Inflaciones paralelas:

Sanciones no aceptadas y discrepancias de pesaje

Cuando el ministro de la Producción, Kurt Burneo, denunció un “faenón pesquero”, en conferencia de prensa el 13 de septiembre pasado, mostró un Power Point revelador, una de cuyas láminas, en especial, merece ser analizada: la referida al crecimiento de las sanciones no aceptadas [‘no consentidas’ en el lenguaje oficial] por las empresas pesqueras.

Según Burneo, las sanciones rechazadas o disputadas por las compañías pesqueras representan montos que se triplicaron entre 2009 y 2010, de cerca de 40 millones a más de 120 millones de soles. Esta resistencia de los empresarios a pagar las multas coincide con el incremento de las discrepancias entre pesca declarada por los patrones de las naves y la pesca pesada en las balanzas que reveló IDL-R en el reportaje ‘Cómo se esfuman US$100 millones de dólares’ y que dejó en claro que existen miles de toneladas de anchoveta que no se registran.

Aquí se puede ver los dos gráficos y comparar las tendencias.

Como se observa, las diez empresas con mayores discrepancias de pesaje tuvieron un marcado agravamiento en ese aspecto durante la segunda temporada de pesca de 2010.

Así vemos que, por ejemplo, más del 80% de los desembarques de Exalmar presentan diferencias de 20% para arriba y que llegan incluso al 40% en la segunda temporada del año pasado; en contraste con el 55%  de los desembarques observado en la misma temporada de 2009.

El incremento de discrepancias también se registró en las descargas de Humacare, Corporación del Mar, Cantabria (que incluso pasó de 30% a 73% de desembarques con altas diferencias en ese mismo periodo), CFG Investment, Hayduk, Diamante y Tecnología de Alimentos S.A.

¿Cuál puede ser el motivo de estas coincidencias entre el repunte de las diferencias y las sanciones no consentidas? Burneo aseguró que el incremento de las sanciones rechazadas, que han derivado en multas impagas, se debe en parte a la complicidad de algunos funcionarios de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi) con las empresas. Es decir, a la corrupción.

La administración de Burneo ha denunciado que en Digsecovi se han perdido expedientes de procesos sancionadores contra las pesqueras. También que las embarcaciones omiten reportar las señales al Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), cada 60 minutos como ordena la norma y aprovechan ese tiempo para invadir “furtivamente las áreas reservadas de pesca artesanal”, lo cual está prohibido y debe ser sancionado.

Lo peor de todo, es que se ha detectado que hay empresas que aducen en sus apelaciones que el satélite está malogrado por lo que solicitan el archivamiento de la sanción. “Lo que extrañamente es admitido por la administración”. (…) Estas ‘equivocaciones’ repetitivas indican complicidad”, aparece en el Power Point de Burneo.

El mismo comportamiento fue detectado por la viceministra de Pesquería, Rocío Barrios, cuando hace unas semanas le pidió a los funcionarios de Digsecovi que le informaran sobre las diferencias entre pesca declarada y pesada. Estas discrepancias nunca fueron auditadas para averiguar las razones. Todo lo contrario, fueron ocultadas.

Pero hay más: el ministro asegura que los inspectores de SGS y Cerper, que deben controlar que no se pesque anchoveta juvenil (de menos de 12 centímetros),  realizan “omisiones involuntarias” en el llenado de datos en las actas, lo cual trunca el proceso sancionador.  SGS y Cerper, como ya informó IDL-R, son empresas pagadas por las propias plantas a las que además les brindan servicios de certificación de harina. Ver nota ‘Conflicto de intereses’.

Para cerrar el círculo, en la lista de las empresas con mayor cantidad de multas impagas también figuran algunas con notorias discrepancias en el pesaje: Hayduk, Diamante y Copeinca.

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Publicado el Lunes 10 de octubre, 2011 a las 20:23 | RSS 2.0.
Última actualización el Viernes 11 de noviembre, 2011 a las 14:01

Un comentario

  1. [...] Ante ese fallo, Telefónica hizo lo que muchas de las compañías más poderosas del país realizan rutinariamente: aplastar las acciones regulatorias del Estado llevando el caso al Poder Judicial, donde los más fuertes estudios de abogados se enfrentan a la débil capacidad de defensa del Estado; y a la poca preparación en unos casos y corrupción en otros de funcionarios fiscales y judiciales. IDL-R ha documentado ello tanto en la industria minera (Ver: “La impotente regulación”); como en la pesquera: (Ver: “Sanciones no aceptadas y discrepancias de pesaje”). [...]

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Web por: Frederick Corazao