Capítulo 3: Prueba viviente

Tras unas pocas semanas, la embajada norteamericana en Guatemala se había enterado de lo sucedido en Dos Erres.

Una “fuente confiable” les había dicho a los oficiales de la embajada que soldados disfrazados de rebeldes habían asesinado a más de 200 personas. Era el último de una serie de reportes recibidos en los que se culpaba a los militares por las masacres alrededor del país. El 30 de diciembre tres oficiales estadounidenses fueron a Las Cruces, y las entrevistas realizadas a los locales levantaron más sospechas.

El equipo sobrevoló Dos Erres en helicóptero. El piloto de la Fuerza Aérea de Guatemala se negó a aterrizar,  pero las casas quemadas y los campos abandonados, eran una evidencia suficientemente clara de que se habían cometido atrocidades. En un cable diplomático excepcionalmente sincero enviado a Washington, los diplomáticos aseguraron que “lo más probable es que la entidad responsable de este incidente fuese el Ejército de Guatemala”.

El gobierno estadounidense mantuvo el secreto hasta 1998. No se tomó ninguna medida contra el ejército ni el escuadrón Kaibil. Los Estados Unidos continuaron apoyando a los gobiernos represores pero anti-comunistas de Centroamérica.

Tendrían que pasar catorce años hasta que alguien intentara hacer justicia por Dos Erres. En 1996, después de más de tres décadas de guerra civil, las hostilidades cesaron con un tratado de paz entre los rebeldes y militares de Guatemala. Ambos bandos acordaron una amnistía que exculpaba a los combatientes, pero permitía juzgar las atrocidades.

Existía, sin embargo, una duda considerable sobre si el nuevo gobierno sería capaz de llevar a juicio esos casos. Los perpetradores de algunos de los peores crímenes de guerra, mantenían su poder en las fuerzas armadas o en mafias del crimen organizado que crecieron rápidamente. Los cárteles de droga reclutaron ex Kaibiles como sicarios e instructores.

Sara Romero, Fiscal Especial de Derechos Humanos (Foto: Habiba Nosheen).

La investigadora que se enfrento a este peligroso encargo fue Sara Romero.

Romero era una mujer pequeña y tranquila al expresarse. Parecía más una oficinista o una profesora que una luchadora contra el crimen de primera línea. A sus 35 años era una fiscal novata. Se había graduado en la escuela de leyes el año anterior y había sido asignada a una comisión especial de derechos humanos en la Ciudad de Guatemala. Aunque los crímenes de guerra habían quedado sin resolver durante años, estaba decidida a continuar las investigaciones sin importarle los obstáculos. De otra forma, pensaba, la impunidad seguiría enquistada en la sociedad guatemalteca.

Se le asignó el caso de Dos Erres. Hubo cientos de masacres durante el conflicto y Naciones Unidas concluyó que el ejército fue responsable de al menos de 93 por ciento de las muertes. Además la ONU declaró, que los asesinatos sistemáticos de indígenas podrían llegar a ser un genocidio.

Romero tenía poca información. Los militares insistían que el caso de Dos Erres había sido obra de la guerrilla. Gracias a la declaración de Hernández, el sobreviviente que tenía once años durante la masacre, la fiscal supo de que el ejército había tenido algo que ver. Aun necesitaba más pruebas.

Después de un trayecto de ocho horas en autobús a la región en el norte del país, llego a la escena del crimen. Un manto de silencio cubría las ruinas. Entrevistó a sobrevivientes que estuvieron fuera de la aldea el día de la masacre. La mayoría tenían miedo de hablar. Susurraban que temían la ira del teniente Carías, quien todavía seguía como comandante en Las Cruces. Sospechaban que él había orquestado el ataque al haberse enfrentado con los habitantes de Dos Erres.

Romero se dio cuenta que era difícil reconstruir hasta los hechos más elementales, como la identificación de las víctimas. Para realizar un censo pidió a la que fue maestra de la escuela de Dos Erres, una lista de todos los niños y familiares que pudiera recordar.

Aura Elena Farfán, activista de Derechos Humanos (Foto: Habiba Nosheen).

Sin víctimas confirmadas ni testigos sólidos, Romero nunca podría resolver el caso. Pero encontró a una aliada: Aura Elena Farfán.

De aspecto digno, Farfán tenía el pelo gris y una carácter tan dulce como inflexible. Lideraba una asociación de derechos humanos en Ciudad de Guatemala para víctimas del conflicto. A pesar de amenazas, había interpuesto una demanda criminal responsabilizando al ejército de la masacre en Dos Erres. En 1994, había llevado con ella a un equipo voluntario de antropólogos forenses argentinos para exhumar los restos.

Los argentinos –con habilidades afinadas investigando su propia “guerra sucia”—trabajaron rápidamente y en condiciones riesgosas. El batallón en Las Cruces los acosó siguiéndoles y tocando música militar a muy alto volumen. La exhumación extrajo e identificó los restos de cerca de162 personas, muchos de ellos bebes y niños.

Farfán pudo conseguir un gran logro para la fiscalía. A menudo daba entrevistas en la radio del Petén, donde invitaba a que los testigos se involucraran en el caso. Después de una de esas transmisiones, representantes de Naciones Unidas le avisaron que un ex soldado quería hablar sobre Dos Erres. Viajó a la casa del hombre, donde se presentó disfrazada con lentes oscuros, un sombrero rojo y un chal. Una representante española de la ONU seguía sus pasos para protegerla.

La puerta se abrió. Era Pinzón, el ex cocinero robusto y con bigote del escuadrón Kaibil. Estaba desayunando con sus hijos y después de una sorpresa inicial recibió a Farfán.

Pinzón le contó que había dejado el ejército y ahora trabajaba como chofer en un hospital. Nunca logro ser Kaibil de verdad. No aguantó el duro proceso de entrenamiento. Por ser un humilde cocinero fue maltratado por el resto de soldados de la patrulla Kaibil. Era el eslabón débil en el código de silencio de los guerreros. Dos Erres era un fantasma que le perseguía.

“Quería hablar con usted porque esto que tengo aquí en el corazón, ya no aguanto más”, le dijo Pinzón a Farfán.

Le contó la historia de la masacre y le dio los nombres de cada miembro del escuadrón. La conversación duró horas. Farfán se sintió abrumada con una mezcla de disgusto y gratitud. Fue incapaz de estrechar la mano del soldado, aunque vio que su arrepentimiento parecía sincero.

Poco después, Pinzón le presentó a Farfán otro veterano: Ibáñez. La activista convenció a los dos hombres de testificar para Romero. Contaron sus historias fríamente, sin asomo de emoción. Habría sido imposible conocer los detalles de la masacre si los dos no hubieran hablado, por lo que se les concedió inmunidad y fueron reubicados como testigos protegidos.

Los investigadores habían encontrado obstáculos y amenazas por parte del ejército desde un principio. Ahora contaban con testimonios de primera mano que implicaban a la patrulla Kaibil en el crimen.

Había una nueva línea de investigación: el robo de los dos niños por el teniente Ramírez y Alonzo, el ex panadero de la unidad.

Romero pensó que era un milagro. Encontrar a los dos muchachos era un punto crítico. Debían conocer la verdad: vivían con las personas que habían asesinado a sus padres. Ninguna otra atrocidad de derechos humanos registrada contaba con este tipo de evidencia.

En 1999, Romero y otro fiscal fueron a casa de Alonzo, cerca de la ciudad de Retalhuleu. Su oficina contaba con tan pocos recursos que no había apoyo policiaco ni armas. Romero tenía sus reservas por tener que enfrentarse a este militar con acusaciones tan graves. Sabía que los Kaibiles se jactaban de ser considerados máquinas de matar.

Cuando vio al soldado sentado en la entrada de su modesta casa, todos sus miedos  desaparecieron. “Se le ve un hombre sencillo, un campesino humilde”, pensó.

Las fotos familiares en casa de Alonzo confirmaron sus sospechas de que estaba en el lugar indicado. Era un maya de piel oscura y cinco de sus hijos se parecían a él. El sexto chico, llamado Ramiro, tenía piel blanca y ojos verdes.

“Mi hijo mayor tiene una historia muy triste”, le dijo Alonzo a la fiscal.

Confesó que tras la masacre se había quedado con Ramiro y lo había tenido viviendo en la escuela militar por tres meses. Trajo el niño a casa y a su esposa le contó que había sido abandonado. Alonzo dijo que había enlistado a Ramiro, ya con 22 años, en el ejército. Se negó a revelar la ubicación del chico. Cuando la oficina de la fiscal empezó a indagar, el Ministerio de Defensa le preguntó a Ramiro si tenía algún problema con la ley. En vez de cooperar, el Ministerio le movió de una base a otra.

Los investigadores estaban preocupados de que Ramiro se encontrara en un grave peligro si los militares se enteraban de que era prueba viviente de una atrocidad. Eventualmente, los fiscales lo encontraron y se lo llevaron. Ramiro les contó que tenía recuerdos de la masacre y del asesinato de su familia.

Ramiro Cristales (Foto: AP).

La familia Alonzo lo había tratado mal, declaró, lo golpeaban y lo usaban casi como su esclavo. Durante un episodio de ira, Alonzo borracho, le disparo con un rifle. Las autoridades le convencieron que abandonara las fuerzas armadas y le ofrecieron asilo político en Canadá.

La búsqueda del otro joven fracasó.

Los fiscales averiguaron que el nombre del chico era Óscar Alfredo Ramírez Castañeda. Su presunto raptor, el teniente Ramírez, había muerto ocho meses después de la masacre. Ramírez, que dormía sobre un camión que transportaba madera para construir una casa, murió instantáneamente cuando el camión volcó.

Una hermana del teniente fue interrogada en Zacapa en 1999 y confesó que Ramírez había traído el niño a casa a principios de 1983, alegando que Óscar era el hijo que había tenido con una mujer fuera del matrimonio. Los fiscales encontraron un acta de nacimiento pero ninguna evidencia de que la madre realmente hubiera existido. La hermana admitió que había oído que el niño era de Dos Erres.

Óscar había dejado el país para ir a Estados Unidos. Como su familia no quería ayudar la investigación, Romero se vio obligada a cancelar la búsqueda.

Los investigadores, mientras, avanzaron en otras pistas. Habían identificado a varios ejecutores del escuadrón Kaibil. En el 2000, un juez decretó órdenes de arresto para diecisiete sospechosos de la masacre.

En medio de la realidad sofocante de Guatemala, los resultados eran decepcionantes.

La policía no lograba llevar a cabo los arrestos. Los abogados de la defensa bombardearon a la corte con papeleo y apelaron a la Suprema Corte. Alegaban que sus clientes estaban protegidos por leyes de amnistía, argumentos inexactos que estancaban las investigaciones.

Romero topo con el poder del ejército. Parecía que la justicia se le escapaba, como lo había hecho Óscar.

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Publicado el Sábado 26 de mayo, 2012 a las 1:33 | RSS 2.0.
Última actualización el Miércoles 06 de junio, 2012 a las 18:23

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Web por: Frederick Corazao