el ángulo holandés”. Ryle subrayó asimismo el papel fundamental de la directora adjunta del ICIJ, Marina Walker Guevara, quien coordinó todos los aspectos del proyecto con “notable profesionalidad y calma en todo momento”.

Además, Ryle informó que el periodista Steve Bradshaw se encuentra ya trabajando en un documental sobre esta investigación para la BBC World News TV, que se espera sea transmitido antes de junio de este año.

“Este es un momento de orgullo para ICIJ”, finalizó Ryle.

Lo es también para IDL-Reporteros, que suscribe enteramente lo dicho por Ryle y agradece a sus colegas de CIPER y ICIJ por la extraordinaria calidad de sus aportes.

IDL-R continuará investigando el tema pesquero.

Trouw (Holanda).

A continuación otras coberturas del reportaje.

The Camberra Times (Australia).

The Age (Australia).

Notas relacionadas:

• Columna de reporteros

Notas relacionadas:

• La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel
• Los nueve dueños del mar chileno
• La pesca descontrolada del jurel en el Perú

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2216 de la revista ‘Caretas’.

Revelaciones en el muro

LA verdad, nunca pensé que esa fuera una nota de investigación propiamente dicha sino un reportaje sencillo, pero necesario. ¿Cómo empezó? Un par de fuentes me contaron que antes de asumir el cargo, el nuevo ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal había tenido largas negociaciones de empleo con Yanacocha.

¿Había declarado el ministro esas negociaciones antes de asumir su cargo, o después? No. ¿Algún medio lo había dado a conocer? No. ¿Era importante esclarecer y revelar el hecho? Me pareció evidente que sí.

Entonces, en la siguiente reunión de IDL-Reporteros (reporteros.pe), planteé el tema. Todos coincidimos con que había que reportearlo, por varias razones: porque, debiendo hacerlo, no había sido revelado por el propio ministro; por el posible conflicto de intereses; y también (para llamarlos de alguna manera), por los fantasmagóricos eventos que acaecían en el ministerio del Ambiente.

En noviembre pasado, el ministerio del Ambiente había elaborado y entregado al entonces primer ministro Salomón Lerner, un informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto Conga. IDL-Reporteros consiguió el Informe y publicó los extractos más significativos del mismo el 25 de noviembre. Su efecto fue demoledor, en más de un sentido. El proyecto fue suspendido y el gabinete de ministros fue defenestrado. Dado el giro que tomaron las cosas, a nadie sorprendió que uno de los ministros despedidos fuera Ricardo Giesecke.

La sorpresa llegó después del Año Nuevo. El 15 de enero, el ministro Pulgar Vidal contó en Canal N que no encontraba el informe. “… recibí la información que ni en Asesoría Jurídica ni en Trámite Documentario se había canalizado ningún informe de esa naturaleza y, en consecuencia, no hay en mi cartera un documento oficial de este tema”.

Como se ve, la parapsicología había entrado al ámbito de la política.

Casi de inmediato, IDL-Reporteros y varios otros medios encontraron el Informe y lo publicaron completo. Días después, sin embargo, el Gobierno concluyó, a través del premier Valdés, lo que había empezado Pulgar Vidal. En una entrevista con Mariella Balbi en El Comercio, el lunes 23, Valdés declaró que mientras el informe “no sea oficial no lo reconocemos”. Así de simple. Además, Valdés ensayó otra forma de desaparición: la del desprecio: “Lo he leído parcialmente” dijo, “es una opinión del señor Echave, ex viceministro”.

En una compacta acumulación de ninguneos, Valdés se dio maña hasta para expropiarle la preposición al apellido de De Echave.

Pero eso sucedió unos pocos días después de que en IDL-R decidimos reportear sobre la posible omisión informativa de Pulgar Vidal y explorar si ello significaba, o no, un conflicto de intereses.

Se trataba de hacerlo rápido, de manera que dos trejas periodistas de IDL-R: Romina Mella y Milagros Salazar, realizaron el trabajo en conjunto y lo terminaron en pocas horas. Entrevistaron a Pulgar Vidal y a los funcionarios de Yanacocha que estuvieron a cargo de las tratativas. La nota describió el proceso: una negociación que duró algunos meses entre Pulgar Vidal y Yanacocha para asumir una gerencia nueva e importante de la minera, que terminó sin concretar un acuerdo poco antes de que aquél asuma el ministerio de Ambiente.

Ahora, como ministro, Pulgar Vidal iba a tener una función central en la resolución del conflicto de Conga, tan importante para Yanacocha. Por eso era necesario que la información sobre las negociaciones precedentes fuera públicamente explicada por el ministro. Se trató, como he dicho, de un reportaje simple, necesario, que Mella y Salazar realizaron con prontitud.

A la hora de titular la nota, la palabra ‘casi’, aunque adecuadamente descriptiva, fue elegida sobre todo para cerrar la línea. Así pasa, a veces.

Fue el ‘casi’ más popular de los últimos tiempos.

POCO después de publicada la nota, revoloteó el twitter con la movilización a favor de Pulgar Vidal. Fue muy interesante, aunque no precisamente musical. Trinos, no hubo; algún argumento, quizá; pero lo que más abundó fueron cacareos. La mayor parte al tono de ‘casi’.

Y hubo ‘casi’ de todo: la histeria de un ex empleado, el flapeo medio cretino de una morsa obesa; una fuente presuntamente uterina que quiso parecer inteligente con el ‘casi’ y casi lo logra. El resto produjo más palomina que en las novelas de Montherlant pero no abonó ni por casualidad un argumento válido o siquiera interesante.

Pero si la plumareda tuitera produjo poco de interés, las cosas fueron diferentes con el Facebook.

Los muros, como saben ustedes, sirven para demarcar, para dividir, para encerrar, para fusilar, pero también para comunicar.

Y en su muro, a veces en el ajeno, el actual viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, tuvo raptos de elocuencia reveladora que aportaron nuevas luces al misterio del informe desaparecido y a su secuela melodramática del informe ilegítimo, sin paternidad reconocida.

Lanegra atacó vivamente (imagino que con permiso de Valdés, ahora que en el gabinete se impuso la regla de que nadie habla sin orden superior) el reportaje de IDL-R. Algunos lo secundaron pero hubo varios que le discutieron y refutaron. En el proceso, el viceministro se puso elocuente y contó su versión (¿se convertirá en la oficial?) sobre el caso del Informe 001-2011, sobre el EIA de Conga, del MinAm.

Según Lanegra, el informe se convirtió en un ‘casi-informe´ que “quedó malparado porque los funcionarios responsables de hacerlo se ‘olvidaron’ de firmarlo… y eso desacredita a cualquier funcionario en cualquier parte del mundo…”.

Por si alguien no lo hubiera entendido bien, Lanegra se explica mejor a continuación: Los ‘funcionarios responsables’… “desde luego que no lo firmaron adrede. Crees que el famoso Informe 001-2011 (del 21 de noviembre) con papel membretado, nombres de direcciones responsables y todo se quedó sin firmas durante dos semanas de pura mala suerte?”.

El propio Lanegra se responde: “La versión que he recibido es que vieron que era un tema ‘muy complicado’ y que había mucho problema en formalizarlo … y que había que ‘entender’ la situación”.

El viceministro de Interculturalidad no pudo resistir la tentación de compararse con los no-firmantes: “¿Puedes creer que me dijeron que hubiera hecho yo en su lugar? Respondí, firmarlo si creía que era correcto desde luego!! Y sino [sic], no emitir nada. Eso hace un funcionario responsable al servicio del Estado!!”.

ROMINA Mella, de IDL-R, contactó a los dos ex viceministros y al ex ministro del Ambiente, para preguntarles sobre la versión de Lanegra. José De Echave, quien al parecer había recobrado la preposición confiscada por Valdés, dijo que “No ha sido así. A mi ministro le entregué el informe a la mano y el ministro luego se lo dio al presidente del Consejo de Ministros. La persona que estaba por encima mío me dijo de la urgencia de ir a Palacio. Eso pasó”.

Hugo Cabieses, el otro viceministro, rechazó la insinuación de no haber firmado por miedo. “Ninguno de nosotros había sido antes burócrata, nos interesaba hacer las cosas antes que las formalidades. Por el apuro de mandar el informe a Palacio, pudimos haber descuidado la firma, pero ahí en Palacio todos vieron el Informe”.

El ex ministro Giesecke fue más breve y explícito: “[Lanegra] iba a tener listo un reglamento de la consulta previa y nunca lo entregó. No hay que hacerle caso al señor. No es nadie. Que se dedique a sus informes. No tengo nada más que decir”.

El ninguneo, como se ve, no es unilateral.

Con viejas enemistades que hoy afloran entre discusiones, planes e intereses encontrados, la estrategia del Gobierno hacia el caso Conga se hace evidente en la descalificación de su ex ministro (y viceministros) del Ambiente. Pero el Informe 001-2011 de éstos, que el uno no encuentra y el otro reduce a la bastardía, se resiste a desaparecer y se convierte más bien en varias preguntas fundamentales que este gobierno, al final, tendrá que responder.

Notas relacionadas:

• IDL-Reporteros presenta libro con reportajes más destacados del 2010
• Renuncias y permanencias
• Peleas silenciosas

El 25 de enero de 2011, el periodista Moisés Campos, director y conductor del programa semanal Noticias TV, denunció al IPYS que a través de un panfleto arrojado bajo la puerta de su  casa, fue amenazado de muerte si sigue investigando a la alcaldesa Corina de la Cruz. El hecho ocurrió en Tocache, región San Martín, al noreste del país.

Campos contó al IPYS que en diciembre pasado publicó en su programa parte de la entrevista con el camarada Artemio, último líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, que permanece en la clandestinidad, y que fue entrevistado por periodistas nacionales y extranjeros. En ese extracto, el subversivo desmiente las acusaciones que De la Cruz hiciera meses atrás sindicando al terrorista como el autor de una serie de extorsiones y cobro de cupos a cambio de su seguridad.

Según el periodista, esto molestó a la población de Tocache que pidió la revocatoria de la alcaldesa.

Campos dijo al IPYS que tras la publicación de la nota ha venido sufriendo ataques injuriosos de parte de Francisco De la Cruz, hermano de la alcaldesa y conductor de un programa local en Radio Solar. Según Campos, De la Cruz lo acusa de “senderista” e incluso de haber participado en un atentado contra una comisaría en la región Huánuco.

Pero Campos siguió investigando a la alcaldesa. El pasado 24 de enero, publicó una investigación demostrando malversación de fondos de una obra pública licitada por De la Cruz. Al día siguiente recibió la amenaza de muerte que también menciona a su familia.

El periodista ya interpuso la denuncia ante la comisaría de Tocache y pidió garantías para su seguridad.

El 19 de agosto de 2011, Ketty Vela, periodista de radio y TV San Juan, de Tocache, denunció al IPYS que un sicario le confesó que lo contrataron para asesinarla, pero que rechazó la propuesta pues la conocía. La periodista también venía investigando a la alcaldesa.

El IPYS protesta por el acoso y las amenazas sufridas contra el periodista Campos y exige a la alcaldesa Corina De la Cruz dejar de amenazar a la prensa que fiscaliza su gestión. Además, IPYS pide a las autoridades pertinentes que otorguen todas las garantías a Campos para prevenir cualquier atentado contra él y su familia.

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La irrupción de buques factoría extranjeros en el Pacífico Sur amenaza los intereses pesqueros chilenos. Para remediarlo, Chile ha sido uno de los principales impulsores de una Organización Regional de Pesca que regule la explotación de recursos en la zona sur del océano más grande del mundo, y que se reúne desde este 30 de enero en Santiago. Frente a la escasez crítica de jurel, la industria pesquera local le endosa la sobreexplotación a naves extranjeras. Pero con el 74% de las capturas registradas entre 2000 y 2010, la mayor parte de la culpa recae en las pesqueras y en las autoridades chilenas.

Fotos: CIPER.

Por Juan Pablo Figueroa, CIPER.

Son las 10:20 del domingo 7 de agosto de 2011. En la cubierta del barco Santa María II, que navega a siete millas del puerto de Corral, sus tripulantes se afanan recogiendo la red que hace media hora echaron al agua. Asomado a la ventana de su cabina sigue los movimientos, con rostro serio y desanimado, el capitán de la nave: Eduardo Marzán. Hacia el oeste, se divisan otras 14 embarcaciones industriales que se desplazan lentamente buscando bancos de sardinas. Es lo mismo que viene haciendo desde hace cuatro días la nave que comanda Marzán.

Según un informe que publicó la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de Chile en septiembre de 2010, la sardina común es una de las cuatro pesquerías de peces que en este país aún está en niveles seguros de conservación. Como las otras 13 están altamente explotadas o sobreexplotadas, algunos expertos señalan que la sardina es prácticamente la única pesquería de importancia que estaría quedando en abundancia en aguas chilenas. Pero aún así es difícil capturarla. El Santa María II zarpó de Lota el miércoles por la noche y navegó los dos días que siguieron sin encontrar nada. Recién ayer, al tercer día de búsqueda, la mancha en el sonar indicó que había peces. Durante esa jornada la tripulación arrojó la red tres veces al mar y aunque en la bodega caben unas 850 toneladas de pescado, ni siquiera con la pesca de la cuarta tirada, la que Marzán observa desde su cabina cuando es succionada y bombeada hacia las bodegas, lograron superar las 40 toneladas.

-Me gusta embarcarme con usted, capitán, porque nunca pierde la esperanza –le dijo Mario Rodríguez, el motorista del barco, a Marzán hace un par de días durante la cena.

Pero el capitán está desalentado: sabe que le queda poco tiempo, que la veda biológica anual de dos meses para la sardina común y la anchoveta se adelantó y comienza esta medianoche. Si el Santa María II no pesca una buena cantidad de sardinas hoy, deberá esperar dos meses para volver a intentarlo.

La operadora del Santa María II es Lota Protein S.A., la empresa de capital noruego que desató el año pasado una guerra entre las pesqueras industriales chilenas al exigir al gobierno la licitación de las cuotas individuales a partir de 2013 y así conseguir más de lo que le corresponde hasta hoy. La compañía es titular del 1,5% de la cuota industrial chilena de jurel, 0,05% de anchoveta, 2,07% de merluza de cola y 2,39% de sardina común. Y aun con la garantía que le dan las cuotas individuales que se le asignaron en 2001, no ha logrado llenar sus bodegas en todo el año.

Pasan las horas y no hay manchas en el sonar. Marzán da la orden a su tripulación: el barco emprende su regreso. Cuando se le pregunta al capitán si no les convendría volver a embarcarse, pero esta vez para pescar jurel, Marzán responde contando la historia de un lugar al que le decían “La Feria”, donde hasta hace unos años los pescadores de la Región del Biobío iban a buscar jurel, el principal recurso pesquero chileno. Cuenta que “La Feria” estaba a unas 30 millas al oeste de San Vicente, entre Punta Tumbes e Isla Santa Marta, a sólo un par de horas de navegación. Marzán recuerda que por las noches las luces de los barcos que allí pescaban parecían a lo lejos una pequeña ciudad que flotaba en el mar. El piloto de la nave que lo acompaña en la cabina, Mario Ulloa, complementa la descripción de Marzán:

-Era cosa de llegar y hacer el lance. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto llenos de jurel. Lo hacíamos unas dos o tres veces al día. Teníamos mucha pesca, pero no la supimos cuidar –recuerda Ulloa.

Hoy el jurel encabeza la lista de pesquerías sobreexplotadas de la Subpesca. Ya no existen ni “La Feria” ni los viajes de dos horas para llenar con un solo lance las bodegas. De acuerdo a los sondeos hidroacústicos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ya prácticamente no queda jurel en aguas chilenas.

Marzán dice que se ha comunicado por radio con otros barcos chilenos que se encuentran afuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que le han dicho que allá también hay muy poco que pescar, que han pasado 15 días desde que zarparon y que sus bodegas siguen prácticamente vacías. Además, allá tienen que competir con las enormes naves-fábrica extranjeras en una zona que aún es terreno sin regulación. Todo ello impone a Marzán y a su tripulación la decisión: no vale la pena embarcarse por ahora para ir por jurel.

LA SELVA DE ALLÁ AFUERA

Lejos está la época en que la llegada de esos enormes barcos para pescar frente a la costa chilena, a más de 200 millas, en aguas internacionales, no representaba ningún problema. Había abundancia de sardinas, anchovetas y jurel, las tres especies pelágicas que representan el 70% de lo que capturan las pesqueras de Chile y que históricamente han estado dentro de la zona marítima nacional. Una industria local que fue en auge hasta consolidarse desde mediados de los ’80 como la segunda productora mundial de harina de pescado, y sin necesidad de salir a buscar los peces fuera de su ZEE. Pero todo aquello cambió.

Como es una especie transoceánica, el jurel se ha convertido ya no sólo en el principal recurso marino de Chile, sino que de todo el Pacífico Sur. Donde más se concentra es frente a la zona centro sur chilena, donde desova, pero se le puede encontrar desde Nueva Zelanda hasta Ecuador. Por eso, pesqueras de todo el mundo llegan precisamente a esa franja de la costa chilena para capturarlo. De acuerdo a la información que publica la Subpesca en su sitio web, desde el año 2000 se ha observado un incremento importante en la presencia de naves extranjeras en la alta mar adyacente a Chile “sin sujeción a normas de conservación y manejo”. Desde entonces que la presencia del jurel ha ido disminuyendo.

Comenzó así la amenaza internacional a los intereses pesqueros chilenos.

-Los chinos están todos allá afuera. Fueron los primeros en llegar con ocho barcos factoría. Después vinieron los rusos, los peruanos y la Unión Europea a través de distintas banderas, como de Vanuatu o Islas Faroe; banderas de conveniencia –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, la asociación gremial que agrupa a las pesqueras más grandes de la zona centro sur.

Las cuotas de captura sirven de poco en aguas internacionales. Cada embarcación que llega puede extraer lo que quiera, sin límite. Varios pescadores consultados por CIPER aseguran que la competencia es feroz. Marzán y sus tripulantes cuentan que en junio de 2011 el enorme buque factoría Maestro, una nave con bandera rusa operada por coreanos y con señal de llamada DTBX8, pasó sobre sus redes y las destruyó cuando intentaba sacarles el jurel que tenían en el cerco. Estaban a unas 600 millas de la costa. No les quedó más opción que volver a Lota.

La primera medida que adoptó el gobierno ante la llegada de la flota internacional fue cerrar en 2004 el uso de puertos nacionales a barcos de bandera extranjera cuyos países no establezcan medidas de conservación similares a las chilenas. Más adelante se extendería esa prohibición a naves de abastecimiento. Pero la principal herramienta para intentar regular lo que pasa allá afuera sería jurídica y la impulsarían Chile, Australia y Nueva Zelanda.

LA ORGANIZACIÓN DEL MAR DEL SUR

A esos tres países los separa un océano completo, pero ese mismo territorio marítimo los une. La llegada de naves rusas, chinas y europeas a pescar en el Pacífico Sur, una zona que hasta 2006 no tenía ningún tipo de reglas, puso en jaque sus intereses pesqueros. Por eso fue que a principios de ese año organizaron un encuentro internacional para crear una convención para la conservación y manejo de los recursos pesqueros transzonales. La primera reunión de los interesados fue en Wellington, la capital neozelandesa. Así fue que comenzó a configurarse la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur (ORP).

-Cuando se creó la ORP fue un consenso de países con interés e historia pesquera en el Pacífico Sur. Pero lo cierto es que aún no existe como tal. Todas las reuniones han sido para negociar su creación. La primera de las decisiones fue tomar medidas interinas hasta crear una convención, la que es vinculante según la Ley del Mar y las leyes internacionales. Mientras eso no ocurra, el cumplimiento de esas medidas es voluntario –explica Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la ORP.

Desde entonces (2006), se han realizado diez reuniones donde han participado 32 países en las discusiones de las distintas medidas interinas que se implementarán para regular la pesca. Sobre las pesquerías pelágicas, en 2007 se limitó el esfuerzo de captura, se estableció que cada estado debe reportar las capturas que realiza y se abrieron espacios para que los países con historia pesquera, pero sin presencia efectiva, ingresaran a la pesquería a contar del año siguiente. En 2009, en Auckland, se obtuvo el texto de la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur, el que estableció las bases para una institucionalidad pesquera internacional. Al año siguiente, en la preconferencia de Lima, se acordó el texto, pero para que la ORP entre en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de al menos ocho estados.

La posición de Chile durante todo el proceso ha sido defender su historia pesquera, o sea, que se le respete el derecho a pescar el 86% del jurel capturado en toda la región. Los industriales chilenos consideran que en las negociaciones, en las que han participado los subsecretarios de pesca liderados por la Cancillería, no se ha tenido la fuerza necesaria para imponerse. Según Moncada, como Chile no logró el congelamiento de las capturas -como si lo hicieron Australia y Nueva Zelanda con las pesquerías de profundidad-, sus negociaciones lograron el efecto inverso: agitó la campanilla para que todos los que quisieran pescar llegaran al Pacífico Sur.

Recién en enero de 2011 las medidas interinas establecieron un límite de captura: todos los estados participantes podrán pescar sólo el 60% de lo capturado el año pasado y, a menos que se acuerde lo contrario, para el próximo año el límite será del 40% de lo que se pesque durante 2011. Pero como aún no ha sido ratificado, esas reglas siguen sin ser vinculantes.

De lo que pase el 30 de enero de 2012, cuando la ORP se reúna en Santiago, dependerá el futuro de la organización regulatoria para la pesca industrial en el Pacífico Sur. Hasta el momento sólo lo han ratificado Nueva Zelanda, Islas Cook y Cuba. Aunque Chile, uno de los principales interesados en que la ORP avance, lo firmó en febrero de 2010, aún no lo ha ratificado.

Mientras se espera la aprobación de la nueva normativa por el Congreso, las grandes pesqueras chilenas insisten en su tesis de que si el jurel se está acabando en el Pacífico Sur, es por culpa de la flota extranjera que pesca en aguas internacionales. Pero los datos del noveno grupo de trabajo científico para la ORP indican que entre 2000 y 2010 el 74% de las capturas registradas han sido hechas por naves chilenas. No han sido los peruanos ni los rusos ni los chinos; y si algún país tiene mayor responsabilidad en la sobreexplotación del jurel, ese es Chile.

LA CULPA DE LOS CHILENOS

El mercado pesquero chileno está altamente concentrado: el 93,71% del jurel que captura la industria se reparte entre nueve grupos económicos que han explotado durante décadas los recursos hasta llevarlos a niveles críticos. A eso se suma una serie de políticas implementadas por el Estado que no han ayudado casi nada a regular la sustentabilidad de la actividad extractiva. No sólo porque en el norte las empresas capturan jurel bajo la talla legal sin que se las sancione, sino también porque son las mismas empresas dueñas del mar chileno las que tienen la última palabra cada año en la discusión sobre cuánto se puede pescar.

Los sondeos hidroacústicos que realiza el IFOP dan cuenta de una alarmante disminución del jurel en aguas chilenas. Si en 2001 había un stock de casi 6.000.000 de toneladas en la zona centro sur, en 2009 no se registró ninguna. Los resultados, que incluyen una propuesta de cuota global para cada una de las especies estudiadas, se los envían cada año a la Subpesca, la que los usa para presentar un informe técnico con una propuesta de cuota definitiva al Consejo Nacional de Pesca (CNP), que decide finalmente cuánto se pesca en Chile.

-Pero el CNP hoy es una expresión del corporativismo: allí es donde están representados todos los intereses del sector –asegura un alto funcionario de la Subpesca que pide reserva de su identidad.

De las 30 personas que componen el CNP, 17 representan los intereses del sector. Los otros cupos se reparten entre los seis que representan a las instituciones estatales ligadas al rubro y los siete consejeros nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso. Los únicos que no tienen un suplente en caso de no poder asistir a alguna sesión, son los de nominación presidencial. En definitiva, casi el 60% de sus miembros está vinculado al sector pesquero comercial. Y son ellos los que han mantenido o aumentado las cuotas, a pesar de que el IFOP viene desde hace años indicando en sus informes que el jurel está sobreexplotado.

Un estudio realizado por la ONG Oceana en 2010 estableció que el CNP ha desconocido sistemáticamente las recomendaciones científicas hechas por el IFOP que solicitan disminuir las cuotas globales durante la última década. Su informe dice: “La diferencia entre la Cuota Global Anual y la recomendada por el IFOP varía entre un 10% (2004) y un 87% (2009)”.

Si el IFOP consideró en 2008 que para una pesca sustentable era necesaria una cuota de 1.250.000 toneladas, el CNP aprobó una cuota de 1,6 millones. Como el jurel ya era escaso, sólo se pudo pescar el 81,4% de ese límite máximo. Entonces, al año siguiente, el IFOP propuso una cuota de 750.000 toneladas. El CNP aprobó 1,4 millones y por más que las empresas intentaron llegar a ese límite, las capturas reales no llegaron a las 900 mil toneladas. Los científicos indicaron que con 800.000 toneladas de jurel para 2010, aún se podría recuperar la especie. Pero el CNP cerró la cuota en 1,3 millones. De poco sirvió el aumento, porque se encontraron menos de 465 mil toneladas en el mar durante todo ese año.

NEGOCIACIONES POR DEBAJO

El biólogo marino de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, asegura que el CNP no tiene las atribuciones para modificar las cuotas propuestas por la Subpesca y que para comprobarlo están las actas de sus sesiones, que son de acceso público. Tarifeño forma parte del CNP desde 2005, cuando fue nominado por el Presidente Ricardo Lagos. Cuatro años después, fue ratificado en el cargo por el Senado por cuatro años más. Según explica, lo que hacen los consejeros es aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. En caso de rechazarla, automáticamente queda vigente el 80% de la cuota global del año anterior. “Pero lo cierto es que cuando nos llega el informe técnico de la Subpesca, las cosas ya vienen decididas”, afirma.

-Antes de llegar la propuesta al CNP, los industriales hablan con el subsecretario, le preguntan cuánto es lo que se está pensando y le dicen que para mantener a la industria funcionando se requieren más toneladas. Entre los mismos industriales se ponen de acuerdo y conversan con los representantes sectoriales de los tripulantes o con los artesanales. Cuando la cosa llega a la sesión, está prácticamente todo conversado y cocinado. Hay un acuerdo previo porque en el fondo, todos quieren más pescado –cuenta Tarifeño.

La muestra de que los empresarios quieren mantener la pesca a como de lugar, se manifestó a fines de diciembre pasado. Si bien la cuota global de jurel que propuso el gobierno y aprobó el CNP para el año pasado fue un 76% menor que la de 2010 y se cerró en 315.000 toneladas (aunque la pesca efectiva sólo pudo ser de 284.000, porque se descontaron las 31.000 toneladas usadas en 2010 después del terremoto en calidad de “cuotas de catástrofe”), este año no ocurrió lo mismo.

Varios científicos, entre ellos Tarifeño, aseguran que la única forma de recuperar el jurel es estableciendo una veda total por al menos cinco años. Como ni el gobierno ni las pesqueras están dispuestos a asumir el costo de una medida tan radical, se esperaba que al menos se redujera considerablemente la cuota para 2012. Por eso la Subpesca propuso un límite máximo de captura global de 186.000 toneladas de jurel. Pero el CNP la rechazó. La cuota para este año quedó en 252.000, un 35% más de lo que propuso el gobierno.

Que los empresarios quieran cada vez más pescado es algo lógico: a mayores capturas, mayores ganancias. En 2010, las exportaciones del sector extractivo alcanzaron los US$ 1.263 millones, más del doble de lo que Perú exportó sólo en los primeros 10 meses de ese mismo año. Y eso a pesar de que los peces en el mar chileno se están acabando. Por eso mismo fue que el gobierno anunció que, de aprobarse el proyecto de ley que envió al Congreso, desde 2013 las pesqueras deberán pagar un royalty, un impuesto específico para recurso agotables. Y también que desaparecería el CNP para crear un Comité de Expertos, dejando como criterio principal para la definición de cuotas las recomendaciones científicas del IFOP. La irrupción de un royalty para el sector pesquero fue el primer comunicado oficial de lo que todos saben: si todo sigue igual, al jurel y a los recursos pesqueros chilenos les queda poco tiempo.

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(Texto actualizado el día 27 de enero de 2012 a las 18:00 horas)

En algunas temporadas, las capturas de jurel excedieron ilegalmente las cuotas fijadas por el gobierno. Casi todo lo que se pescó en el verano de 2011 fueron jureles juveniles, lo que afecta al stock de esta especie que enfrenta una crisis global.

Si la fiscalización en las descargas de anchoveta es débil, el panorama empeora con la pesca del jurel en los puertos peruanos, una especie con una severa sobrepesca en el Pacífico Sur.

En las últimas dos décadas, el jurel se ha desplomado a nivel mundial de un stock de cerca de 30 millones de toneladas a menos de 3 millones de toneladas. Flotas asiáticas y europeas, que han agotado otros océanos, ahora se dirigen a las zonas marítimas de Perú y Chile, un escenario crítico que se agudiza por la falta de control.

El ICIJ detectó que en algunas temporadas las cuotas de jurel fijadas por el gobierno peruano mediante resoluciones del Ministerio de la Producción, no son respetadas. En 2008, los desembarques de jurel excedieron las cuotas en 26 por ciento, de acuerdo con los registros de captura de Imarpe, el instituto gubernamental encargado de la investigación del mar peruano. Incluso, en enero de ese año, se pescó más del 40 por ciento de lo que se autorizó para ese mes.

En los siguientes dos años, 2009 y 2010, el pescado fue tan escaso que los dueños de las naves no llegaron a capturar la cuota global. Al año siguiente, el jurel volvió a aparecer en mayores cantidades, pero las compañías pesqueras una vez más sobrepasaron la cuota hacia noviembre.

No sólo se tratan de capturas que se exceden de manera ilegal, sino que en algunos casos las recomendaciones de los científicos de Imarpe son ignoradas por el Ministerio de la Producción. Documentos oficiales revelan que el 13 de febrero de 2008, el entonces ministro Rafael Rey fijó una cuota mensual de 38 mil toneladas para febrero y marzo mediante la resolución ministerial N°355-2008, 8 mil más de lo recomendado para cada mes por los científicos en un informe técnico al que accedió ICIJ.

Aunque en 2002, el Perú prohibió el uso de jurel para harina y lo destinó para el consumo humano, el Ministerio de la Producción continúa dependiendo de las declaraciones de pesca de jurel que le entregan los dueños de las naves, sin llevar un control directo y permanente de estos desembarques en los puertos.

Venta de jurel salado en el muelle artesanal de Chimbote (Foto: IDL-Reporteros).

No existe un sistema informático del gobierno que registre  las descargas de las especies de consumo humano, como sucede con la anchoveta, un pescado que casi en su totalidad es destinado al negocio millonario de la harina con exportaciones que en 2010 tuvieron un valor de mil 600 millones de dólares.

Recién desde octubre pasado hay unos 40 inspectores del ministerio de la Producción que supervisan las descargas a la par de las de las empresas inspectoras Cerper y SGS, pero no pueden cubrir el tráfico de desembarques de todas las especies que llegan a cerca de 100 plantas del litoral.

Reproducción en peligro

Los registros del gobierno también muestran que hay una preocupante captura de jurel por debajo de la talla mínima, lo cual amenaza la reproducción de la especie.

El ICIJ obtuvo un reporte de Imarpe que demuestra que casi el 60% de las más de 26 mil toneladas capturadas en 2009 eran descargas de jurel juvenil. En enero y febrero de 2011, los meses en los que el pescado suele desovar, el 91 por ciento del jurel también era pequeño.

“Lo único que está llegando es el jurel chico”, dijo Úrsula Amésquita, en su restaurante ubicado al frente de la planta de CFG Investment en la localidad sureña de La Planchada, Arequipa. Esta empresa es sucursal en el Perú del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes Internacional Holdings. No sólo figura entre las empresas más poderosas de captura de anchoveta, sino también de jurel.

Los pescadores artesanales del puerto de La Planchada confirmaron a ICIJ que la mayor parte del pescado que ahora ven en los muelles tiene menos de 15 centímetros de largo, a pesar que la talla mínima es de 31 centímetros, según la legislación peruana.

El reglamento de ordenamiento pesquero de jurel prohíbe capturas de más del 30% de jurel por debajo del tamaño mínimo. Pero esto es difícil de monitorear. Imarpe no publica sus reportes sobre capturas de jurel juvenil, tampoco los informes técnicos con las recomendaciones de cuotas que envía al ministerio.

En los muelles artesanales los vendedores aseguran que el jurel llega cada vez más pequeño (Foto: IDL-Reporteros).

En la mayor parte de los casos, el Ministerio de la Producción aprobó medidas y regímenes provisionales excepcionales para permitir mayor pesca de jurel juvenil. Casi siempre fue a favor de las flotas industriales que de los pescadores artesanales.

En medio de estas resoluciones de excepción, hay un caso que merece especial análisis. En 2011, el gobierno promovió una mayor pesca de jurel para una campaña que llevó a cabo en colaboración con las seis empresas más importantes que capturan esta especie, para vender el pescado a menor precio en distritos de bajos ingresos.

Jorge Villasante, ex ministro de la Producción (Foto: Andina).

Coincidentemente, en una carta del 15 de febrero de 2011, la entonces viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo, preguntó a Imarpe si podía haber “una modificación de los volúmenes de pesca recomendados” en el informe técnico de enero en el que los científicos proponen la captura de hasta“10 mil toneladas mensuales de la fracción juvenil de jurel” entre enero y marzo. Al día siguiente de la misiva de Talledo, Imarpe emitió un nuevo informe modificando su recomendación inicial. Así, el 25 de febrero, se publica una resolución ministerial que amplía la cuota a 45 mil toneladas y que fue suscrita por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante.

En los siguientes meses del año hubo más ampliaciones. Casi todo lo que se capturó, entre enero y abril fueron ejemplares juveniles, de acuerdo a los registros de Imarpe.

Villasante informó al ICIJ que mil toneladas de pescado fueron vendidas a precio reducido hacia la mitad del año como parte de la campaña “Jurel para todos”. Pero tal cantidad apenas representa el 1 por ciento de casi las 200 mil toneladas que capturaron las pesqueras ese año al amparo de los regímenes excepcionales para capturar jurel juvenil, entre ellas las seis empresas que participaron en la campaña: TASA, Copeinca, Austral, Hayduk, Diamante y CFG Investment. El resto de lo capturado fue vendido por las compañías a precio del mercado.

En su defensa, Villasante señaló que aprobó las ampliaciones de cuota porque el tamaño predominante del jurel estaba entre los 25 y 27 centímetros, “es decir cuando ya pasó su etapa reproductiva”, dijo. Además, consideró que la talla mínima de 31 centímetros fijada para el jurel en el Perú es una valla muy alta y que debería ser como en Chile donde el límite es de 26 centímetros.

Pero la bióloga Gladys Cárdenas, directora científica de Imarpe, dijo al ICIJ que “siempre hay que respetar las tolerancias de las tallas mínimas establecidas por las normas” peruanas ya que tienen un sustento científico.

Acompañados del nuevo encargado del viceministerio de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, los científicos de Imarpe admitieron que en gestiones anteriores se permitió la pesca de jureles pequeños, lo que puede afectar al stock.

“No vemos bien esto porque los ejemplares juveniles son los responsables de la renovación de las poblaciones. Si los capturamos, estos todavía no han madurado, no han desovado”, explicó la bióloga Cárdenas. Queda claro, sin embargo, que la protección de esta especie, la tercera más importante de la pesquería peruana, fue lo último que tomaron en cuenta los funcionarios del Estado.

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Por Milagros Salazar.-

Chimbote, Perú- Este puerto norteño hiede a pescado podrido durante todo el año, pero cuando empieza la temporada de pesca de anchoveta a finales de noviembre, su larga fila de fábricas expele aceitosas y nauseabundas humaredas que impregnan todo a lo largo de varios kilómetros.

“Ese es el olor del dinero”, advierte un sonriente taxista a los visitantes, a quienes observa taparse la nariz mientras se acercan a la zona industrial 27 de Octubre, donde más de 20 fábricas operan a todo motor.

Perú es la segunda nación pesquera en el mundo después de China; y el 85 por ciento de su pesca es la anchoveta. Casi toda la anchoveta capturada, sin embargo, se convierte en harina: un alimento para engordar a otros pescados y a los cerdos. Perú exportó más de un millón de toneladas en 2010, la mayor parte al Asia, por un valor de mil 600 millones de dólares.

Cada año, cerca de 6 millones de toneladas métricas de anchoveta arriban a los muelles de más de 100 fábricas de harina de pescado en el litoral. Lo que sucede dentro de estas plantas es conocido sólo por el personal de esas compañías y los inspectores. Pero en setiembre último, IDL-Reporteros, reveló lo que se esconde detrás del cerco de estas fábricas: que en un año y medio se esfumaron entre las bodegas de los barcos y las balanzas de las fábricas, un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta.

Una nueva investigación del ICIJ y de IDL-R, que demandó el análisis de más de 100 mil desembarques, demuestra que las descargas de anchoveta que desaparecen superan a toda la pesca que las flotas británicas llevan a puerto en un año: 630 mil toneladas que no fueron registradas en las balanzas entre 2009 y la primera temporada de pesca de 2011, en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de anchoveta que se captura a nivel nacional.

Estas miles de toneladas del “pescado fantasma” resultan de las discrepancias de más del 10% entre la pesca de anchoveta que declaran los patrones de las naves cuando llegan a los puertos,y lo que registran las balanzas.Esa pesca que se esfuma está valorizada en unos 200 millones de dólares si se convierte en harina.

Queda claro que las empresas no pagan derechos de pesca por las descargas de anchoveta que desaparecen, ni impuestos. Tampoco cuentan para la cuota de pesca de cada nave; y a su vez, los pescadores que ganan por tonelada capturada, reciben menos de lo que deberían cobrar.

Pero lo sorprendente no sólo está en los volúmenes, sino también que se trata de una irregularidad recurrente en la industria pesquera peruana: el 52% de los desembarques analizados por el ICIJ tienen diferencias por encima del 10% entre la pesca declarada y pesada, a pesar que según más de una decena de fuentes consultadas, entre ejecutivos de compañías, expertos, pescadores e inspectores, sólo es aceptable una discrepancia de hasta 10%. Más allá de eso ya resulta sospechoso.

Planta harinera en la importante zona industrial 27 de Octubre (Foto: IDL-Reporteros).

La investigación fue posible a pesar de que el Ministerio de la Producción, que está a cargo del sector pesquero, negó durante cinco meses el acceso a la base de datos que registra la pesca de anchoveta por considerarla secreto de Estado.

A la luz de los resultados, se entiende los motivos.

La ley de cuotas por nave para la pesca de anchoveta que entró en vigencia en 2009 y que fue anunciada como el arma que permitiría limitar la sobrepesca y la corrupción, tampoco evitó este descontrol.

ICIJ obtuvo registros de desembarques de 2008 cuyo análisis demuestra que la mitad de las descargas en seis puertos tenía discrepancias por encima del 10 por ciento. La situación no pareció mejorar luego de que la nueva norma fue promulgada con el apoyo de las empresas más poderosas de la industria. Seis de las compañías que tienen descargas con mayores discrepancias antes de que se promulgara la ley, lograron que sus consultores intervinieran en la elaboración de la norma.

Si algo queda claro es que después de que se lotizara la pesca de anchoveta en cuotas, las irregularidades continuaron y en algunas temporadas parecen haber empeorado.

La lista negra

¿Cuáles son las empresas con las diferencias más notorias? La investigación concluye que en el ranking de desembarques con mayores discrepancias, figuran las compañías más poderosas de la industria. Las naves de estas empresas desembarcan usualmente en sus propias plantas.

Por lo menos ocho de las empresas que controlan más del 60 por ciento de los derechos de pesca, tienen permanentes diferencias que superan el 10% y 20%, e incluso llegan al 50%.

Faja transportadora conduce carga de anchoveta a las tolvas de pesaje (Foto: IDL-Rporteros).

Dos compañías de capitales peruanos encabezan el ranking de este análisis de más de 100 mil desembarques: Humacare, una compañía mediana que pertenece a la familia Muro;  y Exalmar, una de las más grandes del sector, de propiedad de la familia Matta Curotto. En el caso de Humacare, el 90 por ciento de sus desembarques tenían discrepancias que superan el 10 por ciento, mientras que esto mismo se detectó en el 88 por ciento de las descargas de Exalmar. En varias ocasiones, la mitad del pescado se había esfumado antes de llegar a las balanzas.

Raúl Briceño, gerente de operaciones de Exalmar, culpó de las discrepancias en el peso a los malos cálculos de los patrones de las embarcaciones, hechos en base a estimados visuales. En una respuesta escrita al ICIJ,  Exalmar también hizo notar que el pescado pierde líquidos y en consecuencia peso, cuando es trasladado de la embarcación a la fábrica. Humacare no quiso responder.

CFG Investment, subsidiaria del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes International Holdings, también aparece en el ranking, pero evitó dar su versión.

Otra de las compañías es Austral, que cuenta con capitales noruegos. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, aseguró su gerente general Adriana Giudice. Pero esta investigación la desmiente.

Los hallazgos también alcanzan a dos de las empresas más poderosas del sector: Copeinca, fundada por la familia Dyer y con capitales noruegos, concentra más del 10 por ciento de la cuota global de pesca, y TASA, que tiene la mayor cantidad de cuota de la industria: 14 por ciento.

Esta última compañía pertenece a la poderosa familia Brescia que cuenta con inversiones en la banca, el sector inmobiliario, servicios y minería en el Perú. Tiene como principal asesor a Humberto Speziani, ex presidente del principal gremio de empresarios del Perú: Confiep.

No sólo las grandes compañías presentan estos problemas, hay otras pequeñas como Corporación Pesquera 1313 que registran importantes discrepancias.

Después de los primeros hallazgos publicados por IDL-R en setiembre, hubo varios empresarios pesqueros que buscaron demostrar  que las cifras o el método empleado en la investigación eran falaces. IDL-R supo, sin embargo, que algunas empresas pesqueras (entre ellas Austral y Copeinca), llegaron a la conclusión, luego de  examinar y recalcular las cifras y el método, que los resultados de la investigación eran irrefutables.

“Cuando el patrón mira la bodega, sabe perfectamente cuánta carga está trayendo”, aseguró el pescador Indelesio Velásquez. “Tú no lo puedes engañar”, agregó Velásquez, quien ha trabajado pescando anchoveta por 40 años, 25 de los cuales como patrón de nave. Él puede apreciar de un solo vistazo cuánto ha capturado. La bodega es cubicada por los técnicos de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso del sector, restó importancia a los hallazgos de las investigaciones. Él dijo que los estimados de los patrones de nave no pueden ser comparados con los registros de las balanzas. Ninguna de las compañías consultadas reconoció irregularidades cometidas en el pesaje.

Tolvas de pesaje al interior de una fábrica de Copeinca (Foto: IDL-Reporteros).

Aunque las empresas Cerper y SGS que están a cargo de las inspecciones en los puertos no quisieron pronunciarse sobre el tema, algunos inspectores reconocieron de manera privada estos problemas y otros hablaron abiertamente de las irregularidades.

En la localidad norteña de Coishco, Úrsula Gutiérrez le dijo al ICIJ que sus colegas han detectado sellos de seguridad rotos en paneles de control que registran el peso en las fábricas y que evidencian manipulaciones.

El trabajo de  Cerper y SGS se desarrolla en medio de un gran conflicto de interés: estas compañías son pagadas directamente por las fábricas que inspeccionan y además se encargan de certificar la harina que será exportada.

La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, es la empresa más poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.

Balanzas con truco

¿Qué hay detrás de las enormes discrepancias detectadas?

De acuerdo a una auditoría realizada por la empresa inspectora Cerper en agosto de 2009, para el Ministerio de la Producción, el 31 por ciento de las 16 balanzas inspeccionadas tenían serias evidencias de haber sido manipuladas. Según el documento, titulado “Informe Final, Programa de Auditoría, Tolvas de Pesaje a Empresas Industriales Pesqueras”, estas fueron las graves irregularidades:

• Indicios de manipulación de los software de pesaje. Entre varias otras irregularidades, se detectó que no se registraban todas las descargas de anchoveta.

• Débiles controles de seguridad de los tableros de control del pesaje, con riesgo permanente de pérdida de datos.

• El software para el registro de pesaje es instalado en otras computadoras de la planta, lo que genera un control indebido sobre las balanzas. Esto  permite borrar o alterar la información. Es decir, cambiar el peso.

Pero los resultados de esta auditoría, la única hecha hasta entonces, no fueron difundidos. El gobierno encarpetó el documento y no mejoró la seguridad del pesaje computarizado.

La auditoría tiene una historia oculta. Durante la inspección de Cerper solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca, que también figura en el ranking de las altas discrepancias.

Pese a ello, el informe era no solo importante sino contundente, y llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Esa omisión no fue casual ni accidental.

Antes de auditar las balanzas, Cerper hizo estudios de la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dicho análisis, que incluía a varias empresas grandes, fue entregado al ministerio de la Producción durante las gestiones de las ex ministras del gobierno de Alan García: Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote a pedido del viceministerio de Pesquería que recibió varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%.  Esto confirma los hallazgos de esta investigación.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción inspeccionar todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo el software.

El Ingeniero Freddy Sarmiento dirigió la auditoría a las balanzas (Foto: IDL-Reporteros).

Fue así que se realizó la auditoría en agosto de 2009. El ingeniero industrial que fue contratado por Cerper para dirigir el equipo, Freddy Sarmiento, aseguró que recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas en los puertos del norte y centro.

En todo el litoral hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico  del problema. Sin embargo, el ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia que entonces encabezaba el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a  Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe,  supuestamente como primer tramo del trabajo.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en  las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, indicó a su turno Rolando Urban de Cerper.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros).

Mientras que Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, consideró que la auditoría sólo demuestra que un pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación y no se debe generalizar.

“Me preocupa que se haga una imagen del sector harinero como un sector tramposo”, dijo. Insistió en que los empresarios impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento, quien desde julio es congresista de la República, lo desmintió.

El entonces consultor explicó que el proyecto completo entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los hallazgos de la auditoría. Esto nunca se concretó. (Ver entrevista a Sarmiento)

Quien era ministra de la Producción en esos días, Mercedes Aráoz, dijo que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”. Pero, arguyó, que estuvo pocos meses en el cargo.

Cuando el presidente Ollanta Humala asumió el poder en julio pasado,  la entonces viceministra de pesquería, Rocío Barrios, dijo que algunos de los funcionarios del sector le ocultaron información sobre las discrepancias en la captura de anchoveta que reveló IDL-R. Varios funcionarios fueron despedidos y la procuraduría del Ministerio de la Producción denunció a algunos de ellos ante el Poder Judicial.

Kurt Burneo, el ministro de la Producción que estaba a cargo de la pesca hasta diciembre, denunció públicamente que había complicidad entre algunos funcionarios a cargo de supervisar los desembarques y las empresas inspectoras.

Más allá de las discrepancias en el peso, dijo que el gobierno encontró repetidas fallas en reportes de inspección que impedían a las autoridades imponer multas a las pesqueras. Una serie de irregularidades permitió a estas compañías apelar la mayoría de las multas.

Desde la quincena de diciembre hay un nuevo ministro: José Urquizo. Su viceministro encargado de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, reconoció durante una entrevista con el ICIJ que existe un grave problema en las balanzas de las plantas harineras y que están analizando la forma de mejorar los controles del software de pesaje para que los registros de desembarque de anchoveta no sean manipulados.

Pero ya trascurrieron más de dos años desde que se encontraron las primeras evidencias de la alteración de las balanzas y nadie ha tomado acción. Desde Chimbote, Javier Castro, un importante líder sindical pesquero, dijo que los sucesivos gobiernos han demostrado poco interés en proteger el recurso de la pesca y a los pescadores.“Tengo una desconfianza que viene de décadas. Nada cambia”, agregó. Pero si su experiencia respalda el pesimismo, cierto es que por primera vez se ha logrado determinar la dimensión del fraude.

(Ver versión en inglés publicada en el ICIJ)

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