Cuando una importante ciudad en robusto crecimiento resulta plagada por una agresiva criminalidad, las prioridades se reordenan muy pronto para la mayoría de sus habitantes. Recobrar la tranquilidad, combatir con éxito al crimen se convierte en prioritario.

Cuando, a fines de 1989, el GEIN inició su silenciosa pero épica confrontación con un Sendero Luminoso en expansión aparentemente incontrolable, su creador, el entonces mayor Benedicto Jiménez tuvo el acierto de definir la lucha como una confrontación de valores. El GEIN combatía por los valores de la vida, la libertad y la democracia. Cada acción debía ser, por ende, una afirmación moral.

Es cierto que el ofrecimiento de recompensas por información que lleve a la captura de personajes dados pertenece al rango de medidas incruentas en las estrategias contrainsurgentes, (o en acciones contra el crimen organizado), pero la experiencia de muchas guerras, guerrillas y acciones anti-mafia y contraterroristas ha demostrado que una política consistente y creíble de recompensas es una de las armas más eficaces en manos de un Estado mínimamente inteligente para los escenarios señalados.

La cobertura y los comentarios sobre la coca, el narcotráfico, los diferentes grupos de Sendero Luminoso, la interacción entre éstos, han sufrido con gran frecuencia y sufren hoy de simplismo, caricaturización y también de pura propaganda. En algunos casos hay desconocimiento, en otros deshonestidad intelectual, pero el resultado final es que la opinión pública recibe en gran parte de los casos un cuadro distorsionado, que no corresponde ni de lejos a la verdad de los hechos.

Por decisión del presidente Alan García y anuncio del premier Javier Velásquez, el Gobierno determinó la anulación del proceso de compra de los sobrevalorados portatropas a la empresa Hatehof. Poco después de anunciada la decisión, dimitió el viceministro del Interior (de gestión institucional), Samuel Torres, quien fue la fuerza de choque ministerial en la defensa de esa contaminada transacción.

Un juez corrupto es juzgado por otros jueces corruptos. ¿Se trata de una cortesía entre colegas? ¿O de otro de esos involuntarios epigramas que compone la realidad cuando, en áreas cruciales de nuestro Estado, las devaluadas encarnaciones de la meretriz de Babilonia logran disfrazarse de abadesas del convento?

La portada de esta edición de IDL-Reporteros es la cuarta que se dedica al llamado caso de la “estafa camionera”, la compra groseramente sobrevaluada de portatropas para el Ministerio del Interior. Cada nota de portada ha venido acompañada por varias otras relacionadas con el tema principal. Para un medio que no llega todavía a los tres meses de publicación, pudiera pensarse que se trata de una concentración inusitada en un solo tema. ¿Es así? No lo creo.

Gustavo Mohme Llona murió poco antes de los meses de luchas decisivas que llevaron al derrocamiento de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Pero esas oleadas populares de entusiasmo, indignación y esperanza que llegaron al punto más alto en las jornadas de julio del dos mil, debieron mucho al esfuerzo pertinaz y sacrificado de ese piurano larguirucho, afable y valiente a través de los años acosados y oscuros de la década del noventa.

La reciente avalancha de versiones, denuncias y acusaciones en el mal llamado caso “Petroaudios”, deja en claro que muchos mienten y que si hay una víctima, ésta es la verdad. Que hay interés en desinformar, es evidente. Libertades e impunidades están en juego y la única forma de asegurarlas es mediante la distorsión de los hechos. Claro está que eso supone descargas de imputaciones cruzadas y descréditos sistemáticos de la prueba.

No es una paradoja que el encubrimiento se disfrace de investigación; así como que las dictaduras se aferren a la palabra Democracia (¿recuerdan a Alemania Oriental o tienen presente a Corea del Norte?) y las peores hipocresías se presenten como virtud.