El rastro del dinero y el gas II

Controversias y arbitraje

Foto
Ilustración: Omar Xiancas

Por Milagros Salazar.-

En la tarde del lunes 23 de julio, pocas horas antes del último cambio de gabinete, terminó de quebrarse la ya deteriorada relación entre dos funcionarios claves en la controversia entre el Estado y el Consorcio Camisea por la reexportación del gas.

El entonces presidente de PeruPetro, Aurelio Ochoa y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, estaban frente a frente en el despacho de este en San Borja. Ambos representaban dos posiciones distintas dentro del Gobierno respecto de la controversia con el Consorcio Camisea: Ochoa, pese a sus memorables extravagancias, había demostrado interés por investigar sin tibiezas y a fondo el caso de la reexportación del gas. Merino, quien desde su gestión en Proinversión se había revelado como pro-empresario en casi toda circunstancia, se mostraba dubitativo en llevar el conflicto por el gas hasta un arbitraje internacional.

Pero la áspera convivencia de ambos funcionarios estaba por llegar a su fin ese 23 de julio a las 3 de la tarde. A esa hora ya era un hecho que Merino sería ratificado en el cargo. En consecuencia, ya se sabía quién sobraba.

Merino le insinuó a Ochoa que se venían cambios y este funcionario, que ni habla ni escucha entre líneas, desenvainó su respuesta.

— La carta (de renuncia) la voy a presentar en Palacio (…) La copia te la voy a enviar — espetó el desafiante Ochoa a un sorprendido Merino. No era el ministro sino el presidente, recordó Ochoa, quien lo había nombrado en la presidencia de PeruPetro por decreto supremo; por lo cual él, Ochoa, se disponía a poner su cargo a disposición ante el Jefe de Estado.

Al día siguiente, Ochoa ingresó su carta por mesa de partes de Palacio, aseguró a IDL-R.

Aurelio Ochoa, ex presidente de PeruPetro (Foto: La Primera)

Dos días después, el miércoles 25, Ochoa dio a conocer en una conferencia de prensa, lo que el Estado había descubierto respecto de la reexportación del gas. Hasta entonces, las autoridades habían mantenido el tema bajo una extraña reserva, pese a que PeruPetro contaba desde varios meses atrás con el informe de la investigación que encargó a la consultora Galway.

Como IDL-R reveló en la primera parte de este reportaje, Galway había detectado que solo el 6% del cargamento de gas de los diez barcos que salieron del Perú a tres puertos de Estados Unidos, entre 2010 y 2011, fueron consumidos en ese mercado, que tiene el precio (o “marcador”) más bajo del gas. El resto, más del 90%, fue reexportado a mercados con precios mucho más altos en Europa y Asia. Eso significó en la práctica que el país dejó de cobrar – en otras palabras, que fue defraudado –  unos 46 millones de dólares en regalías, según cálculos de PeruPetro.

Ochoa dijo a IDL-R que hizo público el problema porque el arbitraje ya era inminente y, además, porque no estaba seguro si el Presidente aceptaría su renuncia.

Pero no solo la aceptó sino lo hizo de inmediato. El jueves 26 se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución suprema 090-2012-EM que lo sacaba del cargo.

II

Pocos días después de la salida de Ochoa de la presidencia de PeruPetro, el ministro Merino realizó su propia conferencia de prensa, para los corresponsales extranjeros, el miércoles 1 de agosto.

Merino sostuvo que defendería los intereses del país en el arbitraje, ante las especulaciones de que Ochoa había sido despedido por haber hecho público el caso de la reexportación del gas y el escamoteo de regalías al Estado.

Diversas fuentes sostienen, sin embargo, que Merino prefería resolver la controversia dentro del país ante un Comité Técnico de Conciliación.

De hecho, no solo él intentó buscar esa salida. Después de la carta notarial que PeruPetro envió al Consorcio Camisea el 4 de mayo, expresando su “intención de dar por terminado el Contrato”, cuatro días después remitió otra carta notarial en la que dejaba “sin efecto” su notificación anterior  “a fin que la discrepancia antes mencionada sea sometida, en el más breve plazo, al Comité Técnico de Conciliación”.

La decisión fue tomada luego de una reunión entre los funcionarios de PeruPetro y los representantes del Consorcio, como aparece en esta última carta, fechada el 8 de mayo. En el documento, se insistía en que el Consorcio no reportó el “mercado de consumo final” real del gas natural, pero no dejaba de sorprender este súbito cambio.

Luis Ortigas, viceministro de Energía (Foto: La República)

El viceministro de Energía Luis Ortigas dijo a IDL-R, en una entrevista telefónica, que él y Merino se mantuvieron siempre al margen de este caso. “PeruPetro es una institución autónoma (…) O sea el ministro (Merino) no le va a decir a PeruPetro lo que tiene que hacer”, sostuvo el funcionario.

Pero Merino sí intervino.

Mientras se intentaba resolver el conflicto ante el Comité Técnico, se organizó una conferencia vía skype con el director de Galway, Rafael García, para disipar las dudas de Merino sobre la reexportación del gas.

La reunión estuvo encabezada por el ministro y se realizó un sábado de junio desde la oficina de reuniones del primer piso del Minem, según testigos. Entre los asistentes estuvieron el entonces presidente de PeruPetro, Aurelio Ochoa, acompañado de algunos de sus funcionarios, el viceministro de Energía y la actual presidenta de PeruPetro, Rosa María Ortiz, quien entonces era la Directora General de Hidrocarburos.

Durante más de tres horas, Rafael García, de Galway, explicó pormenorizadamente su investigación. Al término de la conferencia, Merino se mostró convencido de las evidencias, según refieren los testigos. Pocos días después, sin embargo, el conflicto con el Consorcio Camisea volvía a un punto muerto.

 

III

Pluspetrol, la operadora del contrato, no estaba de acuerdo con que el Comité Técnico de Conciliación se pronunciara sobre los hallazgos investigativos de Galway. Eso “resultaría en la práctica, asumir como correcta la interpretación que hace PeruPetro”, señaló la empresa en una carta del 12 de julio.

Todo indica que el Consorcio sabía que si el Comité evaluaba la investigación, iba a concluir que el gas había sido reenviado a otros destinos y que no se había pagado las regalías según el mercado de consumo final, como establece el contrato. Pluspetrol exigía ver el caso solo desde un punto de vista “estrictamente jurídico contractual”, es decir sin evaluar las evidencias.

Pero Repsol Comercializadora, la empresa del Consorcio que exportó el gas, sí entró a evaluar esas evidencias: mandó a elaborar un estudio a la consultora Roland Berguer para intentar demostrar que el informe de Galway estaba mal hecho. El director general de negocios de la sede de Repsol en España, Nemesio Fernández-Cuesta, envió a Pluspetrol el estudio el 13 de febrero, acompañado por una carta con copia al entonces presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés,  al ministro Merino, a Ortigas y a Ochoa.

En esta misma carta, sin embargo, Repsol se compromete a no enviar “ningún cargamento de GNL procedente de Perú LNG a destinos Henry Hub (Estados Unidos y México, añadido de IDL-R)”, lo que demuestra que debido a los precios bajos en ese mercado no existe ningún impedimento para dejar de hacerlo mucho antes.

¿Qué dice el informe de Roland Berger?  Que no es posible “diferenciar las moléculas” de los gases de Perú que pudieron ser reexportados debido a que el gas que llegó a los terminales de Estados Unidos fue descargado en unos tanques y que cada recarga puede estar afectada por “flujos anteriores y posteriores”. La consultora, que se concentra  en “flujos gasistas”, no explica por qué existe una gran diferencia entre la cantidad de gas regasificado en esos terminales para el mercado estadounidense y los volúmenes de gas procedentes de Perú que fueron descargados en ese mismo periodo.

Además, el estudio insiste en que los traders que compraron el gas a Repsol no tienen ninguna relación con esta empresa y que por lo tanto esta no es responsable de las transacciones posteriores.

Los funcionarios de Galway respondieron a los pocos días. El 1 de marzo, su director Rafael García envió un correo a PeruPetro con un análisis del estudio de Roland Berguer, en el que dispara al blanco: “RCOM (Repsol Comercializadora) tiene mayor trayectoria y recursos en el mercado global. Valdría la pena preguntarnos entonces por qué (…) fue incapaz de identificar en los mercados de Japón, Corea, Inglaterra, Brasil, India y España estas necesidades de GNL que estas empresas (traders) lograron concretar”.

“Comercialmente no hace sentido vender el GNL a $4 en Freeport, cuando se sabe que se pudiera reexportar a un mercado de más de $14”, enfatiza García.

Según testigos de las discrepancias entre Merino y Ochoa, aquel “no respaldó a Ochoa” en su propuesta de que el Comité se pronuncie sobre las evidencias descubiertas por la investigación de Galway. Estas fuentes refieren que Merino coincidía con el Consorcio en que debía hacerlo sobre el asunto legal.


IDL-R solicitó una entrevista con Merino, pero este prefirió que su viceministro de Energía sea quien responda a las preguntas. Ortigas insistió en que el Minem no tuvo intervención alguna en la controversia, que él no asistió a “ninguna exposición de Galway” y tampoco pudo influenciar en PeruPetro porque renunció al directorio de esta institución en agosto de 2011.

Ochoa, sin embargo, sostuvo que Ortigas asistió por lo menos dos veces después que fuera elegido en enero como viceministro. Recién el 17 de agosto último, el  MEF aceptó la renuncia de Ortigas al directorio de PeruPetro.

 

IV

A inicios de julio, el plan del Comité Técnico de Conciliación ya había fracasado: las partes no se pusieron de acuerdo en quiénes integrarían el Comité ni en la cuestión de fondo que debía resolverse. Pluspetrol se adelantó a cualquier acción del gobierno: en su carta del 12 de julio comunicó a PeruPetro que se sometía al arbitraje internacional y proponía que se realizara en Washington, es decir ante el CIADI.

En medio de ese escenario, es que se desatan las patologías burocráticas durante el encuentro del 23 de julio entre Merino y Ochoa. Tres días más tarde, se nombraba a la abogada Isabel Tafur como la nueva presidenta de PeruPetro.

V

 

Isabel Tafur apenas permaneció 48 horas en el cargo. Fue el periodo más breve de un presidente del directorio en la historia de PeruPetro.

La abogada Tafur, que lleva  25 años en el sector hidrocarburos, aceptó suceder a Ochoa. Todo indica que entre ambos no había precisamente afecto, y que Tafur detestaba la idea de seguir dependiendo de sus “arrebatos” como habría sucedido durante el tiempo que trabajó junto a él como su gerente general.

¿Por qué salió entonces?


Ilustración: Omar Xiancas

Un presidente de PeruPetro gana 15 mil 600 soles sin derecho a nada (…) ante la imposibilidad de que se me otorgue un seguro médico, preferí renunciar porque tengo una madre de 85 años a la que no le puedo restar la calidad de vida que tiene”, respondió Tafur a IDL-R.

Sin embargo, trascendió que el verdadero motivo fue una velada advertencia que llegó a  Palacio de Gobierno y que luego fue trasmitida a Merino. Si Tafur continuaba en el cargo podía armarse un escándalo por unos audios en los que se la escuchaba conversando con el ex director de PeruPetro, Alberto Quimper, hoy encarcelado por el caso “petroaudios”.

Algunas versiones señalaron a Ochoa como el autor de la advertencia. Pero el ex funcionario lo negó y deslizó que se había enterado que el Ministerio de Energía y Minas tenía un expediente con una lista de trabajadores y ex trabajadores de PeruPetro relacionados con los “petroaudios”, en la que aparecía Tafur.

Ochoa no tuvo precisamente palabras cariñosas respecto de Tafur: “Debieron hacer un filtro antes (…) me parece muy mal que a una dama se le haga eso (…) sacarla a las 48 horas, se imagina usted el ridículo en el que queda esa persona”.

Al día siguiente de su designación, en pleno feriado de 27 de julio, Tafur fue citada al despacho del ministro Merino. Pocas horas más tarde, el sábado, se nombraba a Rosa María Ortiz Ríos en su reemplazo.

¿Había un trasfondo real tras las advertencias y los miedos generados por ellas? IDL-R escuchó tres audios de las conversaciones entre Tafur y Quimper, efectuadas entre mayo y junio de 2008 cuando la funcionaria se desempeñaba como secretaria general del directorio de PeruPetro. Ninguno de ellos prueba alguna  mala conducta de Tafur. Como señaló la funcionaria, lo que se escucha es un diálogo que puede tener  “un comandante con su capitán o teniente, que pregunta por tal expediente, tal o cual cosa”.

Tafur continúa como encargada de la gerencia general de PeruPetro, pero al parecer no por mucho tiempo.

VI

Rosa María Ortiz, la nueva presidenta de PeruPetro, confirmó a IDL-R que ha solicitado al Fonafe que convoque a un concurso público para todos los puestos de las gerencias encargadas de PeruPetro, es decir siete de las ocho que existen, incluido el puesto de Tafur.

Rosa María Ortiz, presidenta de PeruPetro (Foto: IDL-Reporteros)

 

Por lo pronto, el abogado Jorge Pesantes Escalante fue removido de su cargo de gerente legal. Según Ortiz, porque no le daba “la confianza suficiente para que se encargara de la defensa de los procesos” que el Estado peruano enfrenta con el Consorcio Camisea y otros dos casos que también se definirán en un arbitraje con la compañía InterOil, de capitales noruegos.

Ortiz le retiró la confianza a Pesantes en una sesión del directorio del 15 de agosto sin explicaciones y colocó en su reemplazo a la abogada Janinne Delgado Silva, quien hoy es su colaboradora más cercana.

En esa misma sesión del directorio, Ortiz tomó otra interesante decisión: la contratación bajo la modalidad de servicios personalísimos de la conocida abogada Rosario Fernández, ex ministra de Justicia y premier, para defender al Estado en una de los casos con InterOil.

Rosario Fernández reaparece como abogada contratada por PeruPetro (Foto: El Peruano)

Ortiz no tomó en cuenta que en 2010 Fernández fue abogada de una de las empresas del Consorcio Camisea: Perú LNG. Fernández fue contratada por dicha compañía, aseguró la abogada a IDL-R, para presentar un recurso (una inhibitoria de competencia ante un juez) por una denuncia presentada por la Asociación  Proconsumidores del Perú contra las empresas del Consorcio y el gobierno.

“Yo autoricé ese recurso por Perú LNG, pero en la misma línea del Estado”, respondió la ex ministra a IDL-R para luego remarcar que “no existe ninguna incompatibilidad”. ¿Y qué dijo Ortiz? Que Fernández siempre ha ejercido su labor “defendiendo los intereses del Estado”.

VII

En estos momentos, ¿qué posibilidades tiene el país de salir bien librado en el arbitraje por la reexportación del gas ante las presiones y con el estilo Ochoa fuera de la jugada? “Si vamos a hablar de estilos, yo soy una persona que no se deja presionar (…). Uno trabaja con fundamentos legales y técnicos”, respondió Ortiz.

 

El 10 de agosto, el Consorcio Camisea presentó su solicitud de arbitraje ante el CIADI y a su vez esta instancia ha notificado a PeruPetro.  Ahora el MEF debe convocar  a una comisión especial para elegir el estudio de abogados que asumirá la defensa del país. Y en este punto, sin duda, se abrirá un nuevo capítulo de esta historia.


(Ver documento enviado por Pluspetrol a IDL-R sobre la controversia con el Estado).

Proceso CIADI

Share via emailShare on Facebook+1Share on LinkedInShare on Twitter

Publicado el Viernes 14 de septiembre, 2012 a las 0:25 | RSS 2.0.
Última actualización el Jueves 01 de noviembre, 2012 a las 1:36

Notas relacionadas

Un comentario

  1. Eber Simeón Miranda dice:

    Muy buena labor viene realizando IDL Reporteros, saludos y felicitaciones, hay motivo para saludar y esperamos que todos los peruanos tengan un minimo de interes para seguir haciendo conocer a otros, me pregunto si las autoridades del Perú tendrán la valentia y criterios honestos y transparentes para imponer su soberania y exigir el rodo de los 50 millones de dólares en regalias?

Deje un comentario

Web por: Frederick Corazao