Los nueve dueños del mar chileno

Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer.

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El GIGANTE DEL NORTE

En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.

El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.

El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.

“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.

Roberto Angelini.

Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.

-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.

Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.

LOS EXTRANJEROS DEL SUR

La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva, aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras.

Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella.

La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%).

Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.

González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado.

Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río.

Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado.

 

(Ver versión en inglés publicada en el ICIJ)

(Ver versión publicada en CIPER)

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Publicado el Miércoles 25 de enero, 2012 a las 2:13 | RSS 2.0.
Última actualización el Domingo 12 de febrero, 2012 a las 19:15

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2 comentarios

  1. Sería interesante si hacen un informe referido a la pesca en el Perú y la manera en que se explota los recursos marinos. Ahora ya están por venir los pesqueros Rusos gracias a la invitación del hermano del presidente Humala, los Rusos vendrán con sus barcos factorias y boliches de arrastre, esos tractores marinos que destrozan el fondo y su ecología, se llevan todo, hasta alevinos y larvas.

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